viernes, 11 de diciembre de 2020

Sobre la continua bajada de las pensiones. Mientras la productividad del trabajo se ha ido incrementando paulatinamente a lo largo de los años las pensiones bajaban. En otras palabras, el trabajador a medida que producía más ganaba menos. Esto será legal, pero lógico no lo es.

 

Pacto de Toledo. Trabajos penosos y jubilación

Las reformas de pensiones de 1985, 1997 y 2011 han endurecido sustancialmente el acceso a la jubilación y dificultado el derecho a una pensión digna


Por Raúl Navas Y Mikel De La Fuente 

Kaosenlared

Publicado el 10 Dic, 2020

La tendencia desde los años 80 y 90 por parte de los gobiernos es legislar para endurecer el acceso a la jubilación: elevando los años mínimos de cotización necesarios, elevando la edad legal de jubilación, exigiendo más años trabajados para poder jubilarse con el 100% de la pensión, reformulando los cálculos de vida laboral para que la pensión sea menor, penalizando las jubilaciones anticipadas, etc. Se aprueba una ley tras otra y nunca tienen suficiente. Que las pensiones deben ser atacadas se ha convertido en un dogma gubernamental y de los partidarios del orden neoliberal. Insisten en que el sistema es “insostenible” y que para “salvar las pensiones” hay que dificultar poder ser pensionista, y cuando más tarde lo consigas, mejor. Algunos han llegado más lejos en sus propuestas. El ministro de Finanzas de Japón en 2013 elevó sus quejas llegando a pedir a las personas jubiladas que se “den prisa en morir”[1].

En el Estado español las reformas de pensiones de 1985, 1997 y 2011 han endurecido sustancialmente el acceso a la jubilación y dificultado el derecho a una pensión digna. Lejos queda la promesa electoral del PSOE de 1982 de jubilación a los 64 años. Lejos queda la reivindicación de jubilación a los 60 años de UGT y CCOO, cuando han pactado elevarla a 67. La última reforma de 2011 se continúa aplicando por fases, año a año, hasta 2027, de forma que cada año es más difícil jubilarse. Cada año se exige más edad para jubilarse y más años cotizados para alcanzar el 100% de la pensión, de forma que nos jubilemos lo más mayores posibles y que las pensiones tengan menores cuantías. Hasta 1985 el periodo de cálculo para establecer la cuantía se encontraba en dos años a elección, pero aquel año se elevó a ocho. Con Aznar se elevó a quince. La reforma del PSOE de 2011 supone elevarlo progresivamente hasta 25 años en 2022. Y la versión del Pacto de Toledo de 2020 plantea aumentarlo más aún, que según alguna declaración del ministro Escrivá podría llegar hasta la totalidad de la vida laboral.

Si en 2020 la edad ordinaria de jubilación se encuentra en 65 años y 10 meses, en 2021 estará en 66 años, y en 2027 en 67. En ese año solo será posible jubilarse sin penalización a los 65 años si se tienen cotizados al menos 38 años y 6 meses. Una tarea complicada con los problemas estructurales de paro en general y desempleo juvenil en particular (el 44% en el 2020). Sin olvidar la extensión de los contratos basura y cada vez mayor ausencia de empleos estables. La jubilación parcial con contrato relevo cada vez es más dura. Si en 2013 se exigía una edad de 61 años y un mes con 33 años y 3 meses cotizados para poder acceder a ella, en 2021 ya son 62 años de edad y 35 años y tres meses cotizados los exigidos. En 2027 serán 63 años y seis meses, y 36 años y 6 meses exigidos. Hay excepciones para acceder a la jubilación parcial con menor edad, pero exigen más años cotizados, y estos requisitos también se endurecen cada año, hasta 2027. Pero quizá, algunas de estas previsiones legislativas pueden cambiar próximamente (a mejor o a peor), dado que el Congreso ha aprobado recientemente las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo.

Hablamos de una pretensión de reforma de pensiones que no se aleja sustancialmente de la filosofía dominante de los últimos años. Se sigue hablando de aumento en la edad de jubilación y de reducirla ni se tiene en cuenta. El Pacto de Toledo amaga con considerar la posibilidad de que quienes hayan cotizado durante muy amplios períodos puedan descartar algunos años en el período de cálculo, “siempre que ello no ocasione un quebranto grave sobre la sostenibilidad futura del sistema” (sic). No es aceptable que después de haber trabajado durante tantos años, en muchos casos en trabajos penosos o insalubres no reconocidos como tales, quienes se jubilan antes de los 65 años puedan sufrir reducciones que pueden llegar al 32% de la pensión. El texto de las recomendaciones dice textualmente que “La Comisión considera la prolongación de la vida laboral de los ciudadanos como un objetivo necesario y deseable”. Es decir, la tendencia no es rebajar la edad de jubilación, sino lo contrario. Pese a que hablamos de recomendaciones difusas, no se pretende revertir las últimas reformas de pensiones de gran calado neoliberal.

En todo este debate y trámite parlamentario, también parece que puede tratarse y/o reformarse el acceso a la jubilación anticipada para trabajadores en empleos penosos e insalubres.  Hasta la fecha, el Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social. Esta norma establece que el gobierno puede rebajar la edad ordinaria de jubilación en actividades profesionales y trabajos de “naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de movilidad o mortalidad, siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión o trabajo el mínimo de actividad que se establezca”. Hablamos de un procedimiento poco concreto y de aplicación arbitraria. Desde la aprobación de esta norma, numerosos colectivos de trabajadores han pedido su inclusión y aplicación sin éxito. Hasta hace unos pocos años solo ocho profesiones podían acceder a esta modalidad de jubilación anticipada: mineros, trabajadores del mar, ferroviarios, artistas, toreros, bomberos y personal de vuelo.

La extensión de estos colectivos es muy reducida: en el 2020 (hasta el 31 de agosto) por cada trabajador que se jubila anticipadamente sin penalización en la pensión, se jubilan más de ocho con penalización por aplicación de coeficientes reductores[2]. No existe norma que considere los efectos en la salud de los factores típicos de la penosidad industrial clásica y que en los últimos se extienden a parte del sector servicios: trabajo en cadena, trabajo de noche, trabajo a turnos, trabajo en fin de semana, que frecuentemente se acumulan en los mismos asalariados y asalariadas y que dificultan el descanso y la vida saludable. A estos factores propios de la organización industrial se agregan los resultantes del actual modo de producción mercantil: just in time, plazo de entrega al cliente, etc. Como demuestran los estudios de ergonomía, la repercusión en la salud de las constricciones varía según la posibilidad de los asalariados de realizar su trabajo con autonomía y reconocimiento, incrementándose cuando carecen de margen de maniobra en cuanto al cómo y el cuándo de realización de las tareas[3].

Están en auge las exigencias de reducir la edad de jubilación por parte de grupos profesionales que realizan trabajos de tipo penoso o peligroso, alguno de los cuales lo ha logrado (los bomberos, policías locales, Ertzaintza) pero no otros, como los trabajadores de la construcción. Estas reivindicaciones pueden deberse a dos razones complementarias: la primera consistiría en la conciencia del despropósito que supone que otros trabajadores con condiciones de trabajo mucho más cómodas cesan en el trabajo –por planteamientos empresariales- a edades muy inferiores (trabajadores del sector financiero, etc.); la segunda sería la existencia de ejemplos muy favorables en la Unión Europea (aunque en fase de restricción).

En las  Recomendaciones del Pacto de Toledo hace mención a este importante asunto, indicando que se debe “mejorar el marco normativo para favorecer la identificación de estos colectivos”, para que se cumpla la función de proteger la salud y/o vean reducida su esperanza de vida y que “mediante norma con rango de Ley, podrán establecerse mecanismos de jubilación anticipada en favor de colectivos que realicen actividades concretas —atendiendo a su especial penosidad, peligrosidad o insalubridad, y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad”. Nada más se concreta en un grave y complejo problema. Para empezar no deberían existir trabajos de naturaleza penosa e insalubre. Pero esa es una reivindicación nada fácil, ni inmediata. Dicho esto, el retiro anticipado debe ser el último eslabón de la lucha reivindicativa, o al menos no el único factor a tener en cuenta. Aun en el caso hipotético de conseguirlo, no podemos conformarnos en que los trabajadores que lleguen a los 55 o 60 de edad con la salud maltrecha a causa de unas malas condiciones de trabajo estructurales, se puedan jubilar. Por supuesto que es necesario, pero tendremos que abordar el problema globalmente y a largo plazo, exigiendo una respuesta política para abolir los empleos insalubres, mediante medidas concretas y acciones de mejora como la reducción de la jornada laboral y mejoras amplias y concretas en la legislación de prevención de riesgos laborales. Por tanto, urge mejorar las condiciones de trabajo y la calidad del empleo, sobre todo en los sectores donde existe mayor explotación, penosidad y peligrosidad. Dicho esto, mientras existan, cualquier mejora es bienvenida, incluida la jubilación anticipada sin la aplicación de coeficientes reductores en la cuantía de la pensión.

Por otro lado, no existe tratado o legislación internacional que defina concretamente este tipo de trabajos. Se suele entender que hablamos de trabajos duros, de grandes exigencias físicas, y exposición a diferentes y serios riesgos laborales. Son actividades laborales en las que existe una alta tasa de siniestralidad. Pueden ser trabajos en los que se está expuesto a agentes físicos, químicos o biológicos nocivos y tóxicos. Tareas en las que se realizan operaciones sumamente peligrosas en los que el trabajador o trabajadora se juega la vida con frecuencia. La historia del movimiento obrero está repleta de grandes dramas y catástrofes colectivas a causa de este tipo de trabajos.

Pese a los cambios conocidos en las estructuras productivas y la organización del trabajo, continúan existiendo empleos y actividades laborales de naturaleza penosa, tóxica, peligrosa e insalubre. El carácter de los trabajos y las tareas laborales cambian permanentemente y nos enfrentamos a viejos y nuevos problemas. Proliferan empleos con ritmos de trabajo extremadamente intensos donde están presentes factores psicosociales desfavorables como el estrés, ansiedad, presión temporal, órdenes contradictorias, gran carga física y mental, tensión, nerviosismo, sensación de apremio en el tiempo, etc. Existe una carencia de estudios psicosociales y pautas preventivas claras en la materia en sectores como el de limpieza o reparto a domicilio. Las propias condiciones en las que se realizan las tareas influyen decisivamente. Hablemos por ejemplo de las denominadas kellys, cuyas tareas suponen un gran desgaste físico. No es lo mismo poder limpiar una habitación con o sin presiones desmesuradas. No es lo mismo limpiar habitaciones continuas, a tener que desplazarse de una a otra casa turística cargada con el material por todo tipo de cuestas y escaleras. En ocasiones, uno de los principales factores de que un trabajo sea un infierno consiste en la carga de trabajo y su intensidad. Pero es evidente que si se trabaja durante años bajo unas condiciones laborales penosas es muy probable que se sufran accidentes laborales y se desarrollen enfermedades profesionales. Esperemos que la nueva norma incluya a cuantos más colectivos de riesgo mejor. Pero, es necesario que en el actual debate sobre acceso a jubilación anticipada para profesiones de riesgo, no solo se hable de cuales deben incluirse sino de mejorar las condiciones de trabajo desde ya en todas las profesiones y empleos, sobre todo en los más precarios.

Raúl Navas, trabajador de Correos y delegado sindical.

Mikel de la Fuente, profesor (jubilado) de Derecho del Trabajo en la UPV/EHU y miembro de la redacción de viento sur.

[1] “El ministro de Finanzas japonés pide a los ancianos que se den prisa en morir”. El Mundo, 22/01/2013, https://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/22/internacional/1358870209.html

“Que se den prisa y se mueran”, El País, 22/01/2013,  https://elpais.com/sociedad/2013/01/22/actualidad/1358865219_550162.html

[2] 5.468 frente a 46.968 según el Informe Económico-Financiero a los Presupuestos de la Seguridad Social para 2021, p. 202.

[3] Véase el modelo teórico, con importante refrendo empírico, sobre los riesgos psicosociales en el trabajo desarrollado por el Instituto ISTAS de Barcelona, que ha adaptado el método del prestigioso Instituto de Salud Laboral de Copenhague.

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A los militares españoles le pagamos los trabajadores (los únicos que pueden generar riqueza), incluido los 18 mil millones de euros que anualmente le pagamos a los Ejércitos de la OTAN más la deuda pública atribuida al Ejército que se sitúa entre 20 y 30 mil millones de euros. ¿Qué tiene de especial el servicio a la Patria prestado por un militar que no tenga el servicio a la Patria que presta un peón de albañil, un tractorista, un licenciado universitario que repone productos en las estanterías de un supermercado o un catedrático de Universidad pública, etc? ¿Qué tipo de derecho especial tienen y en base a qué?

 

Cartas de militares a Felipe VI: Un régimen entre la reforma y la contrarreforma

 

Jaime Pastor

El Viejo Topo

10 diciembre, 2020 



“¿Cómo se puede hacer una democracia con gente que ha estado toda la vida al servicio de la dictadura franquista? ¿Hasta dónde llegará la ingenuidad, por no decir otra cosa como tontería, jactancia, autosatisfacción, conformismo de la izquierda del país”,

Raimon, 1 de marzo de 1981, La vida inmediata.1981. Diario de trabajo

La publicación de las cartas de 39 militares retirados de la XIX promoción del Ejército del Aire (con el ya famoso Francisco Beca a la cabeza) y de otros 73, también retirados, pertenecientes a la XIII promoción del Ejército de Tierra -a las que han seguido otras de militares en situación similar pero con postulados compartidos[1]-, dirigidas a Felipe VI y al Presidente del Europarlamento y amplificadas por el contenido del grupo de Whatsapp del que formaban parte muchos de ellos, ha vuelto a poner de actualidad algo que era un secreto a voces. El ex militar de la UMD y ahora vicepresidente del Foro Milicia y Democracia, José Ignacio Domínguez, ha venido a recordárnoslo denunciando abiertamente en distintos medios, entre ellos infolibre.es: que “el franquismo tiene una gran implantación en el Ejército y Franco es respetado”. Una constatación compartida por otro miembro del mismo Foro Miguel López en el mismo medio digital (“Yo soy uno de esos 26 millones de hijos de puta”) alertándonos de que“aún está pendiente la entrada de la democracia en los cuarteles”.

Ya había precedentes relativamente recientes de este tipo de manifiestos, como el que en agosto de 2018 protagonizaron más de mil oficiales retirados (de ellos 70 generales y almirantes), con el título suficientemente expresivo de “Declaración de respeto y desagravio al general Francisco Franco Bahamonde, soldado de España”. Un documento que provocó una modesta respuesta de militares antifranquistas y que costó una sanción disciplinaria a uno de los firmantes, el cabo Marco Santos. Por eso no tiene sentido alguno que, frente a ese cúmulo de evidencias, la actual ministra de Defensa se empeñe en decir que los firmantes “sólo se representan a sí mismos”, en lugar de, como bien dice otro ex militar sancionado, Luis Gonzalo Segura, reconocer que éste es un problema estructural y como tal ha de abordarse.

Las descalificaciones, insultos y llamamientos a un pronunciamiento que se expresan en esas cartas y whatsapps contra “el gobierno social-comunista, secundado por filoetarras e independentistas”, acompañadas de amenazas -como la de fusilar a 26 millones de españoles…-,no sólo reflejan una visión interesadamente distorsionada de la realidad política española, sino sobre todo la pervivencia de una cultura política reaccionaria en esta institución clave del Estado.

Una institución cuyo mando supremo, no lo olvidemos, está en una monarquía que ha demostrado en más de una ocasión situarse por encima de los otros poderes del Estado. Por eso no cabe extrañarse de que los sucesivos manifiestos se hayan dirigido a Felipe VI y que éste siga sin responder públicamente a esas cartas golpistas, a diferencia de lo que hizo ante el referéndum celebrado en Catalunya el 1 de octubre de 2017. Habrá que darle toda la razón al gran periodista Alfredo Grimaldos, recientemente fallecido, cuando sostenía que “el franquismo no es una dictadura que finaliza con el dictador, sino una estructura de poder específica que integra a la nueva monarquía”.

De nuevo, de aquellos polvos estos lodos

Así que no nos sorprende a quienes fuimos y seguimos siendo críticos de la modélica Transición la ausencia dentro de esta institución de una cultura política democrática –y, por tanto, antifranquista- a lo largo de las más de cuatro décadas de vida de este régimen.

Esa tarea de socialización política era difícil cuando el régimen surgido de aquella Transiciónhabía sido resultado de una transacción asimétrica con unos poderes fácticos, entre ellos el propio Ejército, que lograron imponer a la mayoría de la oposición unos límites intocables al proceso de democratización que se quiso impulsar desde la movilización popular y que pronto quedó bloqueado. Uno de esos límites era precisamente que esa voluntad democratizadora no entrara en los cuarteles y fuera generosa con las intentonas golpistas, como pudimos comprobar con ocasión de la Operación Galaxia y, luego, del golpe de estado del 23F de 1981. Porque esa fue la oportunidad histórica para emprender una depuración radical de las Fuerzas Armadas, totalmente desaprovechada por el gobierno de Felipe González, confiando (¿ingenuamente?) en que la modesta reforma de Narcís Serra y la incorporación a la OTAN desviaran la atención de la jerarquía militar sobre la política interna.Como si la participación activa en las guerras imperialistas –en las que se deshumaniza al enemigo- sirviera de instrumento de educación democrática. Por eso no debería llamar la atención que entre los firmantes de las cartas figuren militares implicados en esas operaciones presuntamente humanitarias.

Ha sido esa política del avestruz ante la pervivencia de un conservadurismo de matriz franquista en el seno del Ejército la que ha permitido que ahora, estimulados por el contexto internacional de ascenso de la extrema derecha, del trumpismo y de fuerzas como Vox, muchos de los que eran altos mandos hasta fechas recientes no muestren ningún complejo en expresar su ideario reaccionario en el espacio público.

Si a todo esto sumamos la crisis de legitimidad de la monarquía, derivada tanto de los escándalos de corrupción como del creciente intervencionismo político de Felipe VI, con la unidad de España como metavalor a defender por encima de los derechos y libertades de la ciudadanía, no es difícil entender sus temores a ver amenazados ese enclave ultraautoritario y los sagrados valores en los que se han (de)formado, convencidos de que todo estaba “atado y bien atado”.

Un Estado no tan profundo y cada vez más visible

En una entrevista reciente en la revista Contretemps, Pierre Dardot y Christian Laval expresaban sus reticencias al concepto de Estado profundo argumentando que esa noción “tiene el inconveniente de dar a pensar que el gobierno supondría un Estado superficial, situado por encima del primero [el profundo], que actuaría en la sombra con maquinaciones secretas que el segundo ignoraría”. Y, en efecto, por mucho que continuemos bajo la Ley de Secretos Oficiales de 1968, el gobierno español ya no puede decir que ignora todo lo que ocurre en el seno del Estado: del mismo modo que las cloacas han sacado a la luz nuevos escándalos, ahora lo que pasa en el Ejército no se puede decir que no se conocía.

No se puede entender estas iniciativas más que como una forma de visibilización pública de la participación activa de un sector significativo del Ejército como parte de un bloque reaccionario (el de la foto de Colón, con Vox a la cabeza) que no se resigna a abandonar una estrategia de tensión que permita frenar cualquier veleidad reformista del régimen por parte del gobierno de coalición PSOE-UP. Por eso Vox los ha recibido con orgullo (“Son nuestra gente”) y el líder del PP ha tardado en desmarcarse…de las barbaridades del grupo de Whatsapp, pero no de los manifiestos.

Es el PSOE, partido que ha sido clave para la construcción y estabilización del régimen, el que se encuentra ahora en medio de un fuego cruzado entre, por un lado, ese bloque reaccionario y, por otro, el que quiere ir construyendo UP con el PSOE, ERC y EHBildu, pero también con el PNV y otras de menor peso parlamentario. Un bloque que en el caso de UP ya no aspira a la ruptura con el régimen sino, más bien, a un proyecto reformista con sentido de Estado que marque el inicio de una nueva modernización de la sociedad española y del régimen. Proyecto que no parece que implique poner en cuestión la política de concertación social con la gran patronal, como estamos viendo con los fondos europeos, ni romper con la élite tecnocrática que mantiene el hilo directo con Bruselas, pero sí con las derechas españolas. Así se desprende de declaraciones de su líder, Pablo Iglesias, cuando propone “una mayoría de dirección de Estado que va a mantener a la derecha fuera del gobierno por muchos años”.

Con todo, esos propósitos son ya demasiado peligrosos para un bloque que mantiene una concepción patrimonial del Estado y de la Constitución y no se resigna a ser oposición parlamentaria mientras estén en peligro pilares fundamentales para ella, como son su idea de una España uniforme o una monarquía que pueda ejercer su falsa neutralidad ante momentos conflictivos que puedan surgir en el futuro. En estas líneas rojas, que también ha compartido históricamente el PSOE, se va a apoyar el PP para dirigirse a la izquierda patriótica de ese partido, y de ellas es consciente el resiliente Pedro Sánchez, alguien capaz hasta ahora de superar todas las pruebas que se ha encontrado por delante para mantenerse en el gobierno, aun a costa de desmentirse constantemente respecto a sus propias promesas y declaraciones anteriores.

La última y la más importante prueba de la nueva legislatura, la de los Presupuestos, ha sido ya saldada con éxito, si bien esto no ha sido sin renuncias importantes tanto por UP como por ERC y EH Bildu, no siendo entre las menores la ausencia de una reforma fiscal progresiva o el aumento de los gastos militares y de la Casa real, como en un análisis crítico ha señalado Daniel Albarracín.

¿A dónde va el PSOE?

Así que, una vez superada esta batalla parlamentaria, habrá que ver cuál es la orientación que va a adoptar el líder del PSOE, la única formación política que, como bien saben -y presionarán a favor de ello- los grandes poderes económicos, puede reconstruir un nuevo extremo centro, capaz de dividir a las derechas y subalternizar a las fuerzas a su izquierda para emprender un nuevo camino hacia la recomposición del régimen.Todo esto sin cuestionar el paradigma neoliberal y sin ninguna garantía de estabilidad política en medio de una crisis pandémica, ecosocial, político-institucional, nacional-territorial y de derechos –en primer lugar, los que está negando la Europa fortaleza ahora en Canarias- que tiende a profundizarse.

Un proceso de recomposición que, ahora que se conmemora el 42 aniversario de la Constitución y pese a la desmovilización social de las clases populares, no podrá obviar que el debate sobre reforma o ruptura destituyente siga estando en la agenda política y, con ella, la exigencia creciente, como demostró la encuesta de la Plataforma de Medios Independientes el pasado 12 de octubre, de un referéndum sobre la forma de Estado. Junto a ellas, el reconocimiento de la plurinacionalidad con todas sus consecuencias, como el derecho a decidir su futuro de pueblos como el catalán, confrontado una vez más al gobierno de las togas (Martín Pallin) y su derecho penal del enemigo, como hemos visto ahora con el nuevo castigo a las presas y presos del procés.

Cuestiones todas ellas que el conjunto del establishment sigue viendo con terror y que, sin embargo, tampoco el PSOE muestra voluntad de abordar, como su líder ha reiterado recientemente: “Mientras el PSOE empuñe el timón del Gobierno, la Constitución regirá en España de un punto a otro y de principio a fin. Vamos a defender la Constitución a las duras y a las maduras (…). El PSOE se siente plenamente comprometido con el pacto constitucional en todos sus términos y extremos”. Léase, “seguiré aceptando el espíritu y la letra de la Constitución y de los consensos de la Transición”. Por ello,  es difícil esperar de este gobierno algo que vaya más allá de un reformismo sin reformas en su sentido fuerte, que son las que harían falta en estos tiempos de malestar popular y de disputa por el espacio público frente a una extrema derecha cada vez más envalentonada.

 

Notas

[1] La última, hecha pública este sábado 5 de diciembre, de 270 militares: https://www.publico.es/politica/otros-270-militares-retirados-advierten-del-deterioro-democracia-y-acusan-al-gobierno-imponer-pensamiento-unico.htm

Artículo publicado originalmente en Viento Sur.