LA CORRUPCIÓN LA PODEMOS PINTAR
DE AZUL, TIPO PP; ROJO-AZULINO-PSOE; COLOR PNV O MAS-MACIONALISTA QUE EL COPÓN.
PERO ESENCIALMENTE EMPIEZA POR D (D = DINERO QUE ME LLEVO DEL ERARIO PÚBLICO, Y
OYES, LOS PARDILLOS A LOS QUE ROBO, NOI, QUE NI SE ENTERAN, Y ENCIMA ME VOTAN Y
VOTAN Y VUEVEN A VOTAR, LOS PECES EN EL RIO NO ME ENCHIQUERARÁN. Y SE REPITE EL
ESTRIBILLO. COMO TE LO ESTOY CONTANDO, COLEGUI)
El ciclo político del agua: caudales turbulentos
(1/5)
MARTÍN ALONSO ZARZA / FERNANDO URRUTICOECHEA BASOZABAL
( CTXT)
Sociología Crítica
14.04.2017
i
Fuente: CTXT / / El curso del agua es un
indicador de buena parte de las patologías de la vida política. Llama la
atención la preocupación que la corrupción suscita en las encuestas y la falta
de una respuesta proporcional a ella. Tres elementos ayudan a explicar esta
esquizofrenia. El primero es la insuficiente respuesta institucional, en parte
porque la misma corrupción no recibe el tratamiento que merece en el Código
Penal, donde los delitos de cuello blanco son habitualmente low cost. El
segundo remite al paradigma económico vigente: la corrupción es virtualmente un
efecto colateral de la trinidad neoliberal (desregulación, liberalización,
privatización), como el too big to fail o la desigualdad. Por último, la
corrupción es percibida generalmente como un delito sin víctimas; la
externalización resulta tan exitosa que ni siquiera los perjudicados perciben
cabalmente los costes, y por tanto no los ponen en la balanza a la hora de
votar. El recorrido por el curso del agua permite iluminar de forma concreta
algunos de estos fenómenos.
*****
Los pilares del Estado de bienestar se han convertido
en objetivo de la bulimia financiera tras el colapso de la burbuja
inmobiliaria. Buen ejemplo de ello es el desplazamiento en esa dirección del
interés de las constructoras. Así, no es casualidad que Aqualia, la filial de
gestión de agua de FCC, sea uno de los sectores más lucrativos de la
constructora matriz (144 millones en 2016): aunque la actividad de la filial
supone un 17% de las ventas, aporta el 28% del Ebitda, frente al 28% y el 7% de
la construcción (El País, Negocios, 19/03/2017). ACS creó EMAFESA y SOCAMEX
desde su filial Urbaser para ocuparse del ciclo integral del agua. Por su
parte, Acciona se hace cargo de la explotación de Aigües Ter-Llobregat (ATLL)
tras su privatización por el gobierno en funciones de Artur Mas a finales de
2012 en una operación en absoluto transparente que ha anulado el TSJC. Es
llamativo que el sector del agua, en sus diferentes tramos, haya acabado en
numerosas ocasiones en los tribunales, aunque, por las razones que veremos, a
menudo sin graves consecuencias.
LA
CORRUPCIÓN ES VIRTUALMENTE UN EFECTO COLATERAL DE LA TRINIDAD NEOLIBERAL
(DESREGULACIÓN, LIBERALIZACIÓN, PRIVATIZACIÓN), COMO EL ‘TOO BIG TO FAIL’ O LA
DESIGUALDAD
Este
escrito pone el foco en el sector del agua, una pieza fundamental del Estado de
bienestar; y dirige una mirada especial hacia Cataluña porque allí convergen
dos circunstancias notables: un alto grado de privatización en la gestión del
agua y la presencia de una de las grandes compañías dedicadas al negocio del
agua, Agbar. La privatización de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) –la joya de la
corona, la mayor y la más polémica de la historia de la Generalitat (afecta a 4,5
millones de personas), adjudicada a la empresa de la competencia, Acciona– ha
seguido la estela de prácticas experimentadas en la sanidad a través de la
empresa International Tax Planning Services (ITPS), que creó las supuestas
pantallas utilizadas por Oleguer Pujol y la familia Rodés en el consorcio
beneficiario, pese a las irregularidades detectadas por los tribunales
(eldiario.es, 30/12/2015).
Ferran Rodés, hijo del empresario Leopoldo Rodés, es
el promotor y accionista de referencia del periódico secesionista Ara,
vicepresidente de Havas Media y consejero de Acciona. Además, Havas, cuyo
director general es Alfonso Rodés, hermano de Ferran, es propietaria de Media
Planning Group, que se lleva la parte del león en la publicidad de la
Generalitat (10 millones de un total de 18 en 2014). Además, fue nombrado por
Artur Mas en 2012 para dirigir el Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible
(CADS), pocos meses antes de la privatización de ATLL, hoy pendiente de una
sentencia judicial. Vemos aquí un triángulo estratégico: Rodés era
simultáneamente asesor del presidente que impulsó la privatización, consejero
de la empresa líder del consorcio beneficiario e inversor personal a través de
la agencia utilizada por Oleguer Pujol. Ya entonces se manifestaron muchas
dudas sobre el modo de proceder y de efectuar la concesión. En febrero de 2016,
la Oficina Antifrau de Catalunya pidió anular la privatización porque Acciona
infló las facturas; estas irregularidades pueden traducirse en un incremento de
la factura para las familias (eldiario.es, 09/02/2016). También el TSJC había
anulado el concurso resultante en la privatización. Paradójicamente, la
consejera Neus Munté ha calificado el asunto de “operaciones societarias”.
Aguas termales para voluntades flotantes
Con el agua tiene relación Josep Antoni Rosell,
director de Infraestructures.cat y uno de los detenidos en octubre de 2015 por
la trama del 3%. El caso cobró relieve porque Rosell había encargado a un amigo
que le guardara cuatro maletines. Rosell es responsable de una desviación
presupuestaria en la construcción del canal Segarra-Garrigues con un sobrecoste
del 81% (La Vanguardia, 30/10/2015; El País, 25/10/2016). La obra fue ejecutada
por una UTE compuesta por FCC, Agbar, Copcisa y Copisa, y otras cuatro con menor
participación. Seis de ellas pagaron a CatDem, la fundación de Convergència
Democràtica de Cataluña (CDC), 1.635.500 euros entre 2008 y 2013. El concurso
lo cocinaron Rosell, desde la secretaría de infraestructuras de Agricultura, el
conseller Josep Grau y su número dos, Germà Gordó.
LOS
PILARES DEL ESTADO DE BIENESTAR SE HAN CONVERTIDO EN OBJETIVO DE LA BULIMIA
FINANCIERA TRAS EL COLAPSO DE LA BURBUJA INMOBILIARIA
Rosell
es uno de los destacados nacionalistas orgánicos familiarizado con las puertas
giratorias. Histórico dirigente de CDC y tutelado por Germà Gordó (último
consejero de Justicia de Mas; lo encontraremos más abajo), abandona la empresa
pública Regsega cuatro días antes de que se abran las plicas del concurso; a
los pocos meses se convierte en nuevo director general de la concesionaria
beneficiaria Aguas Segarra-Garrigues (ASG), siendo FCC y Agbar los accionistas
principales. Cuando se descubre el delito, ERC para el golpe pese al impacto
mediático de los maletines. El departamento de Economía, pilotado por Oriol
Junqueras, le ofrece asilo en un nuevo cargo en la misma empresa
Infraestructures.cat, la principal adjudicadora de obra pública de la
Generalitat; ahora como responsable del proyecto de actuaciones internacionales
y de investigación e innovación. Carles Mundó, sucesor de Gordó en Justicia,
avaló la decisión de la repesca de Rosell. La Fiscalía Anticorrupción había
pedido en dos ocasiones prisión para él. Finalmente y ante la magnitud del
escándalo, el Gobierno decide “prescindir” de sus servicios (La Vanguardia,
25/02/2016).
Como la sanidad, el agua es un recurso que forma
parte del núcleo duro del pilar social del Estado. En la escuela se estudia que
el ciclo del agua se compone de tres fases: evaporación, condensación y
precipitación. Estas fases tienen su contrapartida en el ciclo político, donde
sin embargo sólo se ha importado la primera (en su uso figurado) para explicar
la desaparición milagrosa del dinero, un hecho, digamos de paso, que supone una
violación flagrante del primer principio de la termodinámica. Vamos a esbozar a
partir de una anécdota las fases del ciclo político del agua.
Sabemos
que el Ebro nace en la cordillera Cantábrica y desemboca en el Mediterráneo. El
curso del líquido metafórico puede hacer el camino en sentido contrario. El 13
de noviembre de 2013, el semanal Asturias Diario publicó fotocopia de las
facturas que Aquagest pagó por una estancia del 13 al 15 de agosto de 2010 en
el balneario Gran Hotel Las Caldas, de cinco estrellas, a Ignacio Diego,
presidente de Cantabria. No fue al único; también a su consejero de Obras
Públicas y a cargos públicos de Galicia y Asturias. Los cabecillas del ‘cártel
del agua’ usaron el balneario como cuartel general. Masajes faciales –todo un
signo– y cenas no se pagaron en metálico sino que se cargaban en la cuenta de
la empresa como si se tratara de una operación habitual. Digamos, para atender
la primera fase del ciclo, que en varios municipios de Cantabria los usuarios
recibieron en noviembre de ese año una carta anunciando que sería Aquagest la
encargada de la gestión del agua. Naturalmente uno no está obligado a pensar
que hay relación alguna entre un masaje facial en Asturias y una factura en un
municipio de Cantabria, ni mucho menos que eso tenga algo que ver con la Sociedad
General de Aguas de Barcelona (Agbar)[1].
La
jueza Pilar de Lara, del juzgado de Lugo, se hizo cargo del caso, que implicaba
entre otros a Diego y a su consejero de Obras Públicas y Vivienda, Francisco
Javier Rodríguez Argüeso. El Supremo pidió un informe a la Fiscalía, que
calificó los hechos como constitutivos de un delito de cohecho pasivo impropio,
o “cohecho de facilitación”, pero se opuso a la imputación de ambos porque el
Código Penal vigente entonces establecía un plazo de prescripción de tres años
y estos ya se habían cumplido, y solicitó al Supremo el archivo de la causa
(eldiario.es, 02/02/2015). Según la exposición de la jueza, la empresa
Aquagest, con “relevantes intereses” en Cantabria, desarrollaba presuntamente
una política empresarial que incluía el soborno de autoridades políticas y
funcionarios con el objetivo de lograr adjudicaciones de las administraciones
públicas.
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