martes, 3 de marzo de 2015

LAS CRÍTICAS AL TTIP DAN SUS PRIMEROS FRUTOS



Las críticas al TTIP dan sus primeros frutos

La Marea
Rebelión
03.03.2015


Los dirigentes políticos en Washington, Bruselas y otras capitales europeas tienen un pollo. Es un pollo pequeño pero está causando grandes dolores de cabeza a los negociadores y defensores de crear una gran área de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, más conocido por sus siglas en inglés, TTIP. En concreto, se trata de un pollo desinfectado con clorina para su consumo, una práctica habitual en EEUU. Con el TTIP se podría llegar a permitir la venta de este tipo de producto en Europa, donde actualmente está prohibido. En Alemania este aspecto, casi anecdótico con respecto a la inmensa materia sobre la que están negociando Bruselas y Washington, ha provocado un revuelo público considerable, acaparando grandes titulares y debates. Se topa con el rechazo mayoritario del ciudadano-consumidor teutón, que está dudando de los supuestos beneficios del TTIP en general. Y como cualquier movilización social funciona mejor si tiene como bandera un símbolo gráfico, pues allí está el pollo de clorina.

Este 2 de febrero, los técnicos de la UE y de EEUU inician una nueva ronda de negociaciones sobre el TTIP en Bruselas. Es la octava desde que comenzó el proceso en julio de 2013. Durante años, estos funcionarios de la Comisión Europea y de la Oficina de Comercio de la Casa Blanca se han reunido de forma discreta sin dar cuenta al público de sus propuestas y argumentos. Pero la situación ha cambiado de forma notable en los últimos meses. Ante la creciente presión de la sociedad civil, activistas y partidos políticos, algunos de ellos con responsabilidad de gobierno, la Comisión Europea se vio obligada a principios de enero a hacer pública, por primera vez, una serie de documentos hasta entonces clasificados y a aclarar su posicionamiento respecto a los asuntos de los que se habla en el marco del TTIP. No son papeles demasiado relevantes. Más interesante resultan las afirmaciones y compromisos de la CE sobre los diferentes temas. “Es muy importante que todo el mundo pueda ver y comprender lo que estamos proponiendo para el TTIP e, igualmente importante, lo que no proponemos”, dijo la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, que tomó posesión del cargo con la nueva Comisión liderada por Jean-Claude Juncker en noviembre. Un año y medio después del comienzo de las negociaciones, Bruselas lanza lo que llama “una iniciativa de transparencia” y promete “negociar el TTIP de la manera más abierta posible”.

Los estadounidenses arrancaron de sus colegas europeos el compromiso de que los protocolos de las negociaciones fueran material clasificado durante 30 años. Y, precisamente, ha sido la opacidad del proceso la que ha puesto en alerta a movimientos civiles a ambos lados del Atlántico. Las pocas filtraciones de documentos internos confirman las sospechas de que se está negociando a espaldas de la ciudadanía, algo que beneficiaría sobre todo a las grandes empresas. La idea de que EEUU y Europa se pusieran de acuerdo para abrir aún más sus respectivas economías al otro viene del siglo pasado. En 2013, el presidente estadounidense Barack Obama y el entonces jefe de la CE, José Manuel Barroso, dieron finalmente el pistoletazo de salida para un proceso que aspira a crear el mayor espacio de libre comercio del mundo, con más de 800 millones de ciudadanos y las economías más avanzadas del planeta. Se pretende acabar con las barreras existentes, como los aranceles, aunque estos ya están en un nivel muy bajo si se compara con las relaciones con otros países. Por ejemplo, EEUU aplica una tarifa del 2,5% a los coches importados desde Europa, mientras la UE cobra un 10% para los vehículos que llegan desde América.

El verdadero objetivo del TTIP, sin embargo, es nivelar las diferentes normas y reglas para los productos y servicios. Los estándares difieren bastante, por ejemplo para la producción de alimentos. En EEUU está extendido el cultivo de transgénicos, al que se oponen los europeos. También existen criterios diferentes para la fabricación de parachoques y sillas de niños en los coches. Además, el TTIP pretende abrir los servicios para las empresas de ambos lados, al eliminar políticas de la administración pública que dan preferencia a proveedores locales en los concursos. En fin, el objetivo es crear un mercado común con las mismas condiciones para todos, lo que en la jerga económica en inglés se conoce como level playing field.

En principio, suena razonable. No obstante, para los críticos con este tratado –ecologistas, sindicatos y grupos de protección del consumidor– existe un gran peligro de que los dos equipos de negociadores acaben encontrándose en el denominador común más bajo, es decir, que se impongan mutuamente las regulaciones, normas y estándares más laxos de cada uno de ellos. Según estos colectivos, Europa podría acabar abriendo la puerta no sólo al pollo de clorina o los productos transgénicos, sino que se podrían rebajar también otros logros en derechos laborales o protección del medio ambiente. EEUU, por ejemplo, quiere acabar con la resistencia de los gobiernos europeos a la controvertida fracturación hidráulica, el famoso fracking, para extraer gas y petróleo a riesgo de contaminar el suelo y el agua e incluso provocar movimientos sísmicos. También se teme que el TTIP abra la puerta a más privatizaciones de servicios públicos y, a la vez, cierre definitivamente la posibilidad de renacionalizarlos en el futuro.
Diputados sin información.

Sobre el impacto económico de un área de libre comercio hay una guerra de estudios y cifras. Un informe independiente encargado por la Comisión al Centre for Economic Policy Research, un instituto de investigación de Londres, habla de que el TTIP podría añadir medio punto anual al crecimiento del PIB europeo, ya que las exportaciones a EEUU se incrementarían un 28%. En el mejor de los casos, según los expertos de Londres, una familia de cuatro miembros verá aumentada su renta disponible en 548 euros al año. En EEUU llegaría incluso a 655 euros. Por el contrario, otros estudios prevén la pérdida de millones de empleos porque la mayor competencia beneficiaría sobre todo a las multinacionales y haría mella en el tejido de la pequeña y mediana empresa. No deja de ser especulación, ya que todo depende de qué medidas entrarán finalmente en el acuerdo y cuáles no.

Los dirigentes de la UE y los propios negociadores, por supuesto, no comparten las críticas y preocupaciones por los presumibles efectos nocivos del tratado. El jefe del equipo europeo, el español Ignacio García Bercero, tilda de alarmistas a los activistas y sindicatos que advierten de que fomentará más desregulación y privatización. “La UE no hará ningún compromiso en relación a los servicios públicos de sanidad, educación o servicios sociales”, asegura la CE en la documentación sobre el TTIP.


Pero los responsables de las negociaciones del TTIP han contribuido a despertar y alimentar los recelos. Aunque se han reunido con grupos de activistas y otros miembros de la sociedad civil, la inmensa mayoría de los contactos a puerta cerrada fueron con representantes de la industria, las finanzas y otros sectores del poderoso lobby empresarial. Los diputados del Parlamento Europeo, que deben ser consultados a lo largo del proceso, se han quejado de la escasa información que reciben. “Yo soy miembro de la comisión de Comercio Internacional y doy fe de que la opacidad es indignante”, comenta la eurodiputada de Podemos, Lola Sánchez, por correo. “Sólo ciertos diputados, los coordinadores de los grupos en esta comisión, que son siete, han podido acceder a la sala de lectura o reading room, donde se les muestran algunos documentos de las negociaciones.A esta sala no pueden entrar con lápiz, papel, móvil o cámara de fotos, y lo que leen debe permanecer oculto”, agrega.

La lucha contra la opacidad de las negociaciones ha sido el principal caballo de batalla de las organizaciones que contestan el TTIP. La presión aumentó mucho el año pasado con cientos de manifestaciones, actos de protesta y otras iniciativas para romper el muro de silencio de la Comisión. Con la recientemente inaugurada “iniciativa de transparencia” de Bruselas, este movimiento celebra un primer éxito. “Nuestra protesta surte efecto. Nuestras demandas y advertencias han despertado un debate vivo sobre el TTIP y CETA (el tratado de libre comercio con Canadá), y hemos obligado a muchos políticos que hasta ahora no se han preocupado por el tema a definirse”, resumen en Stop-TTIP, una campaña que reúne a unas 300 organizaciones de toda Europa. En la primavera de 2014 lanzaron una petición internacional que consiguió un millón de firmas –40.000 en España–, para presentar una iniciativa ciudadana europea que inste a la Comisión a abrir un debate público sobre el TTIP. A pesar de cumplir con las exigencias establecidas, Bruselas se negó a aceptar la iniciativa.

Pero la presión fue a más, especialmente después de las elecciones al Parlamento Europeo de mayo. Sobre todo de los verdes europeos y los partidos de izquierda, que no dejaban de exigir al nuevo equipo de Juncker más transparencia y debate. Con éxito. Además de prometer la publicación de documentos, la CE lanzó una consulta ciudadana sobre el TTIP, lo cual dejó a los socios estadounidenses algo desconcertados. “Es difícil evaluar la influencia real de las acciones de lobby de la sociedad civil pero definitivamente tienen un efecto”, reza un informe del Consejo Nacional de Comercio Exterior (NFTC), el gran lobby estadounidense en este campo. “La prueba es la decisión de la Comisión de lanzar una consulta pública de tres meses sobre la propuesta de crear un mecanismo de arbitraje entre Estados e inversores después de una campaña en contra”, concluye.

Efectivamente, el resultado de las 150.000 respuestas de los ciudadanos a la consulta es que existe un “enorme escepticismo” entre la ciudadanía sobre aspectos del TTIP, en particular el mencionado mecanismo de arbitraje, como reconocen en Bruselas. Es el aspecto más espinoso de todo el tratado, el que más rechazo genera y el que tiene el potencial de acabar con todo el proyecto. La cláusula sobre Solución de Controversias entre Inversores y Estados, más conocida por sus siglas en inglés, ISDS, es un requerimiento imprescindible de Washington. Este mecanismo prevé fijar por ley que los inversores extranjeros puedan llevar a un Estado ante un tribunal internacional de arbitraje si consideran que su gobierno ha tomado decisiones que perjudican sus intereses. Originalmente, se trataba de condiciones impuestas por los países ricos a las naciones en desarrollo para evitar que una empresa pudiera verse perjudicada por decisiones como una nacionalización de los activos. Pero muchos inversores se han aprovechado de estos mecanismos para reclamar compensación porque los gobiernos elevaron el salario mínimo o introdujeron normas medioambientales más estrictas.

Ya existe un tribunal de arbitraje, el Ciadi, que depende del Banco Mundial en Washington y es reconocido por la gran mayoría de países miembros de la ONU. El Estado español, por ejemplo, está acumulando demandas de inversores extranjeros por el recorte de las subvenciones a las energías renovables. Pero, con el TTIP, este proceso sería vinculante y los demandantes podrían acudir a otros tribunales de arbitraje de carácter puramente privado. Normalmente, las dos partes del litigio, el Estado y el inversor, nombran cada una a un miembro del panel y se ponen de acuerdo para elegir un tercero. Los tres juristas que dirimen el contencioso suelen ser abogados comerciales de despachos privados en vez de jueces. La falta de transparencia es otra crítica de estos mecanismos. Los defensores del ISDS y el lobby empresarial alegan que los inversores deben tener garantías que les protejan de decisiones arbitrarias en su perjuicio y destacan que estas cláusulas existen ya en otros tratados como el mencionado CETA con Canadá, que aún no ha entrado en vigor. La ONG Traidcraft quita hierro a este argumento y pone el ejemplo de Brasil, que se opuso a firmar cláusulas de este tipo, sin que se haya resentido la inversión extranjera en el gigante suramericano.

Reparos entre los socios de MerkelPero lo más controvertido es que el ISDS socavaría la soberanía de los Estados y sus sistemas de Justicia. Y mucha gente no quiere aceptar esto. “Digo muy claramente: no necesitamos los tribunales de arbitraje”, afirmó el ministro de Justicia alemán, Heiko Maas, en una entrevista con el diarioFrankfurter Allgemeine Sonntagszeitung en junio. “La posición del Gobierno federal en este punto es firme y así se lo hemos transmitido a la Comisión”, dijo el dirigente socialdemócrata. Su partido, el SPD, tiene un papel clave para el futuro del TTIP, ya que forma gobierno junto con los democristianos de la canciller Angela Merkel, que está muy preocupada con que el tratado llegue a buen puerto. En un congreso del año pasado, las bases socialdemócratas votaron una moción en contra del ISDS. Con eso pusieron en aprietos a su presidente Sigmar Gabriel, quien, como vicecanciller y ministro de Economía, es el responsable de temas de comercio en la gran coalición. Gabriel no comparte muchos de los reparos de sus compañeros de partido y está a favor de llegar a un acuerdo con EEUU, aunque en otros términos. Para vencer la resistencia a los tribunales de arbitraje, el líder de los socialdemócratas alemanes está pensando en crear un tipo de corte internacional para el comercio, con jueces que provienen de los sistemas de Justicia nacionales y con todas las garantías de transparencia para la sociedad.

Incluso en la CDU de Merkel empiezan a surgir dudas sobre el TTIP. “No debe haber recortes en los derechos laborales. Hay que preservar los servicios públicos y garantizar la seguridad alimentaria”, dijo al diario financiero Handelsblatt el vicepresidente de la CDA, una corriente dentro del partido que representa los intereses de los trabajadores, Christan Bäumler. Asimismo, está en contra del ISDS. El rechazo al mecanismo de arbitraje se ha manifestado también en los parlamentos de Francia y Holanda, que han aprobado sendas mociones en su contra. Y el ministro de Comercio francés, Matthias Fekl, declaró en noviembre que París no firmará un tratado que incluya el ISDS. “Tenemos que preservar el derecho del Estado para establecer y aplicar sus propios estándares, mantener la imparcialidad del sistema de Justicia y permitir al pueblo de Francia y del resto del mundo reafirmar sus valores”, dijo el ministro socialista.

La comisaria Malmström ha entendido el mensaje y comprende que debe actuar para vencer los recelos. Con este objetivo, ya está preparando un “ISDS reformado”, según consta en el memorándum de un eurodiputado que participó en una de las exclusivas reuniones de consulta con la responsable europea de Comercio. En ese encuentro, Malmström también dio a entender que prefiere posponer la firma de CETA para no entorpecer las negociaciones del TTIP. Y es que el tratado de libre comercio con Canadá, que ya está aprobado, aunque todavía no ratificado por el Consejo y el Parlamento Europeo, contiene la polémica cláusula ISDS, que tanto rechazo despierta en Alemania, Francia, Holanda y otros países. “El ISDS es la piedra en el zapato del TTIP”, comenta Luis Rico, coordinador de Ecologistas en Acción de la campaña contra el tratado en España.

El mecanismo de arbitraje es uno de los elementos más importantes del proyecto, pero también es muy complejo. Como suele ocurrir, son los aspectos más simples y cercanos a la vida diaria los que consigue