jueves, 24 de septiembre de 2020

El gobierno de la Comunidad de Madrid formado por la variopinta derecha española en sus diferentes aspectos de derecha, derecha-derecha y extrema derecha o fascismo en ciernes (¿ O qué se creen ustedes, que VOX ha aparecido porque la avispa del ardor patrio le ha picado al caballo de Santiago Abascal para encenderle las neuronas del amor patrio porque sí, y no el montaje del instrumento político que necesitan los grandes capitales para la defensa de sus intereses, contrapuestos e irresolubles frente a los intereses de los trabajadores, en previsión de la que se avecina Martina con la Nueva normalidad) hablando clarito para entendernos, le ha (nos) quitado 35 millones de euros a los trabajadores para entregárselos a los señores de la mercantil que denominan sanidad privada a fin de mantener su rentabilidad. Como la mona sigue siendo mona con independencia del partido al que vote, la denominación que ostente cualquier gobierno no influye en absoluto para que si roba en diferido para entregárselo a sus amos a cambio de un plato con una lenteja es un ladrón en diferido, se llame como se llame y se ponga como se ponga. 35 millones de euros para la sanidad pública en vez de dedicarlos a medios humanos y materiales para la lucha contra el coronavirus, como acto criminal, hay que reconocer que no está nada mal. Recientemente, hace unas semanas, se reunió en Madrid telemáticamente la Coordinadora Estatal para la Defensa del Sistema Público de Pensiones, que como se sabe (O mejor dicho, como no sabemos bien del todo los trabajadores a nivel general) se opone a que los principales grupos financieros se queden (otros le llaman privatizar) con las pensiones públicas, contra cuya intención acordaron realizar una serie de acciones, de las que por cierto, ni la prensa, radio y televisión guais han informado más bien poco, poquito, ni tampoco cabe esperar que lo hagan, por ser los fieles servidores de los que roban a los trabajadores. Pero el camino está señalado: hacer para defender lo que es nuestro. ¿Y qué hacer? Pues hijo, eso es precisamente por donde tenemos que empezar los trabajadores: por saber qué tenemos que hacer por nosotros mismos. ¿Difícil? No hombre no. Difícil no, dificilísimo. Pero no hay otro camino. Y mientras más tardemos por nosotros mismos en encontrar este camino más penurias y sufrimientos para los trabajadores. Claro que, cantando Resistiremos y contando los pájaros que vuelan de dos en dos podemos permanecer en la inconsciencia en la que estamos, pero eso no resuelve el problema ni le quita gravedad a la situación en la que vivimos, y lo que te tengo que rondar morena.



Ayuso pagará 35 millones a la sanidad privada para compensarla por «la expropiación del servicio de las empresas del sector»

Por Kaos. Por Una Sanidad Pública

KAOSENLARED

Sep 24, 2020

Más fondos públicos, esta vez extraordinarios, para financiar el negocio de la salud privada. Y es que no hay oportunidad, pandemia incluida, en que los gobiernos del capital no satisfagan la voluntad de sus amos.

 

 

Madrid pagará 35 millones a la sanidad privada por sus ‘servicios’ contra la primera ola de la Covid-19

La Consejería de Sanidad espera cerrar el acuerdo con la patronal regional este mismo miércoles

Tras meses de negociaciones, el Gobierno de Madrid ya tiene claro cuánto pagará a la sanidad privada regional por sus ‘servicios’ durante la primera ola de la Covid-19 y el estado de alarma. Según la información difundida por Invertia, la cifra estará alrededor de los 35 millones de euros.

La Consejería de Sanidad madrileña dirigida por Enrique Ruiz Escudero espera cerrar de forma definitiva el acuerdo con el presidente de la patronal madrileña de la sanidad privada, Isidro Díaz Bustamante, este mismo miércoles. El concepto por el que se abonarían los 35 millones sería por “compensación por la expropiación del servicio” de las empresas del sector.

De esta manera, Madrid sigue el camino de las comunidades que ya han aprobado las partidas públicas para la sanidad privada por la primera ola de la pandemia. Antes fueron Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana quienes lo hicieron. En el caso de Cataluña la Generalitat aprobó pagar 43.000 euros por cada paciente con coronavirus que requiriera ingreso en Intensivos durante el estado de alarma.

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