lunes, 28 de abril de 2025
Rearme, crisis estructural y pensiones
Digámoslo con claridad:
el rearme de la UE (es decir, de la OTAN) no es más que un engañabobos para
seguir drenando dinero hacia el capital, detrayéndolo del gasto social. Las
pensiones serán el primer objetivo para el saqueo.
Rearme, crisis estructural y pensiones
El Viejo Topo
28 abril, 2025
El resurgir del
militarismo europeo no puede comprenderse sin atender a los intereses
económicos que lo sustentan. En un momento de agotamiento estructural del
modelo neoliberal, marcado por un estancamiento prolongado producto de la
crisis financiera global de comienzos de siglo y de los conflictos
internacionales que abrió, el rearme está siendo utilizado como catalizador
para redefinir las prioridades del Estado. En este marco, el complejo
militar-industrial se presenta no solo como un sector económico emergente, sino
como una vía privilegiada para recomponer la rentabilidad del capital.
Los grandes
beneficiarios de esta nueva «economía de guerra» son las propias estructuras
del sistema, que, hundidas en una profunda crisis encuentran en el conflicto
armado y la tensión internacional un terreno fértil para su recomposición. La
actual guerra arancelaria, el desmantelamiento progresivo de los servicios
públicos y la consolidación de un modelo de concertación público-privada
revelan una estrategia orientada a expropiar la riqueza social acumulada. No es
casual que figuras como Moritz Schularick, presidente del Instituto de Economía
Mundial de Kiel, señalen abiertamente que «habrá que atacar también el sistema
de pensiones» para financiar el esfuerzo militar (Der Spiegel, 10/01/2025).
Este proceso, sostenido en el tiempo, ha tenido como clave el cultivo de una
cultura del miedo, que funciona como herramienta para debilitar resistencias
sociales y avanzar en la mercantilización total de lo común. El complejo
militar-industrial, convertido en nuevo motor económico, se alimenta así de la
precarización, del autoritarismo y el vaciamiento de lo público, los derechos
ciudadanos y la democracia representativa viven hoy sus horas más bajas. La
crisis sistémica en la que vive anclado el bloque occidental ha impulsado una
deriva belicista que funciona como mecanismo para sostener las tasas de
ganancia de las élites gobernantes. El reordenamiento de prioridades en favor
del gasto militar se ha convertido así en una salida estructural al agotamiento
del propio modelo neoliberal.
En los últimos
años, Europa ha sido testigo de una transformación silenciosa pero profunda: la
combinación de múltiples crisis —la financiera, la sanitaria derivada de la
pandemia de COVID-19, y el conflicto militar en Ucrania y Oriente Medio— han
servido de catalizador para justificar un incremento del gasto en defensa, bajo
el paraguas, eso sí, de una retórica de seguridad cada vez más imprecisa y
excluyente.
El proceso de
militarización institucionalizada que se observa en este contexto no solo
altera los equilibrios presupuestarios, sino que redefine el papel del Estado
en un momento de enorme fragilidad social y ecológica. A través del análisis de
discursos, datos fiscales y dinámicas geopolíticas, puede sostenerse que el
rearme europeo no responde a imperativos defensivos, sino que constituye una
opción política destinada a sostener estructuras de poder, canalizar recursos
públicos hacia intereses privados y gestionar las tensiones sociales mediante
el miedo.
Desde la cumbre
de Gales de 2014, donde la OTAN estableció el objetivo del 2% del PIB en gasto
militar, Europa ha profundizado en una agenda de rearme que encuentra en la
guerra de Ucrania su justificación perfecta. Sin embargo, el análisis de fondo
revela que esta política obedece menos a una amenaza externa real que a un
rediseño interno del pacto social europeo cada vez más cuestionado por su
propia deriva autoritaria.
La imposición
de nuevos objetivos de gasto —del 3,5% al 5% del PIB en algunos países— marca
un punto de inflexión: estamos ante un proceso de militarización estructural
impulsado desde el núcleo del poder atlántico. El rearme es una decisión
política funcional al capitalismo en crisis, y se legitima mediante discursos
de miedo, revisionismo histórico y apelaciones vacías a la seguridad colectiva.
Lo expresaba con crudeza el propio Adam Smith en 1776 cuando decía: “La defensa
es de mayor importancia que la opulencia”[1].
En el caso
europeo y tras la crisis financiera global, el modelo de crecimiento entró en
una fase de estancamiento prolongado. La pandemia y la desglobalización
acelerada terminaron de erosionar las bases fiscales y productivas del modelo
europeísta. Ante este colapso progresivo, las élites económicas y políticas han
buscado y encontrado en el rearme, aunque supeditado a los intereses
norteamericanos, un nuevo motor de acumulación. La presión de Estados Unidos ha
sido clave en esta transformación. Tras las gesticulaciones de Donald Trump y
la amenaza de los aranceles, la Unión Europea se ha plegado a invertir 800.000
millones de dólares en su rearme. El control de la inflación al 2% y el límite
del déficit al 3% han quedado relegados. No había dinero para pensiones, ni
para mejorar las prestaciones por desempleo, ni para reforzar los sistemas
públicos de salud y educación, pero han aparecido cientos de miles de millones
para financiar los ejércitos. Las declaraciones del actual secretario general
de la OTAN, Mark Rutte, apuntan a una escalada presupuestaria sin precedentes.
El rearme no
llega acompañado de una reforma fiscal progresiva ni de nuevos ingresos
públicos. Su financiación descansa sobre deuda, recortes y reasignación del
gasto social. En países como Alemania, los 100.000 millones de euros
extraordinarios destinados a la Bundeswehr (ejército alemán) no forman parte de
los presupuestos ordinarios, puesto que se pagarán con déficit. En España, el
ajuste fiscal repercute de forma directa sobre áreas esenciales como las
pensiones, la salud y la educación. Nuestro gobierno ya ha anunciado que
alcanzará el 2% de gasto en defensa, sabemos y así lo hemos señalado que la
realidad es muy otra; las partidas presupuestarias no ejecutadas que se desvían
hacia defensa, las deudas contraídas por otros ministerios y que tienen como
finalidad incrementar las partidas militares hacen del seguimiento estricto de
esta partida de gasto un trabajo ímprobo y más cuando el propio Ministerio de
Defensa, en su última reforma, ha difuminado sus propios límites. El gobierno
está usando la cláusula de flexibilidad (traspasar partidas no gastadas de
otros ministerios a Defensa) de forma arbitraria y sobre todo opaca al
escrutinio público. Por otra parte, el nuevo organigrama del Ministerio de
Defensa, modificado a finales del año 2024, no aporta claridad sobre el gasto
real, bien al contrario, parece llamado a ocultarlo. En ese contexto con el
riesgo de una alta inflación y encarecimiento del crédito por efecto de la
guerra arancelaria, esta reorientación presupuestaria agravará las condiciones
de vida de las clases populares y compromete la sostenibilidad futura del
Estado social.
Percibimos
también una sincronización entre el discurso político y la narrativa mediática
dominante, que repite —con distintos matices pero bajo una lógica común— las
mismas justificaciones para el rearme. La figura de un enemigo difuso y
omnipresente, precisamente por su indefinición, resulta aún más eficaz para
movilizar recursos y disciplinar a la opinión pública. En este marco, se ha
construido la figura de Vladimir Putin como una suerte de Leviatán geopolítico,
condensación simbólica de todos los males imaginables; la función de esta
imagen simbólica es clausurar el debate, suprimir la disidencia y legitimar
políticas de excepcionalidad en nombre de una seguridad superior. Hablar de
Putin equivale, en este relato, a invocar una amenaza absoluta que justifica
cualquier tipo de sacrificio económico o institucional.
Desde sectores
de la izquierda institucional hasta representantes de la extrema derecha, la
idea de una amenaza inminente es utilizada para naturalizar decisiones que
antes habrían generado rechazo. Así, declaraciones como las de Roberto Habeck
(Los Verdes), quien afirmó que «necesitamos gastar casi el doble en defensa», o
de Alice Weidel (AfD), que expresó su apoyo sin reservas a elevar el gasto militar
al 5% del PIB, ilustran cómo la lógica del miedo ha sido interiorizada por un
amplio espectro político. Incluso el secretario general de la OTAN, Mark Rutte,
ha señalado que «será mucho más que el dos por ciento». Esta convergencia
discursiva permite consolidar una arquitectura de seguridad basada en el
incremento continuo del gasto militar y en la erosión del debate democrático.
En este mismo
marco ideológico, cabe señalar el rol y la influencia, desde hace más de una
década, de sectores ucranianos, particularmente vinculados a movimientos
ultranacionalistas, que han servido como vectores de expansión de ideas
neofascistas por diversos países de Europa del Este y Central. La exaltación de
figuras colaboracionistas, la represión de símbolos de la memoria antifascista
y la infiltración de estos discursos en redes institucionales y mediáticas no
son fenómenos aislados, sino parte de un proceso más amplio de
desideologización del pasado reciente y de blanqueamiento del extremismo bajo
la retórica de la lucha por la libertad europea. Esta narrativa, sostenida por
determinados gobiernos y amplificada por medios afines, refuerza una lógica de
polarización que justifica tanto el rearme como la criminalización del disenso.
Uno de los ejemplos más evidentes de esta tendencia revisionista se manifiesta
en Alemania, donde se han impuesto restricciones a los actos conmemorativos de
la victoria sobre el nazismo por parte del Ejército Rojo, y se han promovido
medidas para eliminar monumentos que recuerdan ese episodio histórico. Esta
negación simbólica del papel soviético en la derrota del fascismo forma parte
de una estrategia más amplia de relectura del pasado. Recientemente, la
responsable de exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, advirtió a varios
gobiernos que no asistieran a las conmemoraciones del 9 de mayo en memoria de
la capitulación nazi, alegando que ello podría interpretarse como una muestra
de apoyo a la narrativa rusa. Estas declaraciones no solo reescriben la
historia, sino que pretenden borrar una parte fundamental de la memoria
antifascista europea en nombre de un alineamiento ideológico acrítico con el
presente geopolítico.
ES NECESARIO
AUMENTAR EL GASTO MILITAR. ¿ESTÁ EUROPA INDEFENSA?
Los datos
disponibles de 2024 muestran que la OTAN mantiene una superioridad militar
abrumadora frente a Rusia en todos los indicadores principales: el gasto total
en defensa alcanza los 1,19 billones de dólares (EEUU 754.000 millones, Europa
+ Canadá 430,000 millones, frente a los 160.000 millones por parte de Rusia. El
gasto combinado de la OTAN según este informe sería seis o siete veces superior
al de Rusia. Incluso sin EEUU, el gasto de Europa y Canadá supera ampliamente
al ruso; la Alianza dispone de más de 5.400 aviones de combate frente a poco
más de 1.000 del lado ruso, y controla más del 70% del mercado mundial de
armamento frente al 3,5% que representa Rusia. Además, cuenta con más de tres
millones de efectivos, duplicando de largo a las fuerzas de que dispone Moscú,
que rondan los 1,3 millones. En términos convencionales, la ventaja es
contundente, mientras que las capacidades nucleares de ambos bloques aseguran
un equilibrio de disuasión mutua que desincentiva una confrontación directa. A
pesar de estos datos el relato político y mediático insiste en un miedo casi
apocalíptico a la amenaza rusa. ¿Por qué?
Hay dos grandes
objetivos que hemos de contextualizar: el primero afecta directamente al
corazón del modelo social europeo: el sistema de pensiones. Las reformas en
marcha o previstas en varios países de la UE pretenden expropiar la riqueza
social, en este caso las pensiones, por la vía del consentimiento asociado al
miedo de un enemigo externo. Los grandes grupos de presión económica, la clase
dirigente europea utilizando los sucesivos gobiernos, también el español, y
ansiosos por disponer de los fondos de las pensiones públicos decidieron hace
tiempo aumentar la edad de jubilación hasta acercarla a la esperanza de vida.
Por otra parte pusieron en marcha procesos para reducir el importe de las
pensiones, mediante fórmulas que permiten «compatibilizar» trabajo y pensión a
costa de recortes, eso sí, y por último y mucho más trascendente, desviar
cotizaciones a fondos privados, gestionados por gigantes financieros como
BlackRock o Allianz, grandes inversores en la guerra ucraniana. Estas reformas
no se presentan nunca como parte del rearme, sino como medidas de
«sostenibilidad», aunque muchas veces coinciden con declaraciones explícitas
que las vinculan a las necesidades militares. El proceso es gradual, casi
silencioso, pero muy real.
Para evitar resistencias sociales, el discurso oficial quiere fragmentar a la
sociedad: enfrenta a jóvenes con mayores, a trabajadores con jubilados, a
mujeres con hombres, ha parados con pensionistas. Esta fragmentación impide una
respuesta colectiva frente a lo que en realidad es un saqueo sistemático del
Estado de bienestar. Como ya ocurrió durante las guerras mundiales, el sistema
de pensiones se convierte en una herramienta más del esfuerzo de guerra, aunque
esta vez bajo una fachada democrática y en tiempos de paz.
El segundo gran objetivo que ha conseguido este rearme ha sido maniatar a la UE
a través de su dependencia energética.
El conflicto
como catalizador de la dependencia energética
El informe de
Greenpeace de 27 de abril del 2023 evidencia que la guerra ha sido igualmente
funcional a la consolidación de una estrategia energética basada en el gas
importado desde EEUU. La tan cacareada agenda europea 2030 ha quedado reducida
a la nada. Las importaciones de gas natural licuado (GNL) por parte de Europa
aumentaron un 140% en 2022, y España, por ejemplo, se convirtió en el tercer
mayor importador continental tras Francia y Reino Unido. Empresas como Naturgy
y Endesa han firmado contratos de importación con vigencia hasta 2040, en un
contexto de prohibición interna del fracking. La contradicción es evidente: se
prohíben técnicas de extracción por sus riesgos ambientales y sanitarios, pero
se externalizan sus consecuencias hacia regiones como Texas, Nuevo México o
Luisiana, cuyos habitantes —principalmente comunidades racializadas de bajos
ingresos— asumen los costes ecológicos y de salud pública del modelo energético
europeo.
La reactivación
de infraestructuras gasísticas como la planta de El Musel en Gijón, inactiva
desde 2014, ilustra este giro estratégico. Según el propio informe de
Greenpeace, este tipo de inversiones no contribuyen a la reducción de precios
ni a la democratización del acceso a la energía, sino al fortalecimiento de
conglomerados energéticos que concentran poder económico y capacidad de
influencia sobre los marcos regulatorios. La guerra, real o imaginaria,
representa una enorme oportunidad para hacer negocio al margen de las
restricciones y cautelas ecológicas que deberían implementarse.
¿Quién defiende
a Europa de sí misma?
Las verdaderas
amenazas a la seguridad europea no provienen de ejércitos extranjeros, sino de
procesos sistémicos y transnacionales: el cambio climático, la desinformación,
la desigualdad estructural y las crisis sanitarias globales. Sin embargo, la
respuesta dominante sigue siendo el rearme. Invertir en defensa no resuelve
estos desafíos; los agrava. El rearme no es una consecuencia inevitable del
contexto internacional, sino una elección deliberada que responde a la
necesidad de garantizar nuevas fuentes de acumulación en un contexto de crisis
prolongada del modelo neoliberal. En ese marco, las políticas de seguridad no
están orientadas a proteger a la población, sino a blindar un orden económico
que privilegia la concentración de la riqueza y el debilitamiento del Estado
socia cada euro destinado al armamento es un euro que no se dedica a la
transición ecológica, la salud pública o la educación universal. La seguridad
no es un cañón: es una red social de protección y dignidad. El rearme no es
inevitable. Es una elección política. Y como tal, puede y debe ser cuestionada.
Referencias:
- Greenpeace Deutschland (2024). Wer profitiert vom Krieg in der
Ukraine?
- Greenpeace España (2023). “La seguridad energética y la trampa del
gas.”
- NATO Wales Summit Declaration (2014).
- SIPRI Military Expenditure Database (2023).
- Eurostat (2023). COFOG – Classification of the Functions of
Government.
- Handelsblatt (3 de enero de 2025). Entrevista a Robert Habeck
- Bild am Sonntag (2 de febrero de 2025). Declaraciones de Mark Rutte.
- ZDF Heute Journal (8 de enero de 2025). Declaraciones de Alice Weidel.
[1] El autor consideraba que para asegurar los mayores beneficios del
libre comercio era necesaria una existencia de paz asegurada por la posesión de
bienes estratégicos mediante la amenaza de la fuerza militar.