miércoles, 8 de diciembre de 2021

Las mujeres sostienen más de la mitad del cielo


Las mujeres de la India han sido parte fundamental del movimiento campesino, del de la clase trabajadora y del movimiento para ampliar la democracia. Y ha permanecido resiliente, adaptándose a las cambiantes condiciones socioeconómicas.


Las mujeres sostienen más de la mitad del cielo

 

Vijay Prashad

El Viejo Topo

8 diciembre, 2021  


©Imagen de portada: Daniela Ruggeri (Argentina) / Tricontinental: Instituto de Investigaciones Sociales , Trabajadores del cuidado infantil protestan por el trato injusto del gobierno de Modi hacia las mujeres y los trabajadores.


Recordatorio: Las y los campesinos y trabajadores agrícolas de India siguen movilizadxs en todo el país debido a tres proyectos de ley agrícola que fueron aprobados por el gobierno de extrema derecha del Partido Bharatiya Janata en septiembre de 2020. En junio de 2021, nuestro dossier resumía claramente la situación:

Está claro que el problema de la agricultura india no es demasiado apoyo institucional, sino desarrollo inadecuado y desigual de las instituciones, así como la falta de voluntad de estas para abordar las desigualdades inherentes a la sociedad aldeana. No hay evidencia de que las empresas agroalimentarias desarrollen infraestructura, mejoren los mercados agrícolas o provean apoyo técnico a lxs campesinxs. Todo esto es muy claro para ellxs.

Las protestas campesinas, que comenzaron el octubre de 2020, son un signo de la claridad con la que han reaccionado a la crisis agraria y a estas tres leyes que solo la profundizarán. Ningún intento del gobierno —incluso el de incitar a lxs campesinxs por cuestiones religiosas— ha logrado romper la unidad campesina. Hay una nueva generación que ha aprendido a resistir y está dispuesta a llevar su lucha a toda la India.

En enero de 2021, la Corte Suprema de India atendió una serie de peticiones sobre las protestas de lxs agricultorxs. El presidente de la Corte Suprema, S. A. Bobde, reaccionó ante ellas con esta sorprendente observación: “No entendemos por qué mantienen a los ancianos y a las mujeres en las protestas”. La palabra “mantienen” hace ruido. ¿Cree el presidente de la Corte Suprema que las mujeres no son agricultoras y que las agricultoras no acuden a las protestas por voluntad propia? Eso es lo que implica su comentario.

Una mirada rápida a una reciente encuesta de población activa muestra que el 73,2% de las trabajadoras que viven en zonas rurales se dedican a la agricultura: son campesinas, trabajadoras agrícolas y artesanas. Mientras tanto, solo el 55% de los trabajadores varones que viven en zonas rurales se dedican a la agricultura. Es revelador que solo el 12,8% de las mujeres agricultoras sean propietarias de tierras, lo que ilustra la desigualdad de género en la India y es lo que probablemente provocó el comentario sexista del presidente de la Corte Suprema.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) señaló hace una década que “solo con cerrar la brecha de género en los insumos agrícolas podrían salir del hambre entre 100 y 150 millones de personas”. Dado el inmenso problema del hambre en nuestro tiempo –como se destacaba en el boletín de la semana pasada– las mujeres en la agricultura deben ser, como señala la FAO, “escuchadas como compañeras en igualdad de condiciones”.

De Tricontinental Research Services (Delhi) llega un nuevo y magnífico dossier sobre la situación de las mujeres en India, Las mujeres indias en un arduo camino hacia la igualdad (Nº 45, octubre de 2021). El texto comienza con una imagen de cinco mujeres trabajando en un horno de ladrillos. Cuando vi ese dibujo, recordé un cálculo realizado por Brinda Karat, una dirigente del Partido Comunista de la India (Marxista), sobre el trabajo de las mujeres en la construcción. Bina, una joven que trabaja en Ranchi, la capital de Jharkhand, lleva entre 1.500 y 2.000 ladrillos a lxs albañiles de un edificio de varios pisos. Bina transporta al menos 3.000 kg de ladrillos al día, cada uno de los cuales pesa 2,5 kg, pero gana una miseria de menos de 150 rupias (2 dólares) al día y sufre fuertes dolores en el cuerpo. “El dolor se ha convertido en una parte intrínseca de mi vida. No recuerdo ni un solo día sin él”, dijo Bina a Karat.

Recordatorio: Las mujeres de India han sido parte fundamental del movimiento campesino, del movimiento de la clase trabajadora y del movimiento para ampliar la democracia. ¿Es necesario decirlo? Parece que algo tan evidente requiere una repetición constante.

Durante esta pandemia, las trabajadoras de la sanidad pública y de las guarderías han desempeñado un papel esencial en la cohesión de la sociedad, todo esto mientras se las menosprecia y se trivializa su trabajo. El 24 de septiembre de 2021, diez millones de trabajadoras de programas –o de las que trabajan para los programas gubernamentales, como las trabajadoras de la sanidad pública (Accredited Social Health Activist o ASHA) y de las guarderías (anganwadi workers)– se declararon en huelga para exigir un empleo formal y una mejor protección de su trabajo durante la pandemia de COVID-19. Dijeron que había que impulsar un “impuesto a los superricos”, derogar las leyes agrícolas, detener la privatización del sector público y defender a las trabajadoras.

En los últimos años, las trabajadoras de ASHA se han quejado del acoso sistemático, incluido el acoso sexual. En 2013, el gobierno indio promulgó la Ley de Acoso Sexual a las Mujeres en el Lugar de Trabajo para proteger a los trabajadores formales e informales. No se han establecido normas para las trabajadoras de ASHA y otros programas gubernamentales, ni estas trabajadoras pueden elevar sus experiencias de acoso a las primeras páginas de los medios de comunicación corporativos.

Nuestro dossier disecciona cuidadosamente la vigencia del acoso y la violencia patriarcales, asegurándose de identificar las diferentes formas en que esos comportamientos tóxicos afectan a las mujeres de diferentes clases. Las mujeres de la clase trabajadora en los sindicatos y en las organizaciones de izquierda han construido una especie de sensibilidad de masas; como resultado, sus luchas incorporan ahora demandas contra el patriarcado que de otra manera habían estado alejadas de sus vidas. Por ejemplo, muchas mujeres de la clase trabajadora tienen ahora claro que deben conseguir licencia de maternidad, el mismo salario por el mismo trabajo, guarderías garantizadas y mecanismos de reparación y prevención del acoso sexual en los lugares de trabajo. Estas reivindicaciones se trasladan a la familia y a la comunidad, donde otras luchas –como la de la violencia patriarcal en el hogar– amplían el horizonte de los movimientos democráticos en la India.

El dossier se cierra con sabias palabras sobre la importancia del movimiento campesino para el movimiento de las mujeres:

Aunque el movimiento de mujeres de la India ha sufrido muchos altibajos a lo largo de las décadas, ha permanecido resiliente, se ha adaptado a las cambiantes condiciones socioeconómicas e incluso se ha expandido. La situación actual puede presentar una oportunidad para fortalecer los movimientos de masas y orientar la atención hacia los derechos y los medios de vida de las mujeres y la clase trabajadora. La movilización del movimiento campesino indio que comenzó antes de la pandemia y continúa fuerte, ofrece la oportunidad de orientar el discurso nacional hacia esa agenda. La tremenda participación de mujeres rurales que viajaron desde diferentes estados para sentarse por turnos en los límites de la capital nacional durante días es un fenómeno histórico. Su presencia en el movimiento campesino da esperanza al movimiento de mujeres en un futuro pospandémico.

Recordatorio: Ninguna de las consignas surgidas en los campamentos campesinos es única. La mayoría de ellas son reivindicaciones que vienen de hace tiempo. Las reivindicaciones formuladas por las agricultoras en los lugares de protesta y ampliadas por los sindicatos de agricultores hacen eco del Proyecto de Política Nacional para las Mujeres en la Agricultura, presentado por la Comisión Nacional de la Mujer en abril de 2008. Esta política incluía las siguientes demandas clave, todas ellas aplicables en la actualidad:

Garantizar que las mujeres tengan acceso y control sobre los recursos, incluidos los derechos sobre la tierra, el agua y los recursos de pastos/bosques/biodiversidad.

Garantizar la igualdad de salarios por el mismo trabajo.

Pagar precios mínimos de apoyo a los productores primarios y garantizar la disponibilidad de suficientes cereales alimentarios a precios asequibles.

Fomentar la incorporación de las mujeres a las industrias relacionadas con la agricultura (incluyendo la pesca y el trabajo artesanal).

Proporcionar programas de formación para mujeres que incluyan prácticas y tecnologías agrícolas que consideren los conocimientos que poseen las mujeres, así como las prácticas que llevan a cabo.

Proporcionar disponibilidad adecuada e igualitaria de servicios como el riego, el crédito y los seguros.

Alentar a lxs productores primarios a producir y comercializar semillas, productos forestales y lácteos, y ganado.

Evitar que los medios de subsistencia de las mujeres sean desplazados sin proporcionarles alternativas viables.

El movimiento de mujeres de izquierda ha vuelto a poner estas demandas sobre la mesa, pero el gobierno de derecha no las escuchará.

Fuente: Alainet.org

*++

El Gobierno valenciano recupera la gestión pública de las resonancias privatizadas por Zaplana que han causado sobrecostes de hasta 160 millones

 

El Gobierno valenciano recupera la gestión pública de las resonancias privatizadas por Zaplana que han causado sobrecostes de hasta 160 millones

 

Por Carlos Navarro Castelló

KAOS EN AL RED / DICIEMBRE 2021



La Conselleria de Sanidad asumirá el control de las pruebas a mediados de este mes, así como a los 120 empleados de la unión de empresas que gestiona un servicio privatizado en el año 2000 por el expresidente valenciano del PP, Eduardo Zaplana, un modelo que según un informe de la Sindicatura de Comptes ha supuesto un sobrecoste para las arcas públicas de entre 3,3 y 16,7 millones de euros entre 2008 y 2018

La privatización de servicios públicos esenciales que se convierten en millonarios negocios a riesgo cero para las empresas que los gestionan fue una de las señas de identidad del expresidente del Gobierno valenciano del PP Eduardo Zaplana, un modelo que el actual Gobierno del Pacto del Botánico va desmantelando a medida que vencen los contratos adjudicados hace años por los populares.

El que fuera también ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno impulsó el primer caso de hospital público de gestión privada en Alzira, un modelo que el PP extendió a Torrevieja, Dénia, Elche y Manises, y que ha supuesto un coste no previsto de 118 millones de euros para las arcas públicas. El Consell que preside Ximo Puig ya ha recuperado la gestión de los departamentos de Alzira y Torrevieja.

El Gobierno valenciano, a través de la Conselleria de Economía, ha iniciado también la recuperación de la gestión de las estaciones de la Inspección Técnica de Vehiculos (ITV), al vencer el contrato de 25 años otorgado en 1997 por el propio Zaplana y por el que está imputado en el marco del caso Erial.

Ahora, la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública se dispone a recuperar otro de los pelotazos propiciados por el expresidente en el año 2000, cuando decidió ceder al sector privado los diagnósticos de resonancia magnética en los hospitales públicos.

Aunque con tres años de retrasos con respecto a la finalización del contrado (año 2018) por la falta de formación del personal, el departamento que dirige Ana Barceló recuperará la gestión directa de este servicio a mediados de diciembre, así como a los 120 empleados de la unión de empresas que actualmente dan el servicio, en concreto el Grupo Ascires (Eresa e Iberdiagnosis), Clínica Benidorm, y Ribera Salud.

El modelo impulsado por Zaplana ha supuesto un importante quebranto para las arcas públicas. En concreto, según un informe de la Sindicatura de Comptes del año 2013, con el PP al frente del Consell, el “ahorro potencial anual” del servicio entre 2008, año en que se adjudicó, y 2018, cuando vencía, oscilaría entre 3,3 y 16,7 millones de euros si la Sanidad pública valenciana prestara el servicio “con medios propios”. Es decir, el sobrecoste en los 10 años de contrato habría oscilado entre los 30,3 millones y los 160,7 millones en un contrato que de inicio se adjudicó por un importe de 497 millones. El coste medio por exploración fue de 257,1 euros en 2012 y se reduciría a 108,3 euros si fuera de gestión directa.

El informe aborda también los controles que la conselleria ejerce sobre la prestación concertada, detecta “numerosas incidencias relacionadas con una incorrecta valoración de las pruebas realizadas” y concluye que “no se dispone de información suficiente para evaluar si la empresa concertada ha cumplido los plazos establecidos en los pliegos para la realización de exploraciones”.

En los siete años anteriores en los que el servicio también fue de gestión privada practicamente por las mismas empresas, también se produjeron sobrecostes millonarios. En el año 2008, el diputado socialista Ignacio Subías puso números a estas valoraciones y denunció el sobrecoste de 100 millones de euros -un 60% respecto al dinero inicialmente estimado- que había supuesto a las arcas públicas privatizar las resonancias magnéticas.

El primer concierto, que expiraba en septiembre de 2008 y que se puso en marcha en enero de 2001, contemplaba un gasto de 167 millones de euros. Cada año se había ido sobrepasando el gasto previsto, y por ello los ingresos de las concesionarias, hasta el punto de que en 2006 ya se habían rebasado los 167 millones.

Subías justificó esta circunstancia en la falta de control en las exploraciones. Mientras las recomendadas por la Sociedad Española de Radiología Médica (Seram) son 30 por 1.000 habitantes, en la Comunidad Valenciana se realizan 70, más del doble.

Fuente: El Diario

 *++

Organizar la lucha obrera y popular contra los presupuestos de la socialdemocracia (España)

 

Organizar la lucha obrera y popular contra los presupuestos de la socialdemocracia

 

DIARIO OCTUBRE / diciembre 5, 2021



Comenzaremos este artículo ahondando en aquellos aspectos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2022, que más escandalosamente y con mayor evidencia están al servicio de los intereses de la oligarquía monopolista: en la partida destinada a los gastos militares, que resaltaremos obedecen en gran parte al compromiso de España con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), instrumento militar al servicio del imperialismo norteamericano; a incrementar en más de un 80% su actual gasto militar en los próximos años, hasta rondar los 18.000 millones de euros.

Analizaremos los Gastos Militares del 2021 para prever que los del próximo año estarán provistos de la misma impudicia de quienes dicen con la boca pequeña que quieren hacer (como siempre) los presupuestos más sociales y solidarios, mientras acarician (como siempre) el lomo de la hidra capitalista.

Mirando los datos del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE, organismo que permite conocer y dar seguimiento a la evolución mensual del sector real de la economía), llama especialmente la atención que el gasto inicial de Defensa es del 55% del presupuesto previsto (quedando por ejecutar aún el 45%), y ya llevan un exceso de gasto comprometido de 1.337,22 millones de euros. Cifra mayor de lo presupuestado en un 15,78% de desvío respecto al crédito inicial aprobado en los PGE.

Destacaremos los 234,28 millones del incremento en ”Gastos Corrientes” del Ministerio de Defensa, llamando si cabe más la atención ya que el conjunto de los presupuestos del estado por este capítulo ha decrecido en 126,62 millones: un 4,5% de disminución, creciendo únicamente en Defensa; contrastando con la merma del Ministerio de Sanidad en la cifra de 172,12 millones, porque, como se sabe, Sanidad necesita mucho menos de lo que presupuesta para gastos corrientes, mientras Defensa siempre necesita mucho más de todo.

Continuamos con el relato de la propuesta del reformismo en materia de asistencia social para desenmascarar la propaganda vende-humos del “gobierno más progresista de la galaxia”. Así, su preocupación por lo social, buscando “una mejor distribución de la riqueza” con las mismas relaciones con la burguesía, hace de la ensoñación utópica del buenismo oportunista vende- obreros y obreras de los socios de la socialdemocracia tradicional, si cabe más mentiroso y con mayor habilidad demostrada del disfraz, del birlibirloque político.

El exvicepresidente del ejecutivo del Gobierno de España, Pablo Iglesias, calificó al Ingreso Mínimo Vital (IMV) como “el mayor avance en derechos sociales en la historia de España desde la aprobación de la ley de dependencia”, afirmando que serían 2,3 millones de personas las beneficiarias y el compromiso de que nadie que lo requiriese se quedaría sin recibirlo. En cambio, esta renta básica se ha trasformado en un fraude más. De este modo, a agosto del 2020, de un cómputo de más de 600.000 solicitudes sólo se habían aprobado 3.966; resolviéndose de forma favorable solamente 336.933 solicitudes de un total de 1,4 millones de expedientes. Una cifra que supone un exiguo 23,1% de expedientes aprobados.

Por supuesto, estos datos en materia social y militar dejan claro y meridiano que sólo el pueblo organizado salva al pueblo. Nada debemos esperar favorable a los intereses de la clase obrera y las capas populares, ya que el reformismo es quien disfraza la actual situación de crisis capitalista y frena la capacidad de lucha de la clase trabajadora mediante el “pacto social”, sus políticas de conciliación de clases y su compromiso de gestión responsable de la democracia burguesa. Nuestra obligación es denunciar su juego de entrega, desmaquillarlos para derrotarlos y hacer avanzar nuestras propuestas.

Para ello, un Plan Urgente de Emergencia Social debe ser la exigencia del pueblo trabajador, que garantice sanidad exclusivamente pública, trabajo y pensiones dignas, administración pública de la vivienda frente a los fondos buitre. Un Plan que abra camino a la devolución al sector público de las privatizaciones, prioritariamente en la sanidad, teniendo en cuenta la de derogación de la Ley 15/97.

Debemos tener presente que organizar la lucha colectiva bajo la dirección política del Partido Comunista es lo que hará cambiar la correlación de fuerzas imprescindible para alcanzar la influencia necesaria que, en un proceso dialéctico, nos permita desterrar la hegemonía cultural burguesa y con ello dignificar las condiciones materiales de vida de nuestra clase, y finalmente su emancipación.

Escrito por: M.Y. GO

FUENTE: unidadylucha.es

*++

 

Finaliza la reunión virtual entre Putin y Biden