lunes, 2 de noviembre de 2020

¡Hay que contener el gasto social! Tranqui, tronco. “Atranquilizate”, colegui. No es lo mismo un gasto corriente de los que habitualmente hacemos que constituye un gasto doméstico, que lo que representa un gasto social, que es un concepto utilizado en macroeconomía. El concepto de uno y otro gasto, al igual que sus respectivos significados son distintos, y hasta se podría decir que ambos tienen un sentido contrapuesto. Confundir la naturaleza del gasto normal, el doméstico, con la del gasto social equivale a no saber de qué está hablando. Si se considera como por lo general se hace, que los gastos es conveniente reducirlos cuanto sea posible es fácil admitir también que el gasto social hay que disminuirlo canto se pueda. Y si esto lo mantuviera un trabajador estaría aceptando (inconscientemente) y mostrando su disposición a la disminución de su propio salario como procedimiento para mejorar sus condiciones de vida. Los administradores de los grandes grupos de capital que organizan y dirigen la Unión Europea, imponen la contención del gasto (social) a los diferentes gobiernos europeos y estos lo cumplen trasladando tal mandato a sus correspondientes presupuestos generales como base para la aplicación práctica de la política en cada Estado. Contener el gasto social, pues, se presenta como la piedra filosofal para mejorar las condiciones de vida de toda la sociedad (dicen). Sin embargo, a poco que se analice la propuesta de la contención del gasto social se podrá ver que lejos de mejorar las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población lo que hace es asegurar su empeoramiento, toda vez que lo que esconde en sus entrañas tan aparente aséptico término (contención del gasto social) es la aceptación para trasvasar dinero público (que no es otra cosa de los impuestos pagados en su inmensa mayoría por las clases trabajadoras) de los trabajadores a los bolsillos de los grandes capitales. Así, y como ejemplos paradigmático, lo que invierten los gobiernos en la sanidad pública (que es dinero de los trabajadores) tiene la consideración y es un gasto social (hay que contenerlo). Lo mismo cabe decir del dinero invertido en la enseñanza pública (hay que reducirla). Tanto los servicios que presta la sanidad como la enseñanza públicas (sólo son dos ejemplos) forman parte de los ingresos indirectos que recibe la inmensa mayoría de la población, admitir que se reduzcan las cantidades de dinero invertidas en estos dos conceptos significa consentir que cuantos menores ingresos se tengan mejor para salir de la situación de penuria en la que estamos y que va empeorando paulatinamente. En cambio, el dinero público (de los trabajadores) que los gobiernos gasten en armamento y en la industria militar no se considera gasto social, por tanto, se gaste lo que se gaste bajo este epígrafe no afecta al incremento del “gastos social”, y por lo tanto puede ser incrementado, en base a lo dicho, los 18 mil millones de euros anuales de dinero público (de los trabajadores) que se le paga a la OTAN se puede incrementar porque no afecta a las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población, según los mandantes de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, que sus servidores, los correspondientes gobiernos de turno llámense Periquitos o Juanes, que el nombre es lo de menos, actuando contra los verdaderos intereses de la inmensa mayoría de la población se afanan en aplicar los mandatos recibid0s de sus mandantes del capital (no de sus representados oficiales) , Y en esto, únicamente mencionado a título de ejemplo, reside la importancia de que los trabajadores seamos o no conscientes de cuáles son nuestros verdaderos intereses, que desde luego no coinciden ni pueden coincidir con los intereses del capital. Blanco y en botella, o si se prefiere, que sin mojarse es imposible conseguir peces, o dicho de otro modo, que como los trabajadores no resolvamos por nosotros mismo nuestros problemas, estos se quedan sin resolver y agravados en la medida que pase el tiempo y no vayan siendo resueltos.

 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO


La compra de armamento acapara el grueso de las inversiones del Estado en el presupuesto de 2021

Presentados esta semana, los Presupuestos avanzan en gasto social pero siguen arrastrando la dependencia de la industria militar en el capítulo de inversiones.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno a su llegada a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 27 de octubre.

Pablo Elorduy

@pelorduy

1 NOV 2020 06:53

Un año más, los compromisos de España con el sector armamentístico marcan el ritmo de las inversiones no financieras del Estado. Los Presupuestos Generales, presentados el martes 27 de octubre, establecen que el año que viene 3.090 millones de euros se destinarán a los pagos de los programas especiales de armamento, que sufragarán una parte de los 13.356 millones comprometidos en distintos programas de armas que se deben fabricar entre 2019 y 2032. Tres cuartas partes de esos 3.090 millones estarán destinados a esos programas. 

El 31,7% de las inversiones reales del Estado lo constituyen los programas de compra, a los que se tienen que sumar las Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios (9,5% del total de inversiones) y los gastos militares de inversiones de carácter inmaterial (0,2%). De este modo, más del 40% de las inversiones reales del Estado serán destinadas a gasto militar.

Para ello no se cuenta con fondos europeos, que sí son clave para los créditos previstos para el segundo Ministerio que más inversión real recibirá según los PGE. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana recibirá 400 millones para la mejora de la red vial y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital mil millones para canalizar las inversiones en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es el vehículo para la integración en el presupuesto de los fondos de ayuda aprobados por la Unión Europea el pasado verano.

A pesar de que el presupuesto del Ministerio de Defensa sube solo un 5% ─la cartera que dirige Margarita Robles tendrá un monto de 9.072 millones de euros si salen adelante los PGE 2021─ otras partidas dispersas en las cuentas aumentan el monto destinado a “seguridad y defensa”. Son los citados Programas Especiales, cuyo gasto no contabiliza como déficit merced a un acuerdo con la Unión Europea ─el gasto en sanidad y educación sí cuenta en el capítulo de déficit─. Se debe sumar también la partida de Investigación, Desarrollo, Innovación y Militar, que sumará 861 millones en 2021 y se incrementa un 26,8% respecto a los presupuestos vigentes. El presupuesto de seguridad social incluye, asimismo, otros 3.400 millones a pensiones de militares y familias de militares

RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA CON FONDOS EUROPEOS

Aunque el Estado no ha modificado su rumbo en el gasto militar, los Presupuestos presentados esta semana han sido saludados por la expansión del gasto social favorecido por el programa Next Generation. España recibirá 59.168 millones de euros en transferencias a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, mediante el cual se pretenden crear 800.000 puestos de trabajo, y 12.436 millones en el programa REACT-EU, que se gestionará a través de las Comunidades Autónomas.

Casi 3.000 millones de esas transferencias se enchufarán directamente a políticas sanitarias. El Ministerio que dirige Salvador Illa y las consejerías autonómicas recibirán 7.330 millones de euros, 3.100 millones más que lo que marcan los presupuestos pre-pandemia, elaborados por el equipo de Cristóbal Montoro en 2018 y prorrogados desde entonces. Las principales partidas del desglose del presupuesto para Sanidad son los 1.089 millones destinados a Atención Primaria y Comunitaria y una cantidad equivalente para la adquisición de vacunas contra el covid-19. 135.004 millones de euros serán transferidos a las consejerías de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

Sanidad es el cuarto Ministerio que más saldrá beneficiado del reparto de los fondos procedentes de la Unión Europea. Con más de 6.000 millones, el Ministerio de Transición Ecológica es el elegido para la mayor inversión con fondos europeos. El primer objetivo, según el proyecto de presupuestos es llevar a cabo “un despliegue masivo del parque de generación renovable”.

En Industria, la automoción también se lleva un buen pico en el Presupuesto presentado esta semana por María Jesús Montero. 11.500 millones de euros serán puestos a disposición de la “competitividad” de la automoción, el sector turístico y el transporte. De momento, se han aprobado dos planes Renove para la compra de coches por valor de 250 millones de ayudas en los años 2020 y 2021.

El presupuesto, por último, incluye la perspectiva de que en 2020 el número de perceptores de prestaciones por desempleo ha sido la más alta de los últimos 23 años. De este modo, la partida para las prestaciones de desempleo batirá récords en 2021. 25.012 millones de euros serán puestos a disposición de esta partida, que aumenta un 20% respecto a los presupuestos vigentes. Además, se incrementa el Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM) un 5%. Este indicador, “hermano pobre” del Salario Mínimo Interprofesional, lleva prácticamente congelado desde hace 10 años.

El acuerdo alcanzado el pasado martes entre los dos socios del Gobierno de Coalición, PSOE y Unidas Podemos, abre la negociación parlamentaria para obtener los apoyos necesarios. La coalición que lidera el vicepresidente de Derechos Sociales, opta por repetir la suma de la investidura de Pedro Sánchez y evitar que sean necesarios los apoyos con Ciudadanos.

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