COESPE:
«Escrivá quiere elevar a 35 años el periodo de cálculo de las pensiones. ¡No lo
aceptaremos!»
- Las dos medidas que el
Gobierno sopesa y que más críticas han suscitado son aumentar la edad de
jubilación hasta los 67 años y elevar de 25 a 35
años el periodo de cotización para calcular las pensiones.
- La propuesta de elevar el calculo a 35 años no ha sido incluida en las recomendaciones del Pacto de Toledo ni discutida con los agentes sociales. Tampoco forma parte del acuerdo de coalición con Unidas Podemos.
El ministro de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones del Gobierno, José Luis Escrivá Belmonte
Comunicado Coordinadora
Estatal por la Defensa del Sistema público de Pensiones (COESPE)
El ministro José Luis Escrivá quiere elevar a 35
años de cotización el periodo necesario para el cálculo de la pensión de los
nuevos pensionistas. Para ello ha introducido una propuesta en la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDAE), que preside Nadia
Calviño.
Nosotros, la COESPE, lo decimos claramente:
Aumentar el periodo de cálculo de las nuevas pensiones a 35 años supone rebajar
las pensiones de los futuros pensionistas, que, de esa forma, verán reducida la
tasa de sustitución de su último salario por su pensión inicial de jubilado, y
esto, para toda su vida de jubilado.
Es una medida encaminada a reducir las pensiones
futuras y a alargar la vida laboral de los trabajadores asalariados. Es una
medida que sobre todo castiga las pensiones de los trabajadores que tuvieron
salarios bajos en los primeros años de su vida laboral.
Es una vuelta de tuerca a la reforma de 2011 de
Zapatero. El ministro Escrivá, en vez de proponer la derogación de la reforma
de pensiones de 2011, propone su extensión a casi toda la vida laboral de los
trabajadores. Endurece las condiciones impuestas en el Pacto de Toledo por la
reforma de Zapatero.
El aumento de hasta 35 años del cómputo se
cuantifica por los expertos en una bajada del 5% de promedio para las pensiones
de los nuevos pensionistas.
El anuncio del aumento del cómputo a los 35 años
desprecia los problemas de la duración de la vida laboral de los trabajadores y
trabajadoras. La media de años de cotización es de 37,4 años cotizados para los
hombres, pero 33,1 años de cotización para las mujeres, lo que supone destacar
una línea divisoria, por género, que dificulta a las mujeres a cobrar el 100%
de la pensión.
¿Cuántos jóvenes podrán acceder a 35 años
cotizados? Mientras no se derogue las reformas laborales y dado el alto paro de
los jóvenes y la precariedad laboral que sufren cuando lo encuentran trabajo,
lo jóvenes serían excluidos de las pensiones dignas que la COESPE exige para
todos los trabajadores cuando se jubilen.
Y como adorno de la propuesta de 35 años de
cómputo, se sugiere que pueda elegirse los mejores 25 años de cotizaciones.
Esta es una propuesta de división, que busca la ruptura de la unidad de la
clase obrera, ofreciendo ventajas a colectivos específicos.
El derecho a elección de los mejores años debe
darse a trabajadoras para cubrir lagunas de cotización, y a los trabajadores
mayores que expulsados del mercado de trabajo necesiten compensar los últimos
años previos a la jubilación de escasas cotizaciones.
Pero ¿no habíamos quedado en que la Seguridad
Social era perfectamente sostenible? La sostenibilidad del sistema ha quedado
demostrada y todos reconocen, incluso los partidarios del Pacto de Toledo, que
los
problemas estaban causados por la no aplicación
del articulo 109.2 de la Ley General de la Seguridad Social que obliga al
Ministerio de Hacienda a hacer las aportaciones necesarias, pero no préstamos.
El objetivo es realmente reducir las pensiones,
como recomienda la AIReF, retocando los parámetros de la reforma de Zapatero de
2011.
La COESPE, todas las organizaciones de
pensionistas, sindicatos y, cada vez más concejales y diputados, se oponen a
los planes avanzados por el ministro que ponen en peligro nuestra Seguridad
Social basada en un régimen de reparto de pensiones dignas. Estamos convencidos
que la Seguridad Social es sostenible, pero se dan pasos en dirección a cambiar
el modelo, endureciendo en régimen publico y abriendo la puerta a los fondos
privados. Para el año próximo se anuncia trasladar a la Ley General de la
Seguridad Social recomendaciones del Pacto de Toledo, y tenemos claro que para
defender los derechos es necesario preparar la unidad. Es inaceptable el doble
lenguaje de las autoridades y las manipulaciones contables y financieras que,
muchas de ellas, venían efectivamente de gobiernos anteriores. Para saber la
verdad organizamos una campaña de firmas de apoyo para instar a los diputados
la exigencia de una auditoria pública. Por eso nos concentramos en extender los
apoyos a la iniciativa.
¡Gobierne quien gobierne las pensiones se
defienden ¡
A 18 enero 2021
Comisión de
Legal
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