LLARENA USA LA
POSVERDAD PARA PROCESAR AL INDEPENDENTISMO POR REBELION
David González
ELNACIONAL.CAT
24.03.2018
Querían, querían, querían. No hay hechos
muy claros. Hay, como mucho, presuntas "representaciones". O
presuntas "voluntades". Pero es suficiente para que Pablo
Llarena procese por un presunto delito de rebelión -además
de los de desobediencia y malversación- al presidente Carles Puigdemont, el
vicepresidente Oriol Junqueras y 11 miembros más del Govern, los Jordis y Marta
Rovira, en la causa por el referéndum de autodeterminaciò del 1 de
octubre. La postverdad ha entrado con fuerza en la praxis judicial española.
El magistrado de la sala segunda del
Tribunal Supremo sostiene en la interlocutoria del procesamiento que los
líderes independentistas no sólo "utilizaron el poder de la
masa" contra las fuerzas policiales que pretendían impedir el
referéndum con el fin de alcanzar la independencia. También se sirvieron de
ello para que el Estado se rindiera "a la determinación violenta
de una parte de la población que amenazaba con expandirse".
"De esta manera, el delito que se analiza es plenamente exigible a los
que, conociendo el ineludible estallido social que resultaba ya inherente a los
hechos, lo incorporaran a su actuación criminal", señala el juez.
¿Sin embargo, cómo llega, a una conclusión
tan gaseosa? El delito de rebelión, regulado por el artículo 472 del Código
Penal y penado con hasta 30 años de prisión, exige que se produzca un
alzamiento violento y público. En el auto, Llarena se refiere a la protesta del
20 de septiembre ante la sede de Economía como "violento
levantamiento". No osa usar, sin embargo, el término "alzamiento",
por las evidentes connotaciones militares, del todo ausentes. En general,
del componente violento habla de manera abstrusa y tautológica:
"Actúa violentamente -la cursiva es suya- quien lo hace
de manera violenta, lo cual no presenta un contenido típico plenamente
coincidente con actuar con violencia".
Toma de rehenes
con tiros al aire
El juez duda, pero, enseguida, enfila el
camino de la conclusión claramente preestablecida. "En cualquier
caso", señala, la protesta del 20 de septiembre, mientras la Guardia Civil
registraba la sede de la conselleria de Economia "refleja todas las
exigencias que se han identificado para un actuar violento e incluso para la
violencia". Llarena sostiene que 60.000 manifestantes, a los cuales se
refiere como "muchedumbre", actuaron como una "masa de
fuerza". Y no de manera sólo "intimidatoria" sino restringiendo
la capacidad de actuación de los agentes. Lo llega a comparar con una
"toma de rehenes mediante tiros al aire".
Lo que sucedió -o no- el 20 de septiembre
es la clave de bóveda del relato acusatorio que construye Llarena para
justificar la "rebelión" Incluso admitiendo que no claro está lo que
pasó. Llarena señala que los hechos del 20-S no los evalúa "estrictamente
por su contenido sino por lacapacidad de reflejar que existía un
riesgo que las movilizaciones futuras desembocaran en una violencia
instrumentalizada para lograr la independencia". Una especie de ensayo
general, el cual "permitió que todos los involucrados al proceso se
representaran el riesgo de que futuras movilizacionespudieran
estallar con episodios de fuerte lesividad y daño al grupo social".
Fanatismo
violento
Según Llarena, los principales líderes
independentistas "siempre tuvieron que representarse que el proceso
acabaría con el recurso a la utilización instrumental de la fuerza".
Pero "en todo caso", y aunque se entendiera que lo recogido
en la instrucción no aporta la férrea justificación de esta
intencionalidad inicial (...) por descontado que se representaron que el
fanatismo violento de muchos de sus seguidores había de desatarse".
El primer nivel
A partir de aquí, el magistrado establece
varios niveles de presuntas responsabilidades. En el primer nivel, el
presidente Puigdemont, el vicepresidente Junqueras y
el conseller de Interior, Joaquim Forn, quienes prefirieron
"continuar el proceso" a pesar de que habían sido advertidos por los
Mossos "de un grave riesgo de incidentes violentos procedentes de un
sector de la población particularmente movilizado".
También sitúa aquí a los presidentes del
ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, a los
cuales acusa de haber impulsado "una masa de fuerza" contra la
policía durante la votación del 1-O tras haber dirigido la protesta ante la
sede de Economia el 20 de septiembre. Una "convocatoria incendiaria"
-afirma- en la cual Cuixart "apeló a la determinación mostrada en la
guerra civil (¡no pasarán!)", en referencia a las fuerzas de
seguridad españolas, los tristemente famosos piolines.
El día del
referéndum, Llarena relata que un número importante de
ciudadanos hicieron frente a la tarea de los policías, lo
que "además de las lesiones sufridas por
varios ciudadanos fruto del uso de la
fuerza policial" -reconoce de paso- "se materializó
en numerosos actos de
violencia que lesionaron varios agentes o causaron daños en
su material". El juez detalla de
manera prolija los lugares donde se
produjeron las"agresiones" a los guardias civiles
y policías españoles.
El segundo
nivel
Llarena coloca en el segundo nivel a
los encausados que, a su parecer, contribuyeron a realizar la votación. El
primer nombre que aparece es el de Marta Rovira -exiliada
desde este viernes-, quien tuvo "una participación esencial" a lo
largo de todo el proceso y una "responsabilidad rectora" para
conseguir centros de votación.
También en el segundo nivel está el
conseller de Presidència, Jordi Turull, de nuevo encarcelado, como
responsable de la inserción publicitaria del referéndum, las infraestructuras
informáticas y el reclutamiento de voluntarios. El tercero es Raül
Romeva, conseller de Asuntos Exteriores, a quien se sitúa como responsable
de la llegada de observadores internacionales al referéndum. Tarea en la cual
habría colaborado también, se señala, la presidenta del Parlament, Carme
Forcadell, la participación de la cual "en todo caso (...) ha ido de
la mano con la violencia manifestada en las últimas fases del desarrollo de la
acción". "Estuvo en la manifestación del 20 de septiembre",
se remarca.
Los también consellers Toni Comín(Sanidad), Dolors
Bassa (Trabajo y Asuntos Sociales) y Clara Ponsatí(Enseñanza)
son acusados como responsables del control de los locales de votación
dependientes de sus conselleries. Al conseller de Territori, Josep Rull,
se le acusa, finalmente, de haber impedido que un ferry que tenía que
acoger una parte importante de las fuerzas policiales españolas destinadas a
impedir el referéndum atracara en el puerto de Palamós.
Ataque a l'Estado
aún en desarrollo
Llarena ve
también la "intencionalidad de las revueltas" en las "numerosas
movilizaciones que, con posterioridad al 1-O se siguieron impulsando para
la exigencia de reconocimiento de la república catalana". Se trata de un
"ataque al Estado constitucional", afirma en una expresión que
bordea la del "golpe de estado" de que acusa el PP y sus aliados
unionistas al independentismo, de una "gravedad y persistencia
inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno".
"Un ataque que puede estar en desarrollo, por más que se encuentre
puntualmente larvado y que pueda pretender servirse de un relevo en sus
protagonistas". Todo un aviso a navegantes.
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