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La Ley es la ley y la Justicia es la justicia
23.11.2015
Como mantra repite Rajoy «la ley es la ley». De
sobra sabemos lo que sabemos. La ley hay que cumplirla, en caso contrario, la
fuerza del poder caerá sobre nosotros como rayo justiciero. También sabemos que
no todas las leyes son justas, por mucho que sea ley; si ha sido elaborada en
dictadura o ejecutada mediante fuerza. Si se aprueba con una mayoría absoluta
irracional, por muy legal que parezca ser, si lo que pretende es perjudicar a
la mayoría social, en beneficio de los amigos de quienes ostentan el poder;
será ley injusta. La ley puede ser injusta. Y si es injusta hay que derrocarla.
Habrá que pensar en la insumisión, para determinados casos.
«Sépanlo todos y ténganlo presente: Si no existe
Justicia da igual que se proclamen derechos porque nadie podrá reclamarlos; si
la Justicia no funciona correctamente ningún derecho o ley que se promulgue
tendrá eficacia». Así lo proclama la Brigada Tuitera en su manifiesto.
Hace unos días, me dieron la oportunidad de participar como ponente en su Congreso #DíadeJusticiaT.
Su talante me gusta y coincido con sus lemas: Justicia sin tasas, Justicia para
todos, Justicia independiente, Justicia con medios, Justicia cercana. En mi
intervención, me permití proponer dos nuevos lemas: Justicia Social y Justicia
Justa; porque viendo lo visto, la justicia implantada por el Partido Popular en
el gobierno, es una «j» con minúscula, una justicia de julepe,
como la califiqué. La Justicia es injusta, si está alejada de la Justicia
Social.
Si la Ley es la ley, la justicia solo es Justicia, si
se establece para preservar una sociedad igualitaria y solidaria, en la que el
bienestar sea la bandera de la convivencia en democracia. Una sociedad de
derechos sociales, laborales y sindicales garantizados por la Ley máxima; una
sociedad que deseche de su seno la pobreza y la miseria, promueva el empleo
pleno, el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar
social y la justicia para todos. Estaría bien que las formaciones que pretenden
representarnos a partir del 20 de diciembre, incluyera propuestas para
establecer leyes, que garanticen los derechos sociales. Con Justicia social, la
persona adquiere el sentido de la convivencia en paz y sosiego. La Justicia
social ha sido la reivindicación de mi vida; desde lo político, lo sindical, lo
social, también desde lo penal está intentado.
La Organización de Naciones Unidas, declaró que el 20
de febrero se celebre el Día Mundial de la Justicia Social. Me adelanto a la
fecha para reclamar que sus postulados se establezcan en la Ley de leyes. «La
justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y
próspera, dentro y entre las naciones. Defendemos los principios de justicia
social promoviendo la igualdad de género o los derechos de los pueblos
indígenas y de los migrantes. Promovemos la justicia social cuando eliminamos
las barreras que enfrentan las personas por motivos de género, edad, raza,
etnia, religión, cultura o discapacidad». Para la ONU, la búsqueda de la
justicia social para todos, es el núcleo de una misión global, para promover el
desarrollo y la dignidad humana.
Para que la Administración de Justicia se ejerza con
dignidad, tiene que contar con medios suficientes y el gobierno del PP, la derecha en estado puro,
no pone a su disposición. No interesa. Ya lo dijo el presidente del Consejo
General del Poder Judicial y del Supremo Carlos Lesmes, «la ley actual está pensada para el
'robagallinas', no para el gran defraudador» y no se le calló ni
el bigote. Para aplicar la justicia a los roba gallinas hay suficientes medios;
y para aplicar la ley de forma interesada contra sus amigos tienen bastante.
Prefieren su ley oscura o floreada y la divina, que solo resplandece con atrezo
teatral. Jueces para la Democracia reclama la creación de mil juzgados
para atender las necesidades ciudadanas. Con Gallardón se vieron los recursos
reducidos casi a cero. De Catalá ni hablamos. Tiene bastante con la reforma de
la ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), que entra en vigor el próximo 5 de
diciembre.
Las asociaciones de jueces y fiscales aseguran que la
reforma de la LEC favorece la impunidad,
en los grandes procedimientos, especialmente los referidos a casos de
corrupción, al reducir plazos para la instrucción de los sumarios. El Consejo
fiscal informó, que el plazo de duración de las diligencias no es realista y
que es «preciso establecer con mayor detalle las consecuencias procesales». Las
consecuencias procesales serán las de la impunidad criminal. Jueces para la
Democracia, Foro Judicial Independiente, Unión Progresista de Fiscales y
Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, advierten de las «aciagas
consecuencias prácticas» de la reforma. Las citadas asociaciones de jueces y
fiscales entienden que, al no ir acompañado de más medios y de una nueva
regulación global del proceso penal, la impunidad será su efecto.
Según la UPF, la reforma no es sino «un nuevo remiendo
con un efecto adverso para el esclarecimiento de los hechos delictivos y la
averiguación de sus responsables». No creo que se ha hecho desde el absoluto
desconocimiento, sino con premeditación, para que los investigados en casos de
corrupción política y económica queden impunes. La APIF dice que «se pone un
escollo más a la instrucción de las causas que nos llevará a espacios de
impunidad con instrucciones deficientes».
Las grandes causas de corrupción, según jueces y fiscales,
precisan de complejas investigaciones con trámites lentos, que harán imposible
cumplir los plazos. La aplicación de la norma obligará a revisar todas las
causas abiertas (unas 700.000), para computar los plazos, teniendo en cuenta
que el límite de instrucción es retroactivo. JpD consideran que es
«manifiestamente imposible el cumplimiento de plazos, lo que dará lugar al
cierre en falso de las instrucciones, o dificultades para la aportación de
elementos probatorios para la vista oral». Todo es preocupante. Los
procedimientos por corrupción, quedarán impunes en numerosos casos. Es lo que
el gobierno pretende.
La modificación de la denominación de imputado por «investigado y encausado»,
obedece a fines estéticos que beneficia a los presuntos delincuentes. La
reforma pretende disminuir las «estadísticas» sobre el volumen de trabajo de
los juzgados, al establecer que los atestados policiales sin autor conocido, no
sean tramitados en sede judicial, sin haber regulado al mismo tiempo un sistema
de registro de esos atestados, que deberían estar siempre a disposición de la
autoridad judicial y del Ministerio Fiscal.
La lucha contra la corrupción y la criminalidad del
siglo XXI requiere recursos económicos, medios técnicos e informáticos,
personales, materiales, y un marco procesal basado en autonomía,
especialización y celeridad. Catalá está modernizando la justicia, retornándola
al XIX, por intereses de partido. «Cualquier medida que trate de agilizar el
proceso penal es bienvenida, cualquier otra que trate de generar espacios de
impunidad es una burla al estado de Derecho, al trabajo de los profesionales de
la Justicia y a las víctimas de todo delito».
Pero no es solo la persecución de los delitos
económicos y de corrupción, son también los delitos ecológicos, como
Ecologistas en Acción advierte. La instrucción a seis meses, como prevé la LEC
afectará negativamente a los procesos por delitos urbanísticos y contra el
medio ambiente, porque su complejidad requieren de periodos más largos de
investigación. Todo a favor de la impunidad y los corruptos.
La jurista y amiga Verónica de Carpio, en su bloc El bosque y los árboles, hace referencia a las
conclusiones de la XXV reunión de Jueces Decanos de España. Se destaca que las
recientes leyes de reforma del proceso penal, van a tener una eficacia muy
limitada y poco o nada va a agilizar el trabajo de los Juzgados. «De hecho
dichas leyes reconocen expresa y abiertamente en sus disposiciones que no van a
suponer dotación o incremento de medios materiales o humanos, lo que implica
legislar en el vacío, mediante leyes que difícilmente pueden aplicarse en la
práctica con eficacia».
Los Jueces Decanos entienden que «sorprendentemente»
se han aprobado medidas poco comprensibles, en cuanto que van a tener un efecto
sumamente negativo, «como lo es el establecimiento de plazos-límite en la
instrucción, medida de evidente carácter voluntarista, que nada soluciona ni
aporta y traslada la idea de que son los jueces los responsables de la lentitud
de los procedimientos». Es conocido que la causa es la escasez de personal y
medios para ejercer la administración de Justicia. Es necesario abordar medidas
urgentes tendentes a superar la «preocupante situación de los Juzgados de 1ª
Instancia y de lo Mercantil, absolutamente desbordados, sin que se hayan creado
juzgados ni aumentado el número de jueces en los últimos años a pesar de que el
número de asuntos se ha incrementado ostensiblemente»
Para el presidente Rajoy, la ley es la ley, pero su
gobierno ha establecido una justicia que no es para todos. Una justicia para
los ricos, los poderosos y otra para los pobres, el pueblo llano, por lo que la
justicia deja de ser justicia, al discriminar en el trato y en el acceso. Todas
las personas tenemos derecho a que los jueces y tribunales impartan justicia,
cuando nuestros derechos e intereses legítimos se vean perjudicados, sin que
pueda producirse indefensión. La justicia debe ser gratuita para quienes
acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Estos son derechos que la
Constitución otorga a la ciudadanía y muestran la concepción social del Estado
Democrático de Derecho. Pero no es oro todo lo que reluce. La justicia no es
igual para todos, ha decretado el PP.
Muchas veces me he preguntado ¿Cómo es posible que no
se haya abordado la modernización de la administración de justicia y que a
estas alturas de avances tecnológicos se sigan utilizando medios del siglo XIX?
Me ha costado, pero ya me he respondido: Porque quienes ostentan el poder no
han querido y siguen sin querer.
Si nadie lo remedia, y no se le espera, el 5 de
diciembre, la Justicia, será menos justicia y la democracia retrocederá. Es
tiempo de que el gobierno derogue la LEC antes de que entre en vigor, para la
agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías
procesales; por decencia democrática. A los ricos y poderosos la ley protege y
a los pobres miserables, el brazo de la justicia, nada ciega, seguirá cayendo
con todo el rigor. Cuando la Justicia sea Justa, por defender la Justicia
Social, la Ley será la Ley.
@caval100
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