sábado, 22 de abril de 2017

LA CIENCIA AVANZA QUE ES UNA BARBARIDAD. SI ES QUE VAN COMO LOCOS, UN DÍA SE NOS MATAN


Logran reproducir un hijoputa a partir de baba de banquero

La criatura es igual de gorda que un obispo


Biólogos de la Universidad de Navarra acaban de crear el primer hijoputa sintético del mercado a través de un sencillo proceso que utiliza los fluidos bucales de un banquero para conseguir la estructura molecular de un sinvergüenza, liofilizarla, volverla a desliofilizar, añadirle levadura, dos pimientos, y materializar finalmente un hijoputa con todos sus órganos, hábitos e intenciones.

Lo verdaderamente revolucionario de este método, según aseguran los responsables del hallazgo, es la insignificante cantidad de baba de banquero que se necesita para producir cada indeseable. Al parecer, con tan solo una microscópica gota, similar a las que se proyectan involuntariamente durante el habla, podrían llegar a producirse veintisiete mil hijoputas, tal es la carga genética del banquero.

El cabronazo que acaban de alumbrar en la Universidad de Navarra ha sorprendido a sus propios creadores, pues a los veinte minutos de despertarse ya les había vendido unas preferentes a las madres de todos los científicos y dos horas después era nombrado cardenal mientras atormentaba a una víctima de abusos sexuales y registraba a nombre de la Iglesia el Acueducto de Segovia, la capa de ozono y la pistola automática Beretta. El equipo de biólogos confía en que después de un par de semanas, el hijoputa ya pueda constituir su propia multinacional farmacéutica, formar un partido político con millonarios delincuentes o un diario nacional redactado por periodistas mentirosos.

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PODEMOS. REFLEXIONES PARA SU MILITANCIA



EL "TRAMABÚS", UN FALSO DEBATE



Rebelion
Ctxt
20.04.2017
La acción de Podemos es un “gesto activista”, poco más. La cuestión es ahora cómo se arranca a la “trama” conquistas materiales y cómo se limita su poder y se redistribuye riqueza


Gran agitación en redes sociales. Detractores más que simpatizantes. También declaraciones de los portavoces de partidos políticos. Unanimidad en la condena. Cualquiera diría que se trata de un deshonroso escrache sobre algunos de nuestro prohombres de la política o la economía. O de una acción de desobediencia que acabara con algún herido. O una mamarrachada de porte histórico por parte de los portavoces de Podemos. Pero no, no se trata de nada de eso. Es sólo una acción comunicativa, un gesto “activista”, diseñado según el típico estilo esloganero de Podemos. Pasada la “casta”, llega la “trama”. No tiene por qué ser del gusto de todos. Pero en la agitación que ha provocado se encuentran algunas de las razones de su éxito y de un debate que, de momento, parece mal orientado. Algunas precisiones de partida.
1. En Madrid se llevan fletando autobuses con fines de agit-prop desde finales de los años noventa. Así lo han hecho algunos grupos ecologistas para denunciar las múltiples tropelías cometidas en este territorio o, en su momento, el movimiento no-global con intención de apuntar sobre las principales instituciones y empresas asociadas al llamado Consenso de Washington. Es una acción, podríamos decir, convencional. Y no es un invento de Hazte Oír, que a su vez ha sabido beber de repertorios políticos de otros movimientos radicalmente contrarios al suyo. Recordemos que la derecha neocontiene en nómina a algunos de los más inteligentes ex extremoizquierdistas del país.
2. El Tramabús es una acción comunicativa. No agita en los terrenos obviamente más duros de la “protesta callejera” y en los aún más duros de la interrupción de la producción, como en su momento todavía podían hacer ciertos segmentos laborales, simplemente negándose colectivamente a ir a currar. Se puede reprochar a Podemos una evidente incapacidad para superar el “paradigma comunicativo”, que desde un principio se ha autoimpuesto. Pero conviene reconocer que este paradigma fue también el del 15M y el de toda la constelación social del cambio. La cuestión podría ser, más bien, qué acciones pueden acompañar la denuncia simbólica y “comunicativa” con un daño material concreto sobre determinadas posiciones de poder. O dicho en lengua podemita, ¿cómo se arranca a la “trama” conquistas materiales? ¿Cómo se limita su poder y se redistribuye riqueza? La respuesta práctica no está de momento en los archivos de nadie.
3. El Tramabús es un “gesto activista”, poco más. Obviamente se desmarca de la construcción de “alternativa institucional”, que desde el propio partido muchos reclaman. Contra esta crítica, sin embargo, lo que más sorprende es que Podemos, anquilosado por su peso burocrático y sus continuas luchas internas, sea capaz todavía de expresar algo de imaginación “activista”. Es un gesto saludable, con el que se trata de buscar vías (sin duda desesperadas) para huir de la inercia institucional y parlamentaria. Y efectivamente, con 71 diputados y condenado a ser oposición, el margen de la política centrada en el ámbito institucional es bastante estrecho. Prueba de ello es que el Tramabúshaya provocado el único debate mínimamente relevante que ha habido, dentro y alrededor de Podemos, en los últimos tres meses. Recordemos también que se acaban de aprobar unos Presupuestos Generales.
Hechas estas precisiones, y más allá de las polémicas que tanto apasionan a los expertos del “gusto”, quizás podamos desplazar el debate en otras direcciones. La idea de la “trama” señala de forma inequívocamente confrontativa a la oligarquía política y económica de este país, la misma que en los últimos 80 años ha manejado el Estado (presupuestos y políticas públicas) como su propia empresa. Se podrá decir que esto impide considerar aspectos de orden estructural (UE, globalización, capitalismo financiero, etc.) y que por eso mismo es simplificadora o incluso, si quien habla es un representante de los “partidos de la trama”, demagógica. No obstante, una acción no es un tratado. No nos pongamos pues exquisitos, esto no es lo relevante.
En el giro activista de Podemos hay algo más interesante. Para Iglesias parece claro que limitarse a la acción institucional (“cretinismo parlamentario”, se diría en otro tiempo) es condenar a Podemos a la irrelevancia. Al apuntar al Ibex35, a Felipe González, a las coaliciones oligárquicas en las que ha participado unánimemente la clase política, aparecen los límites de la acción institucional. Y esto mismo es lo que irrita a los “institucionalistas” dentro de Podemos.
De forma obvia, cuando se confronta directamente con la “trama”, se dificultan los pactos con otros partidos, la conquista de nuevas posiciones institucionales e incluso la propia consolidación de los cargos de Podemos como clase política. Pero sobre todo se desvela la enorme fragilidad y falta de empuje de los llamados gobiernos del cambio. ¿O no es la inercia, el continuismo y la falta de voluntad de confrontar con la “trama” la característica más relevante de estos gobiernos? ¿O acaso el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, ha sido capaz de impulsar la remunicipalización de los servicios de limpieza y tratamiento de residuos gestionados por las grandes constructoras desde hace décadas? ¿O de responder desde la alcaldía a la política de austeridad impuesta por la ley Montoro? ¿O de proponer una política mínimamente ambiciosa de desmantelamiento de los instrumentos de expolio de la “trama”, empezando por dar a conocer los mil y un chanchullos del anterior consistorio?
En este mismo sentido también, la acción del Tramabús refleja, a su modo, los límites del paradigma comunicativo en el que se ha movido la “nueva política” desde 2013. Valga decir que si alguno se ha atragantado con las carcajadas al ver, por primera vez, el Tramabús, seguramente no fue porque la acción estuviera mal concebida o porque no haya tenido efectos comunicativos interesantes (como se ha visto, los tiene), sino porque, en el fondo, es inane, impotente; porque no puede ir más allá de la propia autorreferencialidad. De hecho, aunque Podemos supiera mutar virtuosamente y convertir su organización en un particular ejército de guerrilleros de la comunicación, se encontraría con el mismo problema con el que se topan muchos movimientos sociales en toda Europa. La dificultad está en establecer una relación de fuerzas, que no de tuits o de minutos en televisión, capaz de desplazar a los responsables y beneficiarios del expolio público.
En cualquier caso, y como era de prever, sin movimiento y crítica social, la política institucional (ya sea de gobierno o de oposición) tiende a ser engullida por la propia institución. En el Tramabús no se puede encontrar ningún cambio decisivo en la línea de Podemos, tampoco una superación del hecho de que la política hoy es “comunicación política”, pero sí un reconocimiento claro de que o se “mueve ficha” o no hay partido.

Emmanuel Rodríguez es historiador, sociólogo y ensayista. Es editor de Traficantes de Sueños y colaborador de la Fundación de los Comunes. Su último libro es '¿Por qué fracasó la democracia en España? La Transición y el régimen de 1978'.

@EMMANUELROG

ALÍ BABÁ Y SU CUARENTA MINISTROS, UNA BANDA DE POPULINES POPULONES (PP, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) ¿ERAN UN PARTIDO POLÍTICO?




  LAFISCALIA DEBE INVESTIGAR SI EL PP ES UNA ORGANIZACIÓN ILÍCITA


Rebelión
Editorial Ctxt
20.04.2017


La imputación, o investigación, del Partido Popular (PP) como autor de un posible delito es una novedad jurídica, consecuencia de las modificaciones introducidas en el Código Penal a instancias del exministro de Justicia del PP Alberto Ruiz-Gallardón. La reforma fue denunciada en su momento por numerosos juristas que consideraban improcedente que un partido político pudiera ser responsable penal directo, pero la realidad es que la norma está en vigor y que es ese el texto legal al que se remite la juez instructora del caso.

Según la interpretación que mantiene uno de los constitucionalistas más prestigiosos del país, Javier Pérez Royo, el Código Penal es efectivamente el límite que, según la Constitución de 1978, tiene que respetar un partido político para permanecer dentro de la ley y no ser considerado como una asociación ilegal, con las consecuencias que de ello se pueden puedan derivar. Una asociación o un partido puede ser considerado ilícito si tiene por objeto cometer algún delito o, si después de constituido, promueve su comisión.

Y en esas estamos. El PP está siendo investigado por la judicatura por la posible comisión de un delito –la destrucción del ordenador del extesorero Luis Bárcenas donde este guardaba supuestamente la contabilidad paralela del partido--; y la juez cree que el PP puede haber promovido ese delito en tanto que asociación.

Además de este caso investigado en Madrid, en los últimos años han aparecido tramas, indicios y pruebas de actividad delictiva que implican a varias docenas de dirigentes locales, autonómicos y nacionales del Partido Popular, en muchos casos asociados a grandes y medianas empresas interesadas en promover o conseguir contratos públicos de todo tipo y en todos los sectores económicos imaginables. En las últimas semanas, los casos siguen lloviendo cada vez con más intensidad allá donde el PP ha gobernado y ha perdido el poder, o, como pasó en Italia en 1992, allá donde aparecen arrepentidos.

Algunos de estos dirigentes populares ya han sido condenados en firme y otros (hasta 176) se encuentran procesados o investigados, casi siempre por posibles delitos relacionados con corrupción y malversación. Los dos presidentes del Gobierno que ha tenido el PP, José María Aznar y Mariano Rajoy, han sido salpicados de lleno por el caso Blesa y el caso Bárcenas, respectivamente. Su exvicepresidente económico, Rodrigo Rato, que está siendo investigado por todos los delitos de corrupción existentes en el Código Penal, recibió el 27 de enero la respuesta del Tribunal Supremo a su penúltimo recurso: la salida a Bolsa de Bankia fue una estafa a los pequeños accionistas.

El juez Eloy Velasco, en su reciente auto sobre el caso Acuamed –una trama del Ministerio de Agricultura nacida cuando era ministro el actual comisario europeo Miguel Arias Cañete, y que arriesga con hacer perder a España al menos 660 millones de fondos europeos--, cita a un implicado en la trama, que declara: “Algunos decían que el dinero público no es de nadie”.

Esta mentalidad de saqueo de lo público ha impregnado de lleno al PP. Durante los años de la burbuja inmobiliaria se multiplicaron los abusos de poder, las comisiones en negro a cambio de recalificaciones y los pelotazos a nivel municipal y autonómico, generándose una corrupción estructural que ha afectado a todos los partidos de la Transición. Sin embargo, el PP configura un caso muy especial, ya que, a diferencia de otros partidos, parece podrido desde la raíz, tanto en sus estructuras locales como en su organización nacional.

La trama Gürtel, el caso Nóos, la Operación Púnica y, especialmente, el caso Bárcenas, en el que aparecen comprometidos cinco tesoreros del partido conservador desde 1978 hasta ahora, han convertido en sospechosos –cuando menos de complicidad-- a buena parte de los actuales mandatarios nacionales y regionales del partido. A pesar de estas evidencias, el PP sigue sin reconocer responsabilidad alguna, enrocado en la tesis lunática de que la corrupción no existe y sólo se trata de casos aislados.

Lo cierto es que el instructor del caso Bárcenas considera probada la existencia de una contabilidad B en el PP desde al menos 18 años atrás, y no es descartable que decida investigar a destacados miembros de la cúpula del partido –incluido el actual presidente del Gobierno-- por haber cobrado y repartido sobresueldos en negro y por haber pagado parte de la reforma de la sede nacional del partido con dinero B.

La pregunta que ya no hay más remedio que formular es si, a la vista de todos estos hechos, la Fiscalía General del Estado debe abrir una investigación sobre la financiación ilegal y la evasión fiscal del Partido Popular, delitos contemplados en el Código Penal y que de haber sido promovidos por la propia asociación podrían llevar a declararla ilícita.

El profesor Pérez Royo responde a esa pregunta que sí, que esa investigación debe ponerse en marcha y que el órgano judicial competente --para él, la Audiencia Nacional-- debería concluir si procede o no la suspensión de la actividad del partido que gobierna en este momento e