lunes, 13 de septiembre de 2021

4,5 millones de personas viven en situación de pobreza severa en el Estado español. [Por supuesto, tío colegui. Ni me cuentes. En Corea del Norte, Este, Oeste y el Otro tela marinera, compi. En Cuba el acabose, en Venezuela para qué te voy a contar, en el socialismo y en el comunismo con ventanas a la calle, ¡lagarto, lagarto!, compañero del metal. “Tralalá, la, la, la, lá; tralarí, traloró, tralarí, traloró, l0ro, loro, loro ya con muchos loros” (Canción de Emilio El Moro), que a la rematadera, lo que digo es que España está mismamente aquí en España, y que en esta España, venga o no venga a mí La Legión hay CUATRO MILLONES Y MEDIO de pobres. ¡Cuatro millones y medio de pobres, tío! Y me hago una pregunta preguntita: ¿Arreglará está situación Manolín el de las avutardas con el piquito de oro que tiene o quizás mediante la aplicación de unas políticas de ecolo qué y ecolo cuá?]

 

4,5 millones de personas viven en situación de pobreza severa en el Estado español



Por Kaos. Estado Español

KAOSENLARED

 Publicado el 13 Sep, 2021

 

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha presentado en la mañana de hoy en rueda de prensa el II Informe ‘El Mapa de la Pobreza Severa en España. El Paisaje del Abandono’, que analiza la situación de extrema pobreza del eslabón más débil y desconocido de la sociedad. En el acto de presentación han intervenido el presidente de EAPN-ES, Carlos Susías, el responsable de Investigación de la Red y autor del Informe, Juan Carlos Llano y Graciela Malgesini, responsable de Incidencia Política y Asuntos Europeos.

Al inicio de la pandemia, 4,5 millones de personas en España (9,5 % de la población) vivía en situación de pobreza severa (un millón más que en 2008). Se considera que las personas viven en pobreza- o son pobres- cuando no pueden disponer de los recursos materiales, culturales y sociales necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y, por tanto, quedan excluidas de las condiciones de vida mínimamente aceptables para el Estado o territorio en el que habitan.

Al comienzo de la pandemia, el informe sitúa el porcentaje de la población en situación de pobreza severa en el 9,5%, lo que supone un millón más que la situación crítica de 2008. Por lo tanto, esta cifra ha aumentado y empeorado con la crisis financiera tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. El umbral para situar a una persona en este estado de pobreza severa viene determinado por la renta disponible. Se considera que las personas son pobres, y por tanto están en riesgo de exclusión social, cuando no disponen de los recursos materiales, culturales y sociales necesarios para cubrir sus necesidades básicas y, por tanto, no pueden llevar una vida en condiciones mínimamente aceptables según la zona en la que vivan.

Según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de julio de 2021, el umbral de ingresos para considerar a un hogar en situación de pobreza severa es de 6.417,3 euros por unidad familiar al año; es decir, cada persona tiene que sobrevivir con menos de 281 euros al mes en el caso de vivir en una familia con dos adultos y dos menores; y con menos de 535 euros si es una persona que vive sola. Con estos ingresos, tienen que cubrir todas sus necesidades básicas de vivienda, alimentación, ropa, energía, educación, salud, etc.

En cuanto a la distribución territorial, Canarias, Valencia y Asturias presentan los porcentajes más elevados, que oscilan entre el 12,2% y el 16,7% de su población total. En términos absolutos, las cifras más altas corresponden a las comunidades con mayor población: Andalucía, con más de 980.000 personas en situación de pobreza severa, Cataluña y Valencia, con cifras de 702.000 y 674.000 personas respectivamente.

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El gran engaño que hay detrás del recibo de la luz. [Los problemas inmediatos de quienes no pueden pagar el recibo de la luz porque no ganan ni para comer adecuadamente todos los días se resuelve con un simple decreto. Decreto que el gobierno no hace, no porque no pueda, ni porque sea tontito, sino porque su ligazón con las grandes grupos de capital no se lo permite. Y el problema general de la electricidad no está en ninguna reforma del mercado eléctrico. Mientras se esté tonteando con las reformas del mercado eléctrico el problema real sigue sin tocarse, que es el modo de producción capitalista, dentro del cual y formando parte de él está el mercado eléctrico, como lo está el mercado de la enseñanza, el mercado de la salud, el mercado del deporte, el mercado de la información, el mercado militar o el mercado ecológico entre otros muchos mercados. Hay que cuestionar el modo de producción capitalista, o sea, todo el sistema. Pero no se me asusten mis buenos y gordos capitalistas con sus fieles servidores, tranquilos, tranquilotes total, que los trabajadores no llevamos camino de eso, o sea, que le podéis seguir empaquetando un muchi por ciento más a la subida de la luz que no pasará nada, excepto que los trabajadores veremos empeoradas nuestras condiciones de vida y a vosotros se os hincharán más los bolsillos, pero ya digo, aparte de esto no pasará nada]

 

El gran engaño que hay detrás del recibo de la luz

 


Por Juan Torres López / España

Rebelion

Fuentes: Ganas de escribir

13/09/2021 


Quizá la única ventaja de las grandes subidas que está teniendo el precio de la luz en España es que cada día se habla más de ello y que, poco a poco, la población que lo desee terminará informada de las barbaridades que ocurren en nuestro país con la provisión de ese bien imprescindible para la vida de las personas y las empresas. Lo malo es que, entre el aluvión de información sobre el tema, se cuelan muchos engaños que confunden y alejan la mirada del verdadero núcleo del problema.

En este artículo quiero referirme tan solo a uno de ellos, al que yo creo que está en la base del gran problema que tiene nuestro sector eléctrico.

Gracias a que se está explicando ampliamente en las últimas semanas, es sabido que el precio de la luz se fija en España a través de un sistema que establece, para todas las fuentes de energía, el precio de las más cara, en nuestro caso, la que utiliza el gas como materia prima.

La explicación digamos «oficial», la de las empresas, economistas y políticos que defienden el sistema de fijación del precio de la luz, es que nos enfrentamos a un problema coyuntural como resultado del incremento de la demanda derivado de la reactivación económica tras el confinamiento y la crisis. Ese incremento ha elevado mucho el precio del gas y también -por la misma razón- el coste de los bonos de carbono que tienen que adquirir los productores por su actividad contaminante.

En su opinión, por tanto, no hay ningún tipo de problema estructural o de fondo sobre el que haya que actuar. Si ahora ha subido, bajará enseguida que la economía deje de crecer tanto, como habría pasado en ciclos anteriores. Mientras, solo hay que dejar que el mercado eléctrico siga funcionando libremente porque, si se interviniese, se alteraría el régimen de competencia. Si acaso, nos dicen, se podrá dar ayudas a los consumidores que puedan tener problemas de suministro o bajar los impuestos indirectos.

Quienes defienden este sistema afirman que está diseñado precisamente para que, cuando se produzcan circunstancias como la actual, los capitales fluyan a las energías más baratas y así estas se desarrollen. De hecho, dicen que su gran virtud es que resulta el mejor incentivo posible para lograr la transición energética que necesitamos.

Esto ha sido exactamente lo que contestó hace poco la Comisión Europea a la ministra Teresa Ribera cuando esta pidió que se suspendiera su funcionamiento. Según la portavoz del Ejecutivo europeo, Vivian Loonela, el aumento actual del precio de debe a la «significativa demanda global de gas y el mayor coste de los derechos de emisión de CO2 (combinados con) una «alta demanda» de electricidad por la recuperación económica y las condiciones climáticas». Y este sistema no debe suspenderse porque es el que crea «las señales para reconducir inversiones hacia tecnologías nuevas y flexibles que apoyen la transición hacia la neutralidad climática» (aquí).

Si el precio se ha disparado ahora que ha subido tanto el gas, nos dirán, es porque que ha sido imposible que de un día para otro hayan podido aumentar las fuentes de energías renovables y alternativas.

En consecuencia, no debemos tocar el sistema sino tan solo esperar a una mejor coyuntura, tal y como nos dice Europa y hacen los demás países europeos.

Nada de eso es cierto.

Si se contempla la evolución del precio de la luz en España se comprueba que no sigue la evolución de la demanda y que su disminución se produce justo después de que haya habido grandes subidas y sin bajar de los niveles anteriores a estas últimas.

Es significativo, por ejemplo, que de 2008 a 2018 la luz subiera en España un 66,8% y solo un 28,2% en el conjunto de la Unión Europea, con el que no tenemos tanta diferencia en la evolución de la demanda y en donde la evolución del coste de las materias primas es más o menos el mismo que en España.

No son circunstancias ajenas al sector eléctrico, por tanto, las que hacen que suba su precio en España. Las que lo provocan hay que encontrarlas en lo que ocurre dentro del mercado eléctrico y – a tenor de la evolución tan distinta del precio- deben de ser distintas a las que se dan en el resto de la Unión Europea.

Para descubrir y entender el engaño que hay detrás de las subida tan grande en el precio de la luz en España se necesita saber que el actual sistema de fijación de la tarifa funcionaría realmente como dicen sus defensores (proporcionando «un suministro seguro y asequible de energía de la forma más económica», según la Comisión Europea, y la mejor y más barata combinación posible de las diferentes tecnologías) solo si se dieran dos condiciones imprescindibles.

La primera es que el mercado eléctrico sea de competencia.

Sin embargo, el precio de la luz en España no es el resultado del funcionamiento de un mercado de competencia, tal y como ha demostrado magníficamente Enrique Palazuelos en su obra El oligopolio que domina el sistema eléctrico (Akal, 2019). Lo que pagamos en España por el consumo de luz eléctrica es el resultado de una constante manipulación de la oferta y la demanda que hacen las cinco empresas que controlan su producción, distribución y venta comercial y que, además, tienen el poder suficiente como para influir decisivamente en las normas que lo regulan y de las que dependen los sobrecostes -en forma de primas, subsidios, ayudas, peajes…-  que terminan convirtiéndose en beneficios añadidos que pagan los consumidores.

El precio de la luz en España no refleja los costes reales de producción de las empresas sino el beneficio extraordinario que proporciona su poder oligopolista. Algo – tal y como se estudia en primero de Económicas- que es lo que tiende a ocurrir en todos los mercados de este tipo, sobre todo, cuando no hay control legal ni sanciones que impidan los acuerdos o el reparto del mercado. Algo que  las eléctricas han conseguido que ocurra en España gracias a la enorme influencia política que tienen desde la dictadura de Franco.

La segunda condición que debería darse para que el sistema proporcione el resultado eficiente que sus defensores aseguran que lleva consigo es que haya libertad de entrada y salida en el mercado para que, cuando suba el coste de alguna tecnología, puedan entrar otras alternativas, más baratas y eficientes. En nuestro caso, las renovables.

En España eso era difícil porque el tamaño, la integración y el control tecnológico de las empresas oligopolistas es tan grande que supone una limitación casi definitiva a la entrada de nuevas instalaciones o empresas. Pero se logró vencer y el sector de las renovables comenzó a desarrollarse con éxito, hasta que fue ya prácticamente imposible cuando las empresas eléctricas comenzaron a presionar a los gobiernos y consiguieron finalmente, en 2012, que el Partido Popular materializara un frenazo radical a la producción de energías renovables en España. Las eléctricas tradicionales habían ido realizando inversiones en este último sector y, al conseguir que no apareciese nueva competencia, pasaban así a controlarlo también en el nivel de desarrollo que convenía a sus intereses estratégicos de conjunto. Podían seguir haciendo negocio con sus tecnologías sucias y disponían de presencia en todas ellas y en todas las fases del negocio para seguir manipulando cantidades y precios.

No estoy construyendo ninguna teoría conspirativa para descubrir el interés y el papel del oligopolio en el frenazo que sufrieron las renovables en España, una industria en la que España estaba siendo líder mundial por capacidad de innovación y por razones climáticas. Los propios dirigentes del oligopolio, como el presidente de Iberdrola, habían pedido que no se construyeran más plantas solares y cuando el Partido Popular tomó la decisión no solo la valoraron positivamente sino incluso como insuficiente.

Ahora bien, aunque es cierto que el oligopolio eléctrico había venido reclamando este frenazo desde hace tiempo y que ya en 2007 se habían empezado a tomar medidas en ese sentido, es muy posible que el frenazo no se hubiera producido tan radicalmente con la simple presión de las eléctricas españolas. Posiblemente, el hachazo definitivo al desarrollo de las energías renovables en España se lo impuso Angela Merkel a Mariano Rajoy en defensa del muy ambicioso proyecto que lideraban entonces diversas empresas y bancos alemanes. El llamado Desertec Industrial Initiative que trata de generar energía solar en el Sáhara para satisfacer en torno al 15% de la demanda europea, entre ella la española, y que tenía previsto invertir la fabulosa cifra de unos 400.000 millones de euros. Así lo había anunciado el diario El País el 9 de noviembre de 2011:

«El gigantesco proyecto solar del Sáhara abastecerá a España en 2015

Desertec, Industrial Initiative (DII), el más ambicioso proyecto energético desde que se erigieron las primeras centrales nucleares, tiene fecha y lugar para su arranque e incluso un destino para sus primeras exportaciones. El faraónico plan de sembrar de paneles solares el Sáhara arrancará el año próximo en Marruecos y, entre 2015 y 2016, suministrará a España parte de la electricidad producida, si se cumplen los plazos previstos.

Alemania, cuyas empresas capitanean la iniciativa, ha adelantado su inicio en tres años porque ha decidido prescindir de la energía nuclear en 2022 y porque cree que la llamada primavera árabe facilita la puesta en marcha de ideas innovadoras en un marco político más estable.

La competencia de una industria española incipiente pero de gran liderazgo mundial no podía ser bien vista por el capital alemán.

En resumidas cuentas, el sistema de fijación del precio de la luz en España es un fraude, un auténtico engaño, porque no dispone de las condiciones que sus propios diseñadores consideran que debe tener para que proporcione los precios más bajos y la eficiencia tecnológica y económica que dicen que proporciona. Eso es lo que hay que arreglar y es preciso tener valentía para enfrentarse al oligopolio en España y en sus ramificaciones de Bruselas. No se trata -como quiere hacer creer el oligopolio y sus empleados mediáticos y políticos-  de que el Gobierno reclame una intervención anómala en los precios del mercado de la luz para manipularlos. Todo lo contrario, la cuestión es impedir que sea el oligopolio eléctrico quien siga haciéndolo para conseguir los beneficios extraordinarios que encarecen artificialmente el recibo que tantos hogares ni siquiera pueden pagar, que ahoga también a miles de empresas españolas y que pone en peligro la recuperación económica.

Fuente: https://juantorreslopez.com/el-gran-engano-que-hay-detras-del-recibo-de-la-luz/

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