UN ACUERDO
DE ABAJO A ARRIBA EL PACTO FEDERAL DE EIBAR
Jon Henche
(Deia)
Sociología
Crítica
10.11.2017
EN estos
tiempos de tensión entre Catalunya y España merece la pena echar la vista atrás
para revisar las propuestas que en el pasado se formularon sobre la
organización territorial del Estado español. Uno de los políticos que, desde
las filas del republicanismo histórico, elaboraron una idea más acabada de una
España en la que se compatibilizasen las características propias de cada
territorio con la existencia de un poder central fue Francisco Pi y Margall
(Barcelona, 1824; Madrid, 1901).
Pi, además
de catalán, era buen conocedor de Euskadi, puesto que pasó varios meses
estudiando los fueros y las costumbres vascas en la época del Bienio
Progresista en la zona de Bergara, de donde era oriunda su esposa, Petra
Arsuaga Goikoetxea. El estudio del foralismo vasco a buen seguro le influiría
para formular su idea de federación, la cual dejaría plasmada en el libro Las
nacionalidades, publicado en 1877.
Pi y Margall
desarrolló el ideal federativo que profesaba, y que proponía para España, en
torno a dos conceptos que iban unidos en su pensamiento: el Pacto y la
Federación. Este modelo de Estado debía de ser construido de abajo hacía
arriba, es decir, partiendo de los municipios y pasando por las regiones
históricas hasta el poder central, el cual nacía del contrato entre las
diversas provincias y tenía por este limitadas sus atribuciones y facultades.
Según Pi, la base de cualquier régimen federal descansaba en pactos
sinalagmáticos, es decir, en acuerdos logrados entre todas las partes
firmantes.
Tras la
consecución de la revolución democrática de septiembre de 1868, el Partido
Republicano Democrático Federal, del que Pi era su líder más destacado,
procedió a organizarse de acuerdo a una estructura a imagen y semejanza de la
concepción pimargaliana del Estado federal. Se trató de los denominados pactos
federales, en los que varias provincias se unían en torno a un acuerdo para
posteriormente federarse todos ellos y crear un poder central republicano.
El primero
de los pactos se firmó en Tortosa, el 18 de marzo de 1869, entre los
territorios de la antigua Corona de Aragón, al que le siguieron el de Córdoba,
entre las provincias de Andalucía, Extremadura y Murcia; el de Valladolid,
entre las provincias castellanas; el de Eibar, entre las provincias vasconavarras,
y el de La Coruña, entre las provincias gallegas y Asturias.
EIBAR, 1869
El Pacto de Eibar se celebró el 23 de junio de 1869, vísperas del día de San
Juan, las fiestas patronales eibarresas. Reunió a 28 representantes de los
comités de republicanos de Bilbao, Tolosa, Gasteiz, Iruñea, Eibar y Tutera.
Así, por Araba firmaron el pacto Pedro de la Hidalga, Juan Bautista de la
Cuesta, Daniel Ramón de Arrese, Ricardo Becerro de Bengoa, Juan Roca, Hilario
Martínez, Cayetano Letamendi y Abelardo de Sagarminaga; por Gipuzkoa lo
hicieron Justo María Zavala, Blas Irazueta, Felipe Ariotegui, Manuel Ezcurdia,
Vicenta Aguirre, Celestino Echevarria, Inocencio Ortiz de Zárate y José Cruz
Echevarria; por Nafarroa participaron Ignacio Aztarain, Antonio Velasco, José
Lorente, Félix Utray, Baldomero Navascués, Pedro Fraizu y Julián Garay;
mientras que por Bizkaia tomaron parte Cosme Echevarrieta, Horacio Oleaga,
Antolín Gogeascoa, Joaquín Mayor, Julián Arzadun y José Ramón de Ibaceta.
El pacto
constaba de seis puntos. En el primer punto se incluía la interpretación en
clave democrática que los republicanos hacían de los fueros, afirmándose que
las provincias “vascas” gozaban de un “régimen democrático republicano” y que
la federación constituida mediante este pacto entre los republicanos de las
cuatro provincias vasconavarras, aspiraba, en primer lugar, a “conservar y
defender las instituciones a cuya sombra han vivido, y a restaurar las
libertades de que han sido privadas, durante la larga dominación monárquica”, y
en segundo término a preservar “al mismo tiempo, el más estrecho y
perpetuo vínculo de la unidad con la madre patria en el lazo federal
republicano”; es decir, venían a identificar República y democracia con el
código foral, siendo este un sistema compatible con la unión con el resto de
pueblos peninsulares. Era este un punto que ya había enunciado en 1865 Cosme
Echevarrieta, sobre el que ya tratamos en esta misma sección hace un tiempo, en
un artículo en prensa con el título de Solo la democracia es compatible
con los fueros.
En el
segundo punto declaraban su ideal de un Estado español republicano y federal,
el cual era el único sistema con el que los fueros estarían a salvo, aseverando
que podía no ocurrir lo mismo con el régimen monárquico: “El partido republicano
de las provincias vascas y Navarra se declara solidario en cuanto hace relación
a su conducta política y a la propaganda del principio de que su actual régimen
está completamente garantizado constituida España en República federal, y
peligrará siempre bajo las monarquías”.
Por su
parte, en el tercer punto se invitaba a todas las demás regiones de España a
que “asimilaran” el código foral vasco, en otras palabras, que se extendiesen
los fueros al resto de regiones españolas: “No moviendo a la Asamblea un
interés exclusivista y local, sino el deseo de asimilar las condiciones de
España a las nuestras, a fin de que alcance a todas las provincias el tesoro
ofrecido por las libertades democráticas”. Será esta una idea sobre la que
teorizaron, en este mismo período, destacados republicanos como los alaveses
Ricardo Becerro de Bengoa y Julián Arrese o el guipuzcoano Joaquín Jamar, los
cuales defendían la idea de desarrollar los fueros vascos más allá del Ebro, de
vasconizar España.
FEDERACIÓN
VASCONAVARRA: Por lo que respecta al cuarto punto, se defendían las vías
legales para la consecución de dicho proyecto mientras se respetasen los
derechos consagrados en la constitución de 1869: “Puesto que la forma
monárquica de la Constitución promulgada es hija de una Asamblea nacida del
sufragio, el partido republicano cree no debe salir de una propaganda pacífica
y legal».
En el quinto
punto se llamaba a impulsar la creación de comités republicano-federales,
locales primero y provinciales después, en las localidades de las cuatro
provincias vasconavarras, con el objeto de constituir en un futuro cercano una
federación vasconavarra. Esa futura federación estaría dirigida por un Consejo
Federal que cambiaría sus miembros cada año, como se recogía en el punto sexto,
y los seis acuerdos o puntos firmados en el pacto serían, la base del nuevo
Estado vasco-navarro dentro de la República federal española. El proceso de los
pactos federales se culminó, a instancias de Pi y Margall, con la reunión en
Madrid de una Asamblea General de los pactos federales con el objeto de
formalizar un gran pacto nacional. Este pacto se firmó el 30 de julio de 1869,
creándose un Consejo Federal compuesto de tres individuos de cada uno de los
pactos regionales. Entre los tres representantes del pacto vasconavarro
destacaba la figura del propio Pi y Margall, que certificaba su cercanía con la
tierra vasca.
Consecuencia
directa del pacto federal de Eibar fue la creación del periódico Laurac-Bat:
órgano del pacto vasconavarro que, editado en Bilbao, contaba en su plantilla
con la plana mayor del comité republicano de Bilbao, mientras que los
republicanos del resto de las provincias vasconavarras que habían firmado el
texto de Eibar figuraban como colaboradores junto a grandes figuras del
republicanismo estatal, como el propio Pi y Margall o tribunos como Emilio
Castelar, José María Orense y Estanislao Figueras. En el prospecto de este
periódico se desgranaba la ideología republicana federal vasca del período,
insistiéndose en los mismos argumentos del fuerismo leído en clave democrática
que acabamos de ver: “En nuestros Fueros, usos y costumbres, existen
grandes gérmenes de República y federalismo, espontáneas producciones de la
primitiva sociedad Euskara”. “Nosotros, somos, pues, fueristas; pero nos
distinguimos de los fueristas históricos en que estos lo son precisamente por
los elementos de feudalismo e intolerancia que en sí encierran, al paso que
nosotros lo somos por sus gérmenes de republicanismo”.
Tanto el
pacto de Eibar como el resto quedaron en suspenso al poco tiempo, ya que a
pesar de que podía ser un buen sistema para organizar el Estado, no lo era así
para organizar un partido político, que necesitaba una estructura mucho más
eficaz y centralizada. Sin embargo, supusieron la puesta en práctica, siquiera
de forma fugaz y restringida, del pensamiento de Pi y Margall, una teoría de
organización del Estado que tendía a armonizar la unidad con la variedad.