martes, 20 de agosto de 2024

Marx y la España del siglo XIX: revoluciones, traiciones y residuos feudales

 


Marx y la España del siglo XIX: revoluciones, traiciones y residuos feudales

 

Publicado el 20 de agosto de 2024 / Por Canarias Semanal

KAOSENLARED

 

Karl Marx dedicó varios análisis a la situación de España en el siglo XIX, explorando cómo las revoluciones, las luchas de clases y la resistencia de las viejas élites marcaron el desarrollo del país. En este artículo, su autor, nuestro colaborador Manuel Medina, examina la visión crítica de Marx en relación con los conflictos en la península ibérica, así como su relevancia en el contexto de la historia europea.

    Karl Marx, uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX,  prestó una especial atención a la situación de España durante ese período. Aunque su análisis se enfocó principalmente en las dinámicas revolucionarias en Europa, Marx dedicó varios artículos y estudios al contexto español, especialmente durante las revoluciones que marcaron la primera mitad de ese siglo.

Desde su visión crítica del absolutismo hasta su interpretación de los movimientos populares, Marx abordó el caso español como un ejemplo de las contradicciones inherentes al capitalismo y las luchas de clases en un país periférico de Europa.

La España del siglo XIX fue un hervidero de conflictos sociales y políticos. La transición de un sistema feudal y absolutista hacia una forma de gobierno más liberal y moderna estuvo plagada de revolucionesguerras civiles y pronunciamientos militares. Para Karl Marx, España representaba una especie de microcosmos de las luchas que se vivían en toda Europa, con particularidades especiales que la hacían única dentro del contexto revolucionario del continente. En sus artículos y escritos, tanto Marx como Engels diseccionaron la historia y los eventos de España desde una perspectiva materialista, subrayando cómo las estructuras económicas y las luchas de clases determinaron la suerte corrida por las revoluciones en la península.

España era entonces escenario de múltiples revoluciones, levantamientos y conflictos, incluyendo la Guerra de Independencia (1808-1814), las revoluciones de 1820 y 1834, y las insurrecciones populares de 1854 y 1868Marx observó cómo estas luchas reflejaban las tensiones sociales y políticas que caracterizaban la transición hacia el capitalismo en Europa. Para él, España ofrecía un ejemplo interesante de cómo las fuerzas reaccionarias (monarquía, Iglesia y aristocracia) interactuaban con los intentos de cambio social liderados por la burguesía y las masas populares.

España, aunque debilitada políticamente en comparación con otras grandes potencias europeas, desempeñaba un papel estratégico en la geopolítica del continente. Marx veía en la inestabilidad española un factor que podría desestabilizar a otras naciones europeas y, por tanto, contribuir al avance de la lucha de clases.

Sucedía, además, que Marx veía en España un ejemplo claro de cómo un sistema feudal y absolutista podía retrasar el desarrollo capitalista. A diferencia de otros países europeos, donde la burguesía había logrado consolidar su poder y avanzar hacia una economía industrial, España permanecía atrapada en una estructura económica y social arcaica. Este atraso ofrecía a Marx una perspectiva interesante para analizar cómo el capitalismo avanzaba de manera desigual y cómo esto afectaba los movimientos revolucionarios.

Marx criticó duramente a la burguesía española por su incapacidad para liderar un proceso revolucionario coherente que acabara con los vestigios feudales que todavía se arrastraban en la estructura social española.  A diferencia de la burguesía en Francia o Inglaterra, la burguesía española era débil, fragmentada y permanecía fuertemente vinculada a las estructuras feudales. Esto impedía un cambio profundo y hacía que los movimientos populares quedaran fácilmente neutralizados por las élites conservadoras.

Por otra parte, el  dominio de la Iglesia y la persistencia del absolutismo en España eran puntos clave en el análisis de Marx. Para él, la alianza entre la Iglesia, la Monarquía y la aristocracia constituían el obstáculo central para la modernización del país. La capacidad de estas instituciones para perpetuar su poder a lo largo de los siglos, representaba una forma particular de dominación que Marx consideraba importante  a la hora de entender la resistencia al cambio en contextos periféricos como España.

 LAS EXPECTATIVAS DE UNA REVOLUCIÓN SOCIAL

Marx veía en las insurrecciones y conflictos en España una posible chispa para la expansión de la revolución en otros países europeos. Aunque España no tenía el mismo peso industrial que Francia o Inglaterra, Marx pensaba que un levantamiento exitoso aquí podría inspirar movimientos en otros países, especialmente en Europa del sur.

El interés de Marx por España se derivaba, pues, de su análisis de las luchas de clases, la transición al capitalismo y la particularidad de cómo se daban estas dinámicas en un país periférico. Marx consideraba que los conflictos en España no solo eran significativos en sí mismos, sino también en su capacidad para influir en el panorama revolucionario europeo en general

LAS REVOLUCIONES ESPAÑOLAS: UN CICLO INACABABLE

Una de las observaciones más relevantes de Marx sobre España fue su insistencia en que las revoluciones en este país no eran acontecimientos aislados, sino que se prolongaban en ciclos que podían durar varios años. A diferencia de las revoluciones en otros países europeos, como las de 1848 en Francia, que Marx veía como estallidos cortos pero intensos, las revoluciones en España se caracterizaban por ser procesos más largos y complejos. Marx menciona, por ejemplo, que la revolución de 1808-1814, que concluyó con la expulsión de las tropas napoleónicas, se prolongó durante seis años, mientras que la siguiente oleada revolucionaria, de 1820 a 1823, fue sofocada tras tres años de conflicto. Este patrón se repetiría en la década de 1830 y luego de nuevo en 1854.

Este carácter prolongado y repetitivo de las revoluciones españolas era, según Marx, una señal de la profunda crisis estructural que atravesaba el país. El conflicto entre las viejas estructuras feudales y el emergente capitalismo era evidente, pero la debilidad de la burguesía española y la fragmentación regional del país hacían que estos cambios se dieran de manera mucho más lenta y contradictoria.

LA MONARQUÍA Y EL ESTADO ESPAÑOL: UNA HERENCIA FEUDAL

Marx observó cómo la Monarquía española, desde la unión de los Reyes Católicos, intentó establecer un sistema centralizado y absoluto, pero fracasó en gran medida debido a las particularidades regionales y a la resistencia de las estructuras feudales locales. La España del siglo XIX seguía siendo, en muchos aspectos, una nación fragmentada, donde las diferencias regionales se traducían en sistemas legales, fiscales y sociales divergentes. Esto, para Marx, contrastaba fuertemente con otras naciones europeas donde la centralización del poder había logrado unificar más eficazmente a las diferentes regiones.

Además, Marx era muy crítico con la forma en que el absolutismo español se había desarrollado. Mientras que en otros países europeos el absolutismo había sido una fase necesaria para superar el feudalismo y dar paso al capitalismo, en España, la monarquía había reforzado las viejas estructuras en lugar de transformarlas. Para Marxla monarquía borbónica y su sistema administrativo eran más comparables a una suerte de despotismo oriental que a un estado moderno europeo.

EL PAPEL DE LA IGLESIA Y LA NOBLEZA

En su análisis, Marx trataba de que quedara claro el papel ultrarreaccionario que desempeñaron la Iglesia y la nobleza en la historia española. La alianza entre estos dos grupos de poder fue clave para mantener el status quo y frenar cualquier intento de reforma. La Inquisición, por ejemplo, no solo fue un instrumento para mantener la ortodoxia religiosa, sino también un medio para sofocar cualquier movimiento que pudiera amenazar los privilegios de la nobleza y el clero.

Este carácter reaccionario se evidenció especialmente durante la Guerra de Independencia contra la invasión napoleónica (1808-1814). Aunque la resistencia popular contra el invasor francés tuvo un fuerte componente nacionalista y antiabsolutista, rápidamente fue cooptada por las élites tradicionales, que canalizaron el descontento hacia la defensa de las viejas instituciones, como la Monarquía y la Iglesia. Así, lo que podría haber sido un movimiento revolucionario con potencial progresista, terminó reforzando el poder de las estructuras más retrógradas del país.

LAS LUCHAS DE CLASES Y LA BURGUESÍA ESPAÑOLA

Como decíamos, una de las críticas más severas de Marx hacia la situación en España estuvo dirigida a la debilidad de la burguesía nacional. A diferencia de otros países europeos, en los que la burguesía desempeñó un papel central en las revoluciones liberales, en España este grupo social era extraordinariamente débil y estaba profundamente dividido. Por un lado, una parte significativa de la burguesía seguía vinculada a la estructura feudal, mientras que otra parte adoptaba posiciones moderadas y prefería acuerdos con las viejas élites en lugar de enfrentarse a ellas.

   Marx subraya cómo, en momentos clave, la burguesía española traicionó las aspiraciones populares para mantener su alianza con la nobleza y con la Iglesia. Esto quedó claramente expresado en los numerosos pronunciamientos militares que marcaron la política española en el siglo XIX. Estosgolpes de estado, liderados generalmente por sectores de la burguesía y apoyados por el Ejércitoen realidad trataban de evitar una revolución popular, a la vez que continuar manteniendo el poder dentro de un marco conservador.

LA REVOLUCIÓN DE 1854 Y LA ESPERANZA FALLIDA

  Marx siguió con especial atención la revolución de 1854, que comenzó con el pronunciamiento del general O’Donnell y llevó al poder a una coalición progresista. Para Marx, esta revolución representó una tentativa de la burguesía de impulsar reformas liberales que, aunque considerablemente limitadas, podían abrir la puerta a cambios más profundos. Sin embargo, rápidamente se desilusionó al ver cómo los líderes revolucionarios traicionaron las expectativas populares y restauraron el orden mediante concesiones a las fuerzas más reaccionarias.

Este episodio, según Marx, ilustraba perfectamente las contradicciones de la sociedad española y la incapacidad de su clase dominante para liderar un verdadero proceso de transformación social. La revolución fue sofocada en pocos años, y el país volvió a caer en la inestabilidad política, con continuos cambios de gobierno, intervenciones militares y un estancamiento económico que perpetuó las condiciones de atraso.

Para Karl Marx, España representaba un caso particular dentro del panorama revolucionario europeo del siglo XIX. Las contradicciones internas del país, la debilidad de su burguesía y la persistencia de estructuras feudales hicieron que los procesos revolucionarios fueran más complejos y prolongados que en otras naciones.  Su análisis continúan siendo relevantes para entender las dinámicas políticas y sociales que marcaron la historia moderna de España y su desarrollo hacia la modernidad.

Manuel Medina para Canarias Semanal.org

 Manuel Medina es profesor de Historia y divulgador de temas relacionados con esa materia

Fuentes Consultadas:

Marx, K., & Engels, F. (1978). La Revolución en España. Ediciones Progreso.

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Victor Manuel - El Cobarde (Cover Audio. Remasterizado)

Canción para un niño en la calle - Patxi Andion

Incertidumbres en Catalunya (España)

 

La coincidencia entre la investidura del socialista Salvador Illa, tras 14 años de presidencias independentistas de la Generalitat, con la tocata y fuga de Carles Puigdemont en el Arco del Triunfo expresa el anómalo cierre del proceso soberanista.


TOPOEXPRESS


Incertidumbres en Catalunya

 

Antonio Santamaría

El Viejo Topo

20 agosto, 2024 


Para navegar en las procelosas aguas de la política catalana se ha de distinguir entre procés y procesismo, así como entre catalanismo, independentismo y soberanismo. El objetivo del independentismo, representado políticamente por Junts, ERC, CUP y la ultraderechista Aliança Catalana, es la separación de España y la constitución de la República catalana. Los soberanistas, representados antes por ICV y ahora por los Comunes, defienden el referéndum de autodeterminación sin que ello suponga apoyar la secesión. Históricamente, el catalanismo defiende la singularidad política y cultural de Catalunya frente al centralismo y propugna una reforma del Estado que reconozca su carácter plurinacional.

El procés soberanista adquirió velocidad de crucero en 2012, tras el rechazo de Mariano Rajoy al Pacto Fiscal de Artur Mas, calcado del Concierto Económico del País Vasco y Navarra, y acabó con la aplicación del artículo 155 en octubre de 2017. El procesismo empezó entonces y ha acabado ahora con la investidura de Illa; eso sí, al precio de la “financiación singular” para Catalunya. Es decir, se vuelve a la casilla de salida del procés, acaso para desactivar el “Espanya ens roba”, una de las principales municiones para el ascenso del independentismo de masas en esos años.

Ahora, el movimiento independentista experimenta sus horas más bajas tanto desde el punto de vista electoral como de capacidad de convocatoria. Sin embargo, se da la paradoja de que cuanto menor es su fuerza electoral en Catalunya, mayor es su capacidad de influencia en la escena política estatal. La continuidad de la presidencia de Pedro Sánchez depende del apoyo de ERC, pero también de los siete diputados de Junts. En cualquier caso, el movimiento independentista no desaparecerá y continúa gozando de importantes apoyos políticos y sociales.

Pasqual Maragall, primer presidente socialista de Cataluña tras 23 años de gobiernos convergentes de Jordi Pujol, accedió al cargo en diciembre de 2003 mediante un pacto tripartito con ERC e ICV con el objetivo estratégico de la malhadada reforma del Estatuto de Autonomía que está en la génesis del procés soberanista. De hecho, Catalunya es la única comunidad autónoma española cuyo Estatuto de Autonomía en vigor no es el refrendado por la ciudadanía, sino el enmendado por el Tribunal Constitucional (2010). José Luis Rodríguez Zapatero intentó una fallida reforma del título VIII de la Constitución que, por lo que respecta al Senado como cámara de representación territorial, continúa pendiente. El Estatut catalán se llevó por delante esas improbables reformas en la estructura del Estado que precisan del consenso del PP para implementarse. Además, una reforma federal implicaría un compromiso de lealtad institucional por parte de los partidos nacionalistas/independentistas que ahora resulta impensable. Aquí, no hay más cera que la que arde.

El concierto económico

En su libro, El Concierto Económico, Pedro Luis Uriarte, consejero de Economía y Hacienda del primer gobierno vasco, ha explicado detalladamente en el capítulo V titulado El ofrecimiento de un concierto económico a Catalunya, los motivos por los cuales los dirigentes de CiU rechazaron la oferta de Adolfo Suárez, en el marco del debate de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA),  para que como los vascos y navarros dispusiesen de un concierto económico. Una negociación de la que fue testimonio presencial entre junio y septiembre de 1980, cuando se había aprobado l’Estatut de Sau y se habían celebrado las primeras elecciones catalanas que otorgaron la presidencia de la Generalitat a Jordi Pujol.

“Catalunya no aceptó el ofrecimiento que se le hizo desde el Gobierno de UCD de contar con un concierto económico, por la falta de visión que entonces tuvieron tanto el ‘president’ de la Generalitat, Jordi Pujol, como su ‘conseller’ de Economía, Ramon Trias Fargas” –escribe Uriarte–. “Trias Fargas estaba convencido de que para Catalunya era mejor tener un sistema de financiación que, aun dependiendo del Estado, permitiera sacar más recursos negociando con el mismo. Consideraba que el apoyo parlamentario del Grupo Nacionalista Catalán permitiría que esa vía práctica fuera más provechosa para Catalunya y menos arriesgada que la del Concierto, al no tener que correr con el riesgo de recaudación”. Muchos años después, Artur Mas, reconoció en junio 2015, con motivo de la presentación de la Agència Tributària de Catalunya, que “Aquello que se consideró de segundo orden, subordinado, que era mucho más importante cualquier cosa antes que una Hacienda propia, fue un error muy grande”.

La oferta de Suárez indica que no existían entonces obstáculos constitucionales, ni de equilibrio económico para la financiación de Catalunya y del resto de las comunidades autónomas para implementar un Concierto Económico catalán. Con el paso de los años, esta fórmula adquirió la denominación de Pacto Fiscal con Artur Mas y Financiación Singular con ERC.

En otro orden de cosas, con la perspectiva del concierto económico sobre la mesa, ERC compra el tiempo que necesita para recomponerse después de las debacles electorales del último ciclo electoral (municipales, generales, autonómicas y europeas). Esquerra debe encarar el decisivo congreso de noviembre con una militancia profundamente dividida como se comprobó en el ajustado resultado a la consulta a las bases sobre la investidura de Illa. Además, en su pugna con Junts por la hegemonía del independentismo, podrá argumentar que mientras Puigdemont no consigue nada con sus performances, Esquerra ha conseguido dar satisfacción a una de las reivindicaciones más sentidas del nacionalismo catalán.

A medio plazo, no puede descartarse que entren en un gobierno de coalición tripartito con el PSC primero los Comunes (herederos de ICV), lo que depende de cómo se resuelva la gobernabilidad del Ayuntamiento de Barcelona, pendiente desde hace más de un año. La entrada en el gobierno de Illa de dos consellers en la órbita de ERC en materias tan sensibles como Cultura (Sònia Hernàndez) y la recién creada Conselleria de Política Lingüística (Francesc Xavier Vila) hacen entrever que ERC podría hacer lo mismo en función del resultado del congreso de noviembre.

 

Junts per Puigdemont

La tocata y fuga de Puigdemont, digna de uno de los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós, se entiende en el contexto de los extraños avatares de la aplicación de la ley de amnistía, negociada por Santos Cerdán hasta la última coma con Junts precisamente para que pudiera serle aplicada. Éste fue el precio para dar el sí a la investidura de Sánchez, como ahora el concierto económico lo es para la de Salvador Illa. En efecto, si no fuese por la negativa del Tribunal Supremo y otras instancias judiciales a aplicarle la amnistía, Puigdemont hubiera podido volver libremente a Cataluña, como ha ocurrido con la máxima dirigente de ERC Marta Rovira. Su fugaz aparición en Barcelona manifiesta que, mientras no se resuelva su caso, no podrá darse carpetazo definitivo al ciclo procesista. De hecho, es el último fleco que resta para cerrar el procés soberanista.

Junts per Catalunya es un abigarrado conglomerado de fuerzas de muy diversa procedencia y cohesionado por la figura de Puigdemont, donde, para simplificar, conviven dos vectores. Por un lado, el vector de carácter nacional-populista en el que Puigdemont ejercería la función de líder carismático propia de estos movimientos. Un sector representado por el expresident Quim Torra, Mirian Noguera o Laura Borràs, hasta ahora mayoritario en la formación a tenor de los resultados de la consulta para romper con el gobierno de coalición con ERC. La entrada de Aliança Catalana en el Parlament tendrá un efecto sobre este sector de Junts semejante al de Vox respecto al PP.

Por otro lado, por parafrasear a Enric Juliana, está el gen convergente. De hecho, la matriz política de Junts se halla en la antigua Convergència, fallidamente reconvertida en PDeCat tras la confesión de Pujol. Un sector representado per el exconseller de Economía, Jaume Giró, o Artur Mas, que está deseando retirar de la circulación a Puigdemont tras rendirle todos los homenajes que hagan falta. Ese sector necesita adaptarse al nuevo ciclo político, algo que está esperando en candeletas, donde el irredentismo de Puigdemont resulta un obstáculo insalvable y off de record expresan su malestar por el espectáculo del Arco del Triunfo y el desprestigio provocado en los Mossos d’Esquadra. La aplicación de la amnistía les habría solucionado este incómodo problema. También son conscientes que no pueden oponerse al concierto económico, la gran reivindicación de Artur Mas que señaló el pistoletazo de salida del procés soberanista en septiembre de 2012 y ahora argamasa del pacto PSOE-PSC y ERC. El fichaje de Miquel Sàmper (Empresa e Industria), ex conseller de Interior con Quim Torra, expresa la táctica de hurgar en las divisiones entre los dos vectores de Junts.

El caso Puigdemont plantea un conflicto institucional de gran envergadura entre el poder legislativo y el poder judicial, a propósito de la ley de amnistía, que deberá ser dirimido por el Tribunal Constitucional. La actuación de jueces, como García Castellón en el caso de Tsumani Democràtic, que imputa fantásticos delitos de terrorismo para no aplicarle la amnistía, resultan inadmisibles. Unas actuaciones que desbordan el marco constitucional atribuido al poder judicial, a quien corresponde aplicar las leyes aprobadas por las Cortes surgidas del voto popular.

 

Izquierda española y modelo de Estado

Tras la enorme polémica generada por la ley de amnistía, que como ha demostrado Puigdemont sigue viva, el gobierno de coalición PSOE y Sumar tiene pendiente una enorme tarea de pedagogía política para explicar el concierto económico catalán. La cuestión de la “financiación singular” ha abierto la caja de Pandora de agravios comparativos con el resto de las comunidades autónomas, en su mayoría gobernadas por el PP, pero también en amplios sectores del PSOE y de sus socios de legislatura como los valencianos de Compromís.

En las jornadas de septiembre y octubre de 2017 se planteó en Catalunya la mayor crisis política e institucional desde la reinstauración de la democracia durante la cual la sociedad catalana experimentó una extrema polarización entre partidarios y contrarios a la secesión. Ante todo, habríamos de evaluar qué factores, y en qué proporción, han incidido en la caída del voto independentista en el último ciclo electoral ¿Los efectos de la represión policial y judicial frente a quienes rompieron con el orden constitucional? ¿Las mentiras y promesas incumplidas de los líderes políticos del procés? ¿La lucha fratricida entre Junts y ERC por la hegemonía del movimiento? ¿Las concesiones políticas y las medidas de gracia del gobierno español como los indultos, la reforma del Código Penal o la Ley de Amnistía?

La crisis catalana ha desnudado a la izquierda política española, incapaz de elaborar un modelo de articulación territorial del Estado alternativo al de los partidos de izquierda y derecha de las “nacionalidades históricas” (inmersas en sus proyectos de construcción nacional) de los cuales depende su mayoría parlamentaria. También, frente al PP y Vox, guardianes de las esencias del nacionalismo reaccionario y centralista español. Esa ausencia de proyecto alternativo federal (PSOE) o confederal (Sumar), unida a la relación de dependencia política de sus alianzas con las formaciones independentistas, nacionalistas o regionalistas y las contradicciones del modelo autonómico abren de par en par las puertas a toda suerte de mercadeos que aparecen como moneda de cambio de presidencias de gobiernos desde los lejanos tiempos de los Pactos del Majestic.

Hasta la fecha, los socialistas no se han presentado ante el electorado –más allá de declaraciones teoréticas como las de Granada o Barcelona– con un programa articulado de reformas sobre la cuestión territorial de carácter federal o federalizante. Se ha transmitido el mensaje que son concesiones a los independentistas catalanes, otorgándoles todo lo que antes se decía imposible, con el único objetivo de mantenerse a cualquier precio en el poder. Quizás haya llegado el momento de poner sobre la mesa cuál es su modelo de Estado y el encaje de Cataluña en éste.

 

Balón de oxígeno

Desde el punto de vista político, la ruptura de las mayorías absolutas independentistas en el Parlament y la investidura de Salvador Illa suponen para Pedro Sánchez un auténtico balón de oxígeno, en la medida que avalan las medidas de gracia y las concesiones políticas como la cesión de cercanías de Renfe o la promesa del concierto económico. Mientras la política inmovilista y represiva de Mariano Rajoy fue una fábrica de independentistas, con dos consultas secesionistas y una declaración unilateral de independencia, la táctica de concesiones de Sánchez ha culminado con el premio de la presidencia de la Generalitat.

Entre la ciudadanía catalana (indepe y no indepe) existe un gran hartazgo por las convulsiones, los giros de guion, las jugadas maestras, los disturbios o las performances como la última de Puigdemont. La figura sobria de Illa con aspecto de funcionario o contable de una empresa, avalada por la gestión en el ministerio de Sanidad durante la pandemia, conecta con ese deseo profundo de pasar página y retornar a una cierta normalidad política tras el ciclo procesista.

La estabilidad de las presidencias socialistas en Madrid y Barcelona, inédita desde los tiempos de Zapatero y Maragall, depende de la aplicación de la ley de amnistía a Puigdemont (Junts tiene que sostener a Sánchez hasta entonces) y de la viabilidad política de la “financiación singular” catalana (ERC necesita comprar tiempo para recomponerse). Queda, por parte de la izquierda española en el poder, la elaboración de una propuesta política de articulación territorial del Estado con la experiencia acumulada por décadas de funcionamiento del Estado de las Autonomías y la crisis catalana.

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