martes, 16 de marzo de 2021
Los cerdos de las vacunas del Covid-19 (¿Qué algoritmo utilizará Facebook para no permitir que desde este Blog, El Ojo Atípico, no se pueda compartir ningún artículo, ni siquiera a mi propia cuenta de facebook? ¿Tal flojedad intelectual tiene el sistema que cualquier idea lo puede hacer tambalear?)
La encarnizada competencia entre las diferentes vacunas – escribe nuestro colaborador Manuel Medina – no ha quedado reducida al ámbito de la industria farmacéutica. Los Estados están compitiendo con igual ferocidad entre ellos para lograr la acumulación y el almacenamiento de vacunas. El fenómeno no hace más que reflejar el mecanismo destructor propio de la competitividad del Sistema económico que nos rige. Los países desarrollados tienen tan sólo el 14% de la población mundial. Sin embargo, han adquirido más de la mitad de las vacunas. En el resto del mundo sólo una de cada 10 personas será vacunada durante el presente año del 2021.
La industria farmacéutica internacional está aprovechando las dramáticas circunstancias por las que atraviesa la humanidad para poner en marcha voraces movimientos especulativos que les permitan duplicar sus ingresos bimillonarios. La vida de los ciudadanos se las trae al pairo.
Pero la encarnizada competencia no queda reducida al ámbito de la industria farmacéutica. Los mismos Estados compiten igualmente entre ellos con ferocidad para lograr la acumulación y el almacenamiento de vacunas. El fenómeno no hace más que reflejar el mecanismo destructor propio de la competitividad del sistema económico que nos rige. Pese a que lo que está en juego es la vida de millones de personas, el mercado capitalista de los productos farmacéuticos funciona de una forma similar a la que rige en los mercados del resto de las mercancías. Si los productores no dudan en quemar miles de toneladas de café o montañas de azúcar para mantener los precios y maximizar sus beneficios, ¿por qué iba a imperar una lógica diferente con los productos farmacéuticos? En todos los casos rigen el mismo tipo de leyes. Que las cosas se produzcan de esta manera no obedece a que los capitalistas que trafican en los mercados posean una naturaleza especialmente perversa o malévola, -aunque de todo hay-, sino que para sobrevivir en esta jungla de «sálvese el que pueda» requieren del uso de ese tipo de prácticas.
Las diferencias entre los llamados países desarrollados y los subdesarrollados se manifiestan, pues, con idéntica crudeza en el mercado de los fármacos. Los primeros, que sólo suman el 14% de la población mundial, han adquirido, sin embargo, más de la mitad de las vacunas que han salido a los mercados. De acuerdo con los datos que proporcionan las publicaciones especializadas, los países más pobres del planeta sólo estarán en condiciones de vacunar durante el presente año del 2021 a una de cada 10 personas. Lo paradójico de esta injusta desigualdad reside en el hecho, por ejemplo, de que la Unión Europea tiene a estas alturas concertadas nada menos que 2.260 millones de dosis. Un número de dosis que permitiría vacunar tres veces a toda la población europea. ¿Para qué necesita la población europea vacunarse tres veces? Pero, resulta inevitable insistir: ¿por qué iban a existir diferencias entre lo que sucede en el mercado de las vacunas y el del resto de los productos de consumo?
En el sistema económico imperante no existen disimilitudes entre los productos que satisfacen necesidades creadas, los alimentos de primera necesidad o los productos destinados a la salud que también resultan imprescindibles para la sobrevivencia. Y es que «business are business».
CAOS EN EL MERCADO DE LAS VACUNAS
No obstante estas significativas cifras y porcentajes, Europa firmó contratos multimillonarios con la farmacéuticas por vacunas que todavía éstas no habían llegado a producir. Esta magnánima «liberalidad» contractual entre los negociadores de la UE y los de la gran patronal farmacéutica está permitiendo que se incumplan de forma sistemática los plazos de entrega. Pero, a decir verdad, estas ligerezas tampoco son inhabituales. La identidad de intereses entre los patronos y sus representantes institucionales nos ha deparado siempre ejemplos de este tipo. Lo que ocurre es que cuando se trata de una pandemia de la envergadura de la que estamos viviendo estas «concordancias» y complicidades entre empresarios y representantes institucionales se hacen mucho más ostensibles. Pero la verdad es que forman parte permanente del habitual espectáculo de nuestra vida política cotidiana.
La misma Comisión Europea que mantuvo las negociaciones con los traficantes de nuestra salud se ha visto obligada a anunciar, hace unos días, que entre los meses de abril y junio se distribuirán un 20% menos de las dosis que estaba programado administrar. Y aunque tales retrasos puedan costar centenares o miles de vidas ni la prensa ni la televisión se han escandalizado. En cambio, el volumen del enojo de los mass media es capaz de alcanzar una alta cantidad de decibelios cuando algunos miles de jóvenes sale a la calle y queman algunas decenas de contenedores, porque han condenado a prisión a un rapero que se había tenido a decir algunas cosas.
A todo este desastre, ocasionado por el imperativo de apoderarse de los mercados, hay que agregar que Astrazeneca entregará un 25% menos de las vacunas que habían sido acordadas hace tan sólo 30 días. Por si esto fuera poco, se está constatando que la seguridad de esta vacuna es bastante incierta para los mayores de 65 años, detectándose además que en algunos casos ha llegado a provocar trombos cerebrales en personas de menos edad. Sucede, sin embargo, que mientras varios países europeos han suspendido la vacunación con esta marca, el gobierno español, que se presume que cuida de la salud de sus ciudadanos, estima que no se han dado suficientes elementos probatorios en nuestro país como para detener la vacunación con Astrazeneca.
Por su parte, los laboratorios Pfizer han aprovechado el hecho de que los contratos concertados con otros países les garantizan la venta segura de sus vacunas para disminuir el ritmo de su producción con la sabía intención de remodelar su línea productiva.
¡BLOQUEAR LA SPUTNIK!
La presente guerra comercial se está desarrollando, además, en todos los frentes. Aunque los medios occidentales no hayan podido evitar que la vacuna rusa Sputnik V sea reconocida científicamente como «altamente eficaz» por las publicaciones más acreditadas a nivel mundial, ésta continúa siendo deliberadamente «ignorada», como la vacuna china, por los mass medias occidentales. No es de extrañar. En la guerra comercial es un procedimiento habitual no mostrar las ventajas de los productos de la competencia. ¿Por qué iba a variar ahora la mercadotecnia propia del sistema capitalista? ¿Quién dijo que en la competencia comercial internacional lo importante es la correcta distribución de los productos que se venden? La clave ha consistido siempre en vencer al enemigo con el que se compite allí donde exista posibilidad de fulminarlo. Por eso mismo hay que vender, vender, vender… caiga quien caiga o cueste lo que cueste ¿O es que ha tenido que hacer acto de presencia la pandemia para descubrirnos la crueldad intrínseca al sistema?
Sin embargo, sucede que la vacuna rusa Sputnik V, a diferencia de otras, ha demostrado la misma eficacia en todos los grupos de edad en los que está permitido su uso, según comunicó el pasado sábado Alexánder Guíntsburg, director del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, que desarrolló el fármaco. Tiene, además, la misma eficacia en personas mayores de 60, 70 y 80 años. Todos estos grupos de edad responden perfectamente a este medicamento. Por si fuera poco, sus desarrolladores esperan que proporcione una inmunidad superior a los dos años. ¿Qué impide, entonces, que en España nos inoculen con la vacuna Sputnik V, aunque esta tenga su origen en un país al que enviamos la aguerrida «División Azul» para combatir al comunismo?
¡Ah, los inescrutables misterios del mercado!
Transnacionales farmacéuticas aseguran escasez de vacunas (¿Qué algoritmo utilizará Facebook para no permitir que desde este Blog no se pueda compartir ningún artículo, ni siquiera a mi propia cuenta de facebook? ¿Tal flojedad intelectual tiene el sistema que cualquier idea lo puede hacer tambalear?)
Las grandes farmacéuticas han logrado ganancias
extraordinarias y se han asegurado un estado permanente de escasez y demanda de
vacunas, financiadas desde lo público. Ahora redoblan el control de sus
patentes monopólicas.
Trasnacionales farmacéuticas aseguran escasez de vacunas
El Viejo Topo
16 marzo, 2021
Las grandes
farmacéuticas están en pie de guerra. Han logrado ganancias absolutamente
extraordinarias debido a la especulación con vacunas, medicamentos e insumos
sanitarios relacionados con el Covid-19. Ahora redoblan el control de sus
patentes monopólicas para impedir que el sector público o empresas nacionales
puedan acceder o fabricar vacunas o medicamentos sin pagar ingentes sumas.
Cabildean agresivamente a sus gobiernos sede para impedir que la Organización
Mundial de Comercio (OMC) apruebe una exención a las patentes farmacéuticas
relacionadas con la pandemia.
Eso propusieron
India y Sudáfrica ante el Comité ADPIC (Acuerdo sobre derechos de propiedad
intelectual relacionados al comercio) de la OMC, que se reunió este marzo en
Ginebra. Contaron con apoyo de más de 100 países, pero los gobiernos de Suiza,
Estados Unidos, Unión Europea, Reino Unido, Australia, Canadá, Singapur, Japón
y Brasil bloquearon cualquier avance de la discusión.
India y
Sudáfrica plantean que se pueda acceder a vacunas, medicamentos e insumos para
Covid-19 sin verse limitados por elevados costos y patentes que impiden
manufacturarlos en países donde existe capacidad para ello. Eso multiplicaría
enormemente la disponibilidad de vacunas e insumos en el mundo y fortalecería
las capacidades nacionales en salud pública ante próximas debacles.
El ADPIC prevé
el uso de licencias obligatorias y otras excepciones en caso de crisis de salud
pública, pero cada vez que países han intentado usarlas, los cárteles de
la industria farmacéutica han hecho campaña para castigarlos, como sucedió con
Sudáfrica al intentar fabricar genéricos para la epidemia de sida, o Colombia,
que buscaba producir genéricos de un medicamento para el cáncer, entre otros
ejemplos. Por estos precedentes, ahora se busca que la OMC sancione la exención.
Una cruel
paradoja es que la mayoría de los gobiernos que se oponen a la exención de
patentes tienen ya comprometido el abasto de vacunas de Covid-19 para sus
poblaciones, incluso muchas más de lo necesario, como Canadá que acaparó hasta
cinco veces las dosis para inocular a toda su población. El gobierno de
Bolsonaro también se opuso a la exención, pese a que Brasil tiene las peores
cifras mundiales de muertes y el país tiene capacidad para manufactura
nacional.
Entre otras
acciones, las trasnacionales farmacéuticas enviaron una carta a Biden urgiendo
a mantener el apoyo a la innovación farmacéutica ( ), oponiéndose a
cualquier exención a los ADPIC. La firmaron directivos de Pfizer, AstraZeneca,
Sanofi, Merck, Novartis, Bayer, Eli Lily, Bristol Myers Squibb, Gilead, Abbvie
y otras, junto a la agrupación PhRMA, (Pharmaceutical Research and
Manufacturers of America). No obstante, la innovación de esas
empresas es casi nula, y en gran porcentaje se basa en usar la investigación
pública (https://tinyurl.com/hs6bkz28).
Varias de ellas
han sido ampliamente subsidiadas por el público para desarrollar vacunas y con
compras anticipadas por la pandemia (https://tinyurl.com/ykabcmw9) , pero han hecho contratos
leoninos y ventas a precios secretos en cada país, incluso a doble y triple
precio a países del Sur. Por ejemplo AstraZeneca vendió su vacuna para Covid-19
a Sudáfrica al doble del precio que la vendió en Europa. Pfizer exigió a varios
gobiernos latinoamericanos (entre ellos Perú, Argentina y Brasil) que además de
contratos secretos, respalden controversias con sus activos soberanos, o sea
reservas públicas de los países. (https://tinyurl.com/3v8fpjm4). Sumado a la inmunidad ante
cualquier efecto adverso de las vacunas, que en su caso son experimentales.
Por su lado, la
Fundación Bill y Melinda Gates presionó a la Universidad de Oxford, para que su
vacuna se fabricara con la trasnacional AstraZeneca, aunque la investigación
estaba avanzada y podría haberse hecho con institutos públicos. El anuncio
inicial de Oxford fue que la vacuna estaría disponible gratuita y abiertamente,
pero resultó una vacuna patentada con precios secretos.
En el mismo
sentido va el mecanismo Covax, formado inicialmente por CEPI y GAVI, dos
alianzas para promover vacunaciones financiadas por la Fundación Gates, en el
que participa la OMS y más de 180 gobiernos. Aunque figura como mecanismo
facilitador del acceso equitativo a las vacunas, en realidad es otra
forma de garantizar que el dinero público vaya a comprar las vacunas de las trasnacionales,
quizá en términos que superficialmente parecen ventajosos, pero que en realidad
son un doble pago del público, en lugar de exigir la cancelación de patentes y
favorecer la manufactura nacional.
Oxfam denunció
que los cuellos de botella de entregas, promovidos por las trasnacionales y la
Fundación Gates para asegurar las ganancias privadas, significan que
tomará como mínimo cinco años llegar a un 60 por ciento de población
global vacunada y a esa altura los virus muy probablemente hayan mutado.
Además, el tiempo de supuesta inmunidad de las vacunas es desconocido, y
probablemente demande vacunación anual. Sin contar con el surgimiento de otras
pandemias, ya que las causas para ello siguen sin tocarse.
Así las trasnacionales, con la filantrópica ayuda de Bill Gates, se han asegurado un estado permanente de escasez y demanda de vacunas –promovidas desde lo público para ganancias privadas– lo cual aparece como el negocio del siglo.
Artículo
publicado originalmente en La Jornada.
LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS NEOLIBERALES MATAN. HAY QUE CAMBIARLAS (¿Qué algoritmo utilizará Facebook para no permitir que desde este Blog no se pueda compartir ningún artículo, ni siquiera a mi propia cuenta de facebook? ¿Tal flojedad intelectual tiene el sistema que cualquier idea lo puede hacer tambalear?)
4 LAS POLÍTICAS
ECONÓMICAS NEOLIBERALES MATAN. HAY QUE CAMBIARLAS
Viçen Navarro
Artículo publicado en el
diario Público, 3 de abril de 2020
El impacto de la
pandemia del coronavirus en el deterioro de la calidad de vida y bienestar de
las poblaciones (y, muy en particular, de las clases populares), así como la
respuesta de los Estados para intentar contenerla están afectando todas las
dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales de cada uno de los
países impactados por este fenómeno. Poca gente podría haber imaginado hace
solo cuatro meses que, hoy, casi una tercera parte de la población mundial
estaría viviendo en condiciones de confinamiento, incluidas las tres cuartas
partes de la población que viven en el mundo capitalista desarrollado. Y lo que
es también extraordinario es que, como consecuencia de la pandemia y de las
medidas tomadas contra ella, la economía mundial está sufriendo una crisis sin
precedentes.
Como resultado de todo
ello, es más que probable que la cultura económica del mundo post-pandemia sea
diferente a la del mundo actual. Y uno de los cambios será (ya lo está siendo
ahora) el gran descrédito de los dogmas que han orientado el pensamiento
económico dominante en la época pre-pandemia –el neoliberalismo–, y cuya
aplicación a través de la imposición de las políticas públicas (derivadas de
tal dogma) está causando tanto sufrimiento. Dicho dogma (que continúa siendo
dominante en los establishments político-mediáticos de la Unión Europea) ha mantenido
la tesis de que el éxito de la actividad económica tenía que basarse en la
austeridad del gasto público social, conseguida a base de recortes que han
dejado a los países afectados por la pandemia sin los medios necesarios –como
por ejemplo sanitarios y de servicios sociales– para protegerse frente a ella.
No es sorprendente que, en general, aquellos países donde tales políticas
neoliberales se han aplicado con mayor dureza sean hoy también los países donde
el daño causado por la pandemia está siendo mayor (ver mi artículo “Las 22
consecuencias del neoliberalismo en la pandemia actual”, Público, 17.03.20).
España, Italia y EEUU son claros ejemplos de ello. Son los países que tienen
mayores índices de mortalidad debido a la pandemia hoy en el mundo, resultado
en gran parte del debilitamiento de sus sectores sanitarios y sociales (así
como otros esenciales), consecuencia del empobrecimiento del sector público y
de la expansión del privado como resultado de las políticas de recortes del
gasto público social llevadas a cabo por gobiernos conservadores, liberales y
socioliberales. Es en estos tres países del mundo occidental donde está
habiendo más muertes por coronavirus (en parte, debido a la gran escasez de
respiradores) y donde hay un porcentaje mayor de profesionales y trabajadores
del sector sanitario que han sido contagiados por el coronavirus, resultado de
la escasez de material protector. Los datos hablan por sí mismos. Según datos
de la Global Health Expenditure Database (de la Organización Mundial de la
Salud), entre 2009 y 2017 el gasto público sanitario gubernamental como
porcentaje del PIB descendió en España de un 6,4% a un 5,9%, y en Italia de un
7% a un 6,5%, mientras que en EEUU –punto de inspiración del modelo neoliberal–
apenas creció de un 4,2% a un 4,5%, con una cobertura sanitaria muy limitada,
con casi 30 millones de estadounidenses sin protección sanitaria; por otro
lado, según datos de la OCDE, entre 2008 y 2016 España redujo sus camas
hospitalarias por cada 1.000 habitantes de 3,2 a 2,97, Italia de 3,79 a 3,17 y
los Estados Unidos de 3,13 a 2,77. Aquí en Catalunya, los recortes del gasto
público sanitario fueron de los más acentuados en España y en la UE-15. Se
recortaron 1.500 millones de euros, y se eliminaron 1.100 camas hospitalarias,
reducciones que han afectado muy en particular a las clases populares, todo
ello mientras se reducían los impuestos de sucesiones y de patrimonio para las
clases de renta superior. Los recortes más acentuados fueron los realizados por
el gobierno de Convergència (partido neoliberal), hoy JxCat, siendo presidente
de la Generalitat de Catalunya el Sr. Artur Mas y Consejero de Sanidad el Sr.
Boi Ruiz, presidente de la Patronal Sanitaria privada, cuyas primeras
declaraciones como máxima autoridad de la sanidad pública catalana fueron
animar a la población a que contratara un seguro de sanidad privado. Toda esta
realidad quedó ocultada por el llamado “procés” independentista, dirigido por
tal partido, cuyo apoyo procede mayoritariamente de las clases de renta superior
y media superior.
El neoliberalismo mata
Repito, la evidencia de que los países en el
Atlántico Norte que han sufrido más debido a la pandemia son aquellos que han
aplicado con mayor severidad las políticas de austeridad, así como reformas
laborales regresivas, tales como los tres citados (ver mi artículo en Público
“Lo que se está ocultando en el debate sobre la pandemia”, 24.03.20) es
abrumadora. La respuesta de dichos países a la pandemia ha sido intentar cubrir
las enormes deficiencias de sus sistema público sanitario a base de comprar
material para curar a los enfermos y para proteger a los profesionales del
sector, pues es en estos países donde hay mayor demanda para que se obtengan
dichos materiales, pero esta alternativa está resultando ser, como era
previsible, insuficiente, incluso para alcanzar los objetivos limitados
definidos por sus gobiernos, importantes (como conseguir mascarillas para todos
los profesionales y trabajadores de los sectores esenciales), pero, repito,
insuficientes, pues la medida correcta sería conseguir mascarillas para toda la
población. La OMS, por fin, ha admitido que los países que han tenido más éxito
para controlar la pandemia han sido aquellos, como Corea del Sur, donde las
mascarillas fueron utilizadas por toda la población (así como los guantes) a
fin de protegerse del contagio.
Es urgente cambiar el tipo de producción económica en el
país
La primera respuesta de estos países a tales
déficits ha sido, pues, intentar resolver la demanda por la vía mercantil, es
decir, comprar los materiales en el mercado internacional, donde estamos viendo
que hay una gran saturación provocada por una carencia global de tales
productos, motivo por el cual sus precios se han disparado, alcanzando cifras
astronómicas. Y como un signo del deterioro de tal mercado, se han establecido
malas prácticas de todo tipo, incluyendo la devolución masiva de productos
defectuosos ya adquiridos, tales como mascarillas (hecho que ha ocurrido con
autoridades públicas en EEUU, España, Italia, Países Bajos y otros países
importadores de dichos productos), provenientes en su mayoría de fábricas
(muchas de ellas, ilegales) en China. 24 Y, para complicar más las cosas,
dentro de los mismos países importadores, varias autoridades a distintos
niveles (sean CCAA en España, regiones en Italia o Estados en EEUU) han estado
compitiendo entre ellas para conseguir cuanto antes estos materiales tan
necesarios, competición que ha ido en contra de los intereses de los
compradores y a favor de los intereses de los proveedores.
La enorme insuficiencia
de este mecanismo mercantil está creando una protesta popular muy extendida,
exigiendo a los Estados que cambien sus prioridades y resuelvan esta escasez de
otras maneras. Ello explica la creciente presión para que haya una
transformación profunda del sistema productivo industrial, dando prioridad al
bien común sobre cualquier otra consideración, exigencia que puede tener un
impacto enorme en el orden político y económico de estos países. Existe ya una
creciente demanda popular (que se refleja en el aplauso diario de las 8 de la
tarde en honor de los profesionales y trabajadores sanitarios de todos estos
países –EEUU, España e Italia– que están arriesgando sus vidas para salvar las
vidas de los enfermos de coronavirus) para exigir a las autoridades públicas
que antepongan el bien común a todo lo demás, haciendo lo posible e imposible
para obtener tales materiales. Así, estamos viendo ya cómo en Italia, bajo la
presión popular, hay cambios en las políticas públicas exigiendo, por ejemplo,
a industrias textiles del país que sustituyan la fabricación de vestidos de
alta costura (destinados a la población de renta superior) por la producción de
mascarillas, batas y otras prendas que se necesitan urgentemente entre los
trabajadores y profesionales de la sanidad y de los servicios sociales, así
como de otros servicios esenciales. Y en EEUU, bajo los poderes del Estado
federal, la industria automovilística (y, muy en especial, General Motors) está
sustituyendo la producción de coches por la producción de ventiladores, que
pueden significar la diferencia entre la vida o la muerte para los enfermos
graves de coronavirus en aquel país.
Ha sido la presión
popular canalizada entre otros por el gobernador del Estado de Nueva York (el
estado con más afectados de EEUU), Andrew Cuomo, lo que ha forzado al
presidente Trump a utilizar la Ley de Alarma General para forzar a la industria
manufacturera, incluyendo la automovilística, a producir dichos respiradores.
El presidente Trump, representante de la ultraderecha neoliberal y el más
acérrimo enemigo del Estado federal, se ha visto forzado a tomar esas
decisiones debido, como digo, a la 25 presión popular, unas medidas a las que
se había opuesto en un principio argumentando, predeciblemente, que dicha
intervención estatal transformaría EEUU en un país como Cuba o Venezuela,
argumentos que se volvieron en su contra cuando el gobernador de Nueva York le
respondió que el tema a discutir no era “intervención del estado federal sí o
no”, sino el “objetivo de tal intervención”, pues EEUU es el país con mayor
intervención federal en el desarrollo económico del país, intervención que se
realiza a través del enorme gasto militar, incrementado todavía más por el
presidente Trump, el cual ha utilizado la máxima ley de alarma en múltiples
ocasiones para forzar al sector industrial a que produzca primordialmente para
responder a las necesidades del establishment militar. Con el argumento de que
el gobierno federal no debía intervenir para forzar al sector industrial a
producir productos que prevendrían la muerte de ciudadanos, Trump mostraba de
una manera clara su visión de lo que más le importa. Como lo acusó Cuomo,
prefería más proteger los intereses del establishment militar y las grandes
empresas de defensa que los intereses de la ciudadanía. La creciente
popularidad de un movimiento social que se está expandiendo rápidamente en el
país ha forzado a Trump a cambiar su estrategia, favoreciendo el
intervencionismo federal en el sector industrial con finalidades sociales.
Sería deseable que algo semejante ocurriera en España.
La importancia del bien común sobre el particular
Todos estos hechos
muestran cómo, gracias a la presión popular, los Estados están tomando mayor
protagonismo, interviniendo activamente en la reconversión industrial,
anteponiendo el bien común a cualquier interés particular minoritario. Esta
petición se está extendiendo a otros sectores, expresando un gran hartazgo
popular contra las políticas neoliberales y los intereses económicos y financieros
que las han promovido, y también contra los economistas a su servicio y su
excesiva influencia sobre el Estado y sobre los medios de información y
comunicación. Es por esta razón que el intento, en España, de aprovechar el
enorme sufrimiento ciudadano para intentar desgastar al gobierno de coalición
de izquierdas que están haciendo los partidos conservadores (como el PP en
España) o neoliberales (como Vox, Ciudadanos o JxCat), presentándose como los
grandes defensores de la ciudadanía frente al gobierno, acusándolo de
incompetente, es de un cinismo extremo, pues fueron ellos –y sus políticas de
austeridad- los que 26 causaron la indefensión de la población, debilitando los
servicios públicos. La rebaja de impuestos a las rentas superiores, la privatización
de los servicios públicos y los recortes del gasto público sanitario y social
son los que causaron el exceso de mortalidad (mucho mayor que en otros países).
Estos partidos políticos han sido responsables de la situación extrema a la que
se ha llegado en este país. El gobierno de coalición ha abierto un nuevo
capítulo de esperanza. Pero se requieren pasos más radicales, pues la tragedia
es enorme. Y es ahí donde se debería redefinir la relación entre lo público y
lo privado para priorizar lo primero sobre lo segundo, a fin de conseguir el
bien común por encima de cualquier otra consideración. El gobierno de coalición
ha estado tomando medidas de gran importancia, que se irán extendiendo como
resultado de la presión popular, que siempre verá lo público y no lo privado
como la mejor garantía para su salud, calidad de vida y bienestar. El orden
económico actual, que prioriza lo privado sobre lo público, ha perdido toda la
credibilidad, pues comparte la responsabilidad de que haya una mortalidad tan
alta en este país. Así de claro.
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