miércoles, 15 de diciembre de 2010

¿NOS ESTAN ENGAÑANDO EL GOBIERNO Y LOS MEDIOS DE COMUNICACION?

"¿Y si lo sucedido no fuera más que el desigual choque entre la defensa de los derechos democráticos fundamentales y el poder del Estado?
El Estado contra todos"


Javier Benegas, EL CONFIDENCIAL. – 14/12/2010

Mucho se ha escrito y dicho sobre el motín de los controladores aéreos. Sin embargo, muy poco se ha hecho por buscar la verdad. Y ahora que van quedando atrás los ecos de este suceso, me asalta una duda: ¿Y si lo sucedido no fuera más que el desigual choque entre la defensa de los derechos democráticos fundamentales y el poder del Estado? Desde este punto de vista, contra su voluntad y cual héroes impostados al gusto de estos tiempos modernos, los controladores aéreos habrían hecho que nos diéramos de bruces en plena crisis política y económica con un principio consagrado en el constitucionalismo democrático: el Derecho y el Deber de resistencia. Lamentablemente, a nuestro consciente colectivo estas cosas ni le suenan.

El Derecho y Deber de resistencia, expresado por Sófocles en Antígona y asumido con posterioridad como propio por el cristianismo, es una cuestión casi sagrada para los padres de la democracia moderna. Mediante éste fundamental principio, el individuo asegura la prevalencia de la democracia por encima del poder del Estado, cuestión fundamental que está unida inter alia a la obligación de hacer frente a la “autoridad” cuando nuestros derechos están amenazados o son vulnerados. Por ello, cuando un colectivo, un grupo o un solo individuo hace uso de su derecho y su deber a resistirse a la arbitrariedad del poder, además de defender sus interés particular, está poniendo en valor los intereses de toda la sociedad por más que su lucha nos acarree graves perjuicios e inconvenientes. Sin embargo, resulta desolador comprobar que, frente a cuestiones democráticas tan trascendentales, la gran mayoría reaccione con violencia y que las valoraciones, análisis u opiniones no hagan sino embestir contra lo que se nos presenta desde el poder político como una simple, intolerable y costosa algarada.

Pues bien, para aquellos a los que sólo interesa poner de relieve el coste económico de lo sucedido, aunque sea a costa de olvidar principios fundamentales en democracia, conviene refrescar la memoria y retrotraernos al viernes 9 de enero de 2009. En esa fecha, unos pocos centímetros de nieve hicieron que millones de personas quedaran atrapadas en las carreteras. Tal fue el despropósito que fueron necesarios dos días para que España recobrara la normalidad y se perdieron cientos de millones de horas de trabajo. ¿Cuál fue el coste económico de aquella imprevisión? ¿Cuántas décimas de nuestro PIB se fueron por el su