Perspectivas para un gobierno de coalición
Rebelión
TopoExpress
17.01.202
La crisis financiera
que estalló en el 2008 produjo en cada país diversos efectos y abrió la
espita de contradicciones largamente contenidas. En España esto se
tradujo en una triple crisis: socioeconómica, político-institucional y
territorial. En el primer apartado se asistió a un vertiginoso aumento
del paro, la precariedad laboral, la pérdida de derechos sociales y el
rescate del sistema bancario pagado con fondos públicos. En el segundo,
se destaparon innumerables casos de corrupción en todos los niveles de
la administración que alcanzaron a la corona y que forzaron la
abdicación de Juan Carlos I, abriendo un periodo de gran inestabilidad
política. En el tercero, se inició el proceso soberanista catalán cuyo
punto álgido sucedió en otoño del 2017 con el referéndum del 1 de
octubre, la proclamación unilateral de independencia, la aplicación del
artículo 155 de la Constitución y los procesos judiciales contra los
líderes secesionistas.
La convergencia de esta triple crisis hizo
crujir las cuadernas de la monarquía parlamentaria, surgida de los
pactos de la transición y repercutió directamente sobre el sistema de
partidos español y catalán. El primero funcionaba según el mecanismo del
llamado “bipartidismo imperfecto”, según el cual dos grandes
formaciones, PSOE y PP, ubicados en el espacio del centroizquierda y
centroderecha respectivamente, se turnaban en el ejecutivo y acudían a
los nacionalistas conservadores catalanes y vascos en caso de no obtener
mayoría absoluta.
Este dispositivo se vio amenazado por la
aparición primero de Podemos, uno de cuyos objetivos estratégicos fue
arrebatar al PSOE la hegemonía de la izquierda española. Posteriormente,
hizo su irrupción Ciudadanos, surgido en Catalunya contra el
catalanismo hegemónico, pero que dio el salto a la política estatal para
evitar que la formación liderada por Pablo Iglesias capitalizara los
profundos malestares sociales que emergieron con el movimiento de los
indignados; es decir, como un “Podemos de derechas”, según la gráfica
expresión de Josep Oliu, presidente del Banc de Sabadell. Tras un breve
interludio en que la formación naranja se postuló como un partido de
centro, a mitad de camino entre PSOE y PP, finalmente se decantó, al
igual que Podemos con el PSOE, por el objetivo de suplir al PP como
partido hegemónico de la derecha española. Además, al final de este
periodo, irrumpía con fuerza en las instituciones una formación de
extrema derecha, Vox, poniendo fin a la excepción española respecto al
ascenso de formaciones de estas características en el resto de Europa.
Por
otro lado, durante la etapa autonomista liderada por Jordi Pujol, el
sistema de partidos catalán funcionaba en una especie de régimen de
doble poder, según el cual la coalición CiU gobernaba las instituciones
autonómicas, y el PSC los grandes ayuntamientos del país, al mismo
tiempo que contribuían decisivamente a las mayorías parlamentarias del
PSOE en las elecciones generales españolas. Estas dos grandes
formaciones contaban con dos partidos menores que operaban como una
suerte de conciencia crítica, ICV en el eje social respecto al PSC y ERC
en el eje nacional respecto a CiU. Todas estas formaciones –excepto del
PP y posteriormente Cs– se reclamaban, con distintos matices, del
catalanismo político. Los tripartitos de izquierdas (2003-2010)
fracasaron en su intento de romper esta correlación de fuerzas y en
2010, CiU volvió a ocupar la presidencia de la Generalitat en la persona
de Artur Mas, tras el fiasco de la reforma del Estatut d’Autonomia.
Los convulsos avatares del procés
soberanista destrozaron el sistema de partidos catalán que se articuló
en dos bloques antagónicos en el eje nacional. Convergència, Unió e
Iniciativa han desaparecido. PSC sufrió una grave crisis interna y
estuvo a punto de correr la misma suerte. Los Comunes, que irrumpieron
con fuerza en la política catalana siendo la primera fuerza política en
las generales de 2015 y 2016, cosecharon unos magros resultados en las
autonómicas, por debajo de los registros de ICV. La CUP, una fuerza
extramuros del sistema partidos, experimentó un notable crecimiento y
con diez diputados en las autonómicas del 2015 se convirtió en el
árbitro de la política catalana, pidiendo y obteniendo la cabeza de
Artur Mas. ERC y Cs se convirtieron en los partidos en alza con las
fundadas aspiraciones de convertirse en las formaciones hegemónicas de
sus respectivos bloques. Unas pretensiones que continúa manteniendo ERC,
sólo cuestionadas por el factor Puigdemont, y que se alejan de Cs, pues
todo apunta a que el PSC recuperará la primera posición en el bloque
constitucionalista tras un previsible hundimiento de la formación
naranja en los próximos comicios autonómicos.
Crisis económica e inestabilidad política
Examinemos
el estado de la cuestión respecto a la citada triple crisis. En el
orden socioeconómico, la denominada recuperación económica, reflejada en
las cifras macroeconómicas, dista mucho de haber llegado a las clases
asalariadas. El mercado laboral continúa dominado por elevadas tasas de
paro y precariedad laboral. La desigualdad social se ha incrementado
hasta extremos inquietantes con grandes bolsas de pobreza y marginación,
así como por la cristalización de los llamados trabajadores pobres.
El
gobierno de Pedro Sánchez en solitario, con el apoyo parlamentario de
Podemos, adoptó algunas medidas para corregir los aspectos más
sangrantes de la crisis financiera. De este modo se subieron el salario
mínimo y las pensiones; en los fallidos Presupuestos Generales del
Estado se preveía un aumento del gasto social para revertir parcialmente
los recortes de la era Rajoy, así como una revisión de la reforma
laboral. Un programa tímidamente socialdemócrata que ha sido asumido por
el actual gobierno de coalición, pero cuya financiación dependerá del
aumento de la presión fiscal sobre las rentas más altas. De hecho, como
difunde reiteradamente Vicenç Navarro, tanto el gasto social como la
presión fiscal en España son sensiblemente inferiores al de los países
desarrollados de la Unión Europea. Este programa socialdemócrata mínimo
ha desencadenado las furibundas críticas de los poderes económicos
fácticos y de la derecha política que, sin duda, harán todo lo posible
para hacer fracasar estas medidas.
Estos sectores no ocultaron su
apoyo a un gobierno de coalición o a un pacto de legislatura PSOE-Cs,
que también era el deseado por el aparato del PSOE, que tampoco escondió
sus preferencias en este sentido. Después de la renuncia de Rajoy a
aceptar el encargo del Rey para formar gobierno tras las elecciones de
diciembre de 2015, Sánchez suscribió un pacto con Cs que fracasó por el
voto negativo de Podemos. Acaso, el rechazo del ahora dimisionario
Albert Rivera a pactar con “la banda de Sánchez” tras los comicios de
abril del 2019, cuando ambas formaciones sumaban mayoría absoluta,
impidió que se adoptase esta fórmula. En cualquier caso, el actual
gobierno coalición, PSOE-Unidas Podemos, resulta una victoria de la
estrategia de Pablo Iglesias frente a las resistencias de Sánchez, quien
prefirió una repetición de los comicios –que a la postre resultó un
enorme error de cálculo–, antes que acceder a un ejecutivo de coalición
que le quitaba el sueño. Únicamente la perspectiva de unas terceras
elecciones, donde la derecha disponía de todas las opciones para acceder
al gobierno, ha forzado este acuerdo de coalición.
Esto nos
conduce al ámbito político-institucional. Desde las elecciones del 20 de
diciembre de 2015 se experimenta un periodo de gran inestabilidad
política que cuestiona el diseño tanto de la Constitución como de la Ley
Electoral, concebidas precisamente para dotar de estabilidad al sistema
y evitar la corta duración y las frecuentes crisis de los gobiernos de
la Restauración y la Segunda República. En este periodo hemos asistido a
fenómenos que se producían por primera vez en nuestro sistema político.
En el ámbito estatal, se repitieron dos elecciones generales, durante
muchos meses el país estuvo regido por gobiernos en funciones, un
secretario general del PSOE fue defenestrado tras un golpe palaciego y
recuperó el control del partido tras unas primarias contra el aparato,
triunfó una moción censura y se ha instaurado un gobierno de coalición
de izquierdas.
Dos factores impiden considerar que el actual
gobierno de coalición haya cerrado este periodo de inestabilidad. Por un
lado, la heterogeneidad y debilidad de la mayoría que permitió la
investidura de Sánchez por el escaso margen de dos votos. Por otro, la
dependencia de, al menos, la abstención de ERC para conseguir la mayoría
suficiente para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, ya que
no deja de resultar paradójico que la gobernabilidad del país esté
sujeta a una fuerza que propugna su desmembración. Además, Esquerra
actúa bajo la constante presión de los sectores fundamentalistas del
independentismo, representados por Carles Puigdemont y Quim Torra y la
CUP, como pudo comprobarse con su negativa aprobar los presupuestos que
precipitaron la caída del gobierno en solitario de Sánchez;
especialmente ahora, cuando en el horizonte de la política catalana
planea un adelanto electoral.
El laberinto territorial
En
el tercer eje, las convulsiones provocadas por el proceso soberanista
han actuado como un auténtico ácido corrosivo de la monarquía
parlamentaria, al reventar el precario consenso en torno al Estado de
las Autonomías, una pieza esencial del sistema político de la
transición. El ascenso del movimiento independentista ha provocado una
profunda división en la sociedad catalana y el rearme del nacionalismo
reaccionario español, cuya expresión más señera es la irrupción de Vox.
También, la opción del PP de judicializar el conflicto como respuesta al
desafío secesionista ha puesto al límite al poder judicial español,
forzado a intervenir e incidir directamente en el ámbito de la lucha
política.
El fracaso de la vía unilateral, tras la fallida
declaración de independencia y la aplicación del 155, condujo a la
convocatoria de elecciones al Parlament de Catalunya que reeditó la
mayoría absoluta secesionista y abrió una legislatura de transición,
bajo la presidencia vicaria de Quim Torra, teledirigida desde Waterloo.
El fracaso de la vía unilateral condujo a la creciente división entre
las tres formaciones secesionistas. Por un lado, ERC, quien, sin
realizar una autocrítica explícita de los errores cometidos en el procés,
es consciente que resulta imposible alcanzar la independencia sin una
mayoría social amplia, sin algún tipo de acuerdo con el Estado español y
sin el reconocimiento internacional. Por otro lado, un sector de Junts
per Catalunya (JxCat), heredero de la antigua Convergència, y la CUP, en
el ámbito de la izquierda independentista, cuyo objetivo continúa
siendo, cada vez con menor fuerza, hacer efectiva la secesión o en su
defecto volver a convocar un referéndum de autodeterminación. Unas
divergencias estratégicas evidenciadas en las votaciones de la
investidura de Sánchez, magnificadas por el carácter imprescindible de
la abstención de ERC para romper el bloqueo.
Así pues, podría
afirmarse que estamos asistiendo al reacomodo de las placas tectónicas
provocadas por el seísmo desencadenado en septiembre y octubre de 2017,
que no acabarán de aposentarse hasta la celebración de nuevas elecciones
en Catalunya. La eventual inhabilitación de Quim Torra podría ser el
detonante para ello, a pesar que este sector de Junts per Catalunya
(JxCat) intentará alargar el mandato todo lo pueda para impedir el sorpasso
de ERC. No obstante, existen indicios de que, a pesar de la
complejidad, la volatilidad y las contradicciones del escenario político
catalán, el panorama político se orienta en esta dirección.
En primer lugar, la mesa de diálogo, impuesta por ERC como conditio sine qua non
para facilitar la investidura de Sánchez, podría, en el mejor de los
casos, alcanzar algún tipo de acuerdo para recomponer la relación entre
ambos gobiernos y cuartear la actual dinámica frentista; ello a pesar de
que Puigdemont y Torra y la derecha españolista harán todos los
esfuerzos para boicotearla En segundo lugar, la operación, impulsada
por diversas plataformas como Units per Avançar (coaligados con el PSC),
Lliures, Lliga Democràtica, Convergents o El país de demà, que van del
catalanismo conservador autonomista hasta el independentismo no
unilateralista, que podrían confluir en una oferta electoral común. Una
opción con posibilidades de obtener representación institucional, romper
la actual mayoría independentista en el Parlament de Catalunya y
recoger en sus filas a dirigentes democristianos y convergentes purgados
por Puigdemont.
En tercer lugar, los acuerdos suscritos entre
ERC y los Comunes para aprobar los Presupuestos de la Generalitat, que
serían el preludio de un pacto de izquierdas en Catalunya. Así Esquerra
pasaría de participar en el eje nacional con JxCat a formar un gobierno
de coalición de izquierdas que contaría, al menos, con la benevolente
neutralidad del PSC, cuando no con su concurso. De este modo ERC espera
ampliar la base del independentismo, pues esta carencia de mayoría
social constituye el principal obstáculo para conseguir la secesión.
Finalmente,
el eventual hundimiento de Cs, actualmente primera fuerza política en
el Parlament con 1,1 millón de votos y 36 diputados, en los próximos
comicios autonómicos. Una parte de los cuales se repartirían entre PP y
Vox, que obtendría representación en la Cámara catalana, pero que
también beneficiaría al PSC, que vería notablemente incrementados sus
apoyos electorales, al punto de disputarle a ERC la posición de fuerza
más votada.
De confirmarse estos pronósticos, se verificaría una
recomposición en la hegemonía de los bloques independentista y
constitucionalista a favor de los partidos centrales y partidarios de
alguna suerte de diálogo (ERC y PSC) en detrimento de las formaciones
ubicadas en los extremos del arco parlamentario (JxCat y Cs) y que están
a favor de continuar polarizando y tensionando la sociedad catalana.
Retos del presente y fantasmas del pasado
A
la luz de lo expuesto podría argüirse que la monarquía parlamentaria
estaría en trance de superar las amenazas derivadas de la confluencia de
la triple crisis. Ahora bien, ello dependerá de la gestión del actual
gobierno de coalición para encarrillar algunas de las graves cuestiones
producto de la crisis financiera, institucional y territorial.
La
actitud de las tres formaciones de la derecha españolista en la sesión
de investidura y de sus altavoces mediáticos dificultará
extraordinariamente cumplir este objetivo; una situación particularmente
grave si se tiene en cuenta que disponen de una minoría de bloqueo para
torpedear las reformas estructurales que requieran mayorías
cualificadas. Tampoco los sectores esencialistas del independentismo
catalán lo podrán fácil, e intentarán sabotear los eventuales acuerdos
en base a unas exigencias maximalistas como plantearon JxCat y CUP en la
sesión de investidura y como se desprende de la actitud de Torra cara a
su eventual inhabilitación, sin excluir la desobediencia a las
instancias judiciales y sin respetar el marco político-institucional.
No
obstante, a nuestro juicio, es en el eje socioeconómico donde el
flamante gobierno de coalición se juega la legislatura y acaso algo más.
Si es capaz de ejecutar medidas socioeconómicas que mejoren
efectivamente las condiciones de vida y trabajo de la ciudadanía
dispondrá de un capital político que le permitiría capear las enormes
dificultades derivadas del conflicto territorial. Por el contrario, si
por incapacidad política, por las presiones de los poderes económicos o
por una crisis económica de carácter internacional esto no fuera
posible, la monarquía parlamentaria se vería abocada a una grave crisis,
pues se evidenciaría que el sistema político es incapaz de reformarse y
mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Entonces, producto de
la frustración, la derecha y la extrema derecha dispondrían de una
oportunidad para acceder al gobierno exacerbando las tensiones sociales,
políticas y territoriales del país y reviviendo los peores fantasmas de
la atormentada historia de este país.
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