sábado, 18 de enero de 2020

LA SANIDAD PÚBLICA LA HEMOS PAGADO LOS TRABAJADORES. LA SANIDAD PRIVADA CRECE Y SE ENRIQUECE DE LA ÚNICA MANERA QUE PUEDE: A COSTA DEL DINERO DE LA SANIDAD PÚBLICA, ¿POR QUÉ? ¿QUÉ POLÍTICOS Y QUÉ POLÍTICAS HAN HECHO POSIBLE EL EMPEORAMIENTO DE LA SANIDAD PÚBLICA PARA ENRIQUECER A UNOS CUANTOS Y A UNAS CUANTAS DE LA SANIDAD PRIVADA? PREGUNTAS PARA EL NUEVO GOBIERNO, Y PREGUNTAS QUE DEBERÍAN SER RESPONDIDAS EN LOS CÍRCULOS DE PODEMOS E IZQUIERDA UNIDA , PARA QUE DEJEMOS DE CREER EN COSAS Y EMPECEMOS A SABER Y PENSAR EN COSAS CON EL OBJETIVO DE QUE NADIE PUEDA SUSTITUIR NUESTRO PENSAMIENTO NI LA CAPACIDAD DE DECISIÓN, MÁS ALLÁ, PERO BASTANTE MÁS ALLÁ, DE VOTAR CADA CUATRO AÑOS



El capitalismo perjudica gravemente la salud de millones de personas.

DIARIO OCTUBRE / OCTUBRE  Octubre
enero 18, 2020



Final del formulario
Más de 2.500 médicos recibieron en Estados Unidos al menos medio millón de dólares al año de las empresas farmacéuticas.

Más de 700 de esos médicos recibieron al menos un millón de dólares, unas cantidades que no incluyen el dinero para investigación y otro tipo de remuneraciones. 

ProPublica ha analizado más de 56 millones de pagos realizados entre 2014 y 2018, los primeros cinco años completos de la iniciativa federal de pagos transparentes, que a las empresas que divulguen la remuneraciones en virtud de la Ley de Salud Asequible de 2010.

En 2013 un análisis previo encontró que un médico ganó un millón y 21 médicos ganaron más de medio millón de dólares por las mismas razones. Con el tiempo, este tipos de pagos se han vuelto mucho más comunes, hasta el punto de que casi todos los médicos cobran dos sueldos, pero no de sus patronos sino de las farmacéuticas, y no cobran por su trabajo sino por recetar. En otras palabras: quien receta es una multinacional; el médico no es más que un intermediario.

Desde que se abrieron los archivos, una gran cantidad de estudios han comparado los datos de pago con las opciones de prescripción de los médicos y han encontrado vínculos entre los pagos y las opciones de receta de los médicos.

En Estados Unidos hay 1,1 millones de médicos que, cada vez más claramente, se alejan del paciente y se acercan a la industria. La multinacionales pagan a los médicos para que hagan presentaciones de sus mercancías en cenas y discursos. Cada año las empresas gastaron entre 2.100 y 2.200 millones de dólares para pagar a los médicos por conferencias y consultas, así como comidas, viajes y regalos para ellos.

En cinco años, un millón de médicos, dentistas, optometristas, quiroprácticos y podólogos han recibido al menos un pago, generalmente una comida, de una empresa. De estos profesionales, más de 323.000 recibieron al menos un pago cada año. Aproximadamente 240.000 recibieron un pago en un solo año. Y el resto recibió pagos en más de un año, pero en menos de cinco años.

El artículo señala que a la industria no le importa si a los médicos les gustan o aprueban sus productos. Eso es lo de menos. No pagan a los médicos para que opinen sobre sus pócimas sino para que recomienden un determinado consumo, a veces de manera claramente ilegal. Las empresas farmacéuticas han pagado decenas, si no cientos, de millones de dólares para resolver las acusaciones de mercadeo ilegal con fármacos.

Los denunciantes de las farmacéuticas y los fiscales han denunciado explícitamente que en algunos casos los pagos eran auténticos sobornos.

https://www.propublica.org/article/we-found-over-700-doctors-who-were-paid-more-than-a-million-dollars-by-drug-and-medical-device-companies
https://www.collective-evolution.com/2020/01/12/700-american-doctors-given-over-1m-each-from-pharma-to-push-drugs-medical-devices/

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A RESFRIADO DE LA ECONOMÍA PULMONÍA DE LA SOCIEDAD



Perspectivas para un gobierno de coalición

Rebelión
TopoExpress
17.01.202

La crisis financiera que estalló en el 2008 produjo en cada país diversos efectos y abrió la espita de contradicciones largamente contenidas. En España esto se tradujo en una triple crisis: socioeconómica, político-institucional y territorial. En el primer apartado se asistió a un vertiginoso aumento del paro, la precariedad laboral, la pérdida de derechos sociales y el rescate del sistema bancario pagado con fondos públicos. En el segundo, se destaparon innumerables casos de corrupción en todos los niveles de la administración que alcanzaron a la corona y que forzaron la abdicación de Juan Carlos I, abriendo un periodo de gran inestabilidad política. En el tercero, se inició el proceso soberanista catalán cuyo punto álgido sucedió en otoño del 2017 con el referéndum del 1 de octubre, la proclamación unilateral de independencia, la aplicación del artículo 155 de la Constitución y los procesos judiciales contra los líderes secesionistas. 
La convergencia de esta triple crisis hizo crujir las cuadernas de la monarquía parlamentaria, surgida de los pactos de la transición y repercutió directamente sobre el sistema de partidos español y catalán. El primero funcionaba según el mecanismo del llamado “bipartidismo imperfecto”, según el cual dos grandes formaciones, PSOE y PP, ubicados en el espacio del centroizquierda y centroderecha respectivamente, se turnaban en el ejecutivo y acudían a los nacionalistas conservadores catalanes y vascos en caso de no obtener mayoría absoluta.


Este dispositivo se vio amenazado por la aparición primero de Podemos, uno de cuyos objetivos estratégicos fue arrebatar al PSOE la hegemonía de la izquierda española. Posteriormente, hizo su irrupción Ciudadanos, surgido en Catalunya contra el catalanismo hegemónico, pero que dio el salto a la política estatal para evitar que la formación liderada por Pablo Iglesias capitalizara los profundos malestares sociales que emergieron con el movimiento de los indignados; es decir, como un “Podemos de derechas”, según la gráfica expresión de Josep Oliu, presidente del Banc de Sabadell. Tras un breve interludio en que la formación naranja se postuló como un partido de centro, a mitad de camino entre PSOE y PP, finalmente se decantó, al igual que Podemos con el PSOE, por el objetivo de suplir al PP como partido hegemónico de la derecha española. Además, al final de este periodo, irrumpía con fuerza en las instituciones una formación de extrema derecha, Vox, poniendo fin a la excepción española respecto al ascenso de formaciones de estas características en el resto de Europa.


Por otro lado, durante la etapa autonomista liderada por Jordi Pujol, el sistema de partidos catalán funcionaba en una especie de régimen de doble poder, según el cual la coalición CiU gobernaba las instituciones autonómicas, y el PSC los grandes ayuntamientos del país, al mismo tiempo que contribuían decisivamente a las mayorías parlamentarias del PSOE en las elecciones generales españolas. Estas dos grandes formaciones contaban con dos partidos menores que operaban como una suerte de conciencia crítica, ICV en el eje social respecto al PSC y ERC en el eje nacional respecto a CiU. Todas estas formaciones –excepto del PP y posteriormente Cs– se reclamaban, con distintos matices, del catalanismo político. Los tripartitos de izquierdas (2003-2010) fracasaron en su intento de romper esta correlación de fuerzas y en 2010, CiU volvió a ocupar la presidencia de la Generalitat en la persona de Artur Mas, tras el fiasco de la reforma del Estatut d’Autonomia.


Los convulsos avatares del procés soberanista destrozaron el sistema de partidos catalán que se articuló en dos bloques antagónicos en el eje nacional. Convergència, Unió e Iniciativa han desaparecido. PSC sufrió una grave crisis interna y estuvo a punto de correr la misma suerte. Los Comunes, que irrumpieron con fuerza en la política catalana siendo la primera fuerza política en las generales de 2015 y 2016, cosecharon unos magros resultados en las autonómicas, por debajo de los registros de ICV. La CUP, una fuerza extramuros del sistema partidos, experimentó un notable crecimiento y con diez diputados en las autonómicas del 2015 se convirtió en el árbitro de la política catalana, pidiendo y obteniendo la cabeza de Artur Mas. ERC y Cs se convirtieron en los partidos en alza con las fundadas aspiraciones de convertirse en las formaciones hegemónicas de sus respectivos bloques. Unas pretensiones que continúa manteniendo ERC, sólo cuestionadas por el factor Puigdemont, y que se alejan de Cs, pues todo apunta a que el PSC recuperará la primera posición en el bloque constitucionalista tras un previsible hundimiento de la formación naranja en los próximos comicios autonómicos.


Crisis económica e inestabilidad política 
Examinemos el estado de la cuestión respecto a la citada triple crisis. En el orden socioeconómico, la denominada recuperación económica, reflejada en las cifras macroeconómicas, dista mucho de haber llegado a las clases asalariadas. El mercado laboral continúa dominado por elevadas tasas de paro y precariedad laboral. La desigualdad social se ha incrementado hasta extremos inquietantes con grandes bolsas de pobreza y marginación, así como por la cristalización de los llamados trabajadores pobres.


El gobierno de Pedro Sánchez en solitario, con el apoyo parlamentario de Podemos, adoptó algunas medidas para corregir los aspectos más sangrantes de la crisis financiera. De este modo se subieron el salario mínimo y las pensiones; en los fallidos Presupuestos Generales del Estado se preveía un aumento del gasto social para revertir parcialmente los recortes de la era Rajoy, así como una revisión de la reforma laboral. Un programa tímidamente socialdemócrata que ha sido asumido por el actual gobierno de coalición, pero cuya financiación dependerá del aumento de la presión fiscal sobre las rentas más altas. De hecho, como difunde reiteradamente Vicenç Navarro, tanto el gasto social como la presión fiscal en España son sensiblemente inferiores al de los países desarrollados de la Unión Europea. Este programa socialdemócrata mínimo ha desencadenado las furibundas críticas de los poderes económicos fácticos y de la derecha política que, sin duda, harán todo lo posible para hacer fracasar estas medidas.


Estos sectores no ocultaron su apoyo a un gobierno de coalición o a un pacto de legislatura PSOE-Cs, que también era el deseado por el aparato del PSOE, que tampoco escondió sus preferencias en este sentido. Después de la renuncia de Rajoy a aceptar el encargo del Rey para formar gobierno tras las elecciones de diciembre de 2015, Sánchez suscribió un pacto con Cs que fracasó por el voto negativo de Podemos. Acaso, el rechazo del ahora dimisionario Albert Rivera a pactar con “la banda de Sánchez” tras los comicios de abril del 2019, cuando ambas formaciones sumaban mayoría absoluta, impidió que se adoptase esta fórmula. En cualquier caso, el actual gobierno coalición, PSOE-Unidas Podemos, resulta una victoria de la estrategia de Pablo Iglesias frente a las resistencias de Sánchez, quien prefirió una repetición de los comicios –que a la postre resultó un enorme error de cálculo–, antes que acceder a un ejecutivo de coalición que le quitaba el sueño. Únicamente la perspectiva de unas terceras elecciones, donde la derecha disponía de todas las opciones para acceder al gobierno, ha forzado este acuerdo de coalición.


Esto nos conduce al ámbito político-institucional. Desde las elecciones del 20 de diciembre de 2015 se experimenta un periodo de gran inestabilidad política que cuestiona el diseño tanto de la Constitución como de la Ley Electoral, concebidas precisamente para dotar de estabilidad al sistema y evitar la corta duración y las frecuentes crisis de los gobiernos de la Restauración y la Segunda República. En este periodo hemos asistido a fenómenos que se producían por primera vez en nuestro sistema político. En el ámbito estatal, se repitieron dos elecciones generales, durante muchos meses el país estuvo regido por gobiernos en funciones, un secretario general del PSOE fue defenestrado tras un golpe palaciego y recuperó el control del partido tras unas primarias contra el aparato, triunfó una moción censura y se ha instaurado un gobierno de coalición de izquierdas.


Dos factores impiden considerar que el actual gobierno de coalición haya cerrado este periodo de inestabilidad. Por un lado, la heterogeneidad y debilidad de la mayoría que permitió la investidura de Sánchez por el escaso margen de dos votos. Por otro, la dependencia de, al menos, la abstención de ERC para conseguir la mayoría suficiente para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, ya que no deja de resultar paradójico que la gobernabilidad del país esté sujeta a una fuerza que propugna su desmembración. Además, Esquerra actúa bajo la constante presión de los sectores fundamentalistas del independentismo, representados por Carles Puigdemont y Quim Torra y la CUP, como pudo comprobarse con su negativa aprobar los presupuestos que precipitaron la caída del gobierno en solitario de Sánchez; especialmente ahora, cuando en el horizonte de la política catalana planea un adelanto electoral.


El laberinto territorial 
En el tercer eje, las convulsiones provocadas por el proceso soberanista han actuado como un auténtico ácido corrosivo de la monarquía parlamentaria, al reventar el precario consenso en torno al Estado de las Autonomías, una pieza esencial del sistema político de la transición. El ascenso del movimiento independentista ha provocado una profunda división en la sociedad catalana y el rearme del nacionalismo reaccionario español, cuya expresión más señera es la irrupción de Vox. También, la opción del PP de judicializar el conflicto como respuesta al desafío secesionista ha puesto al límite al poder judicial español, forzado a intervenir e incidir directamente en el ámbito de la lucha política.


El fracaso de la vía unilateral, tras la fallida declaración de independencia y la aplicación del 155, condujo a la convocatoria de elecciones al Parlament de Catalunya que reeditó la mayoría absoluta secesionista y abrió una legislatura de transición, bajo la presidencia vicaria de Quim Torra, teledirigida desde Waterloo. El fracaso de la vía unilateral condujo a la creciente división entre las tres formaciones secesionistas. Por un lado, ERC, quien, sin realizar una autocrítica explícita de los errores cometidos en el procés, es consciente que resulta imposible alcanzar la independencia sin una mayoría social amplia, sin algún tipo de acuerdo con el Estado español y sin el reconocimiento internacional. Por otro lado, un sector de Junts per Catalunya (JxCat), heredero de la antigua Convergència, y la CUP, en el ámbito de la izquierda independentista, cuyo objetivo continúa siendo, cada vez con menor fuerza, hacer efectiva la secesión o en su defecto volver a convocar un referéndum de autodeterminación. Unas divergencias estratégicas evidenciadas en las votaciones de la investidura de Sánchez, magnificadas por el carácter imprescindible de la abstención de ERC para romper el bloqueo.


Así pues, podría afirmarse que estamos asistiendo al reacomodo de las placas tectónicas provocadas por el seísmo desencadenado en septiembre y octubre de 2017, que no acabarán de aposentarse hasta la celebración de nuevas elecciones en Catalunya. La eventual inhabilitación de Quim Torra podría ser el detonante para ello, a pesar que este sector de Junts per Catalunya (JxCat) intentará alargar el mandato todo lo pueda para impedir el sorpasso de ERC. No obstante, existen indicios de que, a pesar de la complejidad, la volatilidad y las contradicciones del escenario político catalán, el panorama político se orienta en esta dirección.


En primer lugar, la mesa de diálogo, impuesta por ERC como conditio sine qua non para facilitar la investidura de Sánchez, podría, en el mejor de los casos, alcanzar algún tipo de acuerdo para recomponer la relación entre ambos gobiernos y cuartear la actual dinámica frentista; ello a pesar de que Puigdemont y Torra y la derecha españolista harán todos los esfuerzos para boicotearla En segundo lugar, la operación, impulsada por diversas plataformas como Units per Avançar (coaligados con el PSC), Lliures, Lliga Democràtica, Convergents o El país de demà, que van del catalanismo conservador autonomista hasta el independentismo no unilateralista, que podrían confluir en una oferta electoral común. Una opción con posibilidades de obtener representación institucional, romper la actual mayoría independentista en el Parlament de Catalunya y recoger en sus filas a dirigentes democristianos y convergentes purgados por Puigdemont.


En tercer lugar, los acuerdos suscritos entre ERC y los Comunes para aprobar los Presupuestos de la Generalitat, que serían el preludio de un pacto de izquierdas en Catalunya. Así Esquerra pasaría de participar en el eje nacional con JxCat a formar un gobierno de coalición de izquierdas que contaría, al menos, con la benevolente neutralidad del PSC, cuando no con su concurso. De este modo ERC espera ampliar la base del independentismo, pues esta carencia de mayoría social constituye el principal obstáculo para conseguir la secesión.


Finalmente, el eventual hundimiento de Cs, actualmente primera fuerza política en el Parlament con 1,1 millón de votos y 36 diputados, en los próximos comicios autonómicos. Una parte de los cuales se repartirían entre PP y Vox, que obtendría representación en la Cámara catalana, pero que también beneficiaría al PSC, que vería notablemente incrementados sus apoyos electorales, al punto de disputarle a ERC la posición de fuerza más votada.


De confirmarse estos pronósticos, se verificaría una recomposición en la hegemonía de los bloques independentista y constitucionalista a favor de los partidos centrales y partidarios de alguna suerte de diálogo (ERC y PSC) en detrimento de las formaciones ubicadas en los extremos del arco parlamentario (JxCat y Cs) y que están a favor de continuar polarizando y tensionando la sociedad catalana.


Retos del presente y fantasmas del pasado 
A la luz de lo expuesto podría argüirse que la monarquía parlamentaria estaría en trance de superar las amenazas derivadas de la confluencia de la triple crisis. Ahora bien, ello dependerá de la gestión del actual gobierno de coalición para encarrillar algunas de las graves cuestiones producto de la crisis financiera, institucional y territorial.


La actitud de las tres formaciones de la derecha españolista en la sesión de investidura y de sus altavoces mediáticos dificultará extraordinariamente cumplir este objetivo; una situación particularmente grave si se tiene en cuenta que disponen de una minoría de bloqueo para torpedear las reformas estructurales que requieran mayorías cualificadas. Tampoco los sectores esencialistas del independentismo catalán lo podrán fácil, e intentarán sabotear los eventuales acuerdos en base a unas exigencias maximalistas como plantearon JxCat y CUP en la sesión de investidura y como se desprende de la actitud de Torra cara a su eventual inhabilitación, sin excluir la desobediencia a las instancias judiciales y sin respetar el marco político-institucional.


No obstante, a nuestro juicio, es en el eje socioeconómico donde el flamante gobierno de coalición se juega la legislatura y acaso algo más. Si es capaz de ejecutar medidas socioeconómicas que mejoren efectivamente las condiciones de vida y trabajo de la ciudadanía dispondrá de un capital político que le permitiría capear las enormes dificultades derivadas del conflicto territorial. Por el contrario, si por incapacidad política, por las presiones de los poderes económicos o por una crisis económica de carácter internacional esto no fuera posible, la monarquía parlamentaria se vería abocada a una grave crisis, pues se evidenciaría que el sistema político es incapaz de reformarse y mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Entonces, producto de la frustración, la derecha y la extrema derecha dispondrían de una oportunidad para acceder al gobierno exacerbando las tensiones sociales, políticas y territoriales del país y reviviendo los peores fantasmas de la atormentada historia de este país.

Fuente: https://www.elviejotopo.com/topoexpress/perspectivas-para-un-gobierno-de-coalicion/

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PARA LOS DIRIGENTES DE PODEMOSO E IZQUIERDA UNIDA EN EL GOBIERNO. ¿NO MERECERÍA ESTE ARTÍCULO UNA EXPLICACIÓN A TRAVÉS DE LOS CÍRCULOS, QUE DEBERÍA SER LA BASE EFECTIVA DE PODEMOS? EL OBJETO NO SERÍA OTRO QUE EVITAR ECLUSIVISMOS DIRIGENTISTAS PERSONALES, INFORMAR A LA VEZ QUE FORMAR, FOMENTANDO ASÍ LA APARICIÓN DE NUEVOS DIRIGENTES (¡QUE NOS HACEN MÁS FALTA QUE EL COMER!) SURGIDOS DE LA BASES Y CONCONCIENCIA DE CLASE PARA IR CREANDO LAS MAYORIAS SOCIALES QUE VAMOS A NECESITAR LOS TRABAJADORES.PARA DEFENDER NUESTROS DERECHOS CONTRA EL CAPITAL, EN LUGAR DE LA, LE, LI, LO, LU Y TENGO UNA MUÑECA VESTIDA DE AZÚL...



CGT de Catalunya: "No se están derogando las reformas laborales. Se están consolidando"

TERCERA INFORMACIÓN
15/01/2020

"Una vez constituido el nuevo Gobierno del Estado español, desde el Secretariado Permanente de la CGT de Catalunya hacemos la siguiente valoración de los cambios anunciados en materia laboral. Unas modificaciones de reformas laborales que estamos sufriendo como clase trabajadora que son parciales e insuficientes".

Manifestación contra la reforma laboral en Barcelona, en 2010

Comunicado: Derogación total de las reformas laborales.
No se están derogando las reformas laborales. Se están consolidando.

En los diferentes periodos de elecciones en el Congreso hemos podido oir a algunos grupos políticos referencias sobre los desastrosos efectos de las reformas laborales, para así captar apoyos en forma de votos. Un verbo se hacía muy familiar desde entonces como solución: derogar.

Y derogar significa eliminar, volver atrás, retornar a una línea anterior desde la que se puedan implantar reivindicaciones de los y las trabajadoras. Reivindicaciones que solo se pueden lograr con la lucha y movilización sindical.

Y empezaron las matizaciones. Se pasó de derogar, como punto de inicio, las reformas laborales del 2012, y en algunos casos también las del 2010, a hacerlo solo sobre ‘los aspectos más lesivos de estas’, hasta el punto que puede significar cualquier cosa y normalmente nacida de equilibrios políticos con la Patronal. Ya en el documento de pacto de gobierno PSOE-UP vemos cómo muchos puntos no aparecen y respecto a otros se anuncian simples modificaciones que en ningún caso suponen su eliminación.

Ya no se plantea la retirada de la rebaja de la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado, con reducción del máximo de 42 meses de importe a 24 como máximo. O la retirada de la eliminación de los salarios de tramitación por todos los juicios por despido ganados excepto cuando sean declarados nulos. En lo referente a los despidos individuales por motivos ‘objetivos’ que comportan una indemnización de 20 días por año trabajado, se anuncia una simple modificación para acotar mejor las causas. La pérdida del permiso de la Administración en caso de desacuerdo en ERE se mantiene. En el caso de otros retrocesos, como la ultraactividad de los convenios, quedamos a la espera de comprobar si es completo u otro juego de palabras de menor entidad. Respecto a otro de los ataques a la negociación colectiva, la modificación unilateral de las condiciones de trabajo (artículo 41), todo indica que se mantendrá esta unilateralidad pero con introducción de matices.

Sobre la inclusión de un punto para crear una ‘comisión de expertos’ para redactar un estatuto de los trabajadores ‘del siglo XXI’. Ahora resulta que los asuntos y derechos de los trabajadores y trabajadoras tienen que ser dejados en manos de académicos y estómagos agradecidos, repitiendo el esquema de comisiones parecidas al Pacto de Toledo, de tan nefastos resultados para la clase trabajadora.

¿Incluirá esta redacción una variación de la famosa ‘mochila austríaca’ tan del gusto de la reforzada ministra de Economía Nadia Calviño? ¿Quizás el sistema por puntos que intenta aplicar Macron en Francia y que comparten ambos en una misma visión individualista de las prestaciones sociales? Nada sabemos y tenemos muy presentes los precedentes.

Obviamente habrá mejoras sobre la situación actual, en algunas se podrá coincidir, pero cuando retrocedes 10 pasos y avanzas dos, realmente no estás avanzando: estás consolidando 8 pasos atrás.

En la CGT de Catalunya tenemos un único programa de gobierno: defender las decisiones autónomas de la clase trabajadora. Y estas incluyen la derogación de las diferentes reformas laborales, ENTERAS. Para revertir la miseria salarial y la inseguridad, en forma de precariedad y temporalidad laboral, a la que nos han abocado estas reformas.

Ningún golpe de efecto nos hará perder estos primeros objetivos, ningún juego de trileros del gobierno nos hundirá. Siempre en defensa de los intereses de nuestra clase.

Secretariado Permanente de la CGT-Catalunya.

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PARA LOS DIRIGENTES DE PODEMOS E IZQUIERDA UNIDA EN EL GOBIERNO. ¿PODEMOS LOS TRABAJADORES "ESCRIBIR" LA HISTORIA, QUE EN REALIDAD SOMOS LOS QUE LA HACEMOS, SI SE NOS QUITA EL BOLIGRAFO DE ESCRIBIR HISTORIA, Y SI ADEMÁS NO SE NOS ENSEÑA EN LOS CÍRCULOS COMO TENEMOS QUE ESCRIBIR LA HISTORIA?



Ángeles Maestro: «Sí, se puede, ¿qué?».



DIARIO OCTUBRE / enero 18, 2020

Qué se puede esperar de este gobierno y cómo actuar en consecuencia.
Tras el reciente espectáculo del debate de investidura en el que las tres extremas derechas capitaneadas por VOX han escenificado el esperpento más rancio del franquismo, la reacción esperada de buena parte del público fue la de un suspiro de alivio ante el riesgo de ser gobernados por semejantes energúmenos.

Probablemente, ese sea el mejor regalo que VOX ha hecho al nuevo Gobierno: una especie de 23F preventivo. Un escalofrio cargado de siniestros recuerdos que tenía la virtud – para los nuevos coaligados – de paralizar cualquier pensamiento crítico.

Una vez apagados los focos y acallados los gritos, la obcecada realidad vuelve a imponerse en la vida cotidiana de los millones de personas que nunca salieron de la crisis.

Los datos más recientes del Indicador Europeo de Pobreza y Exclusión Social (2019) muestran que la miseria extrema se extiende en el Estado español, que es la mayor en los últimos tres años y quie afecta a doce millones de personas, la cuarta parte de la población1. Además, más de la mitad de la población no llega a fin de mes, no compra regularmente carne o pescado o no puede encender la calefacción. Esta situación no es exclusiva de las personas desempleadas, sino que se ceba en quienes trabajan en condiciones de precariedad (que son la inmensa mayoría) o reciben pensiones míseras (9 millones de personas).

Si a ello añadimos la situación de las listas de espera en la sanidad pública, que llevan a una muerte perfectamente evitable a miles de personas, la degradación permanente de la enseñanza, la exclusión de las hijas e hijos de la clase obrera de la enseñanza superior o la clamorosa insuficiencia de los servicios sociales, tendremos un panorama que cabe calificar de emergencia social, en sentido estricto.

El recrudecimiento de la lucha de clases se aprecia en toda su dimensión cuando se relacionan estos datos:
  • La creación de riqueza por parte de la clase obrera ha crecido de forma importante: 200.000 millones de euros entre 2014 y 20192.
  • Los beneficios empresariales, según datos del Banco de España para 2018 revelan un incremento del 60%3 y que esto viene sucediendo de forma sostenida en los últimos seis años.
  • En este mismo periodo los salarios aumentaron nominalmente un mísero 1,5%, que en términos reales ha supuesto una pérdida de la capacidad adquisitiva de 133 euros al año4.
Y esta situación de emergencia social, de sobre-explotación escandalosa y de aumento desmesurado de las desigualdades sociales, ¿cómo pretende atajarla el Gobierno? No hay ninguna propuesta mínimamente seria; algún paño caliente y muy pequeño.

Sus palabras no dejan lugar a dudas. El pacto PSOE – Podemos se asienta estrictamente sobre los límites impuestos por la UE sobre reducción del déficit y de la deuda, tal y como señaló Pedro Sánchez tras el abrazo que abrió las puertas al gobierno de coalición. Las amenazas de la Comisión Europea llevan resonando con fuerza y alertando sobre los reiterados incumplimientos en materia de reducción del déficit y de la deuda y sobre la necesidad de adoptar «nuevas medidas compensatorias» para asegurar la sostenibilidad de las pensiones5.

El 1 de enero de 2020 entraron en vigor los artículos 11 y 13 de la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria6 que conminan a todas las administraciones públicas a hacer efectiva la reducción de la deuda al 60% del PIB – en el caso del Estado español alcanza el medio billón de euros – y a reducir el desfase presupuestario en más de 25.000 millones de euros.

El artículo 11.2 establece taxativamente: «Ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural» y entiende como administraciones públicas, el Estado, las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y la Seguridad Social.

La Ley, que desarrolla tanto el Tratado de Estabilidad de la Zona Euro (2013), como la reforma del artículo 135 de la Constitución, propuesta por el gobierno Zapatero y aprobada en agosto de 2011 por el PSOE, PP y UN, conmina a hacer efectiva la prioridad absoluta al pago de los vencimientos de capital más los intereses. Cada año se dedica a tal efecto casi la mitad de los presupuesto generales del Estado, más del triple del gasto de toda la sanidad pública. Y esta escandalosa cantidad se paga a los grandes bancos, en virtud de una Deuda contraída mediante la masiva cesión de dinero público precisamente a esos mismos bancos que como se recordará se han negado a su devolución, sin que el Gobierno actual o los anteriores hayan movido un dedo para impedirlo.

Como viene alertando Red Roja7 desde que se aprobaron estas normas, este marco legislativo anula la soberanía efectiva de cualquier gobierno estatal, autonómico o municipal que no se atreva a enfrentarlo. Y no son palabras. La Ley 2/2012 establece graves y progresivas sanciones por los incumplimientos en las reducciones de déficit y deuda. El artículo 26.1 «Medidas de cumplimiento forzoso»8, establece que en caso de reiterados incumplimientos por parte de gobiernos autonómicos, se aplicará al infractor el famoso artículo 155 de la Constitución. A las corporaciones locales rebeldes se les aplicará el artículo 61 de la Ley de Régimen Local que prevé la disolución de sus órganos de gobierno… «por grave incumplimiento de sus obligaciones constitucionales» ,es decir, del artículo 135 de la Constitución.

¿Alguien oyó hablar de todo esto en los programas electorales o en el debate de investidura? Quienes hablan de los famosos 100 días de gracia del nuevo gobierno, preguntan acaso cómo se compatibilizarán los aumentos prometidos del gasto social con estas férreas medidas que fueron propuestas y aprobadas por el PSOE y que están en vigor desde el 1 de enero? Quiénes desde las bancadas de Podemos e Izquierda Unida o desde la puerta del Congreso, gritaban entre lágrimas, «Si, se puede», ¿a qué se referían? Sí, se puede, ¿qué?.

Quienes han recibido carteras ministeriales o altos cargos son perfectamente conscientes de que se su «relato» es mero ilusionismo y por tanto, la negación en esencia de cualquier «transparencia». Cuando los enviados de la famosa Troika (UE, BCE y FMI), los «hombres de negro», encargados de controlar las cuentas de todas las administraciones públicas exhiban su poder – amenazas, chantajes o sobornos mediante – y muestren para lo que vale la supuesta «soberanía popular», se cambiará rápidamente el iluso «Sí, se puede» por el «No se podía hacer otra cosa».

Es imprescindible no olvidar que los vientos de la recesión galopan y que siempre, desde los Pactos de la Moncloa, las crisis son el reiterado argumento para retrocesos sin fin en derechos y libertades, que sistemáticamente no se recuperan.

Y ésa es la gran trampa, la de Syriza en Grecia o la que aquí se prepara.

Pero si ya sabemos lo que nos espera, lo que sí se puede y es urgente, es preparar las luchas obreras y populares para enfrentar los mandatos de la Troika e imponer un objetivo tan humano y tan de sentido común como que las necesidades vitales de las personas son – esas sí – prioridad absoluta, frente al pago a la gran banca, otra vez, de lo que ya nos han robado.

Ésa es nuestra tarea. Quiénes ocupan cargos de gobierno y van a comprobar el estrechísimo margen que les conceden los poderes reales, tienen la posibilidad de abandonar espejismos y ocupar su lugar en la dura batalla que se vislumbra. Lo que no se puede tolerar es que, en aras de la gobernabilidad, utilicen el pequeño poder que han alcanzado, que no les sirve para enfrentar a los poderes reales, pero sí les puede dar para intentar debilitar, confundir y dividir el movimiento popular. Y esas maniobras han emergido ya en el movimiento de pensionistas, cuando los nuevos altos cargos aún no han tenido tiempo de calentar el sillón, con el objetivo de abortar el apoyo en todos los territorios del Estado a la Huelga General convocada para el 30 de enero en el País Vasco, en defensa de las pensiones públicas.

Esas artimañas se repiten con cada gobierno «progresista» desde la Transición. Lo bueno de haber asistido a tantas «ilusiones» es nos sabemos la trama de la película y no vamos a esperar impasibles a que los grandes poderes cumplan sus objetivos por partida doble: porque sus medidas contra la clase obrera se hagan efectivas y porque destrocen las organizaciones populares.

18 de enero de 2020

Referencias

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