Bulgaria llevaba tiempo
dándole vueltas sobre si entrar o no en la Eurozona. Su parlamento ha decidido
entrar, pero gran parte de la población está en desacuerdo, temiendo un aumento
de precios y una mayor pérdida de soberanía.
Bulgaria se une a la zona euro
El Viejo Topo
28 julio, 2025
El 8 de julio,
el Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría la entrada de Bulgaria en la
eurozona. Con esta votación, Bulgaria, un país de seis millones y medio de
habitantes situado en Europa del este, comenzará a utilizar el euro como moneda
a partir del 1 de enero de 2026. ¿Cuál es la situación que ha llevado a esta
votación y cuál es el futuro de Bulgaria dentro de la zona euro?
Desde 1997,
Bulgaria ha funcionado con un sistema de caja de conversión, que vinculó
inicialmente su moneda, el lev, al marco alemán. Tras la sustitución del marco
por el euro, el lev se vinculó a este último. Este sistema ha limitado la
independencia monetaria de Bulgaria al eliminar herramientas de control como la
devaluación. Como consecuencia, muchos han argumentado que el uso del lev
aporta pocos beneficios y solo costes a Bulgaria. Los defensores de la
soberanía búlgara sostienen que el sistema de caja de conversión debería
desmantelarse. Sin embargo, existe un amplio consenso político en que es una
salvaguardia contra la irresponsabilidad fiscal y la inflación.
Para la
coalición de centro-derecha en el poder y para la mayoría de los representantes
políticos de la Asamblea Nacional, la adhesión a la zona del euro es la
culminación de la plena integración de Bulgaria en la familia europea. El año
pasado, Bulgaria se adhirió al Schengen, el acuerdo que permite la circulación
sin visados dentro de Europa (firmado originalmente en Schengen, Luxemburgo, en
1995, Bulgaria se adhirió en 2005, pero solo comenzó su aplicación en 2024). La
opinión mayoritaria en el Parlamento búlgaro y en el poder ejecutivo es que la
adhesión a la zona del euro supone un hito histórico para Bulgaria. Sin
embargo, esta opinión no es compartida por la mayoría de los ciudadanos
búlgaros. Una parte significativa de la población cree que la adhesión a la
zona del euro ha sido un gran éxito, mientras que un número considerable de críticos
argumenta que, a pesar de los beneficios económicos, la entrada ha sofocado la
voluntad de los ciudadanos búlgaros, que no votan directamente sus políticas.
Hace dos años,
el partido populista proruso Vazrazhdane tomó medidas para celebrar un referéndum
sobre la adhesión de Bulgaria. Sin embargo, el Parlamento y el Tribunal
Constitucional consideraron que sería inconstitucional. El 9 de mayo de 2025,
el presidente de la República de Bulgaria, Rumen Radev, anunció que propondría
un referéndum sobre la entrada de Bulgaria en la zona euro. Radev, presidente
desde 2017, antiguo comandante de la Fuerza Aérea Búlgara que había servido en
el mando de la OTAN como general de división, es a menudo acusado de lealtad
insuficiente a la Unión Europea y a la OTAN debido a sus críticas al envío de
armas europeas a Ucrania y a la continuación de la guerra. La propuesta del
presidente Radev para el referéndum fue rechazada por el Parlamento búlgaro.
Todas estas
acciones catalizaron una ola de descontento entre gran parte de la ciudadanía
búlgara. Según una encuesta realizada
por la agencia sociológica Myara el 14 de mayo de 2025, el 54,9% de los
encuestados afirmó que, si tuviera la oportunidad de participar en un
referéndum, respondería “No estoy de acuerdo con que Bulgaria adopte el euro en
2026”; el 34,4% respondería “Estoy de acuerdo en que Bulgaria adopte el euro en
2026”. En la misma encuesta, el 63,3% de los encuestados se mostró a favor de
celebrar un referéndum, mientras que el 35,3% no lo apoyaba. Otras encuestas
también muestran resultados similares.
Al mismo
tiempo, la mayoría de los búlgaros apoya la adhesión de Bulgaria a la Unión
Europea, que goza de un nivel de confianza muy alto entre los ciudadanos en
comparación con otros países europeos. El escepticismo de la mayoría de los
búlgaros hacia el euro no se debe al euroescepticismo, sino que tiene una
explicación mucho más pragmática y social. Mientras que los ideólogos del
euroescepticismo, que suelen situarse en la derecha populista, esgrimen
argumentos económicos en contra de la adhesión a la zona del euro, la mayoría
de los ciudadanos se muestran preocupados por el aumento de los precios, en
particular de los alimentos y de los servicios, y no por la naturaleza de la
zona euro o de la moneda en sí, sino por la transición que, inevitablemente,
creará condiciones propicias para la especulación, el aumento de los precios y
la inflación. Estas preocupaciones no son infundadas, y el ejemplo más reciente
y cercano es el de Croacia, país en el que el Gobierno tuvo que imponer un
límite máximo a los precios de determinados productos.
En Bulgaria no
ha habido un debate real sobre el euro, ni siquiera uno terapéutico, y este
hecho puede dejar otra herida en una democracia tan frágil. En los últimos
años, la participación electoral en Bulgaria ha disminuido de forma constante,
y la historia de los referéndums en el país es lamentable: los ciudadanos
tienen la sensación persistente de que no tienen voz, lo que es extremadamente
perjudicial para la democracia.
Esto apunta a
una cuestión más amplia: la ausencia de un debate público significativo sobre
la adopción del euro revela un déficit democrático más profundo. Cuando los
ciudadanos se sienten ignorados, las decisiones políticas parecen impuestas
desde arriba, alejadas de la realidad que viven. Esta desconexión fomenta la
desconfianza, alimenta los discursos populistas y genera desinterés cívico. Es
en este contexto en el que debemos entender las protestas emergentes contra el
euro, no como actos aislados, sino como expresiones de un malestar democrático
creciente.
Los medios de
comunicación y el Gobierno tienden a asumir el papel de “informar” a los
ciudadanos sobre la logística de la adhesión y a luchar, quizás de forma
superficial, contra los aumentos “injustificados” de los precios y la
especulación durante el período de transición. En un país en el que más de
800.000 ciudadanos están clasificados como trabajadores pobres, la preocupación
por el aumento del coste de productos básicos como el pan, la electricidad y el
transporte no es una preocupación macroeconómica abstracta, sino una preocupación
existencial. En ausencia de salvaguardias eficaces contra la especulación, la
regulación de los precios de los productos básicos o una política de ingresos
coherente, los temores a la inflación no solo son comprensibles, sino
racionales.
Fuente: Globetrotter
