miércoles, 27 de julio de 2022

Una investigación desvela que Amazon, Apple, Microsoft y Google compraron oro ilegal en Brasil a través de una refinadora

 

Una investigación desvela que Amazon, Apple, Microsoft y Google compraron oro ilegal en Brasil a través de una refinadora

 

DIARIO OCTUBRE  julio 26, 2022

 

Presuntamente adquirieron el metal a la firma italiana Chimet para la fabricación de celulares, computadoras y servidores, según Repórter Brasil.


Imagen ilustrativa | SOPA Images / Legion-Media


Una firma italiana, dedicada a la refinación de metales preciosos, habría adquirido presuntamente oro de comerciantes ilegales que operan en tierras indígenas de la Amazonía brasileña. La entidad, Chimet, es proveedora de cuatro gigantes tecnológicos: Amazon, Apple, Microsoft y Google (a través de su matriz, Alphabet).

 

Entre 2020 y 2021, las cuatro compañías compraron oro supuestamente a Chimet para la fabricación de celulares, computadoras y servidores. Pero la compañía italiana habría adquirido presuntamente el metal de una minería clandestina que opera en el territorio indígena Kayapó, lo que constituye un delito en Brasil.

Además, Amazon, Apple, Microsoft y Alphabet también compraron oro a la empresa brasileña Marsam, que está siendo investigada por el Ministerio Público Federal por causar daños ambientales en la operación de metales ilícitos, según una investigación del sitio periodístico Repórter Brasil.

De acuerdo con reportes policiales, consultados por la agencia Reuters, Chimet está acusada de comprar 2.100 millones de reales (385 millones de dólares) en oro a la firma CHM, que habría adquirido el metal a mineros ilegales, una práctica prohibida, pero recurrente en el país sudamericano.

Entre 2015 y 2020, Brasil vendió 229 toneladas de oro proveniente de territorios indígenas o reservas ambientales en la Amazonía, de acuerdo con una investigación del Instituto Escolhas, citada por Efe.

 

Respuesta de Chimet

Giovanni Prelazzi, representante de Chimet, respondió a Reuters que la firma no tiene una relación directa con los cuatro gigantes tecnológicos, sino que vende el oro a bancos, quienes funcionan como intermediarios en la reventa del metal para distintos usos.

En tanto, Chimet informó que contrató una auditoría de proveedores y que el pasado abril recibió una certificación del principal organismo en el mercado de lingotes, London Bullion Market Association (LBMA), con sede en Londres, por cumplir con los estándares de abastecimiento responsable de oro.

Por su parte, un vocero de Apple afirmó que la compañía tiene prohibida la comercialización de minerales extraídos de manera ilegal, y que en caso de que las empresas distribuidoras no cumplan con esta política, se les expulsa de la lista de proveedores.

Negocio en auge

La minería ilegal es causante de la deforestación en la Amazonía, considerada el “pulmón del mundo”. Además, esta actividad conlleva la contaminación de ríos con mercurio, afectando a comunidades indígenas.

Esta actividad ilegal ha aumentado bajo la administración del presidente Jair Bolsonaro, quien incluso ha implementado políticas de apoyo a la minería artesanal, con la justificación de que representa una “fuente de riqueza e ingresos para una población de cientos de miles de personas”.

FUENTE: actualidad.rt.com

 *++

Ayuda al desarrollo como parte de la nueva Guerra Fría

 

Ayuda al desarrollo como parte de la nueva Guerra Fría

 


Por Anis ChowdhuryJomo Kwame Sundaram 

Rebelion

| 27/07/2022 | Economía

 

Fuentes: IPS [Imagen: Economipedia]


La ayuda al desarrollo se ha convertido en nuevo campo de batalla de la nueva Guerra Fría que protagonizan China y Estados Unidos. Beijing avanza con la Iniciativa de la Franja y la Ruta, su nueva ruta de la seda, Washington lo intenta con la nueva Asociación para la Infraestructura y la Inversión Globales, a la que ha sumado al resto del Grupo de los Siete.

SÍDNEY / KUALA LUMPUR – La financiación del desarrollo, que durante mucho tiempo fue un medio para que las naciones poderosas influyeran en los países en desarrollo, ha adquirido una importancia renovada en la nueva Guerra Fría. A diferencia de la anterior Guerra Fría entre Estados Unidos y la extinta Unión Soviética, ahora la rivalidad es entre sistemas capitalistas de mercado mixtos.

La rivalidad en la ayuda al desarrollo

Después de renegar repetidamente de sus promesas de ayuda al desarrollo y financiación del clima, las grandes naciones ricas del Grupo de los Siete (G7) secundaron y aprobaron obedientemente la Asociación para la Infraestructura y la Inversión Globales (PGII, en inglés) promovida por el presidente estadounidense Joe Biden, durante su cumbre anual de 2022, realizada en junio en la localidad alemana de Schloss Elmau.

Con un compromiso de 200 000 millones de dólares por parte de Estados Unidos, el G7 prometió movilizar 600 000 millones de dólares en fondos públicos y privados para inversiones en infraestructuras en los países del Sur en desarrollo, abriendo así la competencia con la multimillonaria Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, en inglés) de China, una reedición de la antigua ruta de la seda.

La Casa Blanca alega que al contrario de la BRI, la PGII ofrece infraestructuras de alta calidad, sostenibles y basadas en valores. Por lo tanto, es más probable que la financiación del G7 tenga condiciones, por ejemplo, tomar partido en la nueva Guerra Fría.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China subrayó que Beijing sigue acogiendo con satisfacción todas las iniciativas que promueven el desarrollo global de infraestructuras, pero insistió en que la potencia emergente global se opone a impulsar cálculos geopolíticos con el pretexto de la construcción de infraestructuras o a desprestigiar la BRI.

La prioridad de seguridad nacional de Estados Unidos

En la Cumbre del G7 de 2021, Biden había presentado una iniciativa parecida, la Build Back Better World (construir un mundo mejor, B3W), insistiendo en que definiría la alternativa del G7 a la BRI china. Basada en su programa nacional Build Back Better (BBB), la B3W no tardó en fracasar cuando el Senado estadounidense rechazó el original, el BBB.

La afirmación de la Casa Blanca de que, con el B3W, Estados Unidos estaba reuniendo a las democracias del mundo para que den respuesta a los pueblos, afronten los mayores retos del mundo y demuestren los valores compartidos también se ha eliminado del aprobado PGII.

Con pocos detalles sobre la iniciativa B3W, la Unión Europea (UE) lanzó en diciembre de 2021 su propia estrategia, llamada Puerta Global, para los países en desarrollo, prometiendo 300 000 millones de dólares en inversiones en infraestructuras hasta 2027.

En la Cumbre UE-Unión Africana de febrero de 2022, el bloque europeo anunció una financiación de 150 000 millones de dólares para el Paquete de Inversión África-Europa, la mitad del presupuesto de la Puerta Global.

Los líderes de la UE han promocionado su nueva Puerta Global como la mejor respuesta a la nueva ruta de la seda china, sugiriendo que las iniciativas del G7 no solo deben ser complementarias, sino también reforzarse mutuamente. Pero la prioridad africana de la UE no es necesariamente compartida por otros miembros del G7.

La financiación de la UE, de 135 000 millones, procederá del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible. La Iniciativa Verde Limpia del Reino Unido, surgida durante  la Cumbre del Clima de Glasgow de 2021, y los 65 000 millones de dólares de Japón para la conectividad regional tampoco pueden ser adicionales.

Al reconocer el escepticismo sobre la cantidad de dinero nuevo, el canciller alemán Olaf Scholz instó a los miembros del G7 a presentar sus compromisos de forma coherente para disipar las dudas sobre la doble contabilidad y la escasa proporción de subvenciones respecto a los créditos.

Cuando se anunció que el PGII lanzado en junio en la cumbre del G7 sustituiría al fracasado B3W, se creó una gran confusión. Dejando claro su propósito, la Casa Blanca afirmó inequívocamente que el PGII promoverá la seguridad nacional de Estados Unidos.

Descabellado, arriesgado y condicionado

El G7 también insta ahora a utilizar el dinero público para movilizar fondos del sector privado. Pero este tipo de iniciativas no han conseguido movilizar fondos privados significativos, lo que no permite esperar que se cubra el déficit de financiación de un billón (millón de millones) de dólares.

Según la publicación conservadora británica The Economist, la financiación mixta, que combina dinero público, benéfico y privado, tiene dificultades para despegar. Incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial advierten que las asociaciones público-privadas, las llamadas APP, incurren en riesgos fiscales contingentes.

Y lo que es peor, las APP distorsionan las prioridades nacionales, favorecen a los inversores privados y agravan las crisis de la deuda. Tampoco han mejorado la equidad de acceso, ni han reducido la pobreza, ni han mejorado la sostenibilidad.

Las crisis de la deuda de los países en desarrollo suelen implicar préstamos comerciales o dinero del sector privado. Por ejemplo, las crisis de la deuda latinoamericana de la década de los 80 fueron provocadas por las subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos para acabar con la inflación.

Los préstamos del sector privado suelen implicar tipos de interés más altos y períodos de reembolso más cortos que los créditos de los gobiernos y los bancos de desarrollo multilaterales. Como es lógico, carecen de mecanismos equitativos de reestructuración o refinanciación.

Haciendo caso omiso de otra resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las naciones poderosas desatienden los llamamientos de los países en desarrollo a favor de acuerdos multilaterales de reestructuración de la deuda soberana justos y ordenados. Del mismo modo, Occidente se niega a arreglar las injustas normas comerciales, fiscales y de otro tipo que perjudican a los países más pobres.

Déficit de confianza

Hace más de medio siglo, las naciones ricas prometieron 0,7 % de su renta nacional bruta  como ayuda al desarrollo. Pero el total de la ayuda al desarrollo (AOD) de los miembros ricos de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económicos (OCDE) apenas ha superado la mitad de la cantidad prometida.

Peor aún, el porcentaje ha disminuido desde 0,54% de 1961, y solo cinco naciones han cumplido sistemáticamente su compromiso de 0,7% en muchos años. La organización internacional Oxfam calculó que 50 años de promesas incumplidas suponían un déficit de ayuda de 5,7 billones de dólares hasta 2020.

En 2005, durante la Cumbre de Gleneagles en Escocia, los líderes del G7 se comprometieron a duplicar su ayuda para 2010, destinando 50 000 millones de dólares anuales a África. Pero el aporte real ha sido lamentablemente escaso, sin informes transparentes ni rendición de cuentas.

La mayor parte de la ayuda al desarrollo no es transparente ni predecible. Tras algunos avances en la desvinculación, la ayuda vuelve a estar cada vez más atada, obligando a los beneficiarios a ejecutar proyectos de los donantes o a comprar a los proveedores de los países donantes, lo que compromete su eficacia.

Estados Unidos ocupa el lugar más bajo entre los países del G7, ya que solo aportó en ayuda 0,18% de la renta en 2021. Para empeorar las cosas, la eficacia de la ayuda estadounidense es la peor entre las 27 naciones más ricas del mundo. Está claro que, además de la falta de la cantidad de ayuda, la calidad también es un problema.

La crisis de los refugiados sirios y la pandemia de covid-19 han proporcionado algunos pretextos recientes para recortar la ayuda. Algunos países poderosos han recurrido a una contabilidad creativa, por ejemplo, contabilizando los costes de asentamiento de los refugiados y de las operaciones militares de mantenimiento de la paz como AOD.

No es de extrañar que la ONU esté muy preocupada por las recientes decisiones y propuestas de recortar notablemente la AOD para atender los impactos de la guerra de Ucrania sobre los refugiados.

De hecho, las controversias sobre qué financiación del clima es nueva y adicional a la AOD no se han resuelto desde la adopción en 1992 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro.

Además, los miembros del G7 no cumplieron con el compromiso de 2009 de los países ricos de aportar 100 000 millones de dólares anuales en financiación climática hasta 2020 para ayudar a los países en desarrollo a adaptarse y mitigar el calentamiento global.

Los 79 600 millones de dólares de financiación climática que la OCDE informó en 2019 fueron los más altos de la historia. Pero las estimaciones de la OCDE son muy discutidas, por ejemplo, por la doble contabilización y por incluir préstamos comerciales no concesionales, préstamos renovados y financiación privada.

Cooperación, no conflicto

Aunque China es nueva en la financiación al desarrollo, ahora se encuentra entre los mayores financiadores del desarrollo del mundo. Tras las promesas incumplidas y la duplicidad, incluso la traición, la importancia de China ha aumentado a medida que la financiación de los donantes de la OCDE disminuía relativamente.

China es ahora un actor global más importante en la financiación del desarrollo internacional que las seis principales instituciones financieras multilaterales del mundo juntas. A muchos países en desarrollo no les queda más remedio que comprometerse con China, si no depender de ella.

No cabe duda de que existen preocupaciones justificadas sobre la financiación del desarrollo y las prácticas de China. Entre ellas se encuentran los impactos medioambientales adversos, la escasa transparencia y una elevada proporción de préstamos comerciales, aunque sean a tipos de interés favorables.

En 2019, la entonces directora gerente del FMI y ahora presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, sugirió que la nueva fase de la BRI se beneficiaría de una mayor transparencia, una contratación pública con licitaciones competitivas y una mejor evaluación del riesgo en la selección de proyectos.

Lagarde aprobó el nuevo marco de sostenibilidad de la deuda de China y los principios de inversión verde para evaluar los proyectos de la BRI. Esperaba entonces que la BRI 2.0 se rigiese por un espíritu de colaboración, transparencia y compromiso con la sostenibilidad que sirva a todos sus miembros, tanto hoy como mañana.

La nueva Guerra Fría podría estimular una rivalidad más sana y pacífica, mejorando sin querer la ayuda al desarrollo y las perspectivas de los países del Sur en desarrollo.

Anis Chowdhury fue profesor de economía de la Universidad Occidental de Sídney y ocupó altos cargos en la ONU. Jomo Kwame Sundaram fue profesor de economía y secretario general adjunto de la ONU para el Desarrollo Económico.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

T: MF / ED: EG

Fuente: https://ipsnoticias.net/2022/07/ayuda-al-poder-en-la-nueva-guerra-fria/

 *++

En vísperas de la mesa de diálogo

 

La prevista reunión de la mesa de diálogo entre los gobiernos español y catalán se celebrará en un momento en que PSOE y ERC, aunque por diferentes razones, necesitan ganar tiempo. Sánchez para acabar la legislatura, Aragonès para romper el empate con Junts.


En vísperas de la mesa de diálogo


Antonio Santamaría

El Viejo Topo

27 julio, 2022 


La prevista reunión de la mesa de diálogo entre los gobiernos español y catalán se celebrará en un momento en que PSOE y ERC, aunque por diferentes razones, necesitan ganar tiempo. Pedro Sánchez para acabar la legislatura, Pere Aragonès para romper el empate con Junts.

Hace poco más de un año de la trabajosa investidura de Pere Aragonès (21/5/21) que necesitó tres sesiones parlamentarias para acceder a la presidencia de la Generalitat y tras seis meses de presidencia en funciones tras la inhabilitación de Quim Torra.

Las elecciones al Parlament del 14 de febrero de 2021 arrojaron, dentro del bloque soberanista, una ligera ventaja a favor de ERC, con una mínima distancia de un escaño y treinta mil votos respecto a Junts per Catalunya (JxCat) que presentó a Laura Borràs investigada por un feo asunto de corrupción. ERC cerró un pacto con la CUP antes de encarar la negociación con Junts. La CUP exigió que pasados dos años -a mitad de legislatura- Aragonès se sometiese a una cuestión de confianza para evaluar los resultados de su apuesta por la mesa del diálogo con el gobierno español donde ERC plantearía dos puntos centrales: amnistía y autodeterminación. Junts le hizo sudar la camiseta, elevando el nivel de sus exigencias y poniendo como cuestión innegociable otorgar la presidencia de la Cámara a Laura Borràs, una votación en la cual la CUP se abstuvo.

Desde 1980 -con el intervalo de los tripartitos de Maragall y Montilla- la presidencia de la Generalitat había estado ocupada por Convergència y sus avatares políticos: Pujol, Mas, Puigdemont y Torra. La investidura de Aragonès marcaba un punto de inflexión en el largo combate sin concesiones entre Junts y ERC por la hegemonía política del movimiento independentista, aunque el “empate técnico” le impedía cantar victoria. ERC accedía a la presidencia de la Generalitat, cosa que no sucedía desde los tiempos de la Generalitat republicana, una institución connotada simbólicamente desde la trágica ejecución de Lluís Companys. Junts y ERC mantienen una extraña relación política. Socios en el gobierno de la Generalitat, son competidores feroces en los medios y en las urnas. Tanto es así que Junts prefirió que la poderosa Diputació de Barcelona estuviese en manos del PSC antes que cederla a ERC. De este modo, Junts ejerce como gobierno pero también como oposición del gobierno del que forma parte. Así no es extraño que, tanto en la anterior legislatura como en ésta, se multipliquen los sonados desencuentros entre los socios como, solo poner algunos ejemplos, los relativos a la ampliación del Aeropuerto de Barcelona o al Cuarto Cinturón en el Vallès.

Quim Torra, su predecesor en el cargo, proclamó que se consideraba un presidente vicario, pues sólo reconocía la legitimidad de Carles Puigdemont. Por el contrario, Aragonès, desde el primer momento, quiso aclarar que él era el único presidente legítimo de la Generalitat, todo y reconocer la gran labor desarrollada por Puigdemont en el exilio. La primera prueba de fuego que hubo de superar fue en torno a la mesa de diálogo entre gobiernos, justamente el núcleo de la estrategia política de ERC que impuso como conditio sine qua non para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Junts realizó una auténtica provocación al incluir en su delegación al vicepresidente del Govern Jordi Puigneró, pero también a tres miembros que no formaban parte del ejecutivo catalán: Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso y dos de los indultados del procés e inhabilitados Jordi Sànchez y Jordi Turull. Aragonès se vio obligado a dar un golpe de autoridad, excluir a esos miembros de la delegación del gobierno catalán con el ejecutivo español y acudir a la mesa de diálogo a la que solo asistieron representantes de ERC por la parte catalana. Para Junts y la CUP, la mesa de diálogo es una trampa concebida para anestesiar al movimiento independentista, alimentando falsas esperanzas sobre la autodeterminación.

La negociación de sus primeros presupuestos de Aragonès escenificó la ruptura del acuerdo de investidura con la CUP. Durante todos los años del procés, la formación de la izquierda independentista ha sido imprescindible para la conformación de la mayoría absoluta secesionista en la Cámara catalana. Ante el no de la CUP, ERC hubo de recurrir a los ocho diputados de los Comunes para aprobarlos. Eso sí, a cambio de que Esquerra hiciese lo propio en el Ayuntamiento de Barcelona, presidido por Ada Colau, el principal activo político e institucional de la coalición, obligando al alcaldable de ERC, Ernest Maragall, hermano de Pasqual, a cambiar su anunciado sentido negativo de voto. Ante ello, Esquerra manifestó que daba por roto el pacto con la CUP y que por tanto Aragonès no tendría que someterse a la prometida cuestión de confianza.

El movimiento independentista sin una hoja de ruta clara, con los partidos divididos y con los presos indultados en la calle, experimenta una suerte de repliegue identitario en torno a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ratificada por el Tribunal Supremo, que obligaba a todos los centros del país a impartir como mínimo un 25% de las clases en lengua castellana. Una sentencia cuya ejecución ha quedado suspendida y pendiente del recurso ante el Tribunal Constitucional, pero que ha desencadenado una potente campaña política y mediática en torno a la supervivencia de la lengua catalana, última trinchera del movimiento nacionalista.

El estallido del caso Pegasus de espionaje en parte legal, autorizado por el CNI, en parte ilegal, a líderes independentistas reavivó las brasas del victimismo por la represión policial y judicial contra el movimiento secesionista tras el 1-O. Un fuego alimentado por la publicación de las grabaciones del comisario Villarejo y las sucias operaciones contra el independentismo de la denominada “policía patriótica”.

El clima político generado por la sentencia del 25% y las repercusiones del caso Pegasus provocaron, cara a la galería, la congelación de las relaciones entre ambos ejecutivos y la suspensión de las reuniones de la mesa diálogo. La presión sobre ERC de Junts y CUP por Pegasus impedía reanudar los encuentros públicos.

Tras la salida de Jordi Sánchez de la secretaria de Junts, enfrentado con Puigdemont, se celebró el congreso de Junts que eligió una dirección bicéfala formada por Borràs y Turull. La primera como representante del sector Puigdemont, el segundo del aparato convergente. Ahora bien, sobre Turull, indultado de la pena de prisión, mantiene la de inhabilitación, con lo cual no podrá presentarse a los comicios. Como probablemente le ocurrirá a Borràs cuando sea juzgada. Bajo estas circunstancias emerge la figura de Jaume Giró conseller de Economía y exdirectivo de CaixaBank como posible candidato a la presidencia de la Generalitat. En otro orden de cosas, una de las resoluciones del congreso iba dirigida a ERC en clave de amenaza: el partido realizaría una auditoria del cumplimiento del pacto de gobierno, en caso de que el resultado no fuese satisfactorio reconsideraría su permanencia en el mismo.

El afer Borràs

La piedra de toque de la continuidad de la coalición Junts-ERC se ventilará en torno a la resolución del caso Borràs. Según el reglamento del Parlament, aprobado tras la confesión de Pujol, se instituyó una norma según la cual cuando se abra la vista oral a un diputado por delitos de corrupción debe dejar inmediatamente el escaño. Borràs, a pesar de las pruebas acumuladas en su contra, ha anunciado su negativa a cumplir esta norma, aduciendo que es víctima de una acusación falsa cocinada en las cloacas del Estado. Una resistencia numantina que evoca el comportamiento de Boris Johnson.

Recientemente, la posición de Borràs se ha debilitado aún más tras su entrevista en el programa de TV3, FAQS conocido por su militancia independentista, a la que acudió acompañada por Francesc Dalmases, diputado de Junts y para más inri presidente de la comisión de control de la Corporació Catalana de Mitjans de Audiovisuals (CCMC). Al acabar la entrevista, Dalmases, a quien no le gustaron las preguntas sobre la situación judicial de Borràs, le montó una bronca monumental a una periodista del programa, a quien encerró en un camerino, emprendiéndola a gritos y golpes contra el mobiliario. Todo ello en presencia de Borràs que intentó quitar importancia al incidente y disculpar a Dalmases, que se ha visto obligado a dimitir de su cargo en la CCMA.

Tanto la CUP como ERC y el propio Aragonès han pedido la dimisión de Borràs por el bien del prestigio el Parlament, al igual que su predecesora en el cargo, Carme Forcadell, condenada en el juicio del procés y posteriormente indultada.  Cuando llegue el momento, cada vez más próximo, que la mesa del Parlament reciba la notificación de apertura de vista oral contra su presidenta, ERC y CUP tendrán que retratarse. Si votan en contra de la retirada de su condición de diputada, como estipula el reglamento de la Cámara, se comprometería el discurso de ambas formaciones contra la corrupción. Si votan a favor se arriesgan a que Junts salga del gobierno y precipite el fin de la legislatura. Un peligro relativo, pues un sector de Junts se opondría con uñas y dientes ceder sus parcelas de poder por la cara bonita de Borràs.

Además, el PSC se ha ofrecido a negociar los Presupuestos con ERC, lo cual les permitiría aprobarlos sin el concurso de Junts y CUP. Esto supondría un jalón en la ruta hacia la formación de un hipotético gobierno de izquierdas con los Comunes, con la benevolente neutralidad del PSC. Siempre y cuando, claro está, que ERC garantice el apoyo a Pedro Sánchez en Madrid.

Ganar tiempo

Pasada la tormenta de Pegasus, los jefes de gabinete de ambos ejecutivos, Félix Bolaños y Laura Vilagrà mantuvieron dos encuentros preparatorios para desbloquear la mesa de diálogo. Las reuniones estuvieron precedidas por el voto contrario de ERC a la reforma laboral, aprobada in extremis a causa del error en la votación de un diputado del PP, mostrando la importancia del apoyo de los 13 diputados de ERC para la estabilidad del gobierno Sánchez.

Un día después del debate del Estado de la Nación, donde Sánchez escenificó un giro a la izquierda tras la debacle andaluza, se celebró una reunión entre los dos presidentes, Pedro y Pere, en la que se limaron asperezas y se acordó convocar la mesa de diálogo para la última semana del mes de julio.

En estos encuentros previos volvió a ponerse de manifiesto las grandes distancias que separan a ambas formaciones respecto a las reivindicaciones del movimiento independentista. ERC reclama la amnistía y la autodeterminación. PSOE insiste en que los eventuales acuerdos deben situarse dentro del orden constitucional que no contempla ni una cosa ni la otra. Las declaraciones de Bolaños, Vilagrà y del propio Aragonès respecto a la “desjudicialización” del conflicto político apuntan a que los avances pueden concretarse en este terreno (reforma del delito de sedición, retirada o rebaja de peticiones de pena en los procesos judiciales en curso…) Según algunos medios, la dimisión de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, exministra socialista de Justicia, podría interpretarse en este sentido.

En cualquier caso, PSOE y ERC se necesitan para comprar tiempo. Para los socialistas el apoyo de ERC resulta imprescindible para acabar la legislatura y darse tiempo para combatir el efecto Feijoo, tras el serio aviso de Andalucía, uno de sus principales graneros electores. Por su parte, Esquerra precisa demostrar la utilidad de la mesa de diálogo frente a las feroces críticas de Junts y la CUP que acusan a ERC de renunciar a la lucha por la independencia. También, para aposentar a Aragonès en el cargo y ampliar distancias con Junts.

La recomposición de las relaciones entre PSOE y ERC se produce en un marco de repliegue del movimiento independentista tras el fracaso de la vía unilateral. Una prueba adicional de ello es la personación de Anna Gabriel, exdiputada de la CUP, que escapó a Suiza para evitar el juicio por el delito de desobediencia que no comporta penas de prisión. De este modo sigue los pasos de Meritxell Serret, consellera de Agricultura de ERC en el gobierno Puigdemont, acusado del mismo delito y que como Gabriel está en libertad provisional a la espera de juicio. Un caso muy diferente a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, huida a Suiza, pero sobre la cual pesan delitos como el de sedición con penas de prisión.

A la hora de redactar estas líneas, aun no se ha fijado fecha para la reunión de la mesa de diálogo, a la que en principio no está previsto la asistencia de los presidentes de ambos ejecutivos, pero en la que ambas partes están obligadas a ofrecer algún avance.

 *++

Japón verterá el agua contaminada con energía nuclear de Fukushima al Pacífico. [La autoridad nipona en eso de la competencia atómica, Tomaka Polculo, junto a su secretaria Ki Puta Kisoy, que andan estos día de bureo atómico opinan que es casi mejor para el pescao del Pacífico contaminar las aguas de los Océanos que no contaminarlas –el Mar Muerto no, porque como está muerto para que vamos a perder el tiempo contaminándolo-, y que en cuanto se les ocurra le van a cargar el muerto a Putin como inventor que ha sido es y será de la radioactividad]

 

Japón verterá el agua contaminada con energía nuclear de Fukushima al Pacífico


Publicado el 26 de julio de 2022 / Por Redacción Kaosenlared

 

La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón celebró una reunión el viernes, en la que se aprobó formalmente el plan de la Compañía de Energía Eléctrica de Tokio (TEPCO) de verter agua contaminada con energía nuclear de la central nuclear de Fukushima hacia el mar. Este es un paso clave en la insistencia de Japón en impulsar la descarga del agua contaminada con energía nuclear en el mar, independientemente de las preocupaciones de todas las partes.

A continuación, siempre y cuando se obtenga el consentimiento de gobiernos locales como el de Fukushima, TEPCO comenzará oficialmente a construir las instalaciones necesarias, como un túnel submarino. Sin consultar y llegar a un acuerdo completo con las partes interesadas y las instituciones internacionales pertinentes, si Japón inicia por la fuerza el proceso de dumping, definitivamente pagará un precio por su comportamiento irresponsable.

En cuanto al manejo del desastre nuclear de Fukushima, la credibilidad de TEPCO ha estado en bancarrota durante mucho tiempo. Si no fuera por los errores de TEPCO en aras de ahorrar dinero, el accidente no podría haber sido tan grave como el nivel 7, el más alto de la historia de la humanidad. Después del accidente, se expuso que TEPCO había sido un reincidente en la ocultación y manipulación de datos.

Bajo la indulgencia y el paraguas del gobierno japonés, la empresa a menudo se confundía simplemente disculpándose. En cuanto a la legitimidad del plan de vertido de agua, la fiabilidad de los datos japoneses, la eficacia de los dispositivos de purificación y el impacto ambiental incierto, TEPCO y el gobierno japonés nunca han hecho declaraciones claras. Cualquier deseo de confiar en ellos para eliminar los peligros ocultos a través del autoexamen y la autocorrección equivale a una ilusión.

Con respecto al plan de descarga de agua contaminada con energía nuclear, TEPCO y el gobierno japonés han sido extremadamente “bajos” en las notificaciones sobre el progreso. Para decirlo sin rodeos, este tipo de manera “baja” de hecho muestra una conciencia culpable astuta o un egoísmo extremo: tratan de cegar a otros siempre que pueden. Cuando no pueden engañar a los demás, simplemente seguirán su propio camino por la fuerza.

Japón ha afirmado repetidamente que no tiene otra alternativa a verter el agua contaminada con energía nuclear en el mar, tratando de dejar a la comunidad internacional con una imagen agraviada y trabajadora. Pero el hecho es que muchos científicos nucleares han propuesto mejores formas. La verdad es que el plan para verter el agua en el mar es el más barato. Si hubiera una clasificación de egoístas exquisitos, TEPCO y el gobierno japonés serían las principales figuras.

Para disipar las dudas de la comunidad internacional, Japón ha afirmado en repetidas ocasiones que el agua contaminada que contiene pequeñas cantidades de tritio es segura. El ex primer ministro japonés Yoshihide Suga dudó durante mucho tiempo frente a la cámara, y finalmente no se atrevió a beber el agua contaminada con energía nuclear diluida: la escena todavía está fresca en la memoria de muchas personas.

Los políticos japoneses ni siquiera pueden organizar un espectáculo político, y mucho menos hacer un argumento científico estricto. La afirmación de que el daño podría reducirse a través de la dilución por el agua de mar es aún más autoengañante, porque no importa cuánto se diluya el elemento radiactivo, no desaparecerá. El subtexto de tal afirmación es: la pérdida será compartida por todos los seres humanos.

La eliminación de agua contaminada de la central nuclear de Fukushima se refiere al medio ambiente marino mundial y a la salud pública de los países de la Cuenca del Pacífico. De ninguna manera es asunto privado de Japón. Pero la gente se ha dado cuenta de que mientras Washington dé una señal de aquiescencia o incluso de aprobación, Japón se atreverá a dar el paso. Washington cree que la ubicación de la liberación de agua contaminada está lejos del suelo estadounidense y parece no tener nada que ver con los EE. UU., por lo que ha hecho un trato vergonzoso con Japón. Al tolerar el dumping de Japón, Estados Unidos quiere, a cambio, ganar la cooperación geopolítica y la lealtad de Japón. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, incluso agradeció a Japón sus “esfuerzos transparentes” en su decisión de deshacerse del agua contaminada, y es asombroso cómo ha hecho caso omiso de los hechos.

Esto ha hecho que el mundo sea más consciente de los impactantes dobles raseros de Estados Unidos y Occidente: creen que los chinos están siendo perjudiciales para el medio ambiente incluso al comer carne, mientras que el vertido de agua contaminada con energía nuclear por parte de Japón en el Océano Pacífico se considera el llamado seguro y responsable. Es concebible que si ocurriera lo mismo en China, la saliva de la opinión pública estadounidense y occidental podría elevar el nivel del mar del Pacífico en un metro.

Sin embargo, el Océano Pacífico no es el sitio de eliminación de aguas residuales de Japón, y la ecología marina es un todo orgánico, por lo que una vez que la contaminación se propaga, puede afectar a todo el cuerpo. La mayoría de los países, incluidos los Estados Unidos, no pueden ser inmunes a ello. Un instituto de investigación oceánica alemán señaló anteriormente que, como la costa de Fukushima tiene una de las corrientes oceánicas más fuertes del mundo, los materiales radiactivos contaminarán más de la mitad del Océano Pacífico en 57 días a partir de la fecha de descarga, y se extenderán a las aguas globales 10 años después. Los expertos nucleares del grupo ecologista Greenpeace señalaron que el carbono-14 contenido en el agua contaminada tiene una vida útil de miles de años y tiene el potencial de dañar el ADN humano.

La fuga nuclear de Fukushima fue una de las fugas nucleares de nivel más grave de la historia de la humanidad. Sin una inspección de seguridad independiente y exhaustiva, Japón no tiene derecho a decidir arbitrariamente descargar agua contaminada con energía nuclear en el Océano Pacífico. Si Japón hace la vista gorda por la fuerza ante las preocupaciones de la comunidad internacional, el momento en que el agua contaminada con energía nuclear de Fukushima fluya hacia el mar, una nueva mancha histórica seguirá a Japón a partir de entonces para siempre. Y la mancha nunca será lavada ni siquiera por todo el Océano Pacífico.

Fuente

Imagen: “TEPCO’s Fukushima Daiichi Nuclear Power Station (02813326)” by IAEA Imagebank is licensed under CC BY-SA 2.0.

 *++