lunes, 30 de noviembre de 2020

El saqueo de los bienes públicos es robo mondo y lirondo al patrimonio que todos los trabajadores a lo largo de generaciones enteras de trabajadores fueron generando. La Sanidad Pública es uno de ellos, pero solo uno, porque Endesa, Telefónica, Lotería Nacional del Estado, Aparcamientos de aeropuertos y un largo etcétera, incluyendo la banca que fue pública, también fueron patrimonio público en su integridad. Este desvalijamiento a las arcas públicas lo han hecho posible todos los gobiernos habidos y lo sigue fomentando el gobierno actual, de forma escrupulosamente legal, que la legalidad de este tipo de robo no lo discute nadie. Si acaso algo de ilegal, alegal, protubérico legal o cuchi-cuchi legal, pudo haberlo habido en el primer gobierno modélico de Adolfo Suárez, según los papis de la Constitución y algunos más que no fueron padres de Constitución alguna, cuando después de los indultos o amnistías a presos de ETA (entre 1975 y 1977) “El gobierno entregó dos millones de pesetas a cada uno para rehacer sus vidas. Las víctimas se quedaban sin justicia (…) Tanta generosidad debía tener una contrapartida: que no volvieran a matar. Pero fue el sueño de una noche de verano (…), un gran porcentaje de los que se beneficiaron de aquellas medidas de gracia reanudaron su militancia en ETA.” [ ]. Pero los distintos gobiernos que han servido de instrumentos para desvalijar el patrimonio del Estado, esto es, el patrimonio acumulado durante generaciones de trabajadores, no solo instrumentalizaron y continúan instrumentalizando el robo, sino que también aseguraron a futuro a los grandes capitales que el desvalijamiento del que se beneficiaban quedaba asegurado y bien asegurado (con lo que las condiciones de vida a futuro de la inmensa mayoría de la población española también quedaban aseguradas y bien aseguradas) mediante la modificación del artículo 135 de la Constitución Española realizada sin consentimiento expreso de los españoles con el pretexto de la estabilidad financiera (dado que al robo se le puede denominar de diferentes maneras, sin que deje de ser robo, aunque sea legal, de 18 veces y media) con el pacto entre PSOE y PP, en noviembre de 2011, junto al resto de los partidos de centro, medio, centro, centro entero y de derechas representados en el congreso, no participando en aquel acto circense y trágico para la inmensa mayoría de la población española ninguno de los artistas invitados que hoy forman o apoyan el gobierno del mismo PSOE de aquellas fechas, no dejando de ser cierto que estos mismos artistas no participantes entonces hoy están asegurando que el saqueo al patrimonio público se siga produciendo, y que persistirá hasta que los trabajadores abramos los ojos, de lo que no llevamos mucho camino. Pero habrá que seguir insistiendo, que con paciencia y saliva se la metió el elefante a la hormiga.

 

FONDOS BUITRE


Los fondos buitre siguen planeando sobre la pandemia

El desembarco de los fondos de inversión ha dejado infectadas por el “virus de la financiarización” las estructuras sanitarias, de vivienda y dependencia. Esta deriva puede consolidarse con las medidas previstas para el reforzamiento de los servicios públicos en los actuales planes de reconstrucción.

Hospital Infanta Leonor de Vallecas, gestionado por el fondo de inversión holandés DIF

 

Eubilio Rodríguez

Ángel del Castillo

Vicente Losada

Juan Luis Ruiz-Giménez

Activistas de la Plataforma Contra los Fondos Buitre

Elsaltodiario.com

27 NOV 2020

El desembarco de los fondos de inversión especulativos (en adelante fondos buitre) ha dejado infectadas por el “virus de la financiarización” las estructuras sanitarias, de vivienda y dependencia. Consecuencia del proceso de mercantilización por el que las prestaciones de servicios públicos se convierten en negocio para los accionistas de las empresas y los fondos buitre.

Esta deriva puede consolidarse con las medidas previstas para el reforzamiento de los servicios públicos en los actuales planes de reconstrucción.

La Sanidad pública en coma

Las estructuras del Sistema Sanitario Público se habían ido debilitando progresivamente en las últimas décadas como consecuencia de la Ley 15/97 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud que propició la entrada de empresas y fondos privados en la gestión de los servicios públicos. Las políticas de austeridad impuestas por la UE como respuesta a la crisis de la deuda de 2008, con la modificación del artículo 135 de la Constitución realizada por el gobierno del PSOE y el PP, conllevó una drástica reducción de los recursos presupuestarios asignados a los servicios públicos.

De los siete hospitales modelo PFI (Private Finance Initiative) existentes en la Comunidad de Madrid, seis ya pertenecen a estos fondos

Cuando surge la pandemia ya existe una importante presencia de fondos buitre en la gestión de la sanidad pública. De los siete hospitales modelo PFI (Private Finance Initiative) existentes en la Comunidad de Madrid, seis ya pertenecen a estos fondos. En concreto, el fondo DIF, LBEIP BV (del grupo Lloyd's Bank), Quaero Capital y, recientemente, Brookfield, tienen el 100% de las acciones de las empresas adjudicatarias en la concesión de los hospitales Puerta de Hierro, Hospital del Tajo, de Arganda, de Coslada, de Parla y el Infanta Leonor de Vallecas.

OSPITAL
(modelo PFI)

EMPRESAS ADJUDICATARIAS

PROPIETARIOS
ACTUALES

AÑOS CONCESIÓN

Hospital del TajoAranjuez

Hispánica
Essentium
Assignia

QUAERO CAPITAL adquiere, en 2017, el accionariado de la empresa concesionaria del Hospital del Tajo.

30 años(hasta 2035)

Hospital del SuresteArganda

FCC
OHL
Bankia

LBEIP BV compra, en 2016, las acciones de FCC y OHL.

LBEIP BV compra, en 2017, las acciones de Globalvia (integrada por Bankia y FCC).

30 años(hasta 2035)

Hospital del HenaresCoslada

Sacyr Vallehermoso
Tesla
Valoriza

LBEIP BV compra, en 2013, el 49% de las acciones de Sacyr.

30 años(hasta 2035)

Hospital Puerta de HierroMajadahonda

Dragados

DIF compra, en 2014, las acciones de Iridium (filial de ACS).

DIF compra, en 2016, las acciones a Sacyr.

En marzo de 2020, el fondo de inversión especulativo canadiense BROOKFIELD adquirió el accionariado del fondo holandés DIF.

30 años(hasta 2035)

Hospital Infanta CristinaParla

Sacyr Vallehermoso
Tesla
Valoriza

LBEIP BV compra, en 2014, el 49% de las acciones de Sacyr.

30 años(hasta 2035)

Hospital Infanta SofíaS.S. de los Reyes

Acciona

30 años(hasta 2035)

Hospital Infanta LeonorVallecas

Begar
Ploder
Cajamar

DIF compra, en 2019, el 61% de las acciones de Pralesa Concesiones.

DIF compra, en 2019, el 39% de las acciones del Grupo Cantoblanco Catering Service SL, Fuensanta, Iniciativa de Infraestructuras y Servicios SL, Caja Rural Intermediterránea (Cajamar), y Vectrinsa Gestión SL.


En la Sanidad privada, un ejemplo paradigmático: el fondo buitre CVC Capital Partners vendió en 2005 la empresa Ibérica de Diagnóstico y Cirugía (IDC) a Capio, multinacional sueca. En 2010, CVC Capital Partners volvió a entrar en el accionariado y la empresa pasó a llamarse IDC Salud. En 2012 el fondo Doughty Hanson promovió la fusión del grupo USP Hospitales con el Grupo Hospitalario Quirón. En 2014, IDC Salud y el Grupo Hospitalario Quirón se fusionaron en Quirónsalud, con CVC Capital Partners como principal accionista. Finalmente, en 2017 Quirónsalud es comprada por el grupo sanitario alemán Fresenius Helios. Con estas operaciones, el fondo CVC Capital Partners obtuvo unas ganancias de 2.600 millones de euros.

A finales de septiembre de 2020 estaban ocupadas por pacientes con covid-19 unas 300 de 6.800 camas privadas, un 4,41%, y unas 25 de 225 camas UCI, un 11,1%.

¿Cómo ha actuado el sector sanitario privado ante la emergencia sanitaria? Según la Alianza de la Sanidad Privada (ASPE), a finales de septiembre de 2020, estaban ocupadas por pacientes con covid-19 unas 300 de 6.800 camas privadas, un 4,41%, y unas 25 de 225 camas UCI, un 11,1%. Estos datos contrastan con las cifras de los hospitales públicos, 28% de camas y 40% camas UCI, según el Ministerio de Sanidad

Y pasan su factura. Según publicaba el 27 de junio Infolibre, los hospitales privados reclaman al Estado 246 millones por el Covid-19. La patronal estima 730 euros por día de hospitalización y 2.304 por día de UCI y pone como ejemplo a imitar el acuerdo con la Generalitat catalana.

Farmacéuticas

Los fondos buitre están también presentes en el accionariado de las grandes empresas farmacéuticas. Por el sistema de patentes, la industria farmacéutica es una de las que obtiene mayores beneficios de todas las empresas en el mundo occidental. Entre nosotros, las grandes fortunas y fondos de inversión controlan las farmacéuticas que cotizan en Bolsa.

Sus intereses no coinciden con los intereses de las mayorías sociales. “El 80% de los fármacos sólo tratan, en vez de curar, ser rentables para la industria”, aseguraba Germán Velásquez, exdirector del Programa Mundial de Medicamentos de la OMS, en el diario Público.

Según publicaba eldiario.es el 25 de mayo una investigación de Global Health Advocates y Corporate Europe Observatory sobre entidades público-privadas de investigación en la UE revela que las farmacéuticas rechazaron investigar en prevención de pandemias como el covid-19 en la entidad mixta de medicamentos de la UE.

El negocio de las residencias de mayores

En 2017, un 75% de plazas residenciales eran privadas y un 25% públicas. En la Comunidad de Madrid un 92% privadas y un 8% públicas. El negocio, que mueve al menos 4.500 millones de euros anuales, está atrayendo a fondos de inversión, aseguradoras, empresas del ladrillo y grandes fortunas, ya que España será en 2040 el país más envejecido de Europa.

Con frecuencia los dueños reales de las residencias se esconden tras tramas societarias que pasan por paraísos fiscales. De las cinco principales compañías, dos tienen como principal accionista a fondos de Jersey (Vitalia Home y Colisée), una a un fondo inglés (DomusVi) y otra a un fondo de pensiones de Canadá (Orpea)

Con frecuencia los dueños reales de las residencias se esconden tras tramas societarias que pasan por paraísos fiscales. De las cinco principales compañías, dos tienen como principal accionista a fondos de Jersey (Vitalia Home y Colisée), una a un fondo inglés (DomusVi) y otra a un fondo de pensiones de Canadá (Orpea).

Es un sector donde la falta de recursos humanos, la precariedad laboral y la insuficiencia de medios sanitarios ha influido trágicamente en el alto número de fallecidos. En la Comunidad de Madrid, nunca se ha rescindido un solo contrato de gestión de residencias con grupos privados. Las irregularidades detectadas han sido castigadas con unas sanciones ridículas.

Los planes de los fondos buitre

Nos encontramos ahora en una etapa de reconstrucción. El Consejo Europeo de Julio 2020 ha dedicado 750.000 millones de euros, de los que 140.000 corresponden a España, como “Fondo de Reconstrucción” para, entre otros objetivos, mejorar las estructuras sanitarias, y parece que en los Presupuestos de 2021 la inversión en Sanidad se incrementará el 151%. La Comisión Europea emitirá deuda pública para poner a disposición de los Estados estos recursos.

Se están produciendo movimientos estratégicos de los fondos de inversión para incrementar su presencia en la sanidad pública y en la sanidad privada

No está claro cómo se va a fortalecer la debilidad estructural de la Sanidad Pública, se están produciendo movimientos estratégicos de los fondos de inversión para incrementar su presencia en la sanidad pública y en la sanidad privada.

Lo vemos en los continuos anuncios en los medios de comunicación sobre los seguros médicos privados. Así como una presión insistente para que, en la sanidad pública, se gestione a través de la fórmula de la colaboración público-privada lo que fortalecerá la presencia de los grupos e inversores más potentes.

La Comunidad de Madrid,se lanza a la construcción de nuevas infraestructuras sanitarias como el Hospital de Pandemias, un macrocomplejo de 45.000 metros cuadrados con 1.000 camas y mientras, hay plantas y camas de hospitales públicos sin utilizar y se sigue desmantelando la atención primaria en los barrios. Las obras se han adjudicado a dedo por la vía de contratos de emergencia a empresas como las constructoras Sacyr, Dragados, San José y Ferrovial.

Sobre las residencias de mayores no se aprecia ninguna voluntad, no ya de recuperar su gestión pública sino ni siquiera de establecer algún tipo efectivo de sanciones ante el desastre que hemos vivido. Por lo que seguiremos dependiendo de una atención a los mayores cuya preocupación primera sea la de generar dividendos a los accionistas de los fondos que gestionan las residencias.

En cuanto a la financiación se recurrirá prioritariamente al endeudamiento. La subida de impuestos en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 a las rentas altas y grandes empresas resultará insuficiente. En la Comunidad de Madrid, el gobierno asegura que no va a subir impuestos. De hecho, el pasado 14 de septiembre, durante el debate del estado de la región la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que el Gobierno regional acometerá a lo largo de esta legislatura una rebaja de medio punto “en todos los tramos” del Impuesto de la Renta para las Personas Físicas (IRPF).

Los fondos buitre, que también invierten en deuda pública, seguirán asegurando su negocio por una doble vía: exigiendo puntualmente el pago de esa deuda y gestionando la prestación de servicios públicos

Para amortizar esta deuda, la UE nos planteará, más pronto o más tarde, nuevos recortes y privatizaciones, más reformas laborales, de las pensiones, etc. Notaremos sus efectos en sanidad y en las condiciones de las residencias de mayores. Los fondos buitre, que también invierten en deuda pública, seguirán asegurando su negocio por una doble vía: exigiendo puntualmente el pago de esa deuda y gestionando la prestación de servicios públicos.

Propuestas para la reconstrucción

Por nuestra parte pensamos que hoy el interés general pide que los derechos sociales, reconocidos en la Constitución como “principios rectores”, se blinden como derechos exigibles ante las Administraciones. Los servicios públicos, adecuadamente gestionados, son el instrumento que tiene el Estado para hacer efectivos esos derechos sociales.

No podemos caer otra vez en las mismas prácticas que han debilitado las estructuras sanitarias públicas. Relatores de la ONU han pedido a los gobiernos que no dejen en manos privadas la sanidad, la vivienda, el agua, la educación… “El coronavirus –denuncian- revela los efectos catastróficos de la privatización de servicios básicos. Necesitamos un cambio de rumbo radical.”, denunciaban en eldiario.es.

Para concretarlo hacemos algunas propuestas:

Con caracter general, la deuda termina siendo una herramienta de sometimiento de los pueblos. Cuando haya que recurrir a algún tipo de endeudamiento, habrá que derogar la reforma del artículo 135 de la Constitución, para que su amortización no se haga a costa de los derechos sociales. Incluso habrá que cuestionar las deudas públicas ilegítimas que han sido contraídas contra los intereses de los pueblos.

Además, habría que impulsar una Ley contra los fondos buitre en relación con la deuda pública y privada que impida operar a estos fondos degradando los derechos sociales básicos.

En cuanto a la financiación de los servicios sociales básicos, se debe garantizar la financiación pública a través de una política fiscal progresiva que garantice los ingresos necesarios para cubrir las necesidades sociales, económicas, de género y ambientales.

El Estado español sigue recaudando 6 puntos menos, en relación con el PIB, que la media de los países de la Eurozona. Corregir este desfase supondría recaudar unos 60.000 millones de euros más al año.

Para contar con recursos tributarios suficientes se hace preciso cumplir el artículo 31 de la Constitución que establece como principio una fiscalidad justa y progresiva. El Estado español sigue recaudando 6 puntos menos, en relación con el PIB, que la media de los países de la Eurozona. Corregir este desfase supondría recaudar unos 60.000 millones de euros más al año. Habrá que derogar normativas que permiten exenciones privilegiadas a las grandes fortunas, entidades financieras, impuesto de sociedades, fondos de inversión, etc.

Además, hay que movilizar nuevos recursos: Impuestos a las transacciones financieras, a las empresas de la economía digital, etc. Por otro lado, la banca privada deberá contribuir, cuando todavía no ha devuelto los 60.000 millones que el Estado le prestó para la crisis de 2008, a pesar de los beneficios que ha obtenido en los últimos años y el reparto de dividendos a sus accionistas.

En sanidad hace falta el apoyo, fortalecimiento y defensa de la sanidad pública en su gestión, universal, sin exclusiones y de calidad. Para ello, hay que derogar de la Ley 15/97 que permite la entrada del sector sanitario privado en la sanidad pública y recuperar todo lo expoliado de la sanidad pública.

Por otro lado, hay que terminar con el monopolio práctico de las empresas farmacéuticas. Se hace necesario contar con una farmacia pública y la anulación de patentes para asegurar el acceso a los medicamentos. Emitir licencias que permitan fabricar genéricos. La mayor parte de la investigación contra el covid-19 es pública: la vacuna debería ser universal.

Se requiere además, prohibir el modelo de colaboración público-privada en sectores clave, entre ellos, la sanidad pública. Y sería necesaria una ley contra los fondos buitre que impida su entrada en la sanidad pública

Se requiere además, prohibir el modelo de colaboración público-privada en sectores clave, entre ellos, la sanidad pública. Y sería necesaria una ley contra los fondos buitre que impida su entrada en la sanidad pública.

En el ámbito de la Unión Europea, hay que poner al Banco Central Europeo (BCE) a disposición de la gente y que este financie, en todos los estados miembro, la lucha contra el covid-19. Es preciso que el BCE financie directamente a los Estados, al mismo coste con que financia a la banca privada.

Además, se hace necesario poner lo público en el centro del modelo económico. Que el estado tenga capacidad de actuación política frente a los mercados especulativos, para garantizar los derechos de la ciudadanía. Sea por la gestión directa de los servicios públicos y los sectores estratégicos de la economía, sea por su regulación efectiva. Los derechos humanos deben prevalecer ante las prácticas depredadoras de un mercado sin contrapeso ni regulación.

En memoria de Juan Luis Ruiz-Giméne

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Feligresía mía, parroquianos, paisanitas, paisinetes y hacia Belén va una burra y demás. En el nombre de esto, lo otro y lo de más allá. Oremos. Francia es un barrio de Bilbao, quiere decirse, así entre nosotros, que si garbanzos se cuecen en Bilbao garbanzos son cocidos en Francia. Pero ay de aquel desgarra mantas que crea que España es Francia. No es por nada, pero lo que yo os diga, aquí en confianza, lo juro por mi padre: que nos vamos a la mierda tan seguro como que mañana será otro día, porque a la mierda nos lleva el modo de producción capitalista, cuyo susodicho, desde 2008 viene demostrando su imposibilidad material de sostenerse en pie, si no logramos los trabajadores (entiéndase trabajadores, por favor) hacer en España muchas fotos como la que se ve a continuación en la Plaza de la República de París, que además (oído cocina, que acabo de decir, además) hay que convertir en fuerza política con el propósito de frenar el robo que las ovejas y ovejos del rebañillo chiquitillo, insignificante, de nuestro Señor El capital, y sus tuerce botas instrumentales nos hacen a los trabajadores. Por el padre, el hijo y el nieto. Daos una palmadita en el hombro y acudid a la próxima manifestación, siempre y cuando esa manifestación no la convoque la derecha en sus distintas versiones y militarotes afines. Así sea. Si así lo hacéis que vuestros hijos y nietos os lo agradezcan, y si no, agarraos que viene curva.

 

Nuevas movilizaciones multitudinarias en Francia contra la violencia policial y la «Ley de seguridad global»

Imagen de la multitudinaria manifestación de París a su paso por la Plaza de la República

Múltiples ciudades francesas albergaron nuevas y masivas protestas este sábado en contra de la nueva ‘ley de seguridad global’, que limita la grabación y difusión de imágenes de las fuerzas policiales.

 Kaos. Internacional 

29 Nov, 2020

En numerosas ciudades francesas se han producido protestas este sábado contra de la nueva ‘ley de seguridad global’, aprobada por la Asamblea Nacional la semana pasada y que limita la grabación y difusión de imágenes de las fuerzas policiales. Varios casos de violencia policial de connotaciones racistas ocurridos durante la última semana han exacerbado el descontento social contra el Gobierno de Emmanuel Macron. La multitudinaria y generalizada jornada de movilizaciones terminó con incidentes en París y otras ciudades.

Estoy en la calle por mi libertad” fue el grito multitudinario de decenas de miles de personas en las calles de las ciudades francesas en contra de la citada ley y de su artículo 24, que limita la filmación de las acciones de las fuerzas policiales, una impunidad que buena parte de la población francesa considera una vulneración de la libertad de prensa e información. Otras consignas coreadas masivamente fueron “¿Quién nos protegerá de la ferocidad del orden?”, «Bajen las armas, bajemos las cámaras”.

La movilización principal se dio en París donde, según cifras del Ministerio del Interior francés, tomaron las calles 46.000 personas, una cifra real considerablemente mayor si tenemos en cuenta la fuente y de enormes proporciones considerando el contexto de pandemia actual. Los manifestantes partieron la Plaza de la República recorriendo el centro de París hasta la Plaza de la Bastilla. Durante la protesta se pudieron ver numerosas banderas sindicales rojas, insignias nacionales tricolores y carteles de elaboración personal en que se denunciaba la violencia policial, por la libertad de prensa  y exigiendo la dimisión del ministro del Interior, Gérald Darmanin.

La multitud parisina fue de composición muy heterogénea, congregando desde periodistas y  estudiantes de periodismo, hasta activistas de izquierda, colectivos de  defensa de los derechos de los migrantes y ciudadanos de diversas tendencias políticas que expresaron su indignación por la creciente ola represiva y policial propiciada por el gobierno de Macron y su mayoría parlamentaria, especialmente desde las protestas de los ‘chalecos amarillos’ que se desató en 2018 contra las medidas económicas neoliberales del gobierno francés.

«Empezamos desmontando los derechos de los trabajadores y ahora atacamos las libertades fundamentales y los fundamentos de nuestra democracia, la libertad de expresión, de información«, denunció durante la marcha en la capital del país, Sophie Misiraca, abogada en derecho social.

En el cierre de la jornada, los antidisturbios utilizaron gases lacrimógenos, cañones de agua y realizaron varias detenciones.  Los choques violentos continuaron en los alrededores de la Plaza de la Bastilla, donde fue incendiada la fachada del Banco Central de Francia.

Otras concurridas manifestaciones tuvieron lugar durante la jornada en ciudades como Burdeos, Estrasburgo, Lille, Lyon, Marsella, Montpellier, Nantes y Rennes. También en algunas de estas ciudades la policía cargó contra los manifestantes.

La importancia de poder filmar a la policía

El sábado anterior una manifestación ya había convocó a varias decenas de miles de personas en todo el país, según cifras oficiales. La oposición a la nueva vuelta de tuerca represiva a los derechos democráticos ha seguido intensificándose como muestra la jornada de movilización masiva y generalizada de este sábado, una ley denunciada tanto por periodistas como defensores de las libertades sociales.

La brutal evacuación nocturna de un campamento de migrantes en París el pasado lunes y la difusión el jueves de un vídeo con imágenes de cuatro policías agrediendo a un productor musical negro aumentaron la indignación popular durante la última semana.

Los activistas contrarios a la nueva normativa señalan que pretende criminalizar a los ciudadanos que filmaron imágenes de violencia policial como las registradas durante el desalojo del campamento o contra el productor afro. Denuncian que el artículo 24 no solamente perjudica a los periodistas y subrayan la importancia de las imágenes como testimonio de la actuación policial en determinadas zonas donde se vive un racismo sistemático.

El Gobierno forzado a rectificar

El llamado a las movilizaciones fue promovido por asociaciones de prensa, sindicatos, organizaciones defensoras de derechos humanos que hicieron público un comunicado conjunto en el que aseguraban, que en caso de aprobarse, Francia se sumaría a la lista de los países que vulneran la libertad de prensa.

Tras hacerse viral el vídeo de la reciente agresión al productor Michel Zecler, hasta el mismo Macron se vio obligado a afirmar que se trataba de una «agresión inaceptable», que eran «imágenes que nos avergüenzan» y que el gobierno debería tomar medidas «para luchar de manera más efectiva contra todas las formas de discriminación».

Ante el descontento generalizado y la movilización social se desató una nueva crisis política en Francia. El gobierno se vio obligado a ceder anunciando una nueva redacción del texto legal por parte de una «comisión independiente» para después, ante la reacción crítica de los parlamentarios que habían aprobado la ley,  asegurarles que tendrían la última palabra sobre el tema.  El principal blanco de todas las críticas ha sido el ministro del Interior, Gérald Darmanin, principal impulsor de la ley. Para ser aprobado definitivamente, el texto deberá ser aprobado por el Senado, que tenía previsto discutirlo en enero.

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