El conflicto del subsidio de
desempleo
Por Antonio Antón
Rebelion / España
26/01/2024
Fuentes: Rebelión
En este ensayo se analiza el significado de recorte social en el contexto
sociohistórico, la injusticia para personas desempleadas mayores de 52 años,
las medidas positivas y negativas en el decreto, el que el coste de las mejoras
de unos se financia con la reducción para otros, así como el fiasco
parlamentario, la ruptura en la izquierda y la necesidad de su recomposición.
Significado de recorte social
La palabra
recorte social tiene una gran carga simbólica y sociopolítica negativa.
Adquirió su pleno sentido actual a través de la masiva experiencia popular en
el ciclo de 2010/2014, contra la estrategia de austeridad gestionada por el
bipartidismo gobernante, primero del Partido Socialista y después de una forma
más brutal del Partido Popular. Su significado expresa las medidas
socioeconómicas y de derechos sociales y laborales de carácter regresivo contra
las mayoritarias capas populares. Estaban derivadas de la imposición de una
gestión neoliberal de la crisis socioeconómica y política basada en la
estrategia de ajuste y austeridad promovidas por los poderes económicos e
institucionales europeos, con ruptura del contrato social y democrático y con
su aplicación particular más agresiva a los países del sur europeo, entre ellos
España.
Ese
significante fue asumido críticamente por una mayoría social progresista en
fuerte pugna por la definición del carácter de las políticas públicas con otro
significante promovido por los poderes fácticos y sus aparatos mediáticos:
reformas, que tiene una connotación positiva, de mejora o simple adaptación
neutra. Sin embargo, en la conciencia popular se consolidó esa expresión,
recorte -social y democrático-, como valoración negativa de ese hecho masivo y
profundo de imposición de medidas que conllevaban un retroceso o un
empeoramiento en esas condiciones sociolaborales y políticas.
La disputa
cultural conllevó una pugna por las responsabilidades políticas de esa gestión,
la crítica y el desborde a aquella representación política del bipartidismo y
la exigencia de otra política de justicia social y más democracia. Así, se
conformó un amplio espacio alternativo de fuerte contenido transformador de
progreso y una nueva representación política, que culminó en Unidas Podemos y
sus convergencias y aliados y su actual rearticulación en torno a
Sumar/Podemos.
Por tanto, ese
diagnóstico de recorte social tiene un fuerte contenido crítico y ético y se
vincula con una actitud de indignación y rechazo popular en un proceso de
masiva activación cívica, articulación de la resistencia democrática y una
alternativa de modelo social basado en el bienestar público y el respeto a los
derechos humanos.
Durante el
siguiente lustro (2015/2019) se mantuvo esa dinámica estructural regresiva
aunque sin mayores medidas adicionales, se conformó una mayoría electoral
progresista que pugnaba por el cambio, y solo se convirtió en mayoría
gubernamental tras la renovación socialista con el sanchismo y su giro político
y de alianzas hacia la izquierda, con un plan económico más expansivo, con un
escudo social y avance en derechos sociolaborales, y en coalición con Unidas
Podemos. Así, este último lustro (2020/2024), con otro marco económico,
político y geoestratégico, se han empezado a revertir esos recortes sociales y
democráticos con otra política económica más expansiva…hasta ahora.
Hay nubarrones
en el horizonte europeo -y mundial-, en particular sobre los ajustes fiscales
y, sobre todo, en el campo político con la ofensiva y probable ascenso de la
extrema derecha reaccionaria y la amenaza de involución autoritaria y
segregadora.
En España, la
mayoría democrática y plurinacional ha frenado esa deriva institucional
derechista, se pretende encauzar el conflicto catalán -ley de amnistía-, se han
aprobado -con el voto favorable de Podemos y la abstención de Junts- los dos
planes socioeconómicos contra la crisis y es previsible un acuerdo con los
presupuestos generales que consolide unos mínimos compartidos en la política
social, económica y fiscal que garantice la continuidad de la legislatura, al
menos a medio plazo.
En ese marco de
pacto progresista y plurinacional de la investidura de Sánchez, con cierta
garantía de estabilidad gubernamental y parlamentaria frente a la estrategia
derechista, se ha producido el desencuentro sobre el decreto del subsidio de
desempleo, entre Podemos y el Gobierno de coalición, que ha provocado su no
aprobación parlamentaria, con el correspondiente conflicto político, en
especial con Sumar que protagonizaba su contenido.
No se trata de
un desajuste normativo más o un tema secundario. Y aunque es una medida parcial
en esa trayectoria compartida frente a las derechas reaccionarias, está rodeada
de una fuerte controversia en la que se dilucida un doble componente. Por un
lado, su carácter de recorte social a un sector vulnerable y, por tanto, su
papel como mal precedente para una dinámica de progreso, en defensa del interés
de las capas populares y el bienestar general. Por otro lado, su impacto en los
procesos de legitimación de los actores políticos, en particular entre el
promotor, el Ministerio de Trabajo con Yolanda Díaz a la cabeza, que busca
consolidar su hegemonía representativa en el espacio a la izquierda del PSOE, y
la dirección de Podemos y su capacidad de iniciativa política una vez salido
del grupo parlamentario conjunto y su apuesta por demostrar su
representatividad en las elecciones europeas con un perfil diferenciado y, según
ellos, no reconocida en su pertenencia a la coalición.
En definitiva,
se trata de evaluar el hecho en sí mismo, el carácter (in)justo del recorte
incorporado en el decreto -la reducción de la cotización de los mayores de 52
años, con minoración de su futura pensión-, la valoración comparativa entre esa
medida negativa -o justificada- del decreto, y otras medidas positivas,
reconocidas por todas las partes -excepto por las derechas-, y los motivos y
efectos político-electorales de esa falta de acuerdo entre la dirigencia de
Sumar (y PSOE) y la de Podemos.
La injusticia para personas desempleadas mayores de 52 años
El subsidio de
desempleo no tiene carácter contributivo, se percibe al agotarse la prestación
contributiva de paro y siempre cuando la persona reúna la condición de no tener
más del 75% del SMI en otras rentas y ser despedida; pero se referencia con el
80% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), aprobado en
2004, con un valor similar entonces al SMI, de 460 euros. Actualmente está
congelado en 600 euros -casi solo la mitad que el SMI-, por lo que el subsidio
asciende a 480 euros. Como se ve es una fórmula intermedia con las RAI (Renta
Activa de Inserción), cuando debería referenciarse mejor con el SMI, ya que
estamos hablando de un estatus con vinculación al mercado de trabajo, o sea a
la población ‘activa’, parada con disponibilidad para el empleo.
Dicho de otro
modo, inicialmente su importe era similar al 80% del SMI; pero, con aquel
cambio normativo y el incremento sustancial del SMI en los últimos cinco años
-el 46%- se produjo un gran distanciamiento de ambos, con una gran desventaja
comparativa del subsidio. Hoy ese 80% del SMI son 907 euros, que debiera ser la
referencia para el subsidio de paro en una reforma progresista ambiciosa, y que
ya fue truncada hace veinte años.
En este caso,
la propuesta del decreto y su carácter ambivalente estaba sometida a la presión
neoliberal -la lógica del Ministerio de Economía- para individualizar la
responsabilidad del paro y justificar sus menores derechos y, al mismo tiempo,
considerar obsoletas a las personas mayores de 52 años para su recuperación
para el empleo, sin políticas activas adecuadas y el mantenimiento de unos
ingresos mínimos de carácter meramente asistencial, con reducción de sus
pensiones futuras; o sea, deriva hacia un complemento como el de las rentas
mínimas de inserción de las CC.AA., ahora también parcialmente absorbidas por
la RAI o el IMV, con pérdida de sus referencias y derechos sociolaborales y de
pensiones públicas como personas trabajadoras activas.
Las
prestaciones de desempleo se pusieron en vigor con el gobierno republicano, se
confirmaron en 1961 y se ampliaron en 1985. Como se sabe, en 2007, el primer
Gobierno del socialista Rodríguez Zapatero, ante esa pérdida de derechos por la
desvinculación con el SMI y su escasa remuneración, la no suficiencia de la
cotización para acceder a las pensiones mínimas contributivas y la traslación
generalizada a los complementos a mínimos -conseguidos por la gran huelga
general del 14 de diciembre de 1988- decide ampliar la cotización con cargo al
Estado del 100% al 125% del SMI (no del IPREM).
O sea, a pesar
de la reducción y el asistencialismo del subsidio de desempleo para mayores de
52 años, se les reconoce el derecho a una pensión contributiva suficiente. Es
una compensación solidaria de la Seguridad Social sobre la expectativa de una
pensión básica -que debiera si no ser complementada a mínimos-, en este caso
tras la vida prolongada de hasta quince años de un subsidio escaso, en torno a
la mitad del umbral de la pobreza (en 2023: 10.888 euros anuales: 907 euros
mensuales en 12 pagas); o sea, prácticamente, en pobreza severa.
Pues bien, el
Gobierno del conservador Mariano Rajoy, en su gran recorte sociolaboral de
2012, redujo esa cotización pública para la pensión hasta el 100% y retrocedió
la edad de acceso a los 55 años. Pero fruto del acuerdo entre PSOE y Unidas
Podemos, en 2019, se revirtieron esas dos medidas, o sea, se confirmaron la
cotización por el 125% del SMI y los 52 años para su acceso, que es donde nos
encontramos… hasta el intento de esta nueva reducción.
Veamos en qué
consiste la modificación para los nuevos perceptores, a partir del uno de junio
de 2024, con una merma gradual de cinco años, a un 5% anual, hasta su pleno
vigor en 2028. Es decir, los actuales perceptores, un total de 700.000 no se
verían beneficiados ni perjudicados. El decreto tenía impacto a partir de junio
de 2024; su anulación no revierte ninguna mejora significativa de prestaciones.
Medidas positivas y negativas en el decreto
En el decreto
de modificación del subsidio de desempleo se combinan tres tipos de medidas,
más significativas.
Las primeras,
positivas. Para menores de 52 años, con derecho a percepción -hoy unos 264.000
-38% del total-, se incrementaría el importe de 480 euros hasta los 570 euros
(95% del IPREM) durante los primeros seis meses y a 540 (90%) los seis meses
siguientes, manteniéndose en los 480 euros (80%) durante el resto del periodo
hasta un total de 21 meses. Es un incremento limitado pero real.
El segundo tipo
de medidas también es positivo, la ampliación de la cobertura a varios
colectivos, los más significativos: desempleados temporales agrarios de fuera
de Andalucía y Extremadura -de esas zonas ya están incorporados-, trabajadores
transfronterizos -particularmente de Ceuta y Melilla-, menores de 45 años o sin
responsabilidades familiares. Las previsiones ministeriales, en este caso, es
que se podrían acoger hasta 400.000 personas, algunas de ellas con reconversión
desde el IMV (Ingreso Mínimo Vital) o las RAI (Renta Activa de Inserción).
Además, en este
bloque podemos añadir otra reforma significativa, valorada como positiva. La
prioridad aplicativa de los convenios colectivos autonómicos, normalmente con
mejores condiciones laborales respecto de los convenios estatales. Negociada
por la parte socialista del Gobierno a instancias del PNV, reconoce una
capacidad contractual provechosa para los sindicatos nacionalistas -vascos y
gallegos- con representatividad en sus comunidades autónomas, y que se ve con
recelo por los dos grandes sindicatos confederales que mantenían la prevalencia
negociadora estatal. Es un motivo específico relevante para el apoyo al decreto
por los grupos nacionalistas, cuando su ausencia constituyó una razón para la
oposición de algunos de ellos a la reforma laboral de 2021.
No obstante, el
tercer tipo de ajustes para personas mayores de 52 años con derecho al subsidio
de paro, previsto también para junio de 2024 para los nuevos perceptores, es
negativo. Veámoslo. Hoy, el 62% del total, unas 436.000 personas, está en esa
situación y se mantendría con la misma percepción de 480 euros para todo el
periodo, en este caso indefinido hasta la jubilación ordinaria que, en la plena
aplicación de la actual normativa, en 2027, sería a los 67 años; o sea, esa
baja percepción duraría hasta quince años. Actualmente, tienen el derecho a la
cotización a la Seguridad Social por parte del Estado, para el cómputo de su
pensión, del 125% de SMI (no del IPREM); con el incremento de 2024 el 100% se
sitúa en 1.134 euros mensuales en catorce pagas, llegando su 125% a 1.417
euros, que (a valor constante) constituiría la base reguladora de sus próximos
y últimos quince años de vida laboral.
Así, cotizando
por el 100% del SMI los últimos quince años del subsidio de paro, tal como
proponía el decreto, la diferencia de la menor cotización es de 3.962 euros
anuales que, contando con el conjunto de una vida laboral completa, se
traduciría en una reducción de 132 euros en cada paga (1.848 euros anuales,
hasta un 10% menos).
En el año 2023
la pensión media de jubilación es de 1.378 euros, más la revalorización
aprobada del 3,8% para 2024 se situaría en 1.430 euros. Una persona desempleada
con sus últimos quince años de subsidio de paro, con unos ingresos inferiores
del 50% del SMI, y el resto de vida laboral con cotización por el SMI, apenas
saldría beneficiada, en el mejor de los casos, en torno a ese 10% de su
pensión. ¿Es un agravio comparativo que desincentiva el empleo el estar quince
años en pobreza severa y luego tener una pensión bastante inferior a la media
con una carrera laboral completa?
Es difícil que
una persona, aun con un salario mínimo de 1.134 euros renuncie a su empleo,
durante quince años seguidos, por un ingreso de 480 euros, menos de la mitad,
aunque sea por una expectativa de tener una pensión algo superior. Y ello sin
contar que muchas han padecido otras situaciones de precariedad, como la
penalización del importe de la pensión por menores años de cotización -hasta un
35% menos por solo veinte años cotizados- y por un empleo a tiempo parcial
-ambas de mayoría de mujeres-, cuya base reguladora podrían quedar por debajo
de una pensión mínima y tendrían que acogerse a complementos a mínimos para
acceder a una pensión básica.
Dicho de otro
modo, la disminución de ese 25% de la cotización adicional adelantada tendría que
compensarse en muchos casos con esos complementos a mínimos con ocasión de la
jubilación; la diferencia es que, de momento, el Estado aplaza ese pago, y ese
mayor complemento futuro se convierte en la auténtica barrera para evitar la
pobreza de las personas pensionistas.
Por último,
recordemos que el auténtico agravio comparativo es para ese segmento, el más
desfavorecido, por la utilización y congelación del IPREM como referencia para
el subsidio de desempleo, cuando lo lógico sería mantener su vínculo con el
SMI, como hace veinte años.
La permanencia
de ese colectivo durante esos quince años en la pobreza severa, casi solo en la
mitad del umbral de la pobreza, situado en 10.888 euros anuales, 907 euros
mensuales en 12 pagas, hasta ahora se paliaba parcialmente con una expectativa
de recibir una pensión de jubilación menos escasa, en el caso de tener todas
las condiciones de duración de la cotización, durante el resto de su vida, en
torno a una media de 21 años de esperanza de vida a los 67 años -20 años para
los hombres y 22 para las mujeres-. Es esa compensación la que se pretendía
retirar, dejando en mayor desamparo público a ese colectivo vulnerable.
En realidad, sí
existe un privilegio en la contribución y recepción de las pensiones públicas,
pero tiene que ver más con las élites profesionales y directivas, por dos
condiciones de las que no se habla. Por un lado, su superior esperanza de vida
-más de 25 años-, con una diferencia de diez años respecto de las personas
precarias -15 años-, precisamente quienes suelen permanecer más en el subsidio
de desempleo. Por otro lado, por la ausencia de destope de la
cotización máxima que les permite no cotizar a la caja común por todos sus
ingresos.
El coste de las mejoras de unos se financia con la reducción para otros
Como
adelantaba, la modificación regresiva introducida en el decreto es la reducción
de un 5% anual en la cotización a la Seguridad Social para la pensión hasta su
fijación en el 100% para el año 2028, o sea, 1.134 euros (a valor constante) al
considerar el Gobierno que ese importe derivado de sus derechos actuales es
excesivo, al haberse revalorizado significativamente (el 47%) estos últimos
cinco años el SMI, y suponer una sobre cotización injustificada, que los
privilegiaba frente a las personas empleadas con el SMI.
En resumen,
aparte de la posición negacionista del recorte, gradualmente relativizada ante
la evidencia de esas reducciones de las cotizaciones para la pensión pública,
existen varias justificaciones oficiales para esa rebaja, entre ellas la
llamada sobre cotización estatal injustificada o inmerecida y el agravio
comparativo con las personas ocupadas con SMI que cotizan solo por su importe,
lo que podría suponer un desincentivo para la búsqueda y permanencia en el
empleo o un apoltronamiento en el desempleo. Pero veamos el impacto económico
que se refleja en la propia Memoria Económica que acompaña a la propuesta de
decreto.
En el año 2028,
cuando estuviese la normativa aplicada totalmente, la valoración presupuestaria
básica que se realiza es que sus efectos fiscales serían neutros, es decir, la
mayor inversión presupuestaria en las mejoras se compensaría con el ahorro
público derivado de las medidas restrictivas. El recorte de las cotizaciones
para la pensión de los mayores de 52 años, perceptores del subsidio, supondría
468 millones de euros anuales de reducción del gasto social al no ingresar en
la caja común esa diferencia del 25%. Y según cálculos propios, el incremento
de gasto social derivado del aumento limitado de 90 euros en el primer semestre
y 60 euros el segundo semestre para los nuevos perceptores menores de 52 años
-teniendo como referencia los datos actuales- llegaría hasta 237 millones;
tenemos esa diferencia de 231 millones para el resto de medidas positivas de
ampliación de beneficiarios.
Ello contrasta
con el cálculo del total de los 400.000 perceptores adicionales que
oficialmente se dice que podrían beneficiarse y cuyo costo podría llegar hasta
los 2.500 millones de euros anuales -según investigadores de FEDEA-. Sin embargo,
ante la prevención oficial por la contención del gasto social, las fuentes
gubernamentales insisten en que el saldo fiscal neto -incrementos menos
reducción- sería cero, tal como está cuantificado en la Memoria Económica de la
nueva normativa; ello supone que esa hipotética ampliación perceptora se
quedaría sin financiación, o bien su promesa de esa cantidad de nuevos
perceptores está inflada y su impacto está embellecido.
Por tanto, el
grueso de las medidas positivas del subsidio a menores de 52 años y la
ampliación de su cobertura a otros colectivos, se financiarían con el recorte
impuesto a los mayores de 52 años. Se produce un desplazamiento del gasto
público de un colectivo social vulnerable -con la expectativa de su vuelta al
empleo y con una duración determinada- a otro también (más) vulnerable
-acentuando su carácter asistencial, indefinido y fuera del mercado laboral-.
Se opone al criterio global de progresividad fiscal, de ampliar los recursos de
los sectores pudientes hacia los más desfavorecidos, junto con promover un
mercado de trabajo más digno, en el que todavía hay 2,7 millones de personas
desempleadas, de ellos un millón de larga duración, con protección social
insuficiente e inadecuadas políticas activas.
En
consecuencia, el intercambio de ventajas y desventajas entre colectivos
vulnerables es segregador, el Estado cargaría sobre ellos la responsabilidad de
la situación de paro y la insuficiencia protectora, cuando una reforma
progresista para la gente parada exigiría un plan ambicioso de recursos
públicos y cohesión social.
Los efectos
culturales de ese intercambio desigual es la estigmatización -por los supuestos
privilegios- de un colectivo en pobreza severa, con duración hasta quince años,
al que se le retira la compensación de una expectativa de una pensión
mínimamente digna. Se olvida que el objeto de la Seguridad Social, como
institución protectora y solidaria, es la protección pública suficiente,
incluido los complementos a mínimos -auténtica barrera contra la pobreza- y más
allá de la estricta contributividad para garantizar una vida digna,
especialmente para las personas desempleadas de larga duración.
Esta idea
tradicional del Estado social es contraria a la lógica neoliberal y
reaccionaria de promover la competencia entre distintos grupos populares por
recursos públicos escasos. Por tanto, más allá de la reducción cuantitativa de
las prestaciones, la consecuencia política e ideológica negativa es la
implementación de una segregación adicional con la pugna competitiva entre los distintos
escalones de personas desfavorecidas. Es el caldo de cultivo para la
insolidaridad popular y la manipulación de la demagogia ultraderechista.
Es usual en
muchas negociaciones, incluido en los convenios colectivos, intercambiar
ventajas y desventajas que afectan a las mismas personas; así se evalúa la
comparación de lo positivo y lo negativo y se hace un balance global para
inducir su aceptación o rechazo del conjunto. También se produce la aceptación
de acuerdos con avances limitados dependientes de una interpretación
posibilista de la correlación contractual de fuerzas, si no hay fuertes
expectativas de mejoras. Pero no es el caso. Aquí, el decreto afectaba de forma
desigual, con algunos retrocesos y en competencia entre distintos colectivos, y
conllevaba un carácter insolidario. Ese recorte es social y divisivo, y además
tiene implicaciones políticas y también éticas e ideológicas.
El fiasco parlamentario, la ruptura en la izquierda y la necesidad de
recomposición
En la
negociación preliminar en el seno del Gobierno entre el ministerio de Economía
-Calviño/PSOE- y el ministerio de Trabajo -Díaz/Sumar- para elaborar el decreto
sobre el subsidio de desempleo hay un choque entre dos orientaciones con un
supuesto empate problemático. Por un lado, en los primeros, existe la presión
neoliberal por reducir el gasto social, especialmente de las pensiones
públicas, desincentivar la suficiencia del subsidio de desempleo y consolidar
la cultura de subsidiaridad de la protección social. Por otro lado, en los segundos,
con la demanda popular de fondo, trataban de mejorar esa protección pública y
aspirar a una mayor legitimidad cívica por su actuación gubernamental en esta
materia.
El resultado
normativo fue este empate insatisfactorio, un acuerdo contradictorio entre la
mejora de unos colectivos vulnerables a cambio del empeoramiento de otros.
Pero, desde el punto de vista político, el fiasco de su fracaso parlamentario
denota, como afirman fuentes gubernamentales socialistas, la incapacidad
negociadora de la vicepresidenta Yolanda Díaz con la dirección de Podemos para
llegar a un acuerdo razonable, como han conseguido ellos mismos respecto de los
otros dos decretos anticrisis consensuados.
Queda pendiente
para la próxima etapa la negociación de otro equilibrio, mediando el diálogo
social que promueve el Ministerio de Trabajo. Aunque el propio Partido
Socialista, tras haberle endosado el marrón de liderar esa posición
ambivalente, y visto el fiasco precedente, avanza su pretensión intermediadora,
en particular con Podemos para superar el desacuerdo con la modificación del
decreto. El reto es consensuar una salida de fondo progresista con la
reafirmación de lo positivo y la eliminación de lo negativo.
En su conjunto,
el fracaso parlamentario del Gobierno ha ido acompañado de una polarización del
relato sobre su sentido, sus causas y las responsabilidades de cada actor para
defender sus respectivos intereses de legitimación político-electoral. La
mayoría de medios ha querido trasladar la responsabilidad del conflicto
exclusivamente a intereses espurios o venganzas personales de la dirección de
Podemos. Se desconsidera el contexto de la persistente estrategia para su
aislamiento político y su objetivo para afianzar su espacio político-electoral,
considerados ilegítimos; pero, sobre todo, se esconde la razón objetiva en que
se asienta esa discriminación concreta hacia los nuevos perceptores del
subsidio para mayores de 52 años y su profundo significado.
No obstante,
según insinúan fuentes socialistas, la realidad expresa los límites de la
estrategia negociadora y de capacidad articuladora de la dirigencia de Sumar,
con su empecinamiento en la exclusiva bondad del decreto y su irreformabilidad
sustantiva, así como su desconsideración hacia la representatividad e
interlocución con Podemos, al que consideraban incapaz de ofrecer resistencia
parlamentaria o, en su caso, acentuar su debilitamiento.
El choque ha
sido durísimo. El balance para las izquierdas es desastroso: perjudica la
credibilidad gubernamental para implementar su política sociolaboral, dejando
ver que existen claroscuros en sus políticas y sus alianzas. La lección es la
necesidad de un mayor proceso dialogador e integrador de todos los grupos
parlamentarios del bloque democrático-plurinacional, en particular el de
Podemos -aparte del de Junts con la amnistía-, cuestión que parecía admitida
por la dirección socialista tras su salida del grupo parlamentario de Sumar,
marcando una diferencia respecto de la estrategia antipluralista por su
marginación.
Así,
indirectamente, sale favorecido el Partido Socialista con un talante público
más pragmático y menos sectario, consciente de la prioridad de garantizar un
acuerdo con todas las fuerzas de la investidura para avanzar en derechos
sociales y neutralizar las duras ofensivas de las derechas. Y, por otro lado,
se ha incrementado el distanciamiento entre ambas fuerzas a su izquierda,
restándoles influencia transformadora.
En definitiva,
frente al supuesto objetivo de la mejora global del subsidio de desempleo, los
datos oficiales -mirados desde el punto de vista fiscal como prevención del
incremento del gasto público- demuestran que no se incrementa la inversión
pública para las personas desempleadas. Lo que se produce es un desplazamiento;
se reduce a un colectivo desfavorecido y se incrementa a otro. Pero el balance
político e ideológico no es neutro.
Desde el punto
de vista progresista, de la solidaridad, la cohesión social y la defensa de una
vida digna, especialmente, para las personas desempleadas, implementar esa
merma de esas pensiones futuras y esa división social no es un avance sino un
retroceso político, social y cultural. La no aprobación del decreto, sin que su
tramitación como proposición de ley tuviese la garantía de retirar ese recorte,
no anula la posibilidad de adoptar las medidas positivas que se iban a aplicar
a partir de junio de 2024. Al contrario, ofrece la oportunidad mediante un
acuerdo social y político global, incluido Podemos, de una mejora sustantiva de
la protección a las personas desempleadas y pensionistas, con una reorientación
discursiva en beneficio del interés compartido y una legitimación de los
actores sindicales y políticos, cuya pugna competitiva se ha puesto de manifiesto.
Las izquierdas
demostrarían que son capaces de dialogar y adoptar medidas beneficiosas para un
colectivo especialmente vulnerable y, en general, para las capas populares,
ensanchando el campo de una izquierda alternativa y útil para la sociedad en un
reequilibrio menos desfavorable frente a la creciente hegemonía socialista y
del bipartidismo. Y, sobre todo, constituiría una palanca fundamental para
consolidar el bloque democrático y plurinacional y asegurar una orientación
democratizadora y de progreso social. Todo ello está condicionado por los
distintos intereses corporativos de cada espacio político por ganar
representatividad, particularmente en las elecciones europeas, eslabón de
realismo político para encarar la recomposición relacional de la izquierda
transformadora y el pulso legitimador progresista frente a las derechas. El
objetivo compartido debiera ser, frente a la amenaza de involución derechista,
garantizar la continuidad de la estabilidad gubernamental con el avance de
derechos y el proceso reformador de progreso.
Antonio Antón es sociólogo y politólogo
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