lunes, 11 de marzo de 2019

26 MALNACIDOS DIRIGENTES DE UGT DESPRESTIGIAN A LA ORGANIZACIÓN CON LAS MÁS PRÍSTINAS TÉCNICAS DE LA CORRUPCIÓN DEL PP, LUEGO DE IZQUIERDAS TIENEN LO QUE YO DE LLEGUÉ, VI, VENCI


26 dirigentes de UGT-Canarias, al banquillo por apropiarse de 872.000 euros de formación

Por M.A. Montero
Kaosenlared
10.03.2019

La cúpula del sindicato en el archipiélago usó Fundescan para financiar la organización de fondos regionales El juez abre procedimiento abreviado a los 26 encausados.



La trama de UGT-Canarias se apropió de unos 872.000 euros de los fondos públicos que el sindicato recibió de 2006 a 2010 para la formación de trabajadores. La organización usaba la Fundación para el Desarrollo Social (Fundescan) como instrumento para financiarse con las subvenciones que le concedía el Gobierno regional. Así consta en el auto de procesamiento contra los 26 encausados y contra el propio sindicato que el 28 de febrero, hace apenas una semana, dictó el Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria. El juez , pues, ha hallado indicios racionales de culpabilidad.
La resolución judicial expone que la dirección de UGT-Canarias no solo controlaba totalmente la fundación -nombraba a los miembros del patronato, que pertenecían al sindicato-, sino que la utilizaba “como un instrumento para la financiación de forma indirecta de UGT-Canarias”. Y como el dinero que manejaba Fundescan procedía fundamentalmente de las arcas públicas, eran estas las que alimentaban indebidamente la caja del sindicato. “Principalmente mediante la obtención de subvenciones concedidas por el Gobierno de Canarias destinadas a la formación de trabajadores, y más concretamente para el desarrollo de los denominados planes de formación”, reza textualmente el auto de procesamiento.
El modus operandi de la trama era sencillo. UGT solicitaba las subvenciones al Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo que depende del Ejecutivo autonómico, y después subcontrataba a su propia fundación para que ejecutara las tareas de formación de los trabajadores. Hasta aquí no había nada ilegal. Pero el caso es que los responsables del sindicato en aquellos años no transferían todo el dinero público a las cuentas de Fundescan, sino que ordenaban que una parte se la quedara UGT. Así, fondos que debían servir para actividades formativas acabaron pagando “gastos propios del sindicato totalmente ajenos a los planes de formación”, ahonda el auto.

En el escrito se detallan de forma pormenorizada las cantidades que recibía UGT, las que transfería a Fundescan y las que se quedaba irregularmente. A finales de 2006, y para acciones de formación profesional continua, el SCE concedió al sindicato un montante de, exactamente, 2.375.249,26 euros. A mediados de 2007, el Servicio Canario de Empleo autorizaba a UGT a subcontratar a Fundescan, de modo que iba a ser la fundación, como “entidad vinculada al sindicato”, la que llevaría a cabo la encomienda. Fue UGT la que pidió a la dirección del SCE que permitiera la subcontrata. Sin embargo, de los casi 2,4 millones de la subvención solo llegaron a la caja de la fundación 2.217.866,78 euros. Los 157.382,48 euros que faltaron fueron la primera apropiación, un dinero que por orden de los imputados se quedó UGT-Canarias para “cubrir gastos totalmente ajenos a los cursos”.
La historia se repitió con el mismo guión en la siguiente convocatoria de subvenciones. De los 2.569.578 euros que el SCE le concedió al sindicato el 28 de diciembre de 2007, solamente acabaron en manos de Fundescan -UGT había vuelto a pedir permiso para que fuera la fundación la que llevara a cabo la encomienda pública- un total de 2.307.927,5 euros. Otros 261.659 euros se fueron así a la caja del sindicato de manera irregular. “También en este caso los imputados ordenaron que UGT-Canarias se quedara con la diferencia entre el importe de la subvención concedida y la cantidad transferida a Fundescan […], cantidad que se aplicó a cubrir gastos de UGT-Canarias totalmente ajenos a estos cursos de formación”, recoge el auto.
Lo mismo ocurrió también con 424.522 euros de la subvención concedida en diciembre de 2008, un total de 2.924.522 euros.



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EL ESTADO ESPAÑOL (ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS CLASES DOMINANTES COMO INSTRUMENTO POLÍTICO PARA SOMETER A LAS CLASES TRABAJADORAS) Y CATALUÑA, OIGA, QUE NO ES COMO EL "ME GUSTA" "NO ME GUSTA" Y QUE "ME ENTRA LA VOMITINA" DEL FACE, QUE ES MÁS COMPLEJO, OIGA, QUE LLEVA TRABAJO ENTENDERLO, OIGA, ¡QUE HAY QUE LEER, COÑO!, Y NO FIARSE DE LO QUE SE DICE. Y ESO SI, AHORA ME VOY A PONER MEDIA DOCENA DE BANDERAS EN EL BALCÓN (Una encima de otra, con dos cojones) QUE VAN A QUITAR EL HIPO.



Juicio contra el Procés
Lo que está en juego, en Catalunya y en todo el Estado

Rebelión
Viento Sur
11-03-2019


El juicio contra el Procés, que se encuentra ya en pleno desarrollo, está teniendo lugar en un contexto político de gran trascendencia en todo el Estado español. Los meses de abril y mayo habrá numerosas contiendas electorales y este ciclo definirá probablemente hacia donde se encaminará la política española de los próximos años. La amenaza que significa el ascenso de una derecha dura y autoritaria, cercana a la extrema derecha y capaz de pactar directamente con ella (como hemos visto en Andalucía), debería significar un serio toque de alerta, o de alarma. Y es evidente que la situación en Catalunya y en el conjunto del Estado español están claramente imbricadas y se condicionan y condicionarán mutuamente. Por esa razón, esta reflexión pretende abarcar ambas realidades.

La crisis que se está viviendo en Catalunya en torno al llamado Procés tiene dos vertientes políticas. Una es la cuestión del deseo de independencia y de constituir un estado propio, por parte de una parte muy importante de la sociedad catalana. La otra, es la cuestión de las libertades democráticas en general y del tipo de Estado que quiere configurar el conjunto de la sociedad española. Esta doble crisis pone sobre la mesa algunos temas que la transición de la dictadura franquista a la Monarquía parlamentaria instituida a la muerte del dictador dejó pendientes, o no bien resueltos, por razones que no es el objetivo de este artículo analizar.

Justamente, la primera cuestión no resuelta es la del régimen monárquico. Nunca se ha permitido votar explícitamente si la mayoría de la población del Estado prefería organizarse bajo la forma política de una República (una legalidad interrumpida por el golpe de Estado franquista y la guerra civil) o ya le estaba bien la institución monárquica, reinstaurada por la voluntad del dictador. Durante los primeros años este debate parecía innecesario a muchos, puesto que la prioridad era poder ejercer unas libertades básicas, anuladas durante demasiados años. Pero en los últimos tiempos, la necesidad de debatirlo ha ganado fuerza, especialmente desde el 15-M de 2011 y, en Catalunya, con el desarrollo de un potente movimiento soberanista. Otro aspecto que no se pudo resolver bien en la Constitución de 1978, con la dictadura muy reciente y muchos de los aparatos del Estado vinculados al anterior régimen (entre ellos el judicial y el militar) ejerciendo una fuerte presión en la elaboración de Carta Magna, fue el reconocimiento efectivo de un estado plurinacional, con todas sus consecuencias. Se imponía la idea de la "indisoluble unidad de España", de raíz falangista, y aún anterior, sólo matizada por la posibilidad de la creación de autonomías, lo que significaba un avance en aquel contexto, pero no una solución lo bastante satisfactoria, como se está viendo.

Pero hay aún otra cuestión que no es sólo herencia del pasado, sino un problema de gran actualidad, y no únicamente en el Estado español. Se trata del dilema planteado entre el desarrollo de un Estado plenamente democrático y abierto a satisfacer las necesidades de las sociedades del siglo XXI, en cuanto a los derechos sociales, políticos y de participación, así como la igualdad de género, las libertades básicas y los derechos humanos, o la deriva hacia un Estado autoritario, aunque formalmente democrático y con su legalidad, donde todos estos derechos estarán limitados y se ejercerá un fuerte control sobre la población, al servicio de unos grupos sociales, económicos y políticos dominantes. En España, aunque no solo aquí, el peligro de esa deriva autoritaria es evidente. Con la aprobación en 2015 de la conocida como Ley Mordaza (Ley Orgánica de protección de la Seguridad ciudadana) las libertades de expresión y manifestación, entre otras, empezaron a verse amenazadas. Cómo se desarrolle el juicio contra los presos políticos independentistas catalanes y cuál sea la sentencia, marcará un camino que afectará no sólo al soberanismo catalán, sino las libertades de toda la población española y sus derechos de manifestación, expresión y protesta.

Una de las características de una democracia avanzada y sólida es la forma en que afronta nuevos retos que no siempre están exactamente delimitados por la ley. De eso se ha escrito mucho en el campo de la filosofía política, la filosofía del derecho y el pensamiento político y social en general. Entre los retos que una democracia debe asumir está la desobediencia civil, la resistencia no violenta (pasiva y/o activa), etc. Para un Estado dictatorial o autoritario la solución es clara; la solución es una interpretación restrictiva de la normativa legal, con la pertinente represión de los cuerpos policiales y judiciales. Pero autoras y autores como Hanna Arendt, John Rawls, Jürgen Habermas o Bertrand Russell, entre otros, plantearon con una sólida argumentación la legitimidad de la desobediencia civil en determinadas circunstancias. Por no citar los ejemplos clásicos de Gandhi, Luther King, Rosa Parks o las sufragistas, gracias a las cuales disfrutamos de muchos derechos que primero fueron defendidos contraviniendo la normativa legal, hasta que finalmente fueron incorporados.

No parece que esa respuesta, compleja pero democráticamente madura, sea la que preside los discursos más difundidos entre la clase política y la mayoría de los mass media del Estado español. Al contrario, estamos asistiendo a la construcción de un relato que pretende, de manera burda, convertir la protesta, la resistencia y la desobediencia en sedición y/o rebelión, mintiendo descaradamente sobre una supuesta violencia que en realidad fue ejercida por los cuerpos de seguridad del Estado, como se vio en todo el mundo el 1 de octubre de 2017. Y si bien este relato se construye ahora sobre todo, pero no exclusivamente, contra los independentistas catalanes, en realidad afecta, y lo hará aún más, a todas las personas que quieran luchar en defensa de derechos sociales y democráticos en todo el Estado, tanto si se trata del derecho a la vivienda, como de la libertad de expresión. No estaría de más recordar, en ese sentido, los famosos versos de Martin Niemöller. Esta perspectiva debería mover a la solidaridad activa entre todos los pueblos del estado.

La amenaza de la derecha extrema

El discurso de la derecha hegemónica española y españolista está representado por PP, Ciudadanos y VOX. Más allá de algunos matices en ciertos temas, estos partidos mantienen muchas características comunes y una carga semántica muy similar, sobre todo después de la sustitución de Rajoy por Casado, lo que los convierte, de hecho, en tres ramas del árbol de una derecha radical, cuya raíz común es una mezcla de neofranquismo, aznarismo y trumpismo (de Donald Trump). Lo que no excluye algunas diferencias, ni rivalidades electorales. Los tres partidos han pactado sin problemas en Andalucía y lo harán, si pueden, en todo el Estado. Uno de los elementos que más los une es la agresividad anticatalanista, que los llevaría a la supresión práctica de la autonomía, mediante la aplicación del 155 o por algún otro método, y la voluntad de uniformización que, evidentemente, también querrían para Euskal Herria, Galiza o cualquier otra comunidad que reivindique una personalidad diferenciada. Como ya hizo el franquismo. Hay otros elementos comunes en materia social, económica y de derechos que no es aquí el lugar de analizar. Es cierto que VOX es más descaradamente machista y conservador en cuestiones de identidad sexual o de género que Ciudadanos, pero en muchos otros temas se hace difícil distinguir quién se sitúa más en la derecha extrema. Una de las características más alarmantes de los dirigentes de los tres partidos es el uso de la mentira sistemática para atacar al adversario. Rivera y Arrimadas practican la mentira respecto de la realidad, que conocen bien, en Cataluña, así como Casado y VOX; como la practican también para atacar a Pedro Sánchez o a cualquier líder de izquierdas. Y en esto van mucho más allá de la demagogia tradicional (y lamentable) de tantos políticos; en ese caso se trata de construir una verdad o para-verdad falseada, para justificar su acceso al poder y sus peligrosas políticas. Creo que no se pone suficiente énfasis en denunciarlo, quizá porque en la cultura imperante a derecha e izquierda no se entiende del todo el daño ético que provoca la demagogia como herramienta política.

¿Qué hay de la izquierda y del centro-izquierda?

Lamentablemente la situación de los sectores de izquierdas en España no es en estos momentos muy estimulante. En el caso del PSOE, hace ya tiempo que ha ido abandonando un discurso ideológico mínimamente coherente, dentro del ámbito de lo que podría ser un discurso socialdemócrata y de defensa de una democracia avanzada. La pugna actual dentro de este partido se produce entre el grupo dirigente, presidido por Pedro Sánchez, los barones territoriales, algunos de los cuales podrían estar en partidos de derechas, y determinados antiguos líderes que defienden posiciones a menudo abiertamente reaccionarias. Dentro del propio núcleo de la dirección y del gobierno hay perfiles más dialogantes y progresistas y otros cercanos a las tesis de Ciudadanos y de la derecha radical, como es el caso de Borrell o de Grande Marlaska. Pero una parte de su militancia y base electoral se identifica con posiciones más o menos progresistas y opuestas a la derecha. Por otra parte, parece que este partido histórico puede convertirse en el muro de contención electoral para frenar un gobierno de la derecha extrema. Tan precaria es la situación.

En cuanto al mundo de Podemos y las diferentes Confluencias, lamentablemente viven crisis tras crisis. La reproducción de viejos vicios, propios de los partidos tradicionales, las disputas de poder y los sectarismos, pueden echar por la borda muchas de las expectativas surgidas respecto de este partido y sus aliados. Y esto, aparte de tener un coste electoral, puede terminar convirtiéndolos en un partido inoperante y débil para enfrentarse a la ola conservadora que estamos viviendo. En este sentido, cabía esperar una posición más activa y desinhibida frente a la represión contra el Procés, y en defensa del derecho a la autodeterminación; si bien se les debe reconocer el mantenimiento, en general, de una actitud crítica en un contexto estatal nada fácil. Ciertamente, en ese ámbito político conviven sensibilidades muy diversas y a veces incluso contradictorias. También en el mundo de los Comuns, en Catalunya, han aparecido contradicciones y pugnas internas los últimos meses. Pero, a pesar de todo, siguen siendo fundamentales para constituir una alternativa progresista y democrática frente al estado de cosas actual en el conjunto del Estado y, por supuesto, en Catalunya.

El soberanismo y el independentismo en Catalunya

He hablado de ello en otros artículos, pero creo necesario insistir y resaltar algunas ideas. Este no es un bloque homogéneo, ni por su concepción de la sociedad y la economía, ni por la estrategia a seguir para lograr un referéndum de autodeterminación que permita una salida satisfactoria al estado de cosas actual. Es evidente que, como en todas partes, en ese sector coexisten posiciones que van desde la izquierda más radical hasta la derecha conservadora, con respecto a los planteamientos económicos y sociales. Por eso las llamadas a una supuesta unidad electoral del independentismo, sin especificar un programa común claro, responden más a intereses de determinados sectores políticos que no a un planteamiento realista. Ello sin menospreciar que la apelación a la unidad, y más frente a la represión del Estado, tiene siempre un apoyo popular que va más allá de los intereses partidistas, ni descartar que en algunas elecciones se pudiera pactar un programa común básico y claro, e incluso alguna lista electoral para defenderlo con más fuerza. Pero creo que, de momento, esta no es la opción más adecuada, dada la situación que se vive dentro del mundo soberanista. Lo que se necesita ahora, a mi entender, es definir estrategias y liderazgos claros, y no amalgamas confusas que, como se ha visto, no llevan muy lejos. Se hace necesario un debate serio. Cada uno podrá elegir y se verá cuál es la línea mayoritaria que quiere seguir el soberanismo. Por supuesto, insisto, esto no quita, sino todo lo contrario, la necesidad de defender objetivos comunes, creando las plataformas adecuadas para hacerlo, como ya escribí en el artículo Salir del desconcierto, en esta misma revista. Unos objetivos que deberían interpelar más allá del mundo estrictamente independentista.

Hasta este momento el independentismo (y el conjunto del soberanismo) ha demostrado mantenerse fuerte para seguir resistiendo, respondiendo a la represión y reivindicando el derecho democrático a la autodeterminación, como lo demuestran las constantes manifestaciones y actividades llevadas a cabo. Pero no lo suficientemente fuerte para alcanzar esos objetivos, ni tampoco para diseñar una estrategia clara a corto plazo que conduzca a ellos. Hay que analizar las dificultades, si se quiere avanzar. La primera, es que una parte importante de la sociedad catalana no parece apostar por la independencia o, al menos, no parece decidida a luchar por este objetivo. Es evidente que esto sólo se podrá verificar con una votación y saber así con certeza donde radica la mayoría, pero sería un error menospreciar esta percepción. En cambio, parece claro que una gran mayoría está a favor de un referéndum donde poder votar la opción de la independencia, quizás entre otras opciones. A los que niegan esto, es fácil responder: hagamos una primera votación para saber quién está a favor de este tipo de referéndum. No quieren saberlo ... o ya lo saben. Una segunda dificultad son los límites del apoyo internacional. Si bien es cierto que ha habido algunas victorias destacables, la más importante de las cuales la no extradición de los políticos catalanes exiliados, y el apoyo de algunas instituciones y personalidades significativas, es evidente que no ha habido hasta ahora un apoyo internacional suficientemente importante, ni mucho menos decisivo. Lo cual no significa que no se pueda avanzar más en el futuro.

Y, finalmente, el relato mayoritario en España, exceptuando Euskal Herria, sigue dominado por los discursos más reaccionarios respecto de la realidad catalana y el derecho a decidir, lo que no significa que sea compartido por el conjunto de la población y no haya sectores conscientes y solidarios contra la represión y en favor de una solución política real que permita un referéndum de autodeterminación. Como he escrito a menudo, trabajar con estos sectores, reconocer su tarea, colaborar con ellos y tratar de ampliar las complicidades realizando un trabajo más intenso de difusión y explicación me parece fundamental para tener éxito. La alternativa de Nosotros solos, que puede cuajar entre sectores del independentismo, es el camino más fácil a la derrota.

¿Qué alternativa?

En el artículo Salir del desconcierto, planteaba algunos ejes que podían vertebrar una unidad de acción de la mayoría de sectores defensores de una salida democrática y opuestos a la represión, en Cataluña. Esos ejes se referían a la liberación de los presos y el retorno de los exiliados, con la garantía de un juicio justo, retirando las acusaciones insostenibles de rebelión, sedición y malversación. También al reconocimiento del derecho de autodeterminación, a la defensa de las libertades y de los derechos sociales básicos, (que implica el apoyo