Más de la
mitad de las crecientes fortunas de los ricos españoles están libres de
impuestos
El patrimonio de los más acaudalados
soporta una liviana presión fiscal en España
Kaosenlared
Oct 14, 2020
La presión fiscal que soportan las
fortunas de los más ricos de España, los 177.931
contribuyentes (o quizá no tan pagadores) que poseen
patrimonios de más de 700.000 euros (400.000 en Aragón) en edificios, tierras,
acciones, rentas, concesiones, joyas, coches y barcos de lujo y obras de arte,
resulta más bien liviana: más de la mitad de esa riqueza, que en los últimos
años crece a un ritmo netamente superior al del PIB, está libre de
impuestos mientras pagan por el resto apenas un 0,38% anual, según indica
la última Estadística de
los Declarantes del Impuesto de Patrimonio de la Agencia
Tributaria.
El 42% de los 687.893 millones de euros que suman esas fortunas, 290.656, se encuentran directamente exentos de tributar por efecto de la normativa estatal, mientras que los propietarios de bienes por otros 106.613 lo hacen en Madrid con una bonificación autonómica del 100% en la cuota a ingresar, medida de la que también se benefician, aunque con menor intensidad, los propietarios de bienes por valor de otros 4.260 millones en La Rioja.
La suma de esas cifras sitúa por
encima de los 400.000 millones de euros la valoración de las fortunas libres de
impuestos en España, mientras el resto, algo más de 280.000, aporta tan
solo 1.123 en impuestos al año. Los datos corresponden al ejercicio de
2018, el último con datos disponibles.
La presión
impositiva sobre el conjunto de esas fortunas se sitúa en
el 0,16%, un tipo efectivo 95 veces inferior a la media del país
(15,2%), en el que el IVA arroja uno del 15,3%, el IRPF otro del 12,8% y
Sociedades uno del 9,2%.
Entre los motivos de esas exenciones,
recogidas en la ley estatal aunque
se trate de un tributo de gestión autonómica, destacan dos: que se trate
de edificios monumentales catalogados como Bien de Interés Cultural
(BIC) o figuras similares, algo que conlleva una obligación a menudo
incumplida de abrir las puertas al público de manera gratuita un mínimo de
cuatro días al mes, y la de acciones de empresas, que supone la principal
partida.
Las exenciones por BIC afectan a
fincas por 23.180 millones de euros dentro de una cartera inmobiliaria de
138.013, con solo 4.390 de ellos de tipo rústico, mientras las de las acciones
benefician a más de la mitad del total: 17.629 millones de 141.526 de
empresas cotizadas y 240.234 de 366.272 de sociedades ajenas a la bolsa siempre
que no sean instrumentales.
El tratamiento fiscal de este
descomunal patrimonio, cuya valoración equivale a más de la mitad del
PIB español, del que tan solo una mínima parte (11.966 millones, 1,73%)
está afecto a actividades económicas y que durante los años de la recuperación
previos a la pandemia llegó a registrar crecimientos de más del 8% anual en
otra prueba del nueve del insoportable avance de la
desigualdad en España, parece abocado a cambios a corto o
medio plazo vistos los efectos de la pandemia sobre las cuentas públicas, con
una caída de la recaudación; en las empresas, con dos de cada
cinco en pérdidas al cierre del primer semestre según los datos del
Banco de España, y en las familias, con desplomes de las rentas que rondan
el 20% en las clases medias y con una inquietante extensión de la pobreza y la
escasez por debajo de ese nivel, en el que más de un millón y medio de personas
han necesitado ayuda para poder comer.
¿Un recargo estatal? ¿Un rescate
temporal?
El impuesto de Patrimonio y el de
Sucesiones, de titularidad estatal pero cuya gestión lleva décadas cedida a las
comunidades autónomas, se perfilan, junto con el IRPF de las
rentas más altas, como dos de los principales candidatos a
generar ingresos para las administraciones en el marco de unas reformas
tributarias que considera urgentes la Comisión para la Reconstrucción Social
y Económica, cuyas recomendaciones consideran «preciso actuar, tanto en el
corto como en el medio plazo, con el objetivo de reformar nuestro sistema
fiscal con un único objetivo: garantizar la pervivencia y la solidez
de nuestro sector público, y especialmente fortalecer nuestro gasto público
social».
Otra cosa es encontrar el
procedimiento para retocarlos, algo en lo que, según distintas fuentes, llevan
tiempo trabajando en el Ministerio de Hacienda. «Resulta muy difícil
cambiar la aplicación de cualquiera de esos impuestos sin modificar las leyes que
los regulan», advierte Carlos Cruzado, presidente de Gestha, el sindicato de
los inspectores de Hacienda, quien, no obstante, considera que las novedades
pueden llegar «cuando se abra el melón del modelo de financiación autonómica».
En cualquier caso, y mientras la
mayoría de las comunidades autónomas aboga por una armonización de los
impuestos cedidos ante la que Madrid ofrece la principal nota discordante con
bonificaciones de más de mil millones de euros al año a las
rentas y los patrimonios más elevados y anuncios de nuevas rebajas
fiscales, el ejecutivo dispone de dos vías relativamente sencillas:
el recargo estatal o el rescate, ya sea temporal o, como el del Gobierno de
Mariano Rajoy con el tributo que grava los Hidrocarburos en 2018, definitivo.
Galicia, Castilla y León y Murcia sí
cobran el Impuesto de Patrimonio
«Se están dejando de recaudar en
Madrid más de 900 millones al año en Patrimonio que se regalan a poco más de
12.000 personas. Eso es algo increíble. Madrid desprecia ese
dinero con la que está cayendo», indica Cruzado.
No se trata de una cuestión de partido, ya que Galicia (82 millones) es, solo por detrás de Catalunya (512 millones), la segunda comunidad que más ingresa por este impuesto, al que en 2018 no aplicaban ninguna bonificación otras gobernadas por el PP como Castilla y León (29,8) o Murcia (22,2).
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