jueves, 28 de noviembre de 2013

MARIANO RAJOY, EL LEONZUELO ALETARGADO DE LA MONCLOA CALLA CON RESPECTO DE LA CORRUPCIÓN DE LOS JEFES DEL PP, LUEGO OTORGA

Rajoy se niega a dar explicaciones sobre la contabilidad B del PP y la condena a Fabra 

El presidente del Gobierno esquiva las preguntas de los periodistas: "Yo respeto y acato lo que digan los tribunales de Justicia"

ELPLURAL.COM/AGENCIAS
27/11/2013


(La ministra española de Fomento, Ana Pastor (2ªd), y el ministro francés encargado de los Transportes, del Mar y de la Pesca, D. Frédéric Cuviller (i), firman una declaración conjunta relativa a la autorización del material rodante en los servicios internacionales de alta velocidad entre Francia y España, hoy en el Palacio de la Moncloa en el marco de la XXIII cumbre hispano-francesa . EFE) 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha declinado por segunda vez pronunciarse sobre el último auto del juez Pablo Ruz apuntando a una presunta contabilidad B en el PP y se ha limitado a decir que respeta lo que digan los tribunales de Justicia. Esa misma respuesta la ha extendido al expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, condenado a cuatro años de prisión por delito de fiscal.

“Poco tengo que añadir a lo que ya he dicho en otras ocasiones. Yo respeto y acato lo que digan los tribunales de Justicia, que son los que se están ocupando de estos dos asuntos”, ha declarado Rajoy en una rueda de prensa conjunta en el Palacio de la Moncloa con su homólogo francés, François Hollande, al término de la XXIII Cumbre hispano-francesa.

Ni palabra de corrupción

Ésa ha sido la escueta respuesta de Rajoy al ser preguntado por el auto del juez Pablo Ruz hecho público el pasado viernes que apunta a una financiación en B en el PP, así como si se siente decepcionado con Carlos Fabra después de conocer la sentencia que le condena a cuatro años de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública.

Segunda intentona

Esta mañana el jefe del Ejecutivo también rehusó hablar de la supuesta contabilidad B del PP cuando el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, exigió su comparecencia en sede parlamentaria para ofrecer explicaciones sobre este asunto durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Herencia recibida

“Habla mucho de herencia recibida, y me cuesta mucho que le cueste hablar de la suya. Venga y nos dé una explicación aquí en esta Cámara veraz, cierta, de la herencia que el presidente Mariano Rajoy ha recibido del presidente del PP, Mariano Rajoy. Por favor, explíquenoslo, señor Rajoy”, proclamó Rubalcaba, cosechando un aplauso de la bancada socialista. En su turno, el jefe del Ejecutivo no ha hecho ni una mención al llamado caso Bárcenas. De hecho, empezó su respuesta asegurando al líder del PSOE: “Vamos a hablar de políticas económicas señor Pérez Rubalcaba”. 

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PSOE - PP, DE RECORTES SOCIALES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, BIEN, BIEN, BIEN. Y DE LO QUE NOS ESTÁN ORGANIZANDO PARA SEGUIR EMPEORANDO NUESTRAS CONDICIONES DE VIDA, QUÉ


Bruselas guarda silencio acerca de un tratado que puede permitir que empresas voraces socaven leyes, derechos y soberanía nacional

Este acuerdo trasatlántico es un ataque frontal a la democracia

George Monbiot
The Guardian 
REBELION
25-11-2013

Traducido para Rebelión por Beatriz Morales Bastos 

¿Se acuerdan de aquel referéndum acerca de si debíamos crear un mercado único con Estados Unidos? Ya sabe, el que preguntaba si las corporaciones debían tener poder para revocar nuestras leyes? No, yo tampoco. Fíjense, el otro día me pasé 10 minutos buscando mi reloj antes de darme cuenta de que lo llevaba puesto. Olvidar el referéndum es otra señal de envejecimiento, puesto que deber de haber habido uno, ¿no? Después de haberle estado dando vueltas a si debíamos permanecer o no en la Unión Europea, el gobierno no cedería nuestra soberanía a un oscuro organismo no democrático sin consultarnos. ¿Lo haría?

El objetivo del Acuerdo Transatlánticos sobre Comercio e Inversión es eliminar todas las diferencias reguladoras entre Estados Unidos y las naciones europeas. Lo mencioné hace dos semanas. Pero me dejé el problema más importante: la enorme capacidad que concedería a las grandes empresas de emprender acciones judiciales totalmente carentes de escrúpulo contra los gobiernos que traten de defender a sus ciudadanos. Permitiría a sus herméticos despachos de abogados corporativos invalidar la voluntad del parlamento y acabar con nuestras protecciones legales. Sin embargo, los defensores de nuestra soberanía no dicen nada.

El mecanismo a través del cual se logra esto se conoce como normativa de conflictos inversor-Estado. Se utiliza ya en muchas partes del mundo para acabar con las regulaciones que protegen a las personas y al planeta.

 Después de intensos debates dentro y fuera del parlamento, el gobierno australiano decidió que el tabaco se debía vender en paquetes en los que únicamente aparecieran avisos impactantes referentes a la salud. El Tribunal Supremo australiano avaló la decisión. Pero utilizando un acuerdo comercial entre Australia y Hong Kong, la tabaquera Philip Morris ha pedido a un tribunal exterior que le pague una vasta indemnización por las perdidas de lo que ella denomina su propiedad intelectual.

Durante la crisis financiera en Argentina y en respuesta a la ira popular por los precios astronómicos de las facturas de la electricidad y del agua, Argentina impuso una congelación de los precios de estos (¿les suena familiar?). Argentina fue denunciada por las compañías internacionales de servicios públicos cuyas enormes facturas habían llevado a actuar al gobierno. Por este y por otros crímenes similares se ha visto obligada a pagar más de mil millones de dólares en compensaciones. En El Salvador las comunidades locales lograron a un altísimo precio (tres activistas fueron asesinados) convencer al gobierno de que denegara el permiso a una vasta mina de oro que amenazaba con contaminar sus enormes recursos de agua. ¿Una victoria para la democracia? Puede que no por mucho tiempo. El empresa canadiense que trataba de abrir la mina ha denunciado a El Salvador por 315 millones de dólares por las perdidas de sus futuros beneficios.

En Canadá los tribunales revocaron dos patentes que poseía la empresa estadounidense de fármacos Eli Lilly basándose en que la compañía no tenía pruebas suficientes de que estos tuvieran los efectos beneficiosos que afirmaba. Ahora Eli Lilly ha demandado al gobierno canadiense por valor de 500 millones de dólares y exige que se cambien las leyes de patentes de Canadá.

Estas compañías (y muchas otras) están utilizando la normativa de los conflictos inversor-Estado incluida en los acuerdos comerciales firmados por los Estados a los que están demandando. Unos tribunales que no tienen ninguna de las salvaguardas que esperamos de nuestras propios tribunales hacen que se cumpla esta normativa. Los juicios se celebran en secreto. Los jueces son magistrados de las corporaciones, muchos de los cuales trabajan para compañías del tipo de aquellas cuyos casos se están juzgando. Las comunidades y los ciudadanos afectados por sus decisiones carecen de estatuto jurídico. No existe el derecho a apelar. Sin embargo, estos casos pueden de derrocar la soberanía de los parlamentos y las sentencias de tribunales supremos.

 ¿No se lo cree? Esto es lo que dice uno de los jueces de estos tribunales acerca de su trabajo: “Cuando me despierto por la noche y pienso en el arbitraje, no deja de asombrarme que Estados soberanos hayan accedido al arbitraje de la inversión. [...] Se otorga a tres individuos privados el poder de revisar, sin ninguna restricción o procedimiento de apelación, todas las acciones del gobierno, todas las decisiones de los tribunales y todas las leyes y regulaciones emanadas de los parlamentos”.

No existen los derechos correspondientes para los y las ciudadanas. No podemos utilizar estos tribunales para exigir una mejor protección de la codicia de las corporaciones. Como afirma el Democracy Centre, es “un sistema de justicia privatizado para las corporaciones globales”.

Incluso en el caso de que estas demandas no prosperen, pueden ejercer un efecto de intimidación sobre la legislación. Un alto cargo del gobierno canadiense señaló al hablar de las normas introducidas por el Acuerdo de Libre Comercio Norteamericano: “He visto cartas provenientes de empresas jurídicas de Nueva York y de Washington DC destinadas al gobierno canadiense referentes a casi cada nueva regulación y proposición medioambiental en los últimos cinco años. Se refieren a productos químicos para el lavado y secado, medicamentos, pesticidas, leyes de patentes. Casi todas las nuevas iniciativas fueron objeto de ese ataque y la mayoría de ellas nunca vieron la luz”. En esas circunstancias la democracia, como propuesta significativa, es imposible.

Este es el sistema al que estaremos sometidos si prospera el tratado trasatlántico. Estados Unidos y la Comisión Europea, ambos captados por las corporaciones a las que se supone regulan, están presionando para que la normativa de conflictos inversor-Estado se incluya en el acuerdo. 

La Comisión Europea justifica esta política afirmando que los tribunales nacionales no ofrecen a las corporaciones protección suficiente porque “pueden ser parciales o carecer de independencia”. ¿A qué tribunales se refieren?¿A los de Estados Unidos?¿A los de sus propios Estados miembros? No lo indica. De hecho, no proporciona un solo ejemplo concreto que demuestre la necesidad de un nuevo sistema extrajudicial. Precisamente porque generalmente nuestros tribunales no son parciales ni carecen de independencia, las corporaciones quieren evitarlos. La Comisión trata de sustituir tribunales transparentes, responsables y soberanos por un sistema cerrado en el que dominan los conflictos de intereses y los poderes arbitrarios.

La normativa inversor-Estado se podría utilizar para acabar con cualquier intento de salvar el sistema de sanidad del control corporativo, de volver a regular los bancos, de frenar la codicia de las compañías de electricidad, de volver a nacionalizar los ferrocarriles, de dejar las energías fósiles ahí donde están. Esta normativa paraliza las alternativas democráticas y proscribe las políticas de izquierda.

Esa es la razón por la que el gobierno de Reino Unido no ha hecho intento alguno de informarnos acerca de este ataque monstruoso a la democracia y menos aún de consultarnos. Esta es la razón por la que están callados los conservadores que vociferan acerca de la soberanía. Despertad, nos están jodiendo.

Fuente:

 http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/04/us-trade-deal-full-frontal-assault-on-democracy?CMP=twt_gu 

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PP - PSOE - UE METIDOS EN EL OSCURANTISMO DE LA NOCHE, Y NOSOTROSO MÁS PERDIDOS QUE EL BARCO DEL ARROZ


Más de 50 grupos de la sociedad civil demandan un cambio de paradigma en las políticas comerciales y de inversión de la Unión Europea

 Una alianza europea de más de 50 organizaciones sociales ciudadanas, lanzaron el Acuerdo de Comercio Alternativo (Alternative Trade Mandate), una propuesta para hacer que las políticas comerciales y de inversión de la UE funcionen a favor de las personas y el planeta, y no sólo a favor de los intereses económicos de unos pocos.


España | Tercera Información
| 27-11-2013 |

Esta iniciativa se dará a conocer el mismo día que los ministros responsables de comercio de la UE, y la Comisión Europea, salen hacia la reunión en Bali con la Organización Mundial de Comercio la próxima semana.

Manifiesto:

 El régimen comercial y de inversión actual, impuesto por la Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio, no funciona. La apertura de los mercados en el negocio agrícola está arruinando a los pequeños granjeros y provocando más hambre en el mundo. La desregulación de los servicios financieros a través de los acuerdos de libre comercio impide la regulación estricta del sector financiero pavimentando el camino hacia la siguiente temible crisis financiera. “Necesitamos liberarnos de la agenda corporativa”, afirma Charles Santiago, miembro del Parlamento de Malasia, que está en Bruselas para apoyar el lanzamiento de esta iniciativa. 

En las más de 50 páginas de este acuerdo, aparecen principios básicos sobre derechos humanos, laborales y de protección medioambiental que deberían guiar a la política de comercio e inversión de la UE, a la vez que se incluyen numerosas propuestas sobre aspectos específicos como la alimentación, el trabajo, el dinero y las materias primas. El Acuerdo exige a la Unión Europea que haga a las corporaciones sujetos responsables legalmente por las violaciones de derechos humanos, destrucción medioambiental y evasión fiscal. También propone un nuevo proceso para iniciar, negociar, y finalizar acuerdos comerciales y de inversión que otorgue a los Parlamentos y a la sociedad civil una papel más fuerte que además, haga retroceder la captura de las grandes corporaciones sobre estas políticas.

 “Los acuerdos comerciales de la UE son negociados a puerta cerrada en el mejor interés de unas pocas y ricas corporaciones. Nunca se ha preguntado a las personas a las cuales afectan estos acuerdos qué es lo que necesitan realmente. Queremos un proceso democrático y abierto, controlado por los pueblos europeos y sus representantes, más que un grupo de lobbies corporativos y tecnócratas que toman las decisiones por nosotros”, explica Pia Eberhardt del Corporate Europe Observatory, miembro de la Alianza del Acuerdo de Comercio Alternativo.

Las propuestas de este acuerdo se han ido desarrollando a lo largo de 4 años, a través de la participación en talleres públicos de toda Europa que han involucrado un amplio rango de grupos de la sociedad civil pertenecientes tanto a la UE, como afuera de ella.

“En un momento de múltiples crisis globales, el Parlamento Europeo necesita parlamentarios europeos que apoyen políticas comerciales al servicio de las personas y el planeta. Necesitamos parlamentarios que saquen estas negociaciones secretas a la luz. Hacemos por ello también un llamamiento a los parlamentarios para que sean firmes en su apoyo a unas normas comerciales y de inversión que sirvan a la sociedad en su conjunto, la economía y el medioambiente, no simplemente, al beneficio de unos pocos”, afirma Amélie Canonne, coordinadora de la Alianza para el Acuerdo de Comercio Alternativo. 

El Acuerdo de Comercio Alternativo se dará a conocer en Bruselas esta tarde durante una asamblea, donde representantes del sur, de países europeos afectados por la crisis, miembros de sindicatos, inmigrantes, y otras organizaciones civiles así como parlamentarios europeos, comentarán las propuestas. Además, mañana, habrá “una marcha a favor de la resistencia y alternativas” a través de las oficinas de la Unión Europea.

ALTERNATIVE TRADE MANDATE LAUNCH  Bruselas, 26 de Noviembre de 2013. 

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