martes, 4 de diciembre de 2012

NOTAS AL CONCEPTO DE FASCISMO EN EL MUNDO ACTUAL DE POSTMODERNIDADES, 15-M Y OTROS GLOBALISMOS POPULISTAS


Elisa Crespo 
Sociologia crítica
Publicado en 2012/12/03 

 “Nos han educado para ver el fascismo como un monstruo, no para entenderlo. El fascismo es, entre otras cosas, un fenómeno político de masas que empieza por reivindicaciones sociales y agresiones al régimen democrático. El fascismo del que más miedo hay que tener no es el de grupúsculos agresivos aislados, sino de aquel que consiga movilizar a las masas. Y para ello sonará como música en nuestros oídos, como ya pasó dos generaciones atrás.

Se nos ha educado también para confundir democracia con un bien absoluto. No lo es, es una arquitectura de poder que debe tender a satisfacer a la mayoría. Y ya eso es mucho. 

Ambos términos están perdiendo, en el uso común, su significado original. 

 Hoy, España se sienta en un polvorín con los siguientes ingredientes: transición mal resuelta, corrupción de partidos, cultura del pelotazo y grandes empresas y medios de comunicación como hilo conductor entre el franquismo y la que puede ser segunda transición. Todo ello en medio de una crisis similar a la de los años 30 de la que se quiere salir asfixiando a las rentas del trabajo. Es decir, el descontento acumulado puede venir a dar en movimientos de corte fascista de nuevo cuño. Para evitarlo es necesario ser exquisitamente escrupuloso con el comportamiento político. Por tanto, este tipo de discurso en un contexto como el actual puede salir caro. 

• -Si la crítica se dirige genéricamente a los políticos y los asocia con la corrupción en lugar de explicar que son los representantes de la ideología liberal los que van contra los trabajadores, esta crítica está poniendo la alfombra roja a los movimientos de corte fascista que pueden venir. 

• -Si se pone el foco en parlamentarios corruptos y se saca el foco de los beneficios empresariales corruptores, se está azuzando a la población hacia una vía antidemocrática.

• -Si nunca el foco se pone sobre políticos que defienden en el parlamento y fuera del parlamento los intereses de los trabajadores, se impide canalizar la fuerza de la protesta hacia una solución política que nos proteja. 

• Esta anticipación en el discurso no supone callar, sino seleccionar sobre qué se habla y en qué términos. Y no parece exagerado hablar del fascismo que puede venir porque el fascismo no es un monstruo, sino algo muy seductor con dos necesidades: atacar la democracia y seducir a la población. No hagamos entonces su trabajo.” 

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LAS CUP EXPLICADAS A LA IZQUIERDA ESPAÑOLA


Raimundo Viejo y Jorge Moruno 
Público 
Rebelion.org 
03-12-2012 

En las pasadas elecciones catalanas una innovación política singular obtuvo representación en el Parlament. Muchos descubren ahora las CUP, pero estas ya estaban ahí desde hace algún tiempo como fenómeno de la política local catalana. Sus orígenes pueden retrotraerse, de hecho, a las experiencias municipalistas de los años de la Transición, si bien no ha sido hasta tiempos muy recientes, en el marco de la actual crisis del régimen, que han comenzado a cobrar peso. 

El salto de las CUP a la política autonómica del pasado domingo les confiere una mayor visibilidad, pero al mismo tiempo también les interrogan sobre sus limitaciones pasadas, desarrollos actuales e hipótesis de futuro. A diferencia de otras tentativas de la extrema izquierda más ideológicas, centralizadas y sin un fuerte arraigo sobre el terreno, las CUP supieron leer en su día la grieta institucional que ofrece el régimen a nivel local para los núcleos de población de pequeño y mediano tamaño (no así tanto en Barcelona). 

En este orden de cosas, las CUP no se pueden considerar un proyecto acabado, formulado apriori por una vanguardia cualquiera o dirección de partido, sino que se trata más bien de un virus recombinante que muta de acuerdo con el ambiente político general. No de otro modo se entiende, en rigor, el salto cualitativo que acaban de dar las CUP tras la Diada de 2012. Esto es, el paso a la política autonómica que ha hecho posible la implicación electoral de muchos más sectores que los que definen las CUP que conocíamos hasta ahora. Y es que en la legislatura que ahora comienza, las CUP han asumido un triple desafío del que bien podría nacer uno de los instrumentos políticos más innovadores e interesantes de Europa occidental desde que a comienzos de los años ochenta los ecologistas alemanes pusieran en marcha Die Grünen. Queda por ver si ante los desafíos que se plantean, las CUP sepan salir adelante con éxito. De momento, sin embargo, pueden jactarse de haber llegado donde nunca había llegado la extrema izquierda.

Un nuevo eje de fractura: la democratización

Sabido es que en la política catalana se cruzan dos ejes políticos fundamentales: el social y el nacional. En ambos casos las CUP se sitúan en uno de los extremos: el independentista y el de la izquierda. Sin embargo, ni en lo uno ni en lo otro —donde CUP representa a nivel de contenidos una fuerza más bien poco innovadora— es donde radica el interés y el potencial de las CUP. En esa doble combinación las CUP nunca habrían conseguido entrar en el Parlament (como tampoco seguramente en buena parte de los ayuntamientos en que han obtenido 101 concejales y 4 alcaldías, con sólo presentar el 10% de las candidaturas posibles). De hecho, a la vista de los resultados, allí donde las CUP responden más a este perfil, como en Girona, no han alcanzado el escaño. Y ello a pesar de obtener incluso un mayor porcentaje (la ley de d’Hondt que asigna los escaños no se ha hecho por nada, sino para asegurarse el control de la formación de mayorías sobre la representación de los ejes social y nacional). 

Más aún, la persistencia en los elementos identitarios más clásicos de su discurso (“Independència, Socialisme, Països Catalans”) ha hipotecado en no poca medida, unos mejores resultados por Barcelona que habrían podido ejercer un efecto tirón). A lo largo de la campaña, CUP cometió algunos errores notables, reflejo de inercias ideológicas muy arraigadas en el mundo de l’esquerra independentista. De no haberse cometido estos errores, tal vez serían 6 ó 7 los diputados CUP que ahora se sentarían en el Parlament, habiendo conseguido entrar por Tarragona y Girona.

 La novedad que impulsa las CUP no es, pues, un despertar del “pueblo” dormido a las verdades reveladas del socialismo o el independentismo, sino la capacidad del municipalismo alternativo para dar una salida institucional original a la actual fase expresiva del movimiento en la calle. En efecto, tras las intensas fases de movilización que hemos vivido, se impone la necesidad de racionalizar los esfuerzos movilizadores por medio de nuevos soportes institucionales no integrados en un régimen político en quiebra. 

Movilizarse de forma permanente, sin traducir en logros tangibles las acciones colectivas, sabido es, no resulta viable a medio plazo. De ahí el interés de articular un contrapoder arraigado a la praxis cotidiana de la democracia directa en los ayuntamientos. Las CUP, nacidas de una extrema izquierda catalanista que, a diferencia de la española (excepción hecha de Marinaleda y algún caso más), nunca renunciaron a las calles y por eso arraigaron antes en los municipios de medianas y pequeñas dimensiones. No cabe duda que los distintos sectores que en su día organizaron las primeras CUP, ni que fuese de manera intuitiva, supieron leer esa exigencia institucional de resistencia al medio y largo plazo. Por eso hoy recogen el éxito electoral que otras organizaciones de más elevado perfil ideológico no han sabido sembrar. 

Las CUP más allá de las CUP

Las CUP, por lo tanto, no han entrado en el Parlament por ser independentistas ni socialistas o una afortunada combinación de ambas cosas, sino por ser parte más bien de la reivindicación que, desde el 15M a nivel de Estado, pero también antes en Catalunya desde la reivindicación del “derecho a decidir” (que no del clásico derecho de autodeterminación) renueva el discurso político y lo articula sobre el eje democratizador. Basta con analizar los resultados electorales para percatarse que el factor que marca la diferencia y hace posible el salto entre los ayuntamientos y el Parlament es la movilización en Barcelona del precariado metropolitano. Esto no significa, va de suyo, que las CUP sean la encarnación institucional del 15M. En no pocas ocasiones, incluso, importantes sectores de las CUP se han opuesto al 15M con argumentos tan infundados como sectarios y etnicistas. El mismo 15 de mayo, sin ir más lejos, a la hora en que miles nos manifestábamos por las calles, la CUP de Barcelona celebraba su acto central de campaña para las municipales. Y si bien es cierto que varios de sus militantes han participado desde el primer momento en el 15M, ya sea en asambleas de barrio, de facultad, de hospital u otras, no lo es menos que dicha participación se ha realizado siempre a título individual (como no podía ser de otro modo en el 15M). 

Con todo, las redes sobre las que se sostienen las CUP se superpone, interseccionan y combinan con las del 15M. A lo largo de la pasada campaña algunas de las asambleas del 15M barcelonés invitaron a debatir sobre la oportunidad de votar CUP (o no), de plantearse la opción de contribuir a vertebrar un instrumento de intervención del movimiento en las instituciones del gobierno representativo conservando la propia autonomía. Y aunque CUP llevaba su proceso de movilización partidista en paralelo al 15M por medio del más clásico repertorio de sus asambleas abiertas, desde los espacios asamblearios nacidos al calor del 15M se tuvo la oportunidad de contar con la presencia de CUP y de celebrar debates propios. Si todo esto fue posible (decisivo incluso para el resultado electoral final) sin duda se debió a que el candidato por Barcelona, David Fernàndez inspiró una confianza imprescindible al 15M de la que no disponía la CUP en sí misma. Sobre todo a quienes desde fuera de la esquerra independentista ven en él una persona de inequívoca trayectoria al servicio de la política de movimiento por encima de todo partidismo.

Así las cosas, con la obtención de sus tres escaños, las CUP han inaugurado una etapa que sobrepasa todas las expectativas. Es por ello mismo a la vez una oportunidad y un riesgo enorme: oportunidad de replantear el problema democrático en un vínculo directo con la crisis del régimen, la movilización en las calles y la urgencia de realineamientos políticos; riesgo de caer en los repliegues identitarios, en el narcisismo colectivo, en las teorizaciones de vanguardia y en las tentaciones hegemonistas de toda la vida. Pero por ahora han demostrado que no le temen a los lobos y se han internado en el bosque. 

Por suerte, las CUP disponen ahora de un escenario parlamentario en el que no tendrán excesiva presión, lo que les permitirá abrir, si así lo consideran, un proceso de reconfiguración a fondo de su proyecto. Si optan por repetir las viejas fórmulas de la Unitat Popular los próximos meses observarán como no pocos sectores que han visto con ilusión su apuesta autonómica vuelven a sus posiciones. Marx decía que la revolución social del siglo XIX no puede extraer su poesía del pasado, sino solamente del porvenir; la poesia del siglo XXI se expresa bajo la forma de la red y la cooperación social de una multitud productiva que desborda modelos obsoletos Si limitan su acción parlamentaria a ser el pepito grillo del Parlament, se estancarán seguramente en un breve plazo de tiempo. Si optan, en fin, por mantener abiertas las conexiones entre redes sociales, por pensar la articulación entre lo local y lo metropolitano, por innovar en el terreno democrático del rendimiento de cuentas (accountability), por iniciar un proceso de maduración político capaz de ver más allá de las propias limitaciones identitarias, etc., etc. las CUP podrían provocar un pequeño seismo antes incluso de acabar la legislatura.
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 Raimundo Viejo es profesor de Ciencia Política en la UdG y miembro de la cooperativa Artefakte, Jorge Moruno es sociólogo y autor del blog larevueltadelasneuronas.com 

 Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/6196/las-cup-explicadas-a-la-izquierda-espanola/ 

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LA DEUDA, LOS "RECORTES" Y LA SANIDAD


(2/3) 

Inés Marco y Gemma Tarafa 
Mientras tanto electrónico 
Rebelión.org 
02-12-2012 

La deuda llega a Europa

El estado de endeudamiento de algunos países eu ropeos ha sido uno de los principales focos de atención durante los últimos meses. No obstante, la abundancia de desinformación y de “ruido” al respecto ha impedido que la mayoría de personas tengan una concepción clara de qué es lo que realmente ha ocurrido. Este artículo quiere desmitificar algunas de las ideas más repetidas que han calado en la opinión pública, a la vez que descubrir otros aspectos que han quedado en la más absoluta oscuridad. En concreto, nos fijaremos especialmente en las consecuencias que sobre el bienestar y salud de las personas tiene lo que se ha denominado “la crisis de la deuda soberana europea”. 

En el caso del Estado español, el mayor volumen de deuda ha sido contraído por el sector privado, especialmente por las entidades financieras. La relación de esta deuda con el boom inmobiliario ha sido determinante. La política de los últimos gobiernos, tanto del PSOE como del PP, de socializar esta deuda, ha supuesto un potencial riesgo de deterioro de las cuentas públicas que conlleva un empobrecimiento de la población a través de los recortes del gasto público y de las diferentes reformas del mercado laboral, las pensiones, etc. Como punto culminante de ese proceso, la reforma del artículo 135 de la Constitución llevada a cabo en septiembre de 2011 asegura el pago de la deuda ante el gasto social, lo que atenta contra la justicia social y la soberanía. Según los últimos datos del Banco de España, la deuda total del estado español a finales de 2011 se situaba alrededor de los 4,3 billones de euros [6], cuatro veces el PIB. La parte de esta deuda que fue contraída por el sector público es un 18% (734.961 M€), las familias deben el 21% (857.496M€), las empresas no financieras el 31% (1.230.783 M€), y las empresas financieras un 29% (1.176.760 M€).

La deuda del sector público

Si desgranamos la información sobre el sector público español, los niveles de deuda son inferiores a los del resto de países europeos. Así, hasta 2011 y según datos de Eurostat, el Estado español tenía una ratio de Deuda Pública sobre el PIB del 68,5%, inferior a Alemania (81,2%), Francia (85,5%) o el Reino Unido (85,7%). En declaraciones de noviembre de 2011, Jean-Claude Juncker (primer ministro de Luxemburgo, anterior presidente del Consejo Europeo y en la actualidad presidente del Eurogrupo), lo puso en evidencia con las siguientes declaraciones: “Alemania tiene deudas más elevadas que España. Pero aquí nadie quiere saberlo”. Una vez evidenciada las falsas acusaciones sobre el sobreendeudamiento del sector público, la atención se centró en el déficit público. El aumento del déficit ha mantenido una tendencia creciente en España y ha superado los niveles de déficit de los países vecinos. El superávit de 1,9% del PIB en 2007 se convirtió a gran velocidad en déficits del 4,5% en 2008, 11,2% en 2009, 9,3% en 2010 y 8,5% en 2011. Al igual que en las crisis anteriores, la última también generó un aumento del déficit. No obstante, en esta ocasión la opción política ha sido distinta. El gobierno, bajo una aparente neutralidad, presenta como inevitable la necesidad de recortar el gasto público e imponer la “austeridad para los pobres” [7], a pesar de que las medidas no afectan a ciudadanos y ciudadanas de forma “neutral”, sino que las personas que más se ven afectadas son las de rentas más bajas, que acuden a la sanidad, educación y justicia pública y que gastan la mayor parte o la totalidad de sus ingresos en su consumo. Sin embargo, existían otras opciones Además, los actuales recortes demuestran cuáles son las partidas que el gobierno considera “lujos”, y que han sido recortadas en casi su totalidad, como son las relacionadas con el género, las de medio ambiente o la cooperación. 

Las propuestas que buscan reducir el déficit con criterios de justicia social y ambiental se basan principalmente en establecer impuestos sobre las rentas más altas y, especialmente, sobre el capital. En cambio, el modelo tributario español basa su carga impositiva sobre las rentas del trabajo (un 98% para 2010). Es por eso que los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) publicaron un informe en mayo de 2012 en el que defendían una batería de medidas que, junto a la propuesta de crear un nuevo impuesto de sociedades del 35% para los beneficios a partir de un millón de euros, permitirían ingresar más de 63.300 millones adicionales al año. Entre las medidas tomadas está modificar la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva para que se establezca un porcentaje máximo de participación en las Sicav de entre el 2 y el 5% del capital social, la prohibición de las operaciones en corto contra la Deuda Pública, o la que supondría gran parte de la recaudación, una reorganización en profundidad del Ministerio de Hacienda y la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) que permita a los técnicos de Hacienda realizar auditorías operativas para el control del gasto público e investigar a las grandes fortunas y empresas, responsables del 72% de la evasión fiscal. Éstas son las otras políticas, las que nadie quiere ver. Por otro lado, mientras no exista voluntad política para aumentar los ingresos con criterios de justicia, continuará la tendencia de cubrir la necesidad de ingresos con emisión de deuda pública. En 2007, un 20% de los ingresos provino de emisión de deuda y para 2010 el porcentaje aumentó hasta alcanzar un 47%.

 … y del sector privado

 Los datos del Banco de España en junio de 2012 revelan que el endeudamiento familiar alcanza la cifra de 857.496 millones de €, de los cuales 653.974 millones (76,27%) corresponden a deuda hipotecaria. La ausencia de políticas para garantizar un alquiler a ccesible y el impulso del régimen de propiedad privada por parte de las administraciones públicas, así como la falta de regulación bancaria, incentivaron la concesión indiscriminada de préstamos hipotecarios y el sobreendeudamiento de las familias como única forma de acceder a una vivienda digna que, como recoge el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 47 de la Constitución española, es uno de los derechos fundamentales de las personas. Como muchos han evidenciado, especialmente el economista y estadístico José Manuel Naredo [8], se apostó por un modelo que promueve la vivienda libre y en propiedad en vez del alquiler y la vivienda social, un modelo que tendió a hacer construcciones nuevas para obtener plusvalías en vez de a conservar el patrimonio construido. Por otra parte, no todas las familias se endeudaron para comprar una vivienda. Con los datos de 2008, a final de la burbuja inmobiliaria, se observa que sólo un 50% de los hogares tenían algún tipo de deuda. De entre éstos, son las familias con rentas más altas las que presentan un porcentaje mayor de familias endeudadas o, dicho de otro modo, son las familias con rentas más bajas las que han dedicado un porcentaje mayor de su renta para pagar las deudas hipotecarias [9]. 

Las consecuencias de la crisis financiera en España arrojan unas cifras estremecedoras: 5.7 millones de personas desempleadas, 580.000 familias sin ingresos, y 1.737.600 familias en las que todos los miembros activos están en paro. Ante la imposibi lidad de vender sus viviendas, y la bajada de precios de éstas, las familias desahuciadas se quedan sin hogar y a la vez siguen manteniendo más de la mitad de la deuda con las entidades financiera. Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), desde 2007 el número de procedimientos ejecutorios iniciados por impago de hipoteca ya ha afectado a más de 374.230 familias, y se estiman unos 400.000 desalojos. Como afirma Vanesa Valiño, directora del Observatori DESC Drets Econòmics Socials i Culturals [10]: “la legislación española supone un auténtico maltrato para las personas en situación de insolvencia” [11]. 

La justificación es que estas viviendas pasarán a manos del llamado “banco malo”, que buscará una salida para los pisos a partir de diciembre. L as viviendas de las cajas intervenidas, denominadas como activos tóxicos, pasarán a manos del banco malo, que deberá liquidarse dentro de 15 años. Como ha apuntado Adriá Alemany, la estrategia del gobierno será la de pagar un precio superior al de mercado para estas viviendas, lo que supondrá pérdidas para las arcas públicas en el momento de liquidación del banco malo [12]. Los recursos que recibirá este banco malo provendrán del Estado, ya que será el FROB el que aportará los recursos, que aún deberá endeudarse más. Por otra parte, la situación actual permite a las entidades financieras volver a hacer negocio con la vivienda ya que se la adjudican a un 50% del valor, a pesar de que se calcula que los precios han descendido en un 20%. Con todo, se estima que las entidades conseguirán unos beneficios de 37.500 millones de euros mediante estas operaciones. 

En este artículo no entramos a discutir en profundidad el endeudamiento de las empresas. El caso de las entidades financieras, extremadamente vinculado a las deudas hipotecarias, responde a un criterio de socialización de pérdidas. Los constantes escándalos respecto a la gestión de estas entidades no dejan lugar a dudas sobre el trato preferente y los costes financieros y sociales que el modelo ha supuesto. En este sentido, queremos destacar el papel de las empresas no financieras, que acumulan una deuda de 1.176.760 millones de euros. Aunque no todas las empresas se han endeudado de la misma forma, sino que un 95% de esta deuda corresponde a las grandes empresas, aquellas que tienen a más de 250 trabajadores. De las 3.250.576 empresas españolas, solo 4.997 cumplen este requisito. La gestión de esta deuda y los próximos acontecimientos podrían suponer una nueva amenaza para el sector público, si éste asumiera de nuevo las deudas privadas. 

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PARA MUCHOS ANDALUCES EL DIA DE ANDALUCIA ES HOY 4 DE DICIEMBRE