sábado, 21 de septiembre de 2013

BANCA Y GRANDES EMPRESAS: LOS CRIMINALES, CRIMINALES SON, A CUYO SERVICIO SE ENCUENTRA EL EMBUSTERO EMPEDERNIDO MARIANO RAJOY Y DEMÁS TROPA COMPOSTELANA


 LA CONSPIRACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL


Vicenç Navarro
Sistema Digital 
REBELION
19-09-2013

Se están publicando más y más informes, libro s y artículos (ver Ellen Brown “Making the World Safe for Banksters”. CounterPunch , 05.09.13) que están documentando cómo se inició el proceso de desregulación de la banca, que desembocó en la enorme crisis financiera a los dos lados del Atlántico Norte. Cuanto más se publica, más se sabe de lo que en realidad puede definirse, sin reservas, como una conspiración en la que participaron activamente dirigentes de la banca estadounidense (tales como Goldman Sachs, Merrill Lynch, Bank of America, Citibank y Chase Manhattan Bank) y personajes responsables de las agencias reguladoras de la banca del gobierno federal de Estados Unidos, tales como Larry Summers y Timothy Geithner. El primero era (cuando la conspiración se inició) el segundo de a bordo del Ministerio de Hacienda, dirigido por el ex banquero Robert Rubin, durante la Administración Clinton, y el segundo, era el encargado de Asuntos Internacionales del mismo Ministerio. 

El objetivo de ese proyecto era conseguir la desregulación del capital financiero en EEUU y también en el mundo. El primer paso fue la desregulación en EEUU a base de eliminar la Ley Glass-Steagall, la ley aprobada en 1933 por la Administración Roosevelt que claramente diferenciaba la Banca Comercial de la Banca de Inversiones, un punto clave para proteger a la mayoría de ahorradores y depositantes en la banca frente a la especulación, característica de gran número de actividades de la Banca de Inversión. La Administración Clinton, como resultado de la presión del centro financiero de EEUU, Wall Street, y con la ayuda de sus agentes en el gobierno federal, eliminó dicha Ley y, con ello, tal diferenciación. Una consecuencia fue el colapso de Lehman Brothers. 

El segundo paso era la desregulación de la banca a nivel mundial. Ello requería el cambio de las reglas de la Organización Mundial del Comercio (World Trade Organization), y para ello se nombró a Geithner embajador de EUUU en dicha organización. Su objetivo (que consiguió que se aprobara) era cambiar las reglas de juego para la banca, mediante un addendum que aparentaba ser menor (conocido como addendum del Financial Services Agreement ), que prohibía, en realidad, la regulación de las inversiones bancarias, incluyendo las especulativas.

Un problema que los conspiradores tenían es que el 40% de los bancos hoy en el mundo son bancos públicos (la mayoría de estos bancos existen hoy en los países BRIC -Brasil, Rusia, India y China-, que representaban el 40% de la población mundial). Y para complicarles más las cosas a los conspiradores, muchos de estos bancos estaban en países musulmanes, donde la usura es, no solo un pecado, sino también un acto criminal, lo cual dificultaba las políticas financieras de carácter especulativo. Estos factores, por cierto, han protegido a estos países frente a la especulación financiera y han sido menos afectados por la crisis financiera a nivel mundial. Países que fueron particularmente resistentes a esta desregulación fueron los llamados “enemigos de EEUU” (según el testimonio dado en el año 2007 por el general Wesley Clark, que era el jefe de las fuerzas militares de la OTAN, Democracy Now! 2007) que incluían Irak, Siria, el Líbano, Libia, Somalia, Sudán e Irán. Todos estos países eran islámicos, no pertenecían a la Organización Mundial del Comercio, y lo que era “peor” es que tampoco pertenecían al Bank for International Settlements en Suiza, la organización que supervisa los bancos a nivel mundial. Según el General Clark, estos países estaban en la lista de países que el gobierno federal de EEUU había considerado como países cuyos gobiernos deberían cambiar en los próximos cinco años. Y, según Ellen Brown, lo están intentando conseguir. 

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EL EJERCITO: ¿PARA QUÉ Y AL SERVICIO DE QUIENES?


 LAS FUERZAS ARMADAS CON EL PUEBLO

Antonio Maira
Rebelión
21-09-2013

1.- Introducción

Un grupo de profesionales de las Fuerzas Armadas (FAS), preocupados por la deriva de la situación política y social en España en el contexto de la crisis global actual y estimulados por la creciente ola de protestas sociales, hemos decidido participar en el debate público. Queremos aportar nuestros conocimientos del medio militar para poner de relieve las amenazas y las limitaciones que el actual modelo de fuerzas armadas representa en relación con los cambios necesarios que son reclamados por las grandes mayorías sociales.

En primer lugar se va a describir sucintamente el contexto político en el que nos encontramos, para hacer a continuación una caracterización de las FAS españolas en el presente. La denuncia de los rasgos que las definen como vigorosamente opuestas a una evolución política respetuosa de los intereses del pueblo será la principal tarea en la que nos hemos comprometido. Sigue una descripción de lo que entendemos debe constituir el núcleo de la vertebración de unas FAS verdaderamente democráticas en el marco de una nueva y necesaria forma de expresión de la soberanía popular, para terminar señalando los cambios internos necesarios para lograr su realización práctica.

Nuestra concepción de la ciudadanía nos mueve a contribuir al debate público a través de la publicación, en los medios no sometidos a los intereses económicos dominantes, de una serie de artículos sobre la problemática militar. Ellos versarán sobre multitud de aspectos que consideramos de importancia capital en las actuales circunstancias y serán coherentes con los principios generales aquí establecidos y que han sido aceptados solidariamente de forma consciente y voluntaria. Cualquier militar (en activo o no) que, aceptando estos mismos principios, esté interesado en compartir este esfuerzo, será bienvenido a participar.

2.-Contexto

En la actual situación de crisis, la soberanía popular está secuestrada por los grandes poderes económicos y financieros, nacionales y transnacionales. El pacto social establecido con la Constitución de 1978 ha perdido toda su validez. El estado de la Transición, lastrado en sus orígenes por la inclusión de los poderes económicos del franquismo, se ha convertido finalmente en un auténtico Régimen oligárquico en el que la “democracia” no es más que una declaración formal vacía de contenido.

Al mismo tiempo, los grandes medios de comunicación privados y los falsamente públicos han suministrado, durante décadas, una información parcial y favorable a los intereses de los poderes reales del estado: los grandes grupos económicos y financieros, y los partidos políticos mayoritarios que los sostienen.

La respuesta popular contra la crisis y, fundamentalmente, contra las terribles consecuencias de la misma, ha avanzado desde la perplejidad y el miedo, hasta la resistencia activa, pasando por las protestas masivas en la calle, la ocupación de las plazas públicas y el intento de bloquear y denunciar en sus propias sedes a los distintos poderes públicos.

La represión del estado de la Transición ha desarrollado métodos de control masivo de la población. Las detenciones arbitrarias, los cacheos y fichajes de los ciudadanos en manifestaciones y asambleas, y las amenazas a los dirigentes que alientan las movilizaciones, predicen la preparación de mecanismos de represión masivos si el movimiento popular sigue avanzando en organización, movilización y determinación en las protestas. 

La clave de bóveda del Régimen de la Transición es la Monarquía y su conexión –constitucional y de fidelidad- con las FAS. Su imagen de “salvadora” de la democracia tras el golpe del 23 F ha caído en el descrédito más absoluto.

Cada vez más las movilizaciones sociales levantan la bandera de la República. Cada vez más la exigencia de un “proceso constituyente” se plantea como el inicio de la solución a los problemas de este país, que no puede provenir de los responsables del desastre.

El Régimen resistirá apoyado en los recursos institucionales y represivos de su estado. La gran pregunta de las organizaciones sociales y políticas emergentes, de los sectores en lucha, de los que pretenden un mundo nuevo, es sobre cuál va a ser el papel de las FAS y las Fuerzas de Seguridad ante los cambios que se avecinan.

Durante las últimas semanas se han hecho públicas diversas manifestaciones militares que plantean la fidelidad al Rey, Jefe Supremo de las FAS, el papel que les ha reservado la Constitución, y, sobre todo, han manifestado la existencia de un “patriotismo militar” que está por encima de cualquier constitución y, por supuesto, de cualquier reclamo de soberanía popular.

Se plantea pues, en primer lugar la necesidad de neutralizar la posibilidad de intervención militar cuando la revuelta popular resulte irresistible, cuando el choque social se agudice.

3.-Caracterización de las FF.AA.

Las FAS han orientado su organización, doctrina, estrategia y armamento hacia los patrones imperialistas establecidos en las alianzas militares que sostienen el sistema económico neoliberal.

Las acciones militares de las FAS españolas no se han lanzado para defender los intereses del pueblo español, sino los del gran capital transnacional. 

Las FAS están estructuradas constitucionalmente sobre la tradición franquista y sus valores: ++ Obediencia directa a una monarquía impuesta por la dictadura.

Su papel, definido en la Constitución, se percibe como el garante de la perpetuación de un juego institucional que impide un genuino ejercicio democrático que ponga en cuestión la verdadera naturaleza de la estructura de poder heredada del franquismo.

Su esquema de valores morales sigue siendo esencialmente franquista, adaptado gradualmente a los imperantes en las democracias liberales aliadas, especialmente los contenidos en las llamadas “doctrinas de seguridad nacional” de los EE.UU.

La iglesia católica conserva una situación de privilegio para el control y manipulación de las conciencias de sus componentes. 

El respeto a los derechos humanos es percibido como un impedimento a la eficiencia del aparato militar, tanto en su preparación como en combate.

En el seno de las FAS, las libertades civiles de los militares siguen siendo fuertemente cuestionadas, como si se tratara de un cuerpo estanco sometido a sus propias reglas de obediencia.

Se mantiene como concepto clave el de una disciplina orientada a la obediencia ciega y acrítica, deliberadamente vaga en su definición como para poder reprimir el simple disenso con la jerarquía. 

Perdura el sentido patrimonialista de las castas familiares procedentes del franquismo, que consideran a las FAS como de su entera y exclusiva responsabilidad.

El sentido de casta ha dificultado enormemente el progreso en la carrera militar de sus miembros procedentes de tropa, blindando a la jerarquía de influencias externas a sus propios valores.

También ha determinado en gran medida la promoción y el ascenso de los oficiales y la distribución de poder interno dentro de sus Cuerpos y Armas. 

Alimenta un sentimiento nacionalista extremo y excluyente de las diferencias que, además, favorece la propagación de ideologías de extrema derecha en su seno.

Tiene gran arraigo la mentalidad machista, aunque ha aceptado nominalmente la incorporación de las mujeres como impuesta por los patrones sociológicos de los ejércitos aliados.

El respeto a la identidad afectivo-sexual de sus componentes ha sido despreciado de manera sistemática y nominalmente aceptado como imposición de “los políticos”. 

El sentimiento xenófobo está muy extendido, aceptando a los extranjeros únicamente como recurso en una época de reclutamiento insuficiente. Para éstos, su promoción profesional está extraordinariamente restringida, a pesar de facilitarles, nominalmente, el acceso a la nacionalidad.

Los límites a la obediencia debida no han sido asumidos en todas sus consecuencias. Aunque formalmente introducidos en la reglamentación militar, no se han habilitado los cauces para garantizar su respeto.

No existen sistemas independientes de vigilancia de las actuaciones ilegales, indebidas o abusivas de los militares.

La jurisdicción militar es independiente de la jurisdicción ordinaria, contradiciendo el principio democrático de jurisdicción única. Además la modificación prevista del Código de Justicia Militar parece orientada a aumentar los delitos considerados como militares, así como el ámbito de la jurisdicción militar. En este sentido la posible inclusión de un delito de rebelión aplicado a civiles, marcaría un hito en la militarización de la represión.

Persiste una gran opacidad alrededor de los temas militares de manera que evidentes delitos, tales como los de torturas en Irak, son sustraídos del conocimiento del parlamento y de la opinión pública y se difiere o no se aplica la justicia debida.

La Ley de Secretos Oficiales ha sido utilizada sistemáticamente para hurtar del escrutinio público actuaciones irregulares, con el pretexto de la protección de la seguridad nacional.

En su conjunto, presenta rasgos de ejército mercenario:

Se moviliza al servicio de los intereses estratégicos de los EEUU y sus aliados y bajo el mando supremo de Washington.

Recluta tropa con falsas llamadas al aspecto humanitario de las operaciones en el exterior.

Se han llegado a incorporar unidades enteras de países con un pobre historial de respeto a los derechos humanos.

Los gastos militares están orientados a un equipamiento al servicio de las guerras imperialistas y no a las verdaderas amenazas militares. Esto favorece a la gran industria militar, fundamentalmente de capital transnacional.

Existe una excesiva relación altos mandos militares-industria, que se prolonga a veces tras el pase al retiro o a la reserva de aquellos. Esto ha facilitado la creación de un complejo militar-industrial autónomo y antidemocrático que define la política de defensa y dificulta la moderación en los gastos militares, además de servir de pasto para todo tipo de corruptelas.

4.- Las FAS con el pueblo

La soberanía corresponde al pueblo, comoquiera que ésta se exprese. Su defensa también. Las FAS son del pueblo, se deben al pueblo y obedecen al pueblo. 

En situaciones como la actual, en las que existe un conflicto abierto entre las instituciones y las aspiraciones del pueblo, es preciso un proceso constituyente en el que descanse la legitimidad democrática. Este proceso debe ser absolutamente respetado y apoyado por la institución militar en su conjunto.

Las FAS están para defender la soberanía popular, nunca para condicionarla o doblegar su voluntad de cambio real. La criminalización de las legítimas protestas populares y la intervención represiva de las FAS son absolutamente inaceptables.

La obediencia de las FAS al Rey debe ser definitivamente quebrada, en tanto se produce el necesario cambio en la forma de estado y de gobierno.

La defensa de la soberanía exige la salida de nuestro país de las alianzas militares -la OTAN y todo el sistema de alianzas ad hoc que los EEUU y sus aliados están utilizando para la realización de su política imperialista- y la eliminación inmediata de todas las bases e instalaciones extranjeras en nuestro territorio. 

La “guerra contra el terror” constituye una burda manipulación propagandística, sembrada desde los centros de poder económico-financieros y militares, que justifica la represión en todos los órdenes contra la disidencia política legítima. 

El único principio que puede garantizar la paz y las buenas relaciones internacionales es el de buena vecindad y la solución negociada de los conflictos. El recurso a la fuerza está únicamente justificado en caso de agresión armada abierta o encubierta. Debe adoptarse como principio el consagrado en la Constitución de la Segunda República: España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional.

Ningún tratado internacional podrá dotar de impunidad a militares, agentes o funcionarios extranjeros en el territorio del estado español, especialmente por los delitos definidos en el Tratado de Roma y perseguidos por el derecho internacional humanitario.

Ningún tratado otorgará impunidad a los militares y funcionarios españoles, como aliados de potencias que se nieguen a acatar las normas del derecho internacional humanitario referidas a los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. El TPI tendrá plena jurisdicción en el estado español.

5.- El militar ciudadano: hacia unas nuevas Fuerzas Armadas

El militar es un ciudadano con el derecho y la obligación de participar en el debate público. Estamos contra la represión de la disidencia ideológica en las FAS. Defendemos el derecho a la libre expresión de los militares, siempre que no ponga en riesgo la ejecución de sus misiones operativas legalmente emprendidas.

Los militares no respaldan opciones políticas concretas, pero tienen el derecho y la obligación de apoyar de palabra y por escrito, de forma pública, la libre expresión de la soberanía popular.

Los presupuestos ideológicos sobre los que deben asentarse las nuevas Fuerzas Armadas son los de antifranquismo, republicanismo, democracia popular, laicismo, pluralidad ideológica -excluyendo discursos de odio- y oposición a la utilización de la coacción, la amenaza o la fuerza contra el pueblo. 

No apoyamos el recurso a la fuerza más que como defensa ante la agresión armada contra el pueblo que desea manifestarse libre y pacíficamente.

La desobediencia a las órdenes ilegales es un deber militar y, en consecuencia, es obligada en los casos de represión antidemocrática. Deben crearse los mecanismos que aseguren la depuración de responsabilidades en las órdenes ilegales, independientes de la cadena de mando.

Es preciso dotar a las FAS de mecanismos de supervisión democrática y de rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Los servicios de información y espionaje deben ser sometidos al escrutinio soberano. Las escuchas, vigilancias, seguimientos o intromisiones en la privacidad de todo orden deben ser autorizados por la ley y supervisados por el poder judicial.

Es preciso revisar el Código de Justicia Militar para purgarlo de todos los delitos que no sean específicamente militares, cometidos por sus componentes. Debe eliminarse el sistema procesal militar para encuadrarlo en un sistema único de Justicia, salvo en los casos de guerra, garantizando entonces la independencia del tribunal.

Las violaciones de derechos humanos cometidas por los miembros de las FAS deben excluirse de la jurisdicción militar.

El Régimen Disciplinario de las FAS debe revisarse para definir con precisión lo que constituye el concepto de disciplina y, consiguientemente, qué se considera lícito establecer como limitaciones a los derechos civiles de los militares.

Debe dotarse a las FAS de sistemas que garanticen su absoluta transparencia; es necesario terminar con la utilización de la ley de secretos oficiales como tapadera para encubrir los abusos, la corrupción y las prácticas antidemocráticas.

Las asociaciones militares deben contar con capacidad reconocida y efectiva de defensa de los intereses profesionales de sus componentes.

Los valores democráticos deben ser asumidos por las FAS como cauce de expresión de la soberanía popular.

Las FAS tienen que ser purgadas de los elementos simbólicos e ideológicos de la tradición franquista. 

Las FAS deben abstenerse de manifestar sus preferencias doctrinales y de equipamiento como si los actuales alineamientos las hicieran inevitables.

La diversidad en todos los órdenes (étnica, de nacionalidad, de identidad afectivo-sexual, etc) debe ser explícitamente reconocida y aceptada como enriquecedora del colectivo.

Antonio Maira. Coordinador Anemoi. Grupo de Estudios y Análisis sobre la relación Pueblo-Fuerzas Armadas

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ELECCIONES EUROPEAS: UNA CUESTION A DEBATIR POR EL FRENTE DE IZQUIERDAS


 ¿MEJOR DENTRO O FUERA DEL EURO?

Juan Torres López
Público.es 
11-09-2013

Desde que se planteó la entrada de España en el euro, e incluso en la Unión Europea, los grupos de poder y los gobernantes de turno han procurado soslayar el debate público, plural y democrático sobre sus ventajas e inconvenientes reales.

Desde el principio se trató de convencer a la población de que nuestra pertenencia a ambos clubs no tendría nada más que efectos positivos, así que quienes tratábamos de levantar la voz para mostrar lo contrario fuimos tachados siempre de iluminados, cavernarios o excéntricos. 

La realidad creo que ha demostrado que el camino emprendido ha estado lleno de muchas más dificultades e inconvenientes de las que nos dijeron al iniciarlo y que el saldo final no es tan claramente favorable a nuestros intereses como se daba por hecho. Y, en cualquier caso, me parece indiscutible que la carencia de debate y la falta de claridad a la hora de poner sobre la mesas los costes y beneficios que los diferentes grupos sociales soportamos por pertenecer al euro son una clara muestra de las carencias reales y muy importantes que tiene nuestra democracia.

Soy plenamente consciente de que el asunto no se resuelve en una pocas líneas pero como una muestra más de que la realidad no es la que nos quieren hacer creer me parece oportuno traer aquí los datos bastante significativos que proporciona John Weeks, economista y profesor de la Universidad de Londres, en un artículo reciente ( Join The Euro? Yes, For Lower Growth ).

Aunque sabemos que el Producto Interior Bruto (PIB) no es un indicador adecuado para conocer el estado real de una economía (entre otras cosas, porque el PIB deja muchos factores y costes y beneficios fuera, como los ambientales; porque no valora más que las actividades que tienen expresión monetaria; o porque desconoce todo lo que tenga que ver con la calidad o con los efectos de la actividad económica), podemos utilizar en este caso su tasa de crecimiento para comparar lo que ocurre dentro y fuera del euro.

De hecho, esa tasa es la que usan los economistas convencionales para evaluar la situación en la que se encuentran las distintas economías, afirmando que van bien y que se crea empleo cuando crece y que van mal y aumenta el paro si disminuye.

Pues bien, al respecto es interesante comprobar lo que ha ocurrido con los 12 países de la Unión Europea que a partir de 1999 (Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y España) o 2001 (Grecia) entraron a formar parte del euro con lo sucedido en los 10 que no entraron en la unión monetaria (Chequia, Chipre, Dinamarca, Estonia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Reino Unido y Suecia), a los que Weeks añade Noruega, al tratarse de una economía plenamente integrada en el espacio económico europeo.

Los datos son claros. Entre 2000 y 2007, en la etapa de expansión económica, los países que formaban parte del euro tuvieron un crecimiento promedio anual del 2,8%, mientras que los que no formaban parte de él alcanzaron una del 4,3%.

Es decir, que hubo una diferencia muy notable (de 1,5 puntos) a favor de los países que permanecieron fuera del euro, una diferencia que sería aún mayor (de 2 puntos) si se tomara el periodo de 2002 a 2007.

En el siguiente periodo de crisis que va del primer trimestre de 2008 al segundo del año actual, 2013, se vuelve a registrar la diferencia a favor de los países que se quedaron fuera de la unión monetaria europea.

Para esta fase ya había 16 países dentro del euro ( Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y España y sin contar Malta por falta de datos) , que registraron un crecimiento promedio anual negativo del -0,7%. Sin embargo, los 7 países que permanecían fuera del euro ( Chequia, Chipre, Dinamarca, Hungría, Noruega, Polonia, Reino Unido y Suecia), registraron un tasa promedio anual de crecimiento positiva, del 0,4% (que sería del 0,6% si se excluyera al Reino Unido que en materia de austeridad se ha comportado en ese periodo prácticamente igual que los países del euro).

Pero el peor rendimiento de los países del euro, en cuanto a crecimiento económico se refiere, es aún más evidente en esta etapa de crisis si se distinguen dos fases dentro de ella.

Una primera marcada por la política de estímulos a la actividad, hasta mediados de 2010, y otra segunda de políticas de austeridad en el seno de la Eurozona, desde 2010 hasta ahora.

Se comprueba fácilmente que el estímulo permitió a las economías de dentro y fuera del euro recuperar el crecimiento: gracias a esas políticas, las economías del euro pasaron de las tasas negativas de 2009 a registrar un crecimiento positivo del 2,2% a mediados de 2010. Sin embargo, a partir de este último año se pusieron en marcha las llamadas políticas de austeridad que han conducido a registrar de nuevo una tasa de crecimiento del PIB negativa (del -1,5%) tres años más tarde en los países de la Eurozona. 

Por su parte, el impacto de las políticas de estímulo en el crecimiento de los países que se mantenían fuera del euro fue mayor mientras que la caída posterior, cuando la austeridad deterioró el clima general, fue menor, pues han llegado al segundo trimestre de 2013 con una tasa de crecimiento positiva del 0,4%, y sin que apenas se haya registrado (salvo muy levemente en dos trimestres) una tasa de crecimiento negativa.

La conclusión a la que llega John Weeks es clara: pertenecer al euro ha supuesto una penalización en términos de crecimiento económico a las economías que forman parte de la unión monetaria de 1,5 puntos porcentuales en la fase de expansión y de 1,1 puntos en la de crisis.

Aún a sabiendas de que hay que tener en cuenta otros factores, lo cierto es, por tanto, que pertenecer al euro se ha demostrado como una circunstancia que genera menor crecimiento de la actividad económica, mientras que haber permanecido fuera está asociado a tasas más elevadas de crecimiento de las economías.

A la luz de los datos puede afirmarse, pues, que no son ciertas las virtudes que se dicen que son indiscutibles e intrínsecas a la pertenencia a la unión monetaria europea. Bien porque está muy mal diseñada (por asimétrica y por favorecer solo a algunos países), bien porque las políticas que se aplican son contraproducentes para la actividad y el empleo, lo cierto es que pertenecer a ella tiene costes explícitos en términos de crecimiento económico. 

Por tanto, es muy posible que fuera del euro le hubiera ido mejor a la economía española en su conjunto, aunque no, desde luego a los grandes grupos empresariales, inmobiliarios, industriales y financieros españoles y extranjeros que han casi monopolizado sus ventajas. Parece entonces evidente que es obligado poner sobre la mesa este tipo de datos y debatir con rigor y pluralidad sobre dónde nos conviene más estar porque las cosas no son tan evidentes como nos han querido y nos quieren hacer creer. 

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LECCIONES DE CORRUPCIÓN ELEMENTAL, PRIMER CICLO, EN EL REINO DEL REY, VÍA MUNICIPAL, CURSO 2013 - 2014


XXI


Alcalde: Juan Sánchez Municipio: Casares Partido: IU Imputación: Detenido en mayo de 2012 por presuntos delitos de prevaricación urbanística, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal (supuestamente, la mafia rusa), en el marco de la Operación Majestic. Salió de prisión tras pagar una fianza de 200.000 euros.

 ¿Dimitió? La imputación actual se produjo cuando ya no era alcalde, cargo al que había renunciado en marzo de 2009 después de que el Ministerio Público interpusiera a finales de 2008 dos denuncias contra él por otros presuntos delitos de prevaricación urbanística, por omisión. Sí ha renunciado a su acta de concejal. 

 Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/1603039/0/alcaldes/corrupcion/imputados/#xtor=AD-15&xts=467263

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