domingo, 19 de junio de 2022

El número de personas refugiadas y desplazadas internas supera los 100 millones en 2022

 


El número de personas refugiadas y desplazadas internas supera los 100 millones en 2022


Publicado el 17 de junio de 2022 / Por Prensa

Por Guido Vassallo

Más de 89 millones de desplazamientos forzados se registraron en el mundo en 2021, un récord histórico que se agravó aún más con la guerra en Ucraniaelevando esa cifra a 100 millones. La reconquista de Afganistán por parte de los talibanes, el golpe de Estado en Myanmar, la continuidad de la guerra en Yemen y las violencias insurgentes islamistas en la región del Sahel Central, son algunos de los conflictos que motivaron la suba de refugiados y desplazados internos por décimo año consecutivo, de acuerdo con el informe anual de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) presentado este jueves.

El siglo XXI se va a caracterizar por ser el siglo del desplazamiento forzado y, en consecuencia, creo que es sumamente preocupante que 1 de cada 78 personas en el mundo sea una persona desarraigada“, asegura en diálogo con PáginaI12 Juan Carlos Murillo, representante regional de Acnur para el Sur de América latina. Murillo celebra la respuesta internacional para ayudar a los ucranianos, que incluyó por parte de la Unión Europea una protección temporal aprobada en 2001 pero utilizada por primera vez en este conflicto, aunque exige una movilización similar para otras crisis humanitarias globales.

Venezuela, Colombia y la migración a Estados Unidos

En Latinoamérica el informe destaca el éxodo de venezolanos que durante 2021 continuaron yéndose principalmente a otros países de la región, producto de una delicada situación social y económica. “Las cifras más recientes de la Plataforma R4V que lideramos conjuntamente el Acnur y la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) dan cuenta de 6,1 millones de personas refugiadas y migrantes. Los venezolanos no solamente están viniendo hacia el sur, cruzando toda América del Sur yendo al Caribe, sino que igualmente hay una tendencia creciente que tenemos de movimientos a través de Centroamérica hacia México y Estados Unidos”, explica Murillo.

Dentro de la cifra de 53 millones de personas desplazadas en el mundo preocupa también la situación de Colombia. Los desplazamientos siguen en aumento debido al control que los grupos armados ilegales están ejerciendo sobre algunas zonas del país, en especial en las comunidades indígenas de zonas rurales. “Colombia es el segundo país con mayor número de desplazados internos (6,8 millones) después de Siria (6,9 millones)”, señala el representante regional de Acnur. El informe presentado el jueves aporta, que solo en 2021, otras 124 mil personas se vieron desplazadas dentro de las fronteras de Colombia.

En los últimos años, cientos de miles de centroamericanos han cruzado por México en su camino a Estados Unidos. Cada vez más inmigrantes de otros países como Cuba o Haití utilizan esa misma ruta en caravanas interminables y desgastantes. El número de detenciones de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos aumentó por cuarto mes consecutivo durante mayo, informó este miércoles la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, pese a la relativa esperanza que había generado la asunción del presidente Joe Biden.

“En este momento hay una gran presión sobre el sistema de asilo y de respuesta migratoria de los Estados Unidos, debido al incremento significativo en el número de llegadas, tanto de personas que necesitan protección internacional como refugiados, como de migrantes en general“, afirma Murillo, quien destaca una declaración recientemente adoptada en la Cumbre de las Américas celebrada en Los Angeles que pone de manifiesto la “necesidad de trabajar conjuntamente con todos los países de la región para brindar soluciones”.

El impacto de la guerra en Ucrania

Si bien se concentra en lo ocurrido durante 2021, el informe de Acnur subraya que “es imposible ignorar” las consecuencias humanitarias de la guerra en Ucrania iniciada con la invasión rusa el 24 de febrero pasado, con más de siete millones de personas forzadas a movilizarse dentro del país y más de seis millones en el exterior en “una de las mayores y más rápidas crisis de desplazados desde la Segunda Guerra Mundial”.

La crisis en Ucrania también reveló una intensa respuesta humanitaria de Europa, y puso de manifiesto un llamativo cambio de postura en países como Hungría o Polonia, que hasta el momento ponían trabas al ingreso de ciudadanos afganos, sirios o iraquíes a su territorio. Desde Acnur, el costarricense Murillo festeja que la Unión Europea y todos sus países miembros hayan decidido activar por primera vez la directiva de protección internacional, aunque “quisiéramos ver esa misma respuesta por parte de la comunidad internacional para todas las crisis humanitarias que tenemos alrededor del mundo, ya sea en Asia, Oceanía, África o América”.

El contraste entre la respuesta a la crisis humanitaria en Ucrania y las otras que hay en el mundo también se refleja en las cifras que revela este último informe de Acnur: un 83 por ciento de los refugiados están alojados en países de ingresos medios y bajos. Turquía sigue siendo el país que más refugiados acoge (3,8 millones, en su mayoría procedentes de Siria), seguido de Colombia (1,8 millones, principalmente venezolanos), Uganda (1,5 millones procedentes de la República Democrática del Congo) y Pakistán (1,5 millones de afganos). Recién en el quinto lugar se sitúa el primer país desarrollado de la lista, Alemania (1,3 millones).

En cuanto a un análisis demográfico, el informe de Acnur también señala diferencias con “las mujeres y niños desproporcionadamente expuestos a una discriminación muy arraigada y a una extrema vulnerabilidad”. En particular, los menores representan el 30 por ciento de la población mundial, pero el 42 por ciento de todas las personas obligadas a irse del lugar en el que vivían.

Otro de los fenómenos que más inquieta a Acnur es el crecimiento de los movimientos de extrema derecha que suelen desplegar una retórica antiinmigrante, un fenómeno que se está desplegando más allá del continente europeo. “Efectivamente nos preocupa mucho el incremento en la discriminación, la xenofobia, y sobre todo que se utilice a las personas refugiadas o a las personas migrantes como parte de la agenda que busca que tenga réditos políticos. Por eso al conmemorar este 20 de junio el Día Mundial del Refugiado, lo que buscamos es generar más solidaridad, más respeto, más tolerancia y más hospitalidad”, señala Murillo en ese sentido.

El “error” del Reino Unido con Ruanda

El informe de tendencias globales se publica en un momento de gran polémica por el intento británico de deportar solicitantes de asilo a Ruanda, merced a un acuerdo firmado entre Londres y Kigali en abril que ha sido muy criticado desde instancias internacionales, incluida la propia Acnur. El acuerdo es un “error” que podría sentar “precedentes catastróficos”, afirmó este miércoles el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, destacando que “es básicamente un traspaso de responsabilidades desde un país con estructuras y recursos a otro, Ruanda, que no tiene las estructuras para esta tarea en particular”.

Grandi advirtió que muchos países de África, América y otras regiones que acogen a grandes poblaciones de refugiados “podrían verse tentados a hacer lo mismo que el Reino Unido”, algo que en su opinión “podría hacer el trabajo de Acnur muy difícil”. Por su parte, Murillo expresa a este diario que no hay que pasar por alto que los refugiados “son víctimas que necesitan protección internacional porque no cuentan con la protección de su gobierno”. Y reitera el llamado a que se mantenga esa voluntad de continuar brindando protección independientemente de a quién sea, de dónde venga o cuándo la necesite”.

https://www.pagina12.com.ar/429936-el-numero-de-refugiados-y-desplazados-internos-supera-los-10

 *++

Los “viejunos” no se resignan

 

La Ley de Impulso de los Planes de Empleo aprobada el 9 de junio es un regalo para las grandes entidades financieras y las empresas. Se trata de un intento de privatización de las pensiones en beneficio de la gran banca y los Fondos de Inversión.


Los “viejunos” no se resignan

 

Eduardo LuqueRamon Franquesa

El Viejo Topo

19 junio, 2022 

Si lo repetís negaremos haberlo escrito, pero ese parece ser el nuevo apelativo con el que nos califican algunas de las señorías de la izquierda y la derecha postmoderna. Primero dijeron de nosotros que no “entendíamos de política”, que había que esperar. Después, cuando fuimos poniendo al descubierto sus “chalaneos parlamentarios” del “Donde dije digo, digo Diego” nos llamaron “talibanes”, porque pedíamos, transparencia, claridad y una Auditoria por ley que finalmente conseguimos y que Escrivá se resiste a aplicar.

Cuando exigíamos un reparto más justo de las cargas a través del IPC interanual, los que habían predicado el “asalto a los cielos” nos llamaron “viejunos”. Meses después, cuando rompíamos el relato de los dirigentes sindicales y exigíamos la Auditoria, algún “celebrado” dirigente sindical calificó la demanda como una “ocurrencia”. Esa ocurrencia, para su disgusto, se transformó en ley. No fueron ellos las que la impusieron sino la movilización sostenida de estos “viejunos”. No con ellos sino a pesar de ellos.

Afortunadamente no todas sus señorías son iguales, algunos se han puesto del lado de los jubilados y pensionistas mientras que muchos bajan la cara avergonzados. No se atreven a mirarnos; saben, y no pueden ignorarlo, que están vendiendo a las corporaciones financieras las pensiones presentes y futuras.

El día 9 de junio fue aciago para la izquierda social en nuestro país. El gobierno, que intenta venderse en los medios de comunicación como “el más progresista de la historia” aprobaba la Ley de Impulso de los Planes de Empleo. Un título rimbombante que pretende ocultar que hablamos de la enésima Ley de Pensiones. Es la apuesta personal de Pedro Sánchez y su ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: José Luis Escrivá. La excusa es la de siempre: debemos cumplir con las exigencias de Bruselas para liberar otro de los tramos del plan Next Generation o eso dicen. El texto recibió al final un ajustado resultado de 172 frente a 164 que no ayuda precisamente a legitimar una ley tan importante que afecta a 10 millones de pensionistas.

Votarón a  favor PSOE (119) Unidas Podemos (31), Ciudadanos (9), PNV (6) PdeCat (4), y NuevaCanarias(3). Se opuso formalmente (aunque compartiendo el fondo), el PP (86) y Vox (50); pero también con una fuerte capacidad argumentativa apoyada en los movimientos de pensionistas ERC (12), Maria Pita ex–Podemos (1) y 15 votos de Mas País, Junts, CUP, Compromís y BNG. Para su legitimación jugó un importante papel la abstención de EH Bildu (5) y Coalición Canaria (1).

La ley ha tenido una tramitación tortuosa. Durante muchos meses, la resistencia de los movimientos de pensionistas ha puesto en jaque a las formaciones que se autoproclamaban de izquierdas y que, a la postre, con su voto afirmativo (PSOE-Unidas Podemos) o la abstención (Bildu) han conseguido imponer la Ley. Ha sido tal la premura en la tramitación, que diputados de izquierda y de derechas han calificado las votaciones de las enmiendas como “despropósito”,“auténtico carajal” o “caóticas”. El día 2 de junio el proceso de aprobación se saldó con una confusión tal que algún diputado llegó a preguntar: “¿Señor presidente, puede repetir lo que hemos votado?”. La posición que adoptó la derecha era la esperable, el elemento decisivo fue el cambio de posicionamiento de la denominada “izquierda transformadora” la que debía asaltar los cielos y se quedó sentada en la silla del Consejo de Ministros.

El proceso de privatización toma el impulso que los fondos financieros exigían. No esperábamos gran cosa del PSOE, pero queríamos creer que la mayoría de los diputados de UP o Bildu apoyarían la posición de los colectivos de pensionistas. Conseguimos el apoyo de muchos diputados que, a pesar de las presiones de todo tipo (incluso personales), han mantenido la coherencia. La abstención de UP hubiera bastado para paralizar la ley y derrotarla. No ha sido así. Ni siquiera han introducido enmiendas que les pudiera justificar frente a la ciudadanía y su electorado. En la suma de los despropósitos y dado lo ajustado de las votaciones, Unidas Podemos llegó a votar negativamente sus propias enmiendas. La organización de izquierdas mantuvo la confusión sobre el destope de las cotizaciones, llegó a afirmar que como condición de la Ley se destoparían los ingresos más altos. Nada de eso sucedió al final. En un gesto políticamente suicida han aceptado las propuestas de Escrivá sin contrapartidas.

Si cabe, la posición de Bildu ha sido aún más patética. Desde una posición radical en el período de discusión, se ha plegado finalmente a las posiciones del PSOE. Publicitan como justificación que a cambio de su abstención se subirán las pensiones mínimas NO CONTRIBUTIVAS en un 15%. Es una medida evidentemente positiva que afectará a unas 440.000 personas en todo el país, aunque terriblemente insuficiente puesto que se pasará de los actuales 421,40€ a los 484,61€ desde julio de 2022 hasta diciembre. Pero ese incremento no se consolidará, así la futura subida en enero del 2023 no tiene por qué partir de los 484,61€ sino de los 421.40€. Dentro de la subida no se incrementarán ni las pensiones de viudedad, ni de orfandad. El diputado de EH Bildu Iñaki Ruiz de Pinedo justificó su decisión arguyendo además que el ejecutivo no iba a tocar los “fondos de la SS” y que de esa forma el texto no admitiría más cesiones a la derecha.

Curiosamente Ciudadanos (que no son precisamente muy de izquierdas) no tuvieron ningún problema en votar la totalidad de la ley incluidas las enmiendas “izquierdistas” de Bildu. Así los votos de Cs se hicieron imprescindibles al igual que los votos del PSOE-UP y la abstención de Bildu.

La posición de las direcciones de los grandes sindicatos ha servido para desmovilizar y ocultar el debate social. Conscientes de lo insostenible del proyecto no han hecho una campaña a favor, pero han contribuido a mantener el silencio entre la opinión pública, mientras se debatía y aprobaba una Ley que va afectar profundamente a trabajadores y pensionistas. Con ello han ignorado las resoluciones de sus propios Congresos autonómicos o locales que se han posicionado contra la ley. La distancia entre los dirigentes y sus bases que dicen representar se está abriendo a pasos agigantados. Su escasa capacidad de movilización en la calle muestra su enorme debilidad. CCOO y UGT ahora han callado, pero apoyaron la primera parte de la reforma cuya participación era muy necesaria para darle al debate un barniz progresista. El gobierno y en especial el ministerio de Escrivá y el de Yolanda Sánchez siguen ofreciendo una compensación a los aparatos sindicales por cada convenio en que se privaticen las pensiones. Pero es un proceso que también tendrá costos y que no les va a resultar fácil. Algunos comités de empresa de sectores importantes ya se han manifestado en contra de la Ley. Son pocos por ahora, pero en la medida que se conozca el redactado el rechazo será más amplio.

La ley aprobada es un regalo para las grandes entidades financieras y las empresas que alcanzarán una desgravación de hasta el 10% del Impuesto de sociedades. La bonificación a las cuotas de Seguridad Social por las aportaciones a los planes privados de pensiones se transforma en menores ingresos para las arcas de la SS y por tanto, dentro de poco, volveremos a oír el repetido sainete; las pensiones están en crisis. Es una ley que beneficia especialmente a los salarios más altos y más cuando se le suma la inexistencia de una Reforma fiscal (a la que se ha negado el gobierno en esta legislatura) y mantiene el tope a las cotizaciones. La obligatoriedad para acogerse al Plan, a no ser que lo indique lo contrario el Convenio Colectivo, es un intento clarísimo de incrementar los ingresos de las entidades financieras. Para los funcionarios y trabajadores de la administración se establece que las subidas salariales se puedan convertir en ingresos obligatorios en el Plan de Pensiones.

Hay dos elementos esenciales que conocemos ya y que es necesario resaltar: el primero es que según el artículo 52,2 nadie se hace responsable si los Fondos de Pensiones quiebran. El citado artículo dice literalmente: “la promoción de los fondos de pensiones por parte del ministerio no supondrá en ningún caso la garantía de la preservación del valor de las aportaciones o de las contribuciones realizadas al Plan de pensiones ni la garantía de la rentabilidad asignadas a esas aportaciones.”

El segundo es de sentido común; está generalmente establecido que para que un fondo de estas características sea rentable ha de superar el 3% anual de rentabilidad. Hemos de restar a esa cifra el porcentaje que se lleva el Banco por la gestión. Si la inflación está en este momento en el 8,7% se necesitaría una rentabilidad media del 11.3%. Si no se cumple esta condición todos los fondos acaban perdiendo dinero puesto que los ingresos que pudieran producirse se los come la inflación.

El tercer gran elemento que ayuda a entender el profundo malestar de los jubilados es que los Reglamentos de los Planes Privados determinarán cuándo y de qué forma recibiremos nuestro dinero al final de la vida laboral. Según estos reglamentos, elaborados evidentemente según los intereses de las compañías financieras, podrán obligar a un rescate parcial, mes a mes como las actuales SPV vascas. El objetivo como hemos venido advirtiendo es evitar la descapitalización de los bancos y entidades que manejen los Planes.

Las consecuencias de la Ley son evidentes. Estamos frente a un intento de privatización de las pensiones en beneficio de la gran banca y los Fondos de Inversión. Al desviar obligatoriamente aportaciones hacia Fondos Privados estamos indirectamente reduciendo salarios y pensiones. Volvemos al círculo vicioso de la anterior crisis: se detrae dinero público que se inyecta en el sistema financiero. La nueva crisis en ciernes tendrá nuevamente unos grandes perjudicados: las clases populares.

Nada ha acabado. La batalla sigue y se agudiza. El conflicto que se avecina tiene tres hitos inmediatos. El primero es la lucha por un desarrollo del Reglamento de la Ley. La segunda hacer cumplir la ley sobre la creación de una Auditoria de las cuentas de la Seguridad Social. La tercera realizar una llamada a una gran movilización en octubre que empuje a trabajadores y jubilados contra la carestía y la inflación que como sabemos es el “llamado impuesto a los pobres”.

El movimiento pensionista a la vez que ha denunciado la ilegitimidad de la ley, se plantea ahora una amplia alianza en las calles entre trabajadores y pensionistas exigiendo revalorizar salarios y pensiones con el coste de la vida. Una lucha para romper el corsé de cualquier pacto de rentas que represente una pérdida de poder adquisitivo, mientras que se liberan de cualquier límite los precios de la energía, los alimentos y los beneficios de la banca.

Lejos de cerrar el debate como el poder pretendía, la aprobación de la Ley representa la apertura de una nueva etapa y un nuevo ciclo de movilización.

*++