EL AÑO EN CINCO
ESCÁNDALOS EMPRESARIALES
Rebelión
La Marea
02.01.2016
Los “principios éticos”, a pesar de que están
recogidos en los códigos de “responsabilidad social” de las grandes empresas
españolas, entran en contradicción con las prácticas cotidianas de estas mismas
compañías.
“La misión del Grupo OHL se ha basado siempre en un absoluto compromiso con la ética, la integridad y el respeto a los derechos humanos”, afirma Juan Miguel Villar-Mir , presidente de la constructora, en el código ético de la empresa. Agbar, siguiendo una línea similar, plantea “el cumplimiento de las leyes y normativas, la integridad, la lealtad y la honradez” como los ejes fundamentales que guían su comportamiento, del mismo modo que Iberdrola sitúa la ética en el centro de su estrategia de negocio.
“La misión del Grupo OHL se ha basado siempre en un absoluto compromiso con la ética, la integridad y el respeto a los derechos humanos”, afirma Juan Miguel Villar-Mir , presidente de la constructora, en el código ético de la empresa. Agbar, siguiendo una línea similar, plantea “el cumplimiento de las leyes y normativas, la integridad, la lealtad y la honradez” como los ejes fundamentales que guían su comportamiento, del mismo modo que Iberdrola sitúa la ética en el centro de su estrategia de negocio.
Pero todos
estos “principios éticos”, a pesar de que están recogidos en los códigos de
“responsabilidad social” de las grandes empresas españolas, entran en
contradicción con las prácticas cotidianas de estas mismas compañías. Así lo
demuestra la sucesión de casos de fraude, evasión fiscal, formación de cárteles
y manipulación de precios que hemos ido conociendo durante este año que ahora
termina.
Iberdrola: La
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso en diciembre
de 2015 una sanción de
25 millones de euros a Iberdrola por una “conducta muy grave”. Y es
que dos años antes, según la CNMC, Iberdrola, “consciente de la existencia de
un escenario de elevada demanda al que corresponde el mes de diciembre, decide
retirar una capacidad de producción para provocar un incremento adicional en el
precio del mercado”. ¿El resultado? Una subida en los precios de la
electricidad que repercutió en ganancias para la compañía (21,5 millones de
euros) y en un gasto de 105 millones de euros para los consumidores y
consumidoras. Esta manipulación de los precios fue realizada la semana anterior
y la posterior al llamado “tarifazo”, que se produjo cuando las subastas de
electricidad establecieron un aumento del 11% en la tarifa eléctrica para 2014.
Eso sí, el escándalo que generó esta escalada de precios en plena crisis
económica, con cada vez más población sumida en la pobreza energética, hizo que
el gobierno español finalmente anulara la subasta en la que se disparó la
tarifa y fijase un incremento del 2,3%.
Y no ha sido el
único caso en que la CNMC ha multado
a grandes corporaciones por conformar cárteles para repartirse el
mercado y pactar precios: las constructoras ACS, FCC, Ferrovial y Sacyr en el
caso de la gestión de residuos urbanos; las petroleras Repsol, Cepsa, Galp,
Disa y Meroil con el pacto de los precios de los carburantes; las grandes
compañías de la alimentación Danone, Nestlé, Puleva, Pascual y Central Lechera
Asturiana que impedían a los ganaderos establecer libremente el precio de su
producto.
Aguas de
Barcelona (Agbar): En el mes de septiembre se conoció públicamente la “Operación Petrum”,
una investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre varias constructoras y
empresas de servicios que pagaron comisiones ilegales del 3% a Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC) supuestamente a cambio de millonarios contratos
de la Generalitat y de Ayuntamientos de CDC. Las comisiones se hacían efectivas
a través de donaciones a las fundaciones del partido, CatDem y Barcelona Forum,
y la compañía que más dinero aportó fue el Grupo Agbar, que “donó” 1,6 millones
de euros entre 2008 y 2013. También estaban presentes en la lista de “donantes”
grandes constructoras como ACS y FCC.
La obtención de
contratos millonarios, para ampliar el control de la gestión del agua en
Cataluña, fue el objetivo perseguido a través de estas comisiones ilegales. No
hay que olvidar que el 84% de la
población catalana tiene el servicio de agua privatizada y su
administración está mayoritariamente en manos de Agbar. Y este no es, por
cierto, el único caso donde la compañía –ahora propiedad de la transnacional
francesa Suez– está siendo sometida a investigación judicial: Aquagest, una de
las filiales de Agbar, también ha sido incluida en la “Operación
Pokemon”. Y es que parece ser que, en 2009, la compañía había pagado
viajes de placer al entonces alcalde de Oviedo y a su concejal de Hacienda para
devolver un importante aval económico que el Ayuntamiento había hecho a la
empresa.
OHL: En mayo,
los medios de comunicación mexicanos hicieron públicas las grabaciones con las
que se demostraba que directivos de OHL en México habrían pagado sobornos a las
autoridades mexicanas. En ellas, uno de los principales directivos
de la empresa reconocía que estaban “metiendo más goles de los normales” en las
obras del Viaducto. A cambio de estos “goles”, se llevaban a cabo sobornos
mediante pagos de vacaciones en hoteles de lujo para el secretario de
Transporte y el secretario de Comunicación del Gobierno del Estado de México.
¿El objetivo? Modificar el coste que en un principio iban a tener las obras de
construcción de un tramo del Viaducto Bicentenario, adjudicado a la empresa en
el año 2010: el coste inicial de la obra, situada en el noroeste de México
D.F., era de 231 millones de euros; al cabo de cinco años, sin embargo, se
había gastado unos 580 millones, más del doble del presupuesto original.
En realidad,
los elevados sobrecostes en obras de infraestructura forman parte del “business as usual” de las grandes
constructoras españolas. Sin ir más lejos, este año se conoció que
la construcción del AVE a la Meca, efectuada por un consorcio del que forman
parte OHL y ACS, tendrá que asumir un 60% de sobrecoste.
Igualmente, Sacyr exigió el año pasado a las autoridades panameñas un 50% más
del presupuesto inicial para finalizar la ampliación del Canal de Panamá.
Volkswagen:
Después de más de un año y medio de investigación, los organismos reguladores
estadounidenses hicieron público en septiembre el fraude cometido por
Volkswagen. La compañía de automóviles manipuló los
motores de 11 millones de automóviles para ocultar sus excesivas
emisiones de óxido de nitrógeno, ya que emitían en carretera un 40% más de lo
que se medía en los controles. Y a ello hay que sumarle otra irregularidad más:
la propia compañía detectó en controles internos que 800.000 vehículos emitían
más dióxido de carbono de lo indicado.
El que ha sido
el mayor escándalo empresarial de 2015 no puede decirse que haya pillado por
sorpresa a buena parte de las organizaciones ecologistas, que llevan tiempo
señalando la ausencia de controles efectivos de las emisiones del sector
automovilístico, especialmente en la Unión Europea. A raíz de este caso, sin
embargo, la UE aprobó un sistema de medición de las emisiones en condiciones
reales de conducción aunque, de nuevo, se otorga un trato de favor a la
industria del automóvil permitiendo en una primera fase
emitir el doble de óxidos de nitrógeno que el nivel legal vigente. Y
es que esta industria es uno de los lobbies más poderosos de Bruselas para
influir en el bloqueo de leyes que pretendan regular las emisiones de los
coches: Volkswagen fue la compañía automovilística que más invirtió en
actividades de lobby el año pasado.
HSBC: El
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas
en inglés), junto al diario francés Le Monde,
destapó en febrero cómo la filial suiza del mayor banco de Europa estaba
involucrada en una trama de evasión fiscal, que incluía también el blanqueo de
dinero procedente de actividades ilícitas. Fue el caso conocido como “Swiss Leaks”, que se basó
en la lista elaborada por un antiguo trabajador del HSBC, Hervé Falciani, con
los nombres de numerosos evasores fiscales. La llamada “Lista Falciani”
contenía archivos secretos de la compañía con información (hasta 2007) de las
cuentas bancarias correspondientes a 100.000 personas físicas y jurídicas
procedentes de 200 países. En total, las cuentas tenían un valor de 100.000
millones de dólares y sus titulares eran políticos, monarcas, traficantes de
diamantes y de armas, actores, directivos de grandes transnacionales, etc. Tras
la fuerte repercusión mediática del caso, la Fiscalía de Ginebra inició
actuaciones contra la filial suiza del HSBC por un posible blanqueo de capitales.
Entre las
personas que utilizaban el entramado de cuentas en paraísos fiscales estaban
millonarios como Emilio Botín y Alicia Koplowitz. La familia Botín
tenía en sus cuentas suizas 2.000 millones de euros y utilizaba un
entramado de sociedades opacas en Panamá y las Islas Vírgenes. En el caso de
Alicia Koplowitz, la empresaria invirtió 20
millones de euros en fondos no regulados de la filial suiza del HSBC
que operaban a través de una red de paraísos fiscales.
Erika González
es investigadora del Observatorio de Multinacionales en
América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.
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