CÓMO Y CUÁNDO SALIR DE
LA ENORME CRISIS ECONÓMICA CREADA POR LA PANDEMIA
Viçen Navarro
Artículo publicado en el
diario Público
20 de mayo de 2020
El hecho de que muchos
países hayan conseguido reducir el crecimiento de la tasa de mortalidad causada
por el coronavirus, mitigando así el impacto de la COVID-19, ha generado un
optimismo que explica que muchos de ellos estén ya iniciando el proceso para
intentar recuperar alguna forma de normalidad y reactivar la actividad
económica, saliendo así de la mayor crisis económica que estos países hayan
sufrido en los últimos cien años.
Ello ha originado un
debate sobre cuándo y cómo debe llevarse a cabo dicha recuperación. Este
artículo intentará resumir varias alternativas, hoy presentes a los dos lados
del Atlántico Norte. Pero para evaluarlas hay que ser conscientes de que, en
general, y desde el punto de vista científico, hay bastante consenso entre los
expertos en salud pública sobre los criterios básicos que deberían regir esta
recuperación. Unos de los más conocidos a nivel internacional son los criterios
de la Johns Hopkins University, cuyo Center for Health Security ha señalado que
para iniciar tal proceso hay que cumplir cuatro condiciones. La primera es que
el país tiene que haber experimentado un descenso de la mortalidad debida al
coronavirus durante, al menos, 14 días. Otra condición es que el país tenga
suficiente capacidad para realizar pruebas de diagnóstico que le permitan
cubrir, al menos, a todas las personas con síntomas de tener la COVID-19 (y
también realizarlas a los contactos que estas personas hayan tenido) así como a
las personas que trabajan en todos los servicios definidos como “esenciales”.
Una tercera condición es que el país tenga un sistema sanitario con capacidad
suficiente para poder atender a todos los pacientes, y cuyo personal sanitario
tenga todo el equipo de protección necesario que le permita atenderlos con el
mínimo riesgo de contagio. Y, por último, la cuarta condición es que los
servicios de salud pública del país tengan capacidad suficiente para llevar a
62 cabo campañas de detección de nuevos casos de infección, así como controlar
y diagnosticar a sus contactos para su confinamiento y aislamiento (ver “Public
Health Principles for a Phased Reopening During COVID-19: Guidance for
Governors”, The Johns Hopkins University Center for Health Security, 17.04.20).
La aplicación de estos cuatro principios, junto con las medidas de
confinamiento selectivo, así como el uso generalizado de mascarillas y guantes,
permiten el control y resolución de la pandemia. La experiencia así lo ha
mostrado. Casos como el de Corea del Sur muestran claramente que la pandemia
puede abordarse con éxito. Ello requiere un compromiso firme por parte del país
y sus autoridades, dentro de una cultura cívica de solidaridad y compromiso con
el bien común.
Estas condiciones no se están respetando en la gran mayoría
de países que se están desconfinando
Ahora bien, el éxito que
las campañas de confinamiento han tenido en muchos países para reducir el
número de contagios, de enfermos y de muertes por coronavirus ha generado un
optimismo que, sin que se den las condiciones previamente detalladas, ha
animado a que se inicie en muchos de ellos un proceso de desconfinamiento y de
paulatina recuperación económica. Es comprensible que este proceso esté
ocurriendo, pues las medidas de contención de la pandemia y, muy en particular,
el confinamiento de la mayoría de la población (que en un momento determinado
fue de tres cuartas partes de toda la población que vive en las economías
avanzadas), han representado y continúan representando un enorme sacrificio con
el que la población, con razón, desea y ansía terminar. Es más, a favor del
desconfinamiento existe el hecho de que el confinamiento también tiene costes
para la salud de la población, entre ellos, causar un aumento de mortalidad por
enfermedades distintas a la COVID-19, al no poder ser atendidas estas
enfermedades por la saturación de los centros sanitarios desbordados de
enfermos por coronavirus. Y no hay que olvidar tampoco que la propia crisis
económica está deteriorando la salud y calidad de vida de grandes sectores de
la mayoría de la población.
Pero, por muy
comprensibles que sean los argumentos favorables a un pronto desconfinamiento,
ello no quiere decir que sea aconsejable, ya que tal recuperación 63
(dependiendo de cómo se haga) podría incluso empeorar la situación y agravar
todavía más la crisis económica. Y la principal causa de que ello sea así es
que la actividad productiva continúa basándose en la actividad humana,
dependiendo su ejecución de la salud y la vida de sus agentes, lo cual hace que
la viabilidad del sistema económico dependa de que se respeten los principios
científicos y las condiciones indicadas al inicio del artículo. A no ser que
los trabajadores estén vivos y sanos, el sistema económico se paraliza. Un
desconfinamiento rápido puede conducir incluso a una mayor parálisis como
consecuencia del crecimiento de la enfermedad entre los trabajadores, tal y
como está ocurriendo, por ejemplo, en algunos Estados de EEUU, donde la
pandemia está teniendo unos efectos devastadores.
Esta es la realidad de
la que deben ser conscientes las autoridades que tienen que tomar las medidas
sobre el desconfinamiento. Naturalmente que el deseo común es terminar con esta
situación anómala. De ahí que la diferencia entre las distintas alternativas no
sea tanto sobre desconfinamiento sí o no, sino sobre qué tipo de
desconfinamiento, es decir, en qué condiciones debe realizarse, a fin de que se
puedan minimizar los daños que dicho desconfinamiento podría causar a la
población, incluida la laboral, lo que afectaría y retrasaría la recuperación
económica.
Las distintas estrategias de recuperación económica
existentes hoy a los dos lados del Atlántico Norte
Una estrategia de
recuperación económica es la promovida por el gobierno federal estadounidense
presidido por Donald Trump, y consiste en el masivo desconfinamiento de la
mayoría de la población, a fin de recuperar la economía lo más pronto posible
(y a ser posible, antes de las elecciones presidenciales del próximo mes de
noviembre, en las que el presidente Trump se presenta para conseguir su
reelección). Esta alternativa es consciente de que ello implicará un riesgo muy
elevado de contagio y muertes por coronavirus. En esta estrategia, la vuelta a
la normalidad pasa a ser el objetivo urgente e inmediato para la recuperación.
Y el elevado número de fallecidos se justifica por la necesidad de salvar la
economía del país, salvación que en ocasiones se presenta en términos
belicistas y patrióticos. Tal y como ha señalado el presidente Trump, “hay que
64 salvar la patria en una guerra en la que los muertos son el precio para
ganar y conseguir la victoria”. Salvar la patria equivale a volver a la normalidad
del período prepandemia. Esta posición trumpiana está bastante extendida en
amplios sectores conservadores y liberales del mundo occidental, incluyendo
España.
Esta estrategia ha sido
muy criticada por la gran mayoría de la comunidad científica, incluyendo el
comité de expertos que asesora a la Casa Blanca en el tema de la pandemia. Las
tensiones entre el Sr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de
Alergias y Enfermedades Infecciosas, (y otros miembros del comité científico),
por un lado, y el propio presidente, por el otro, son bien conocidas. La
elevada popularidad de este experto (la figura más reconocida hoy en EEUU) lo
ha protegido de los intentos de la administración por apartarlo del cargo o del
comité de expertos. La razón de este rechazo por parte de la comunidad
científica es que la pandemia no se resolvería y podría agravarse todavía más,
cronificándose y matando a un elevado número de ciudadanos que se considera
inaceptable, pues la pandemia podría prolongarse durante un período muy largo,
de hasta cinco o más años.
La esperada vacuna
contra el virus no será una realidad próximamente El argumento utilizado por
los que se muestran favorables a la vuelta rápida a la “normalidad” para negar
la posibilidad de que aumente la mortalidad de una manera muy marcada es que se
espera que en el corto plazo de algunos meses ya haya disponible una vacuna
para prevenir y curar la enfermedad de la COVID-19. Pero existe un gran
escepticismo en amplios sectores de la comunidad científica de que esta vacuna
pueda desarrollarse, producirse y distribuirse en los próximos meses. Ni que
decir tiene que la industria farmacéutica es la mayor promotora de esta tesis,
industria que es muy próxima al presidente Trump, cuyas propuestas favorables
hacia ella son bien conocidas en aquel país. Aceptando la tesis del
descubrimiento y amplio uso de la vacuna en un “futuro próximo”, la
administración Trump está intentando recuperar la economía inmediatamente,
consciente del elevado coste en mortalidad que significará el abandono de los
principios científicos enunciados anteriormente, con la suspensión masiva del
confinamiento y del distanciamiento social, entre otras medidas salubristas. En
esta visión 65 trumpiana, la “recuperación de la normalidad” significa dar prioridad
a las grandes inversiones de dinero público para favorecer la recuperación de
los elevados niveles de beneficios de las grandes empresas y grupos económicos
próximos a la administración Trump (sin condicionar tal ayuda pública masiva al
mantenimiento del empleo).
La alternativa progresista a esta estrategia extremista
Frente a la alternativa
trumpiana, hay una alternativa progresista que las encuestas muestran a los dos
lados del Atlántico Norte que es la más popular, y que consiste en desconfinar
gradualmente a la población, de manera que la reapertura esté relacionada con
el cumplimiento y la mejora en cada una de las condiciones enumeradas al
principio del artículo, de manera que cuanto más se cumpla cada condición,
mayor sea el grado de apertura. Ello requiere que, como primer paso, se
invierta masivamente en los sectores “esenciales” necesarios para el
mantenimiento y la sostenibilidad de toda la sociedad y, por lo tanto, de la
economía. Entre ellos merecen especial atención los servicios sanitarios y de
salud pública, así como los servicios sociales y los de atención personal
(conocidos también como la economía de los cuidados), incluyendo los servicios
del cuarto pilar del Estado del Bienestar (escuelas de infancia y servicios de
atención a la dependencia, entre otros), que son todos ellos necesarios para
garantizar la supervivencia, el mantenimiento, la seguridad y el cuidado de la
ciudadanía (tanto como trabajadores como consumidores), sin la cual la
actividad económica no puede existir. Se propone así un New Deal Social que
incluya una gran inversión en los servicios y transferencias del Estado,
inversión que, insisto, debería reforzar los servicios de supervivencia,
mantenimiento y continuidad de la sociedad, incluida su economía, y que además
sería una de las fuentes más importantes para crear empleo. Esta inversión
garantizaría una recuperación que minimice la mortalidad y morbilidad
(enfermedad), creando además un empleo necesario para facilitar tanto la
seguridad y salud de la población como el estímulo para la recuperación
económica. Por ejemplo, el desarrollo del 4º pilar del bienestar facilitaría la
integración de la mujer en el mercado de trabajo, tal y como ha ocurrido en
aquellos países donde existe dicho pilar (como es el caso de los países
escandinavos, que tienen el mayor porcentaje de mujeres en el mercado de
trabajo), ya que permite compaginar el proyecto personal a nivel laboral con la
responsabilidad familiar (facilitada también por una revolución cultural,
corresponsabilizando al hombre en tales tareas familiares). Estas 66 políticas
públicas están adquiriendo una gran urgencia hoy como consecuencia del
confinamiento de las familias, con el cierre de las escuelas, incluidas las
infantiles. El número de puestos de trabajo creados en el desarrollo de estos
servicios sociales básicos sería muy grande. Si España tuviera el mismo
porcentaje de la población adulta trabajando en estos sectores sociales del
Estado del Bienestar (hoy, uno de cada diez) que tiene Suecia (uno de cada
cinco), España crearía unos 3,5 millones de puestos de trabajo. De ahí la
urgencia de que el Estado cree empleo. La muy necesaria renta mínima
garantizada que asegure un ingreso mínimo vital debe ser complementada con la
universalidad del derecho de acceso a los servicios sanitarios y sociales
(incluyendo el 4º pilar del bienestar) que garanticen su vida, salud y
bienestar social. El derecho al ingreso mínimo vital debería estar acompañado
con el derecho de acceso a los servicios vitales universales.
Hoy existe un gran
consenso popular, expresado en el aplauso a las 8 de la tarde hacia los
trabajadores de los sectores sanitarios y sociales, sobre la urgente necesidad
de cubrir el enorme déficit de personal y recursos en estos servicios. Esta
inversión en el New Deal Social es una de las condiciones más importantes para
los programas de recuperación económica a fin de resolver, por un lado, la
pandemia y, por el otro, prevenir su reaparición, toda vez que se garantiza el
bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía (objetivo principal de
cualquier política pública), así como la seguridad y el mantenimiento del
quehacer económico. La pandemia y la enorme crisis que ha creado es la mejor
prueba de la importancia de priorizar esta inversión social, siendo el centro de
la recuperación.
La necesaria reorientación del sector industrial para
orientarlo hacia el bien común
La recuperación
económica tiene que incluir también una gran inversión pública para la
recuperación del sector industrial, que debería utilizarse para reformarlo a
fin de dar mayor prioridad a la producción orientada al bien común en lugar de
estar centrado exclusivamente (como ha sido hasta ahora) en responder a la
demanda del consumo individual, determinado por la capacidad adquisitiva de las
personas, orientándose así hacia los sectores con mayor capacidad monetaria.
Hay que producir respiradores que 67 salven vidas, por ejemplo, en lugar de
producir tantos automóviles, y hay que producir mascarillas en lugar de
vestidos de lujo. Y hay que enfatizar las energías renovables en lugar de las
contaminantes. El New Deal Verde tiene que complementar el New Deal Social. Y
para asegurarse de que esta nueva orientación se cumple, el Estado tendría que
utilizar la inversión pública, pasando a ser parte de la dirección de algunas
empresas, conforme a la cantidad de apoyo financiero que haya aportado. No
puede reproducirse lo que ocurrió con la salvación de la banca, que terminó con
una enorme pérdida de 60.000 millones de euros públicos, sin haber sido
utilizada aquella inversión para una modernización del sector bancario, a fin
de que desarrollara una vocación de servicio al bien común, escasamente
presente en este sector económico.
En realidad, una gran
diferencia entre las dos alternativas -la trumpiana y la progresista- es que la
primera, defensora del statu quo (al coste que fuere), ha percibido al Estado
como un servidor de la economía, interviniendo solo cuando tiene que corregir
los fallos del mercado. En la alternativa progresista, por el contrario, es la
economía la que está al servicio de la sociedad y del bien común, con una
activa intervención del Estado para garantizar que sea así. En este sentido, el
Estado tiene que intervenir activamente en el proceso de reconversión
económica. Un ejemplo, entre muchos otros, es el desarrollo de la
digitalización y de la inteligencia artificial, que constantemente es
presentada como un riesgo (según algunos) o una oportunidad (según otros) para
la desaparición del trabajo humano. Que sea lo uno o lo otro depende del contexto
político que dirija tal proceso y los objetivos deseados. El mérito o demérito
de las nuevas tecnologías depende, pues, de quién las controla. Dejarlas en las
manos del mercado, como proponen los conservadores y liberales (y cuya máxima
expresión es el trumpismo), es optimizar el poder y beneficios de las empresas
y grupos económicos que las controlan. Pero la experiencia también muestra cómo
en países donde el Estado ha tenido un mayor protagonismo (como los países
escandinavos) estas nuevas tecnologías han servido para redefinir las
condiciones del trabajo y permitir una mayor satisfacción y creatividad del
mundo trabajador, facilitando una considerable reducción del tiempo de trabajo
(ver “Robots won’t make us redundant”, de Lars Klingbeil y Henning Meyer,
Social Europe, 14.05.2020).
¿Cómo se pagará esta reconversión? La necesaria reforma de
la política fiscal
Por extraño que parezca,
la respuesta a esta pregunta no es económica sino política. La pregunta debe
reformularse para decir: ¿tiene la sociedad española recursos para financiar
esta recuperación? Y la respuesta, apoyada por los datos existentes, creíbles y
claros, es afirmativa. España tiene los recursos para pagar su New Deal Social
(complementado con el New Deal Verde). El excesivo poder e influencia de las
fuerzas conservadoras en la vida política y mediática de España explica la
infrafinanciación de sus sectores esenciales, incluyendo, por ejemplo, la
sanidad y los servicios de salud pública. España es uno de los países de la
UE-15 que gasta menos en su Estado del Bienestar. En sanidad, por ejemplo,
invierte solo un 6,4% del PIB, cuando la media en la Unión Europea es del 7,1%
y en la UE-15 del 7,2%. Si tal gasto fuera el de la UE-15, tendríamos casi
10.000 millones de euros más para la sanidad.
Las enormes
desigualdades de renta y de propiedad que existen en este país, unas de las más
altas hoy en el mundo desarrollado, muestran que el problema no es la falta de
recursos sino la redistribución de esos recursos, lo cual ocurre por cierto también
en la Unión Europea (UE), cuya falta de solidaridad en respuesta a la pandemia
está mostrando, una vez más, una carencia de sensibilidad social que podría
significar su desaparición como consecuencia de la falta de apoyo popular. La
Europa democrática, que fue el sueño y punto de referencia que nos motivó a la
resistencia antifascista durante la dictadura, se está convirtiendo en una
pesadilla. Que hoy, en medio de la mayor crisis económica que este continente
haya experimentado, todavía se insista en la UE en las medidas neoliberales que
hicieron tanto daño a las clases populares de este continente es un sinsentido.
Hoy están claramente desfasadas, pues hay casi un consenso internacional en que
la principal condición para salir de la crisis es precisamente una enorme
inversión pública, y debe ser el Estado (desde sus diferentes niveles) el que
invierta cantidades nunca vistas antes para esta recuperación.
De ahí que, además de
políticas fiscales redistributivas, el crecimiento de la deuda pública sea
necesario y urgente, pues sin ella no hay posibilidad de recuperación
económica. Incluso el mayor ideólogo neoliberal, conocido por su insistencia en
reducir 69 el déficit público durante la Gran Recesión, el Sr. Kenneth Rogoff,
de la Universidad de Harvard, no solo tolera, sino que es favorable a un gran
aumento del déficit (“tanto como sea necesario para recuperar la actividad
económica”). Y un tanto igual el presidente del Federal Reserve Board, Jerome
H. Powell (institución equivalente al Banco Central Europeo y máximo promotor
del neoliberalismo en EEUU), que ha pedido al Congreso de EEUU que continúe
invirtiendo dinero público hasta que la economía se recupere, sin límite en su
déficit. El tema a debate, pues, no es inversión pública sí o no, sino dónde,
cuándo y cómo se hace tal inversión, y para el beneficio de quién: o se hace
para salvar los intereses particulares del establishment financiero y
económico, o para salvar la calidad de vida y el bienestar de la mayoría de la
población, poniendo el bien común por encima de todo lo demás. Ahí es donde
está el debate. Y de su resolución depende la vida de todos, incluida la del
lector de este artículo.
