La enorme crisis social creada
por las políticas neoliberales de los gobiernos españoles y catalanes
Público
27.11.2018
Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona.
Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad
Pompeu Fabra (Barcelona, España).
Ha sido también
profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University
(Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 48 años. Dirige
el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por
la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University. Dirige también
el Observatorio Social de España.
Es uno de los
investigadores españoles más citados en la literatura científica internacional
en ciencias sociales
La aplicación
de políticas neoliberales, como las reformas laborales que tenían como objetivo, en teoría, aumentar la flexibilidad laboral (lo
cual consiguieron a costa de un enorme crecimiento de la precariedad, de la
inestabilidad laboral y de la desprotección social), y como los recortes del
gasto y empleo públicos que han afectado especialmente a las transferencias y
servicios públicos del ya muy poco financiado Estado del Bienestar español,
incluyendo el catalán (a fin de reducir el déficit público con la
intención, en teoría, de tranquilizar a los mercados financieros), por parte
de los gobiernos liderados en España por el Sr. Zapatero primero y por el Sr.
Rajoy después (con el apoyo de Ciudadanos), y de los gobiernos del Sr. Mas y
del Sr. Puigdemont –y ahora del Sr. Torra– (en alianza con Unió Democràtica y
más tarde con ERC) en Catalunya, ha tenido un impacto devastador en la calidad
de vida y el bienestar de las clases populares de España, incluyendo Catalunya.
Nunca antes en el periodo democrático se había visto tal deterioro. Desde
el inicio de la Gran Recesión –causada por la aplicación de tales políticas– en
2007 hasta el año pasado, 2017, la tasa de desempleo pasó de un 8,2% a un 17,2%
(un crecimiento del 110%). En número de personas, significó pasar de tener
1.846.000 parados a tener 3.917.000 (2.071.000 personas más). Durante el mismo
periodo de tiempo 2007-2017, el porcentaje de personas en paro de larga
duración pasó de ser un 1,7% (377.000 personas) a un 7,7% (1.724.000 personas).
El porcentaje de trabajadores que ganaron solo una tercera parte del salario
medio pasó de ser el 21% a un 27% (en el caso de personas solteras sin hijos),
y del 13% a un 14% en el caso de parejas con un salario y dos hijos. Y el
porcentaje de trabajadores que ganaban menos del salario mínimo subió de un
8,8% a un 12%. Hoy España (incluyendo Catalunya) tiene una de las tasas de
riesgo de pobreza más altas en la UE (un 22%), que es incluso mayor en el caso
de los niños (32%).
La tasa de
ocupación (porcentaje de la población que trabaja) entre la gente joven es hoy
solo del 18% (en Catalunya el 25%), una situación dramática y que augura un
futuro nivel de vida para los jóvenes que estará por debajo del de sus padres.
Pero no solo los jóvenes están en una situación muy preocupante. Otro grupo
etario con grandes dificultades es el trabajador “maduro” (por encima de 55
años), que representan el 14% del total de parados, habiendo crecido su
desempleo un 293% durante el periodo 2007-2017. Esta situación tan deteriorada
en el mundo del trabajo explica también el gran crecimiento de las
desigualdades, siendo España (incluyendo Catalunya) el país que tiene unas
desigualdades más acentuadas en la UE-15.
El desmantelamiento
del Estado del Bienestar
Como
consecuencia de los recortes, el porcentaje del PIB gastado en la sanidad
pública bajó durante el periodo 2009-2015 de un 5,8% a un 5,4% en Catalunya, y
de un 6,8% a un 6,5% en España, porcentajes de gasto sanitario público más
bajos que en el promedio de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de
países de la UE de mayor desarrollo económico, y mucho más bajos que en Suecia
(donde subió durante el mismo periodo de un 7,3% a un 9,2%). Un tanto igual
ocurrió con la educación, cuyo gasto bajó en Catalunya de un 4,21% a un
3,68% (durante el periodo 2009-2015), y en España de un 5,02% a un 4,16%, mucho
más bajos que en la UE-15. Y así un largo y penoso descenso por cada uno de los
capítulos del Estado del bienestar español, incluyendo el catalán.
Es importante
destacar que las dimensiones más duras y antisociales de estas políticas
neoliberales, tanto los recortes (como la ley de estabilidad presupuestaria de
2012 o el decreto de recortes del mismo año) como las reformas laborales y la
amnistía fiscal, fueron aprobadas por los dos partidos gobernantes en España
(el PP) y en Catalunya (CiU). CiU era una
coalición de dos partidos: CDC, un partido liberal, y UDC, un partido
cristianodemócrata. Más tarde CDC dejó de aliarse con UDC y pasó a gobernar con
ERC, apoyado desde fuera del gobierno por la CUP. Tal partido (CDC, ahora
PDeCAT) es un partido neoliberal que hasta hace unos días pertenecía a la misma
familia política que Ciudadanos (otro partido político neoliberal), de la que
fue expulsado por su historial de corrupción en su etapa pujolista. Este
partido ha promocionado, como parte de su política neoliberal, la llamada
declaración del Dia de l’Alliberament Fiscal, que expresa el deseo de
establecer un límite en cuanto a la carga fiscal, distanciándose de garantizar
los servicios básicos del Estado del Bienestar. Tal declaración es
presentada en forma de moción de este partido en los ayuntamientos catalanes
(inspirada por un movimiento semejante de la derecha en EEUU, conocido como Tax
Freedom Day, que favorece la limitación de la carga fiscal junto con un
cuestionamiento del compromiso estatal de garantizar el acceso a la sanidad y a
la educación). En su día, Convergència fue responsable de los mayores recortes
de gasto público sanitario conocidos en la UE-15 (promovidos por el conseller
de Salud, Boi Ruiz, que había sido presidente de la patronal sanitaria
privada antes de ser nombrado consejero, y que durante su mandato recomendó que
la gente afectada por los recortes contratara un seguro sanitario privado).
Es también
importante subrayar que tales partidos políticos neoliberales (PP, Ciudadanos y
el PDeCAT) lideran los bloques nacionalistas –el españolista los dos primeros,
y el catalanista, hoy independentista, el último (siendo partidos en polos
opuestos en sus políticas nacionales)–. Todos ellos utilizan el nacionalismo
para movilizar a sus bases a la vez que en los pasillos y despachos del poder
–como en el Congreso de los Diputados– firman y apoyan las mismas políticas que
han hecho un enorme daño a las clases populares a ambos lados del Ebro. Ni que
decir tiene que detrás de su supuesto “amor a la patria y a la nación”
hay un intento de ocultar el daño e impopularidad creada por la implementación
forzosa (pues no estaban en sus programas electorales) de tales políticas
neoliberales, las cuales han creado dicha enorme crisis social. Sin las
movilizaciones de banderas –la borbónica por el lado españolista y la estelada
por el lado independentista–, tales partidos habrían disminuido
espectacularmente su apoyo electoral como ha ocurrido en la mayoría de países
de la UE.
Gran parte de
la población es consciente de la enorme crisis y atribuye a las políticas
neoliberalres aplicadas su existencia
Como era de
esperar, artículos publicados en revistas de signo neoliberal próximas a los
nacionalistas de ambos lados han intentado convencer a la ciudadanía de que la
situación se ha resuelto y que los recortes se han revertido alcanzando los
niveles de gasto que España, incluyendo Catalunya, tenían antes de la crisis.
Artículos titulados “La remisión de los recortes” o parecidos son comunes en
tales medios. Pero los datos muestran la enorme falsedad de esos supuestos. En
realidad, la gran mayoría de la ciudadanía es plenamente consciente de ello.
En una encuesta reciente publicada en El País (11.11.18), la gran
mayoría de españoles (82%), incluyendo los catalanes, no creen que España haya
salido de la crisis. Y un porcentaje también muy elevado (66%) acusa a las
políticas de la clase política (es decir, de los partidos gobernantes) de la
crisis y de su continuidad como consecuencia de tales políticas. El 73,6%
de los encuestados, que representan a la población española, creen (con razón)
que España tiene mayor pobreza, un 77,9% que hay menor calidad en el empleo, el
67,4% que hay mayores desigualdades y el 58,5% que hay menor desarrollo
económico. Las estadísticas muestran que tales percepciones responden
claramente a una realidad. Casi un cuarto de la población sufre riesgo de
pobreza y exclusión social, incluyendo gente asalariada. Y los ingresos y el
nivel de vida de la mayoría de la población han disminuido. Es también
importante señalar que además de responsabilizar a la clase política gobernante
por la enorme crisis, también el 67,2% responsabiliza al Banco Central
Europeo, al Fondo Monetario Internacional y a la Comisión Europea (comúnmente
conocidos como la Troika) por haber promovido tales políticas.
Y hace
solamente unos días el barómetro del CEO (Centro de Estudios de Opinión del la
Generalitat de Catalunya) mostraba que los dos principales problemas (que
están incluso por encima del desempleo) que la mayoría de la población catalana
considera que hay en Catalunya son la insatisfacción con la política (que
incluye las políticas públicas que se están aplicando) y las tensiones entre
Catalunya y España (que en realidad quiere decir entre el bloque unionista y el
separatista). En la misma encuesta, el 66% favorece la protesta social para lograr
que “los políticos cambien de rumbo”, y la gran mayoría suspende con claridad
la gestión de los gobiernos catalán y español.
La respuesta
popular a la enorme crisis
Como era de
esperar, apareció un movimiento de protesta, el 15-M, cuyo principal eslogan
era una denuncia de tales políticas y de los partidos gobernantes que las
impusieron, indicando que la clase política carecía de legitimidad pues no
estaba sirviendo a la población. El “no nos representan” era su denuncia, y el
“sí se puede” era el camino para encontrar una solución. Era fundamental
que se cuestionara el argumento del establishment neoliberal que justificaba
la aplicación de tales políticas indicando que eran las únicas posibles.
Tal movimiento mostró con datos (ver Navarro, V. Torres, J. Garzón, A. Hay
alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España. Sequitur,
2011) que sí se podían seguir otras alternativas. Y se estableció un
movimiento político-social, Podemos, que ha tenido un gran impacto político en
el país. De nuevo, en la encuesta de El País, una mayoría de la
población (alrededor del 66%) cree que la aparición de Podemos fue consecuencia
del rechazo a tales políticas. Entre otros cambios, el fin del bipartidismo es
un resultado de ello.
La respuesta
del establishment neoliberal
Hay que
subrayar que tal crisis fue fácil de predecir. Algunos lo hicimos: en el libro Neoliberalismo
y Estado del Bienestar (Ariel Económica, 1997) ya avancé que las políticas
iniciadas en la década de los años ochenta a los dos lados del Atlántico Norte
crearían una enorme crisis. Y así ocurrió. Tales políticas favorecieron
sistemáticamente a las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo,
creando unas enormes desigualdades que crearían una crisis económica y
financiera, que a su vez originaría una gran crisis social y, por último, una
gran crisis política que cuestionaría la legitimidad de las instituciones que
sustentan la estructura de poder.
Por lo general,
el establishment neoliberal está hoy a la defensiva, aun cuando el conflicto de
banderas está en cierta medida alentado por los dos bandos, a fin de ocultar la
crisis social y sus responsabilidades en su establecimiento. A mayor
responsabilidad, mayor es el grito de las banderas. Por lo demás, su apoyo a
tales políticas continúa.
Ahora bien, en
el panorama político español ha habido cambios en gran parte como consecuencia
de la movilización y protesta que ha aparecido en las calles. El PSOE ha sido
sensible y ha sido receptivo a las propuestas de Unidos Podemos, siendo su
resultado el establecimiento de una propuesta de presupuestos cuya
aplicación sería el inicio del fin del neoliberalismo. Desde el incremento
del salario mínimo (de los más bajos de la UE) hasta la regulación del precio
del alquiler, hay toda una serie de propuestas que beneficiarían enormemente la
calidad de vida y el bienestar de la población, y muy en particular de las
clases populares de los distintos pueblos y naciones de España. Predeciblemente
las derechas españolas (PP y Ciudadanos) se han opuesto a ello, aunque no ha
sido la única oposición que está encontrando la propuesta de presupuestos.
Más
sorprendente ha sido la oposición de las izquierdas independentistas, que han
puesto la aprobación de los presupuestos como parte de una negociación con el
gobierno socialista, subrayando que su apoyo a los presupuestos sería un favor
al gobierno que no están dispuestos a realizar a no ser que este cambie en su
política hacia los presos. Los presupuestos, que sin lugar a dudas
beneficiarían a la mayoría de la población catalana, quedan, pues, supeditados
a la resolución del tema de los presos.
Conscientes de
que tal posición les podría suponer un coste electoral, algunas voces de tales
izquierdas del bloque independentista han indicado que favorecen las medidas
sociales que incluyen los presupuestos, ofreciéndose a apoyar tales cambios no
como parte de unos presupuestos, sino como una suma de decretos-ley, cada uno
de los cuales contendría una medida social. Según la
Constitución, el gobierno está autorizado a establecer medidas presupuestarias
excepcionales de apoyo a decretos-ley que el gobierno considere de especial
interés. Y así lo ha propuesto el mismo gobierno Sánchez.
Los
decretos-ley no son lo que se supone
El error de
sustituir los presupuestos por decretos-ley es, sin embargo, creer que las
medidas sociales de los presupuestos pueden sustituirse por una suma de tales
decretos, lo cual es altamente cuestionable, tal como la experiencia demuestra. No hay duda de que las derechas neoliberales, el PP y Ciudadanos,
llevarán esos decretos-ley al Tribunal Constitucional (TC), basándose en que
una condición para su aprobación es su excepcionalidad. En otras palabras, los
decretos-ley en los temas sociales enunciados tienen que responder a
circunstancias de urgencia y excepcionalidad, categoría subjetiva que, sin
lugar a dudas, dará pie a la intervención del TC, lo que llevará, además de a
un gran retraso, a la posibilidad muy probable de que dichas medidas sean
vetadas por tal tribunal. La judicialización de la política es una constante
en la estrategia de las derechas en España, conscientes de que el poder
judicial en este país está muy escorado a la derecha, como el juicio de los
presos políticos está demostrando. De ahí que tal judicialización dificultará e
incluso imposibilitará su aprobación. Así pasó con anteriores decretos-ley,
como la declaración de inconstitucionalidad en el año 1997 de una reforma
fiscal de 1992, o en el año 2016 de unos créditos extraordinarios aprobados en
2014. En ambos casos el TC indicó que unos cambios de tal naturaleza no podían
seguir la vía extraordinaria, sino la ordinaria. Y así podría pasar,
anulando la probabilidad de que tales medidas pudieran ser aprobadas.
La enorme
responsabilidad de las izquierdas independentistas en perpetuar la enorme
crisis social existente en Catalunya y en España
Es un gran
error y una enorme incoherencia el ligar y relacionar la aprobación de los
presupuestos (que significan un paso muy importante, ya que contienen medidas
de gran calado que beneficiarían enormemente a las clases populares de
Catalunya y de España) a cambios del gobierno español en el tema nacional. La
continua supeditación de la resolución de la enorme crisis social a la
resolución del tema nacional está convirtiendo a tales izquierdas en cómplices
del enorme daño que los partidos neoliberales están imponiendo a la población.
Su
comportamiento durante el “procés” está ahora alcanzando su máxima expresión en
su oposición a la aprobación de tales medidas progresistas. Las clases
populares están sufriendo y no pueden supeditarse las acciones encaminadas a
eliminar o al menos disminuir tal dolor a acciones en otros ámbitos,
anteponiendo el tema nacional (por muy noble que su causa les parezca) a la
resolución de la brutal crisis social.
Hoy, la gran
mayoría de la población catalana votaría a partidos de izquierdas.
Según la última encuesta del CEO, la suma de los votos de ERC, PSC,
Catalunya en Comú y la CUP sería mayoritaria entre la población (58,5%). Es
lógico, pues, asumir que, conforme al principio de representatividad y
solidaridad que debería guiar a las izquierdas, la mayoría de catalanes desea
que estas medidas sean aprobadas. Ahora bien, las izquierdas independentistas
(ERC y CUP) prefieren mantener la alianza con otros partidos independentistas
(y por lo tanto con la derecha neoliberal del PDeCAT), una alianza que sería
minoritaria (la suma de ERC, PDeCAT y CUP no alcanzaría el 50%,
concretamente sería el 48,4%). Y la suma de las derechas (PDeCAT, Ciudadanos y
PP) sería solo del 39,5%. Y, en cambio, los partidos neoliberales de derechas,
claramente en minoría, serían los mayores beneficiarios del veto
independentista a los presupuestos.
Las izquierdas
independentistas deberían anteponer el deseo de las clases populares, en un
momento de gran crisis social. Ignorar tal deseo (a favor de un futuro
incierto) es un gran error que, por desgracia, se ha cometido durante un largo
periodo de tiempo. Parecen no entender que la estrategia de tensión que
están favoreciendo está llevando a una situación que está causando un enorme
daño a la mayoría de la población, que no es para nada responsable ni de la
situación, ni de los presos políticos, ni de la rigidez y represión del Estado
central, ni de la torpeza del gobierno catalán. Así de claro.
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