martes, 4 de abril de 2023

Comunicado de solidaridad sindical internacional con los trabajadores y trabajadoras en lucha en Francia

 



Comunicado de solidaridad sindical internacional con los trabajadores y trabajadoras en lucha en Francia


Publicado el 4 de abril de 2023 / Por Comunicados

 

KAOSENLARED 

Reunidas en Barcelona los días 1 y 2 de abril de 2023, las organizaciones sindicales de diversos países europeos, CGT (Estado español), Confederación Intersindical (Estado español), Co.Bas (Estado español), IAC (Cataluña), CATAC-CTS (Cataluña), CUB (Italia), UNICOBAS (Italia), Fronte di Lotta Non Austerity (Italia),  Fronte di Lotta Non Austerity (Italia), COBAS (Italia), COBAS Sardegna (Cerdeña), TIE (Alemania), SUD Vaud (Suiza), SYNDIBASA (Suiza), STASA (Portugal), OZZ Inicjatywa Pracownicza (Polonia) et Union Syndicale Solidaires (France), saludamos la lucha de los trabajadores en Francia para oponerse a la contrarreforma de las pensiones desde hace casi 3 meses.

Las huelgas, manifestaciones y otras iniciativas propuestas por el movimiento intersindical permiten que el movimiento social se mantenga desde el 19 de enero. La unidad sindical de las organizaciones francesas es un elemento importante de la relación de poder frente al gobierno que es el relevo directo de los empresarios, los accionistas, los capitalistas.

La acción directa de los trabajadores y trabajadoras, asalariados, jubilados, jóvenes en formación, desempleadas y desempleados, ha permitido hacer frente a los capitalistas y al gobierno durante casi dos meses y ha creado una situación de crisis política en el país; esto, a pesar de la represión y la violencia policial. También pone en el centro de las discusiones entre la población, las reivindicaciones de la clase trabajadora, la exigencia de igualdad de derechos, la aspiración a una sociedad libre de la explotación capitalista y las opresiones. Los movimientos sociales siempre permiten revelar el aspecto antisocial de la extrema derecha, a diferencia de sus discursos demagógicos.

Nuestras organizaciones reafirman su apoyo a la lucha social llevada a cabo en Francia, contra la ley que cuestiona los derechos a la jubilación. Denuncian la violencia estatal hacia quienes luchan: en el marco del movimiento social por la jubilación, pero también en la lucha feminista, en la de los trabajadores indocumentados o incluso hacia los manifestantes y manifestantes contra el proyecto capitalista antiecologista de “mega cuencas”.

Contra la violencia policial al servicio de los capitalistas, contra las leyes y acuerdos de regresión social, por las demandas de los trabajadores y trabajadoras, por la emancipación social, el sindicalismo de lucha debe reforzar su coordinación a nivel internacional. Lo que está sucediendo hoy en Francia tiene una repercusión más allá de las fronteras de este país, pero también está relacionado con lo que sucedió y sucederá en otros países. ¡Solidaridad sindical internacional con los trabajadores y trabajadoras en lucha en Francia!

1 de abril de 2023

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Cómo «marbellizar» el Pirineo con fondos europeos para el desarrollo sostenible

 

Cómo «marbellizar» el Pirineo con fondos europeos para el desarrollo sostenible

 


Por Chorche TricasIker G. Izagirre 

Rebelion / España

04/04/2023

 

Fuentes: Naiz [Foto: Ibón de Anayet y Canal Roya. (ARAINFO)]

Arainfo, NAIZ y ‘La Directa’ publican conjuntamente esta información sobre el proyecto de Canal Roya en el Pirineo, en el que el Gobierno aragonés gastará el 80% de los Fondos Next Generation para unir las estaciones de esquí destrozando un espacio protegido.

El Gobierno de Aragón va a dilapidar la casi totalidad de los fondos europeos Next Generation destruyendo la val pirenaica aragonesa de la Canal Roya, en el norte del país, con las obras de una telecabina que unirá las estaciones de esquí de Astún y Formigal, atravesando varias líneas rojas en la defensa del medio ambiente en un proyecto contrario a cualquier lógica para una transición ecológica ordenada y civilizada, y negando irresponsablemente las consecuencias del cambio climático.

El proyecto de telecabina aprobado por la Diputación General de Aragón –DGA o Gobierno de Aragón– que arrasará la Canal Roya contempla el anclaje de 37 enormes pilonas para sustentar el cable motriz del sistema de transporte por telecabina, cuya construcción implica, además, la realización de voladuras y grandes movimientos de tierras, y de una carretera, con sus «necesarias» derivaciones para trasladar las torres y las grúas, que se mantendría como vía de evacuación.

Solo para este proyecto, la DGA tiene previsto despilfarrar 34 millones de euros: 26 millones para unir Astún con Formigal destrozando la Canal Roya, y otros ocho millones para una futura unión de las estaciones de esquí de Candanchú con Astún con otra nueva telecabina.

Estas obras se contemplan bajo el paraguas del proyecto conocido con el cosmopaleto y rimbombante nombre de Ski Circus, promovido por la DGA y la Diputación de Uesca, que cederán su explotación económica a empresas privadas, y que también incluye otra telecabina, entre Benás y Cerler, con un coste estimado de trece millones de euros, así como la ‘marbellización’ ya perpetrada en Castanesa.

Cabe destacar que la explotación económica de este despilfarro de fondos europeos para el desarrollo sostenible recaerá en empresas privadas: por un lado Aramón (de titularidad público-privada, 50% de la DGA y 50% de Ibercaja Banco), titular de las estaciones de Formigal-Panticosa y Cerler en el Pirineo aragonés, y de Javalambre y Valdelinares en el Sistema Ibérico, y por otro lado de las empresas Estación Invernal Valle de Astún, e Ibernieve, propietaria de Candanchú, y en cuyo accionariado figuran con diferente porcentaje de propiedad César Alierta, la familia Yarza –‘Heraldo de Aragón’, Grupo Henneo–, los Solans y el empresario Juan Forcén, íntimo amigo del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón (PP).


La Canal Roya: un paraje de extraordinario valor

Esta canal casi virgen del norte de Aragón es un gran valle glaciar de extraordinaria belleza y valores naturales, que preserva del extractivismo su extraordinario valor paisajístico, biológico y arqueológico, con restos megalíticos de más de 5.000 años, y que forma parte del imaginario colectivo aragonés, y no solo, como uno de los parajes de alta montaña más hermosos de Europa.

La Canal Roya posee una figura de protección ambiental dentro del futuro, ahora en entredicho por la propia DGA, Parque Natural Anayet-Partacua. Por eso, entidades como Amigos de la Tierra, Asociación Naturalista de Aragón, Ecologistas en Acción, Extinction Rebellion, Fridays For Future, Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, Greenpeace, Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón (PDMA), Plataforma Stop JJOO Aragón, SEO Birdlife o el Fondo Mundial para la Naturaleza WWF, recuerdan que el actual Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de esta zona está vigente, aunque paralizado, y debería activarse para completar la declaración de Parque Natural. 

Un proyecto del PP ejecutado por el PSOE

La intención del sector negacionista del cambio climático en Aragón de urbanizar cada centímetro del Pirineo no es nueva. De hecho es tan antigua como las propias estaciones. Fue durante los años 60 del siglo pasado cuando «comenzó la juerga», y fueron numerosos los intentos de crear una superestación de esquí que comunicará todos los valles del Pirineo. Para ello, obviamente, debían edificar en cada valle del Pirineo su propia estación de esquí, más grande o más pequeña, de estilo nórdico, alpino o mixtas, familiar, deportiva o de freestyle, en Aragón tendríamos modalidades para todos los gustos pero no bolsillos. Eso sí, cada estación llevaría asociada la creación de urbanizaciones de viviendas de segunda residencia -marbellización- para beneficio de empresas constructoras bien relacionadas con PP y PSOE, y disfrute de una ínfima parte de la sociedad aragonesa, la de renta alta o media-alta.

Con este trampantojo, y la recurrente promesa de creación de cientos de puestos de trabajo -o miles, que las promesas les salen gratis a los partidos del régimen del 78-, se ha ido engañando durante años a la población del norte de Aragón, a quien no han dejado otra opción que la de creer en el Santo Copo para que provea su supervivencia.

Cuando ya parecía que estos despropósitos dormían en algún cajón del Pignatelli [sede de la DGA], el PSOE en Aragón liderado por Javier Lambán los ha rescatado para favorecer los intereses económicos de sus amigos empresarios de los sectores de la construcción, banca y medios de comunicación afiliados al Gobierno de Aragón.

Gráfico de afecciones del proyecto de Canal Roya. (Nacho Pardinilla)


Decenas de miles de firmas y acciones de protesta

Sin embargo, el PSOE y el PP parecen haber tocado hueso con su proyecto de destrucción de la Canal Roya. La sociedad aragonesa, y también solidariamente desde fuera del país, ha dicho basta. Basta de mentiras, basta de transferencia de dinero público a –siempre las mismas– manos privadas, basta de destrucción de la naturaleza con la mala excusa del progreso, basta ya de destruir lo común para enriquecimiento de unas pocas familias, y se ha movilizado en Aragón y en Europa para paralizar el proyecto gubernamental.

Las reacciones de rechazo al decretazo de Lambán dando vía libre al destrozo de la Canal Roya se han multiplicado en los últimos días y también han saltado las fronteras de Aragón: habitantes de los valles afectados, empresarias, activistas, montañeras, científicas o escritoras, exigen la paralización del proyecto de unión de las estaciones de esquí del Pirineo aragonés.

Está siendo especialmente la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón (PDMA), quien mejor y con más rasmia está encauzando la protesta social. Desde la PDMA recuerdan que estos proyectos »no reúnen los requisitos para recibir fondos Next Generation, incumplen el principio ‘Do not significant harm’ (DNSH): Toda inversión y reforma deberá justificar que no conlleva un perjuicio significativo a ninguno de los seis objetivos medioambientales definidos por la Unión Europea».

Estos objetivos son: mitigación del cambio climático; adaptación al cambio climático; uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos; transición hacia una economía circular; prevención y control de la contaminación y protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas. Y como bien señala la PDMA, el proyecto liderado por DGA y la Diputación de Uesca (DPU) incumple todos ellos.

La europarlamentaria Ana Miranda (Ahora Repúblicas, en la que se integran Puyalón, EH Bildu y ERC) con miembros de la PDMA. (ARAINFO)


Rechazo contundente de la comunidad científica  

Según el Observatorio Pirenaico de Cambio Climático (OPCC), la nieve que cubre los Pirineos desaparecerá a medida que avanzamos hacia el año 2050. Y la innivación artificial no garantiza la supervivencia de las estaciones de esquí. Así lo ilustra la nueva zona de esquí de Castanesa que ha podido abrir poco más de veinte días, a pesar de una inversión de millones de euros y los destrozos inevitables realizados.

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) en su sexto proceso de evaluación de la situación climática mundial constata la situación de emergencia actual y afirma que “las decisiones que tomen las sociedades ahora determinarán si nuestra especie prospera o simplemente sobrevive a medida que avanza el siglo XXI”. Aviso que desoye la DGA que incumple igualmente sus propios compromisos para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Por su parte, 400 científicos y científicas de 80 centros de investigación se posicionan en contra de la unión de las pistas de esquí Formigal-Astún. Al que se suman investigadores e investigadoras de 16 instituciones de fuera del Estado español.

En el manifiesto, los y las investigadoras del área de los recursos naturales rechazan este proyecto y lo argumentan en varios aspectos fundamentales desde el punto de vista ecológico, paisajístico y económico. El primero es el principal: en un escenario indiscutible de cambio climático, la disponibilidad futura de la nieve para la práctica del esquí es muy incierta, convirtiéndose en una apuesta de altísimo riesgo.

Por otra parte, ya la primavera pasada un colectivo de investigadores e investigadoras hacían público un manifiesto científico por el turismo pirenaico sostenible, en el que denunciaban que «en un escenario evidente y reconocido de cambio climático y crisis energética sostenida, resulta poco racional ampliar las zonas dedicadas al esquí comercial masivo con intervenciones irreversibles que en pocas décadas pueden ser tan solo una amarga cicatriz».

Vista de la Canal Roya. (ARAINFO)

Incoherencia del Gobierno de Aragón

El proyecto de destrucción de la Canal Roya ha puesto de manifiesto las diferencias entre los socios de gobierno del cuatripartito del Gobierno de Aragón. Mientras CHA y Podemos se muestran abiertamente en contra, el PSOE y el PAR son los máximos interesados en continuar con el despropósito –junto al PP y Vox–.

Sin embargo, ni estas diferencias, ni los informes de los departamentos dirigidos por Podemos y de los gestionados por CHA, que destacan los incumplimientos legales del proyecto, han impedido a Javier Lambán forzar un Consejo Extraordinario de Gobierno para aprobar vía decretazo dar luz verde a la destrucción de la Canal Roya, recortando plazos y relajando los requerimientos ambientales.

Mientras el presidente nacional de CHA, Joaquín Palacín, considera necesario «un mejor reparto de las ayudas europeas», y critica que «26 de los 33 millones de euros vayan destinados a esta obra faraónica e insostenible, al mismo tiempo que prácticamente pasan de largo por el resto de comarcas», o la consejera Maru Díaz (Podemos) solicita la convocatoria del Consejo Aragonés del Clima para analizar el proyecto de la unión de estaciones porque considera que incumple la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático, el presidente Lambán se despacha en los medios de comunicación afiliados al Gobierno aragonés afirmando que «los recelos existentes se irán desvaneciendo con un esfuerzo de pedagogía», ninguneando el clamor social y científico en contra del proyecto, y asegurando que se crearán más de 500 puestos de trabajo, y que «solo generará impacto visual en el 8% del entorno -sic-».

Por su parte, IU Aragón, desde la oposición, es la formación que más claramente se ha posicionado en la defensa de la Canal Roya. Su portavoz, en las Cortz d’Aragón –Cortes de Aragón– Álvaro Sanz, ha exigido a Lambán «más transparencia y menos pedagogía sobre la unión de estaciones de esquí», y, más allá de las fronteras de Aragón, su formación ha elevado sus quejas tanto al Parlamento español,  como al europeo, tal y como también ha hecho el partido independentista aragonés Puyalón.

Finalmente, y para rizar el rizo de la incompetencia administrativa, recientemente se ha conocido que la Diputación de Uesca, promotora inicial del actual proyecto, ha pedido una prórroga a la DGA «o poder destinar los fondos a otros usos, ante la más que previsible imposibilidad del cumplir los plazos».

Así, el gran proyecto de Lambán para destruir la Canal Roya enmarcado dentro del Aragón Ski Circus, tiene poco de ski, mucho de circo pero del malo y sin pan, y nada bueno para Aragón.

Anayeta, la vaca que simboliza la imposición al destrozo de la Canal Roya. (ARAINFO)

Apoyos a la defensa de la Canal Roya

Tú eliges, puedes firmar o compartir un testimonio, o puedes hacer las dos cosas y dejar bien clara tu postura al respecto. La primera de las iniciativas arrancó el pasado mes de febrero bajo el lema ‘No destruyan el valle de Canal Roya por la unión de las estaciones de esquí’. A día de hoy ha sobrepasado las 50.000 firmas. Así está a punto de convertirse en una de las propuestas más populares de la web y ahora el nuevo objetivo de su creadora, la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, es alcanzar las 75.000.

La otra iniciativa nació recientemente bajo el lema ‘El Pirineo no se vende’ pero ya cuenta con más de 1.700 testimonios. Solo tienes que escribir algunos datos personales como tu nombre, tu formación profesional o lo que te vincula con la montaña y escribir tu comentario. Si quieres puedes añadir una fotografía tipo autorretrato y ya estará disponible para todo el mundo tu opinión.

Además de todas las entidades antes reseñadas, también han dado su apoyo a la defensa de la Canal Roya numerosas personas a título individual, algunos de los principales educadores y educadoras ambientales, así como los sindicatos aragoneses CGT, OSTA, CNT, CCOO, CATA y CUT.

Fuente: https://www.naiz.eus/es/info/especial/20230403/como-marbellizar-el-pirineo-con-fondos-europeos-para-el-desarrollo-sostenible

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El oasis sanitario vasco pierde su esplendor

 

El oasis sanitario vasco pierde su esplendor

 

Por Gorka Castillo

Rebelion / España

 | 03/04/2023 |

 

Fuentes: Ctxt [Foto: Manifestación contra la privatización de Osakidetza el 25 de febrero de 2023 (CCOO)]


Pese a que gasta en sanidad un 67% más por habitante que la Comunidad de Madrid, la tendencia privatizadora ha convertido el sistema público de salud en la segunda preocupación de la ciudadanía.

Hay famas que son puros espejismos. La sanidad pública vasca, por ejemplo, que forjó buena parte de su prestigio en un modelo de salud integral admirable, mengua hoy ante el avance implacable del imperio privado. La externalización de los servicios está causando estragos, las listas de espera en algunas especialidades se han vuelto insoportables, los conflictos laborales se multiplican, las corruptelas afloran mientras las puertas de altos cargos no dejan de girar.

Ante esta sucesión de sombras, la otrora joya de la corona del autogobierno vasco lleva camino de perder el brillo que alumbró su nacimiento en 1984. La prueba del declive es que el triste estado en el que se encuentra Osakidetza se ha encaramado al segundo lugar en el ranking de preocupaciones de la ciudadanía vasca. La valoración más baja de su historia. Sólo el desmadre de los precios le supera. Así lo revela el último sondeo del Deustobarómetro, el termómetro que mide el nivel de satisfacción social en Euskadi, publicado el pasado mes de diciembre. Y por si fuera poco, la mayoría de los encuestados dijeron votar al PNV. Todo un síntoma del malestar reinante. Aunque los autores del informe prefirieron no meterse en camisa de once varas a la hora de interpretar los resultados, “una explicación concreta”, apuntó una de las investigadoras el día de la presentación, es que el ciudadano ha empezado a notar “que la atención primaria se ha tensionado”. Ni los casi 4.600 millones de euros que el Gobierno vasco destinará este año a la sanidad, alrededor del 35% del presupuesto total, aplacan ya el fragor de las quejas. Las carencias son manifiestas. O como dicen especialistas, médicos de familia, trabajadores de la limpieza y hasta algún cargo destacado en un ataque de franqueza, el sistema sanitario va a necesitar profundas reparaciones si no quiere acabar convertido en chatarra al servicio del mercado.

“La crisis de Osakidetza es una realidad que sólo parece negar el PNV y la consejera de Sanidad, Gotzone Sagardui. La falta de accesibilidad para los usuarios es infinitamente mayor que hace diez años. ¿Sabes por qué? Porque la derivación a la privada se ha multiplicado, porque el personal está cada día más quemado por la eventualidad, los sueldos, las sobrecargas de trabajo y la temporalidad de sus empleos. Yo terminé perdiendo la motivación de los primeros años cuando trabajar en atención primaria era priorizar la salud integral y tener tiempo para relacionarte con los pacientes”, afirma un médico de familia de Bilbao recientemente jubilado.

Algunas fuentes precisan que la sanidad vasca recibió una silenciosa puntilla en 2011, al calor de las reformas draconianas impuestas por el PP que terminaron devastando los sistemas públicos en la mayoría de las comunidades. La atención primaria en Euskadi, por ejemplo, quedó malherida tras ser integrada en unas megaestructuras llamadas Organizaciones de Servicios Integrados (OSI) que más que mejorar el servicio sirvieron para que sus responsables empezaran a comportarse como consejeros delegados de grandes empresas. Todo un torpedo para la línea de flotación de la gestión pública que, con el inapreciable desembarco de UTEs (Unión Temporal de Empresas) y otros conglomerados sanitarios como IMQ, terminaron repartiéndose muchos de los servicios esenciales que ofrecía el modelo. Hay que remontarse, según el periodista de Hordago-El Salto, Ahoztar Zelaieta, a 1993, “cuando se firmó el Plan Osasuna Zainduz”, el molde que ha formateado la evolución de la política sanitaria vasca hasta la actualidad. “Fue determinante para el fin del sistema público porque permitió a Osakidetza empezar a operar como un régimen jurídico privado, es decir, con criterios de gestión empresarial y conceptos de costes, que fue lo que les empujó a desdoblar la financiación. Por un lado, la pública, dependiente del Ejecutivo; y por otro lado, la provisión, que podía ser privada”, dice Zelaieta, uno de los periodistas que más ha apretado las clavijas al Gobierno vasco con artículos y libros de investigación que han llegado a poner al PNV a la defensiva.

Un minucioso informe elaborado en 2017 por la organización Medicus Mundi ya advertía de los riesgos que suponía “la política de concertación iniciada por el Departamento de Salud”. Y como muestra del peligro citaba los 23 millones de euros que la Administración vasca pagó en 2013 al Instituto Onkologikoa de Donostia, los 20,7 millones a la Clínica Asunción de Tolosa y los más de 81 millones –el 3,2% del presupuesto total de Osakidetza– que, en 2016, se repartieron diez empresas por limpiar los diez hospitales públicos. Una de ellas, Garbialdi S.A.L, bajo la dirección del exsecretario del Euzkadi Buru Batzar Josu Olazaran, se llevó cerca de 29 millones. Y, como corolario, otro dato revelador: el pasado año, el 22% de la ciudadanía vasca ya había firmado algún tipo de seguro privado para sortear los problemas que le planteaba la sanidad pública, según datos del Instituto Vasco de Estadística. El negocio estimado ronda los 340 millones de euros en concepto de primas.

Aunque al Gobierno vasco no le ha quedado otro remedio que reconocer a regañadientes “que han surgido algunas carencias”, la consejera Sagardui defiende que “ni un solo servicio del Departamento de Salud se ha privatizado”. Al contrario. Según ella, todos los nuevos recursos que se crean son de titularidad pública porque Osakidetza crece sin cesar. “Nunca hemos destinado tantos recursos como ahora. Para 2023, la inversión por habitante llegará a los 2.114 euros, hemos ampliado la plantilla en 2.467 profesionales, 358 de ellos en atención primaria, y hemos convocado 7.629 plazas en 110 categorías”, contrarresta la consejera de Salud a las continuas llamadas de atención que recibe de los sindicatos y de la oposición política parlamentaria. El origen del problema, para Sagardui, es la falta de profesionales en medicina familiar y pediátrica “algo que ocurre en toda Europa”. Y la responsabilidad corresponde a la Administración central “por haber reducido las plazas de formación en medicina”.

Ángeles Landa, una mujer con la rodilla derecha maltrecha desde hace tiempo, contradice ese argumento. Habla sin temor. “Llevo meses esperando una tomografía. Primero me dieron una cita, luego la anularon y me dijeron que en cuanto hubiera hueco me avisarían porque no era muy urgente. ¿Qué otra cosa puedo decir en mi estado más que la verdad?”. Su sentido común es difícilmente rebatible. “Yo, que siempre he acudido a la sanidad pública por principios y porque funcionaba, he tenido que desistir e ir a la privada pagándome la prueba de mi bolsillo porque ya no aguanto más. El sistema ya no responde a las necesidades de la gente”. Lo cuenta a la salida de la clínica que el Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQ) de Bilbao tiene en Zorrozaurre, el mayor centro médico privado del País Vasco. Pero el suyo no es un caso aislado. Una persona que trabaja en administración en ese mismo centro asegura a CTXT que el número de usuarios que acuden a este hospital ha aumentado considerablemente en los últimos años. “No puedo dar una cifra concreta pero es mucha gente, mucha. Lo sorprendente es que algunos ni siquiera tienen contratado un seguro de salud. Simplemente, piden cita, hacen la prueba que necesitan, pagan y listo”, señala.

Es cierto, como dice la consejera de Salud del Gobierno Vasco, que Euskadi gasta significativamente más dinero en la salud de cada habitante –2.130 euros en 2023 frente a los 1.456 euros de Catalunya o los 1.446 euros de Madrid–, pero la calidad de sus servicios no es notablemente mejor. “Es que no es una cuestión de dinero sino dónde invierten ese dinero. El problema es que conciben que el modelo es un mercado sanitario que convierte al usuario en cliente y los baremos de la gestión son la competitividad, los costes y la necesidad de pagar algunas prestaciones”, asegura Jesús Oñate, delegado del sindicato LAB en Osakidetza. En parecidos términos se expresan ELA, CCOO, UGT, ESK y Satse, y los partidos EH Bildu y Elkarrekin Podemos, que cada día ven menos diferencias con el modelo privatizador del PP madrileño. “Aquí es incluso peor porque se invierte el doble de dinero”, apostilla Oñate.

Esta realidad dibuja un escenario difícilmente recuperable. La sanidad es una preciosa máquina de hacer dinero. Osakidetza contrató el pasado año los servicios del grupo Teknei, una consultora dirigida por personas próximas al PNV, para reorganizar e “innovar tecnológicamente” la atención primaria mediante el procedimiento directo de un contrato menor. Mientras tanto, gigantes del sector sanitario como el grupo alemán Fresenius Medical Care, que en Madrid posee cuatro hospitales y en EE.UU. fue multado por practicar sobornos en 17 países, hurgaban en las grietas para adquirir centros de referencia como la Policlínica Gipuzkoa o para controlar servicios esenciales como el de la hemodiálisis de toda la comunidad. La consecuencia es que el descontento hacia el funcionamiento de la sanidad pública creció y los conflictos laborales empezaron a aflorar. La eventualidad afecta ya al 58% del total de personal, una cifra que sindicatos y partidos esgrimen para hacer trizas los datos que difunde la consejera.

“Resulta increíble el grado de autocomplacencia que muestra el lehendakari Íñigo Urkullu o la consejera Gotzone Sagardui en sus intervenciones. A veces tengo la impresión de que dan por hecho que Osakidetza siempre va a funcionar bien, algo que no es extraño porque la consideran como la gran obra del PNV. Quizá por eso se sienten tan molestos con las críticas de los sindicatos y trabajadores. Creen que criticar su gestión equivale poco menos que a meterse con el PNV”, explica el celador de un hospital de Donostia que en los últimos diez años ha encadenado “decenas de contratos de tres, cuatro o cinco horas en diferentes centros de Gipuzkoa”. Prefiere no revelar su nombre porque teme que si sus responsables le identifican no le vuelvan a llamar. “Y necesito el trabajo. Soy uno de los afectados por la OPE 2016-2017 que retrasaron a 2018, la que terminó en los tribunales porque hubo filtraciones de los exámenes. Y también soy uno de los cientos de trabajadores que estamos a la espera de que actualicen las listas de contratación derivadas de la OPE 2014-15. Diez años y cuatro oposiciones pero sigo siendo eventual. Ese es el caos que reina”, asegura.

El Gobierno vasco lleva tiempo aplicándose a fondo para diluir la imagen negativa que ha provocado la mercantilización de muchos de sus servicios sanitarios. Tanto en prensa como en radio y televisión repiten el mantra de que los vascos disfrutan de “un sistema público de salud referente en Europa”. Al menos así lo pensaban hasta que la pandemia lo dejó en desnuda evidencia. En diciembre, Osakidetza contaba con una plantilla de 37.832 trabajadoras, pero pagó 40.260 nóminas en concepto de jornadas completas, otras 2.329 de medias jornadas, 813 de un tercio y 3.240 por otras jornadas parciales. Son los datos facilitados por el departamento de Salud a una pregunta parlamentaria de Rebeka Ubera, de EH Bildu. No hay que ser muy avispado para apreciar que el desfase contable entre empleados estructurales y nóminas pagadas corresponde a los casi 9.000 profesionales funcionales que mensualmente trabajan, bien a través de interinidades o de contratos temporales, fuera del esquema laboral aprobado oficialmente por el Consejo de Administración de Osakidetza. “Es su manera de esconder la realidad. Y hay miles de plazas que están sin código laboral y, por lo tanto, no aflora que miles, no decenas, de empleadas trabajan en diferentes plazas a la vez mediante contratos precarios”, sugiere Ubera, que tampoco olvida cómo la sombra de la corrupción ha empezado a comerle los talones a un partido como el PNV que hasta ayer presumía de integridad frente a la depravación de otros partidos gobernantes en varias comunidades autónomas. El caso Margüello, un enredo de contratos ilegales firmados entre la sanidad pública vasca y empresas ligadas a tres médicos durante 13 años que acabó con la condena de exaltos cargos de Osakidetza. La causa debe su nombre al exjefe de Calidad del hospital de Cruces, Juan Carlos Margüello, amigo del entonces consejero de Salud Gabriel Inclán, hoy jefe de servicio de Medicina Interna del Hospital Quirón Salud en Bizkaia y responsable del nombramiento como director de asistencia sanitaria en Osakidetza de su sucesor, Jon Darpón, cesado tras la denuncia por fraude en la OPE de 2018. Darpón tardó menos de dos meses en incorporarse a la dirección del grupo Keralty, una de las empresas más interesadas en la desregulación del mercado sanitario tras los lucrativos contratos que tiene firmados en países como México, Colombia y EE.UU.

Lejos de esperar que los agitados vientos privatizadores amainen, los temores aumentan, especialmente tras la publicación en el diario Gara de la propuesta confidencial que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha trasladado a las comunidades autónomas para que los servicios sanitarios públicos cedan a las mutuas privadas la atención de las enfermedades de los trabajadores. “De llevarse a cabo sería el proceso de privatización más duro que hemos conocido en la historia y que provocará una división entre aquellas personas productivas para el sistema, que serán atendidas por entidades privadas con el fin de conseguir su reincorporación lo antes posible; y aquellas que no se consideran productivas, que serían atendidas por una sistema público de salud vaciado de recursos”, comentan desde LAB, sindicato que ha dado a conocer un borrador que augura la llegada de más problemas. El mito de la sanidad pública vasca, poderosa y universal, que atrapó a toda una generación de ciudadanos se desvanece. Cada vez suena más a hermosa fábula.

Fuente: https://ctxt.es/es/20230301/Politica/42523/Gorka-Castillo-osakidetza-sanidad-publica-privatizacion-Euskal-Herria-neoliberalismo.htm

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