Como Zapatero y Rajoy, el gobierno Sánchez-Iglesias
apunta a las nóminas de las y los funcionarios
Publicado el Sep
10, 2020
El gobierno “progresista” sigue
tirando de las recetas neoliberales de siempre. Si este miércoles se conocían
los planes del ministro Escrivá para alargar la edad de jubilación real,
el jueves se lanzaba un globo sonda desde Moncloa sobre la posibilidad de
congelar los sueldos a los trabajadores públicos en 2021.
El tijeretazo a las nóminas
afectaría, entre otros, a muchos de los trabajadores y trabajadoras de primera
línea que se han dejado la piel, y siguen haciéndolo, en la lucha contra la
pandemia. Las y los sanitarios, o el personal docente y no docente que está
tratando de garantizar una vuelta al cole segura a pesar de la negativa de
ministerios y consejerías del ramo a dotar del personal, los espacios y los
medios necesarios.
No es nuevo esto de ajustar por las
nóminas de los funcionarios. Fue una de las primeras medidas del ajuste de
Zapatero en 2010, con una rebaja de entre el 5 y el 7% de las retribuciones
para seguir pagando los intereses de la deuda generada en el rescate de los
capitalistas de 2008 en adelante. Rajoy ahondó en esta dirección quitándoles
directamente una de las pagas extras de 2012.
Que el PSOE apueste por esta vía no
es nada nuevo. Más vueltas discursivas tendrán que dar los ministros y
ministras de Unidas Podemos para explicar su apoyo a este ajuste salarial, así
como a otras medidas en cocina como el ya mencionado “pensionazo” de Escrivá.
El posible congelamiento estaría
incluído en los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Unas cuentas que se
están ya negociando con la derecha cool de Ciudadanos y que tienen que ser del
agrado también de la UE para que facilite el acceso del Estado español al fondo
de rescate europeo.
El coste de mantener la subida
prevista en los sueldos de los funcionarios – un miserable 2%- sería de en
torno a los 3 mil millones de euros. Menos que lo entregado a la industria del
automóvil en los últimos meses, que asciende a los 3.750 millones. El gobierno
“más progresista de la historia” tiene claras sus preferencias.
Mientras tanto las direcciones
sindicales de CCOO y UGT “ni están, ni se les espera”. Enfrascadas en mesas de
diálogo y negociación, siguen dejando pasar la catarata de cierres y despidos
que empieza a profundizarse, y sobre todo, sin mover un dedo para ponerle freno
al curso cada vez más neoliberal de “su” gobierno.
Pelear, exigirles e imponerles el
abandono de esta política criminal, a la vez que se prepara una respuesta desde
los centros de trabajo a la agenda de ajuste que se está preparando, es una
tarea clave de los sectores combativos de los grandes sindicatos, junto a la
izquierda sindical, movimientos como las mareas de pensionistas y la izquierda
anticapitalista.
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