El Gobierno valenciano recupera la gestión pública de las resonancias privatizadas por Zaplana que han causado sobrecostes de hasta 160 millones
Por
Carlos Navarro Castelló
KAOS EN
AL RED / DICIEMBRE 2021
La
Conselleria de Sanidad asumirá el control de las pruebas a mediados de este
mes, así como a los 120 empleados de la unión de empresas que gestiona un
servicio privatizado en el año 2000 por el expresidente valenciano del PP,
Eduardo Zaplana, un modelo que según un informe de la Sindicatura de Comptes ha
supuesto un sobrecoste para las arcas públicas de entre 3,3 y 16,7 millones de
euros entre 2008 y 2018
La
privatización de servicios públicos esenciales que se convierten en millonarios
negocios a riesgo cero para las empresas que los gestionan fue una de las señas
de identidad del expresidente del Gobierno valenciano del PP Eduardo Zaplana,
un modelo que el actual Gobierno del Pacto del Botánico va desmantelando a
medida que vencen los contratos adjudicados hace años por los populares.
El que
fuera también ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno impulsó el primer
caso de hospital público de gestión privada en Alzira, un modelo que el PP
extendió a Torrevieja, Dénia, Elche y Manises, y que ha supuesto un coste no previsto de 118
millones de euros para las arcas públicas. El Consell que preside
Ximo Puig ya ha recuperado la gestión de los departamentos de Alzira y
Torrevieja.
El
Gobierno valenciano, a través de la Conselleria de Economía, ha iniciado
también la recuperación de la gestión de las estaciones de la Inspección
Técnica de Vehiculos (ITV), al vencer el contrato de 25 años otorgado en 1997
por el propio Zaplana y por el que está imputado en el marco del caso
Erial.
Ahora,
la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública se dispone a recuperar otro
de los pelotazos propiciados por el expresidente en el año 2000, cuando decidió
ceder al sector privado los diagnósticos de resonancia magnética en los
hospitales públicos.
Aunque
con tres años de retrasos con respecto a la finalización del contrado (año
2018) por la falta de formación del personal, el departamento que dirige Ana
Barceló recuperará la gestión directa de este servicio a mediados de diciembre,
así como a los 120 empleados de la unión de empresas que actualmente dan el
servicio, en concreto el Grupo Ascires (Eresa e Iberdiagnosis), Clínica
Benidorm, y Ribera Salud.
El
modelo impulsado por Zaplana ha supuesto un importante quebranto para las arcas
públicas. En concreto, según un informe de la Sindicatura de Comptes del año
2013, con el PP al frente del Consell, el “ahorro potencial anual” del servicio
entre 2008, año en que se adjudicó, y 2018, cuando vencía, oscilaría entre 3,3
y 16,7 millones de euros si la Sanidad pública valenciana prestara el servicio
“con medios propios”. Es decir, el sobrecoste en los 10 años de contrato habría
oscilado entre los 30,3 millones y los 160,7 millones en un contrato que de inicio
se adjudicó por un importe de 497 millones. El coste medio por exploración fue
de 257,1 euros en 2012 y se reduciría a 108,3 euros si fuera de gestión
directa.
El
informe aborda también los controles que la conselleria ejerce sobre la
prestación concertada, detecta “numerosas incidencias relacionadas con una
incorrecta valoración de las pruebas realizadas” y concluye que “no se dispone
de información suficiente para evaluar si la empresa concertada ha cumplido los
plazos establecidos en los pliegos para la realización de exploraciones”.
En los
siete años anteriores en los que el servicio también fue de gestión privada
practicamente por las mismas empresas, también se produjeron sobrecostes
millonarios. En el año 2008, el diputado socialista Ignacio Subías puso números
a estas valoraciones y denunció el sobrecoste de 100 millones de euros -un 60%
respecto al dinero inicialmente estimado- que había supuesto a las arcas
públicas privatizar las resonancias magnéticas.
El
primer concierto, que expiraba en septiembre de 2008 y que se puso en marcha en
enero de 2001, contemplaba un gasto de 167 millones de euros. Cada año se había
ido sobrepasando el gasto previsto, y por ello los ingresos de las
concesionarias, hasta el punto de que en 2006 ya se habían rebasado los 167
millones.
Subías justificó esta circunstancia en la falta de control en las exploraciones. Mientras las recomendadas por la Sociedad Española de Radiología Médica (Seram) son 30 por 1.000 habitantes, en la Comunidad Valenciana se realizan 70, más del doble.
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