miércoles, 10 de mayo de 2017

EL PP, LA CANASTA DE MANZANAS Y LA NATURALEZA HUMANA A LA QUE ES CONSUSTANCIAL (¡ Que me toques el cilindrín para ver que hora es, no sea que estemos hablando de otroa cosa) LA CORRPCIÓN, SIENDO HUMANOS EL FRAILE JUAN, HERNANDO 1 Y 2 DEL PP Y PSOE RESPECTIVAMENTE, PASANDO POR BÁRCENAS, LA CAZATALEGOS O MARHUENDA, TODOS HERMANOS MÍOS EN EL REDIL DE CRISTO,


El TSJM imputa a Concepción Dancausa por el caso Mercamadrid   
 
La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa. (EFE)© EFE La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa. (EFE) 
 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) incoa diligencias previas por presunto delito societario contra la actual delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, por su actuación en Mercamadrid cuando era concejala del Ayuntamiento de la capital. Esto supone su automática imputación y atiende la solicitud realizada en este sentido por la Fiscalía de Madrid.

Además de Dancausa, el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid abre causa por un presunto delito societario contra otras 15 personas. El Ministerio Público, que presentó denuncia, pone el foco en irregularidades en los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa Merca Ocio 22 S.L. que –dice-- han supuesto un “importante perjuicio patrimonial” para la primera, “a la vez que un enriquecimiento ilícito para Merca Ocio”, que valora en casi de 700.000 euros. Dancausa se encontraba en aquella etapa al frente del Consejo de Administración del ente.

Además de Dancausa, Fiscalía figuran ya como imputados el que fuera director de Mercamadrid José Manuel Torrecilla, su vicepresidenta primera María Jesús Prieto y la segunda María Dolores Flores Cerdán. En el mismo auto de incoación de previas el juzgado hace ofrecimiento de acciones a los posibles perjudicados por Mercamadrid.

Entre los 16 investigados se encuentran también los vocales del Consejo de Administración del mercado Manuel Beltrán, José Antonio Crespo, Pablo del Amo, Pablo González –hermano de Ignacio González y en prisión por la operación Lezo-- Silvia Llerena, Marta Fernández-Pirla, José Enrique Nuñez, José Ignacio Ortega y Manuel Troitiño. Incluye al secretario general de Mercamadrid Fernando Gomar, Juan María López Álvarez, apoderado, y el administrador José Domingo Rodríguez.

En su denuncia la Fiscalía recuerda que en 2001 la empresa Mercamadrid S.A. convocó un concurso para la adjudicación de dos derechos sobre una superficie de 14.100 metros cuadrados con idénticos objetivos: la construcción y explotación de un hotel y de instalaciones para servicios de restauración. En ambos casos la empresa adjudicataria resultó ser Konin 22, S.A.

Mercamadrid S.A. estableció a la empresa la obligación de abonar en concepto de canon superficiario para el hotel 97.604,37 euros anuales y para la otra superficie impuso otro canon que ascendía a 41.830,44 euros anuales. En 2003, no obstante, Konin 22, S.A. cedió los dos derechos de superficie a la entidad Merca Ocio Hoteles 22, quien se subrogó en la posición de la primera.

Merca Ocio Hoteles 22 S.L. comenzó a explotar el negocio pero en marzo 2010 dejó de abonar los importes correspondientes al canon de derecho de superficie. Ello motivó que Mercamadrid emprendiera acciones judiciales contra la empresa reclamando el dinero adeudado. Merca Ocio Hoteles 22, S.L., por su parte, formuló una demanda reconvencional en la que reclamaba la resolución de los contratos y escrituras por los que se adjudicó el derecho de superficie relativo sólo a la construcción y explotación de los servicios de restauración. Al mismo tiempo solicitaba a Mercamadrid una indemnización por daños y perjuicios de 8.004.535,12 euros al aducir la imposibilidad de explotar el negocio de restauración.

Mercamadrid se opuso a la reclamación aportando incluso pruebas de que la empresa había realizado eventos y actividades en la superficie por los cuales se negaba a pagar. Pese a ello, el 16 de octubre de 2013 se reunió el Consejo de Administración de Mercamadrid que, por 18 votos a favor y ninguno en contra, adoptó un acuerdo para poner fin de forma extrajudicial el litigio.

El acuerdo, avalado por Dancausa y que contaba con un informe jurídico elaborado por uno de los denunciados, otorgaba viabilidad a la demanda presentada por Meca Ocio 22 S.L. y preveía, además, facultar al director general de Mercamadrid, José Manuel Torrecilla Jiménez, “incluyendo expresamente facultades para transigir y renunciar a derechos con tal alcance, para que en nombre y representación de la empresa mixta pueda negociar el texto y proceder a su tenor a la suscripción del acuerdo transaccional”.

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MOVIMIENTOS SOCIALES. UN ANÁLISIS DOMINICANO QUE CONVENDRÍA HICIERA LA IZQUIERDA POLÍTICA EN ESPAÑA

                
EL MOVIMIENTO CIUDADANO Y EL CONTEXTO DE SU MOVILIZACIÓN

Marcos Villamán
Listín Diario/ República dominicana
10.05.2017
En un proceso de movilización como el que existe hoy en el país es normal que concurran intereses e intenciones diversas. Ello no deslegitima el movimiento siempre que se mantenga la lógica y alcance de sus reclamos, cosa que no se consigue sin tensiones internas. La comprensión del contexto regional en que se produce este proceso será importante para actuar sin desnaturalizar el movimiento e insistir siempre en el carácter institucional de sus reivindicaciones y de los medios para reclamarlas dejando de lado aventuras de quiebre sin horizonte institucional, claro. Veamos.
A inicios de la década de los 80 la democracia se instaló en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe y se consolidó como horizonte de sus luchas. Esta democratización política coincidió con la llamada “década perdida” para el desarrollo de la región: globalización, irrupción neoliberal, merma de las políticas sociales, incremento de la pobreza y la desigualdad, etc. En este contexto se produjo la expansión de “gobiernos progresistas” en buena parte de los países del Sur de la región  que produjeron la llamada “nueva izquierda latinoamericana”. Hoy, una buena parte de estos países parece encontrarse en una especie de “regreso neoliberal” políticamente conservador, aupado por la oposición política. El tema de la corrupción y la judicialización de la política irrumpen en este contexto con un saldo de expresidentes perseguidos en varios países de A.L.
Para algunos analistas, de lo que se trata es de que, a falta de propuestas capaces de competir con las alternativas progresistas, la oposición política ha convertido los temas de corrupción e impunidad en medios predilectos de la lucha opositora y camino expedito para arribar al poder. Esto no quiere decir que la corrupción no exista o que haya sido inventada sólo como recurso político, sino que, porque desgraciadamente existe, ella es arma eficaz para, vía el rescate de la dimensión ético-judicial, concretar el quehacer opositor e intentar desalojar del poder a las fuerzas progresistas.

En nuestro país, un partido de origen progresista está en el poder, el PLD. Es evidente que las necesarias alianzas de éste con fuerzas políticas conservadoras para la toma y ejercicio del poder producto de la lógica de la “real politik”, el desgaste a consecuencia del ejercicio gubernamental, y la corrupción realmente existente, han contribuido a desdibujar su rostro. A pesar de ello, no pocos sectores le reconocen aún su intencionalidad ideológica progresista en razón de su historia y del sentido de la mayoría de las reformas sociales e institucionales protagonizadas como gobierno.
Con lo anterior coexiste una oposición política mayoritaria disminuida, fraccionada y sin discurso, y sectores opositores minoritarios con dificultades para articular una propuesta consistente que los diferencie, arraigue en la sociedad y les posibilite crecer. En esta situación la movilización ciudadana contra la corrupción y la impunidad a la que asistimos, que reivindica la indispensable dimensión ética de la política y reclama la actuación antiimpunidad, se convierte en ocasión propicia para el quehacer opositor.
Ahora bien, así como la ética es absolutamente imprescindible para desarrollar una adecuada acción política, ella es insuficiente para la definición de un proyecto político consistente. Las fuerzas políticas, oficialistas y opositoras, deberán entenderlo y responder con lo que se espera de ellas: la elaboración-recreación de un “relato-país”, éticamente solvente, que contenga las propuestas específicas de ordenamiento social, político e institucional que responda a la aspiración de más bienestar, logre arraigo y exhiba sensibilidad para canalizar las nuevas demandas de anticorrupción y antiimpunidad expresadas por el movimiento ciudadano, y así dote a la sociedad de un horizonte legítimo al cual aspirar y orientar las energías sociales.

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PSOE, QUIEN TE HA VISTO Y QUIEN TE VE


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