domingo, 30 de octubre de 2016

PP/PSOE/CIUDADANOS: "CONSTITUCIONALISTAS" DE PRÉDICA, ANTICONSTITUCIONALISTAS, RESPONSABLES ÚTIMOS DEL MALESTAR SOCIAL EN LA PRÁCTICA QUE ES LO QUE CUENTA


ART. 50 CONSTITUCIÓN (PENSIONES)
“Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.”
Los autodenominados partidos constitucionalistas, concretamente el PP, PSOE y Ciudadanos, con lo que en realidad no hacen sino reconocer implícitamente su propia incapacidad política para resolver problemas tan complejos como el asunto catalán, se convierten en claros anti constitucionalistas, al promover, no lo que establece el artículo 50 de la Constitución en relación al bienestar de los jubilados, sino todo lo contrario. Esto es lo que ya tiene anunciado Mariano Rajoy con la nueva reforma de las pensiones del pacto de Toledo, que en realidad debería denominarse el nuevo chanchullo de Toledo, para seguir robando el patrimonio de los jubilados, porque las cotizaciones, que son de los trabajadores, y no de Mariano Rajoy ni del Rey y familia, son las que pretenden seguir trasvasando a los diferentes bancos mediante los fondos de inversiones y otras complejas bagatelas, para lo que se contará con el reparto siguiente:
Protagonista principal: Mariano Rajoy y su muchachada toca palmas en el Congreso de los Diputados.
Actor secundario y servilletero del primero: Albert Rivera, el desnudable cuando haga falta.
Artista invitado: El PSOE, en su papel de opositor concesionaria y me quedo tan Pancho.
Y lógicamente, y a los efectos de hacer cumplir la Constitución, contra el incumplimiento que pretenderán imponer el PP; PSOE y Ciudadanos, a la inmensa mayoría de la población no nos quedará otra que buscar formulas de asociacionismo y de organización social para defender nuestros derechos de forma efectiva, en el Congreso, por supuesto, pero también en la calle, en la plaza y en los pueblos. Y cuanto antes empecemos, mejor.
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Último ataque al sistema público de pensiones
El fantasma de Buenamuerte ronda las pensiones
Rebelión
29.10.2016
El viejo contrato social, que representaba un compromiso entre generaciones, se está deshaciendo ante nuestros ojos. El Gobierno se dispone a acometer la enésima reforma de las pensiones, recortando aún más las ya exiguas prestaciones y convirtiendo a los ancianos en trabajadores pobres.

Le llamaban Buenamuerte y siempre había trabajado en la mina. Sus esputos negros son todo un presagio del futuro que aguarda a los protagonistas de Germinal, la inmortal novela de Emilio Zola. Cincuenta años bajando a la mina, tres accidentes graves y una sucesión de trabajos extremadamente duros desde que tenía ocho años. Ahora, ya anciano y carcomido por la silicosis, acarrea carbón en el pozo de Voreaux mientras espera vanamente una pensión de 180 francos que le permitirá descansar.
Testigo privilegiado del conflicto que atraviesa la novela, el viejo sigue trabajando hasta que la enfermedad interrumpe de manera abrupta una trayectoria laboral que se prolonga durante toda la vida. Su sentido del humor y su proverbial resistencia lo hacían muy querido por sus compañeros, que como no reventaba le llamaban Buenamuerte. Su figura ilustra y resume uno de los rasgos más obscenos del capitalismo durante el siglo XIX: la utilización abusiva de los ancianos como mano de obra barata por parte de las empresas.
Como si de un déjà vu se tratase, el fantasma de Buenamuerte ronda nuevamente las pensiones de los jubilados. La ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, ha anunciado que cuando arranque la legislatura el Gobierno permitirá compatibilizar la pensión de jubilación con la realización de cualquier trabajo por cuenta propia o ajena, elevando del 50 al 100 por cien la cuantía de la prestación que puede simultanearse con el desarrollo de una actividad profesional. Recordemos que, desde su introducción en 2013, la denominada “jubilación activa” implica una reducción del 50 por cien en la cuantía de la prestación a percibir por el beneficiario con independencia de la jornada efectivamente realizada, lo que supone una importante limitación en el recurso a esta modalidad de jubilación. Adicionalmente, para reforzar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, se contempla una cotización especial de solidaridad del 8%, no computable a efectos de prestaciones, corriendo el 6% a cargo de la empresa y el 2% a cargo del trabajador.
Por lo pronto, la intención del Gobierno es difícilmente conciliable con el tenor literal del artículo 213 de la Ley General de la Seguridad Social, donde se establece que la pensión de jubilación “será incompatible con el trabajo del pensionista, con las salvedades y en los términos que legal o reglamentariamente se determinen”. Esta norma, ahora cuestionada, traslada al orden jurídico una conquista histórica del movimiento sindical: la garantía del retiro obrero en condiciones de bienestar y “suficiencia económica”, por retomar la expresión del artículo 50 de la Constitución Española de 1978.
Partiendo de esta base, los diversos instrumentos que permiten compatibilizar el trabajo