domingo, 29 de octubre de 2017

CUANDO ALI MARIANO Y SUS CUARENTA MUCHACHOS DESCUBRIERON LA GRUTA DE LA MONCLOA: ¡OH. 155 DE NUESTROS AMORES DEL 3%, ABRETE QUE ALLÁ QUE TE VAMOS!


Entre la farsa y la amenaza



Gonzalo Fernández
Viento Sur
elsaltodiario.com | Empresas contra el Procés   
25/10/2017 |

En estos días, los principales medios de comunicación no dejan de bombardearnos con noticias que vinculan de manera directa el procés catalán con la catástrofe económica que se estaría generando a partir del mismo. Es una especia de tormenta perfecta en la que cada día se anuncia que más y más empresas han decidido “salir” de Catalunya —esto es, cambiar su domicilio social a otras ciudades españolas— ante la incertidumbre política generada; entre ellas, grandes corporaciones del Ibex-35 como Caixabank, Gas Natural, Abertis o el Banco Sabadell. A la vez, el gobierno central reduce la estimación del crecimiento económico del Estado español en tres décimas del PIB para el presente año por ese mismo motivo. Incluso, avisa de las funestas consecuencias financieras y presupuestarias que tendría una declaración de independencia en firme, vía salida de la Unión Europea y corte de la financiación mediante la compra de deuda de las instituciones catalanas por el Banco Central Europeo (BCE).

Esta avalancha de información de carácter catastrofista, que hasta el 1 de octubre no había sido utilizada como un argumento de peso con tanta intensidad, parece abrir un nuevo frente económico contra el procés, ante las grietas más que evidentes en el frente político. Y es que las lamentables imágenes de la represión desatada el día del referéndum, el encarcelamiento de líderes sociales independentistas que han abogado de manera explícita por acciones pacíficas y democráticas, o el intento de confrontar internamente al pueblo catalán, no han tenido el éxito esperado —o sí, si este era el de reforzar a la extrema derecha y de posicionar un nacionalismo español excluyente y violento—, e incluso han suscitado una cierta reprobación internacional. De ahí que se haya abierto un frente económico, para complementar a un frente político en horas bajas y dentro de una ofensiva del todo vale en la que se mezclan mentiras y amenazas.

Mentiras, para empezar, porque los anunciados cambios de domicilio de muchas empresas en ningún caso tienen que significar alteraciones en las lógicas fiscales, de inversión y empleo de ninguna de ellas. Como afirma Carlos Cruzado, presidente de los técnicos del ministerio de Hacienda (GESTHA), el domicilio social (sede administrativa de la empresa), el domicilio fiscal (lugar de referencia para Hacienda) y la sede operativa (allí donde se concentra el centro corporativo de operaciones) no tienen por qué coincidir. Además, el cambio del primero no conlleva, al menos por ahora, ninguna alteración de las otras tipologías de sede y se mantiene la misma dinámica corporativa. Esta diversidad societaria, de hecho, es muy habitual en las grandes empresas, que suelen recurrir a la deslocalización de sus sedes y filiales para tratar de eludir y evadir impuestos, así como para aprovechar las mayores ayudas públicas posibles, sin que eso signifique nada de cara a su política real de inversiones.

“El cambio de sede social no implica que estas compañías se vayan a llevar sus negocios de Catalunya, con la pérdida de puestos de trabajo que conllevaría”, afirma Cruzado, “sino que han asentado su sede fuera de allí, casi con toda seguridad, a la espera del desenlace del conflicto catalán”. Se trata, por tanto, de una lógica que puede responder a la habitual aversión a la incertidumbre política de las empresas, sin descartar a su vez presiones gubernamentales para generar confusión y miedo. Es lo que habitualmente se denomina “inseguridad jurídica” y, en realidad, solo responde a la defensa de los intereses privados de las grandes empresas. En todo caso, se trata de una medida sin efectos reales, seguramente de carácter temporal, y que en ningún caso parece que vaya a suponer alteraciones en la inversión y el empleo, que se mueven por otras motivaciones y variables ajenas a las que supuestamente provocan la “salida en falso” de estas corporaciones.

Si la mentira se ha convertido en un argumento, no lo es menos la amenaza y la imposición económico-financiera frente a cualquier proceso democrático. Algo parecido ocurrió en 2015 en otro país del Sur de Europa como Grecia, donde el poder corporativo —esa alianza de grandes transnacionales, Estados y organismos multilaterales y regionales como el FMI o el BCE— hizo imposible que pudiera llevarse a efecto el mandato popular democrático de no aceptación del memorándum de pago de una deuda considerada ilegal, ilegítima, odiosa e insostenible. Y se utilizó toda una artillería de medidas, que iban desde los cortes en la financiación por parte del BCE a los bancos griegos hasta el empeoramiento de las condiciones de aprobación de nuevos memorándum. Todo ello, para presentar la claudicación del gobierno griego como un aviso a navegantes.

Esta maquinaria todavía no se ha puesto en marcha en el caso catalán, pero no hay que descartar que lo haga si la situación se desboca para el gobierno español. El reino de España es hoy en día una pieza necesaria y estratégica para una Europa en crisis, en la que su peso específico en términos económicos y su docilidad en la aplicación de las políticas de austeridad y displicinamiento del Sur de Europa le convierten en un aliado fundamental para el proyecto ultraliberal europeo. Si fuera el caso, tal y como ha escrito Isidro López al analizar su papel como dictador de Europa, el BCE podría amenazar con cortar el proceso de compra de deuda de las instituciones catalanas —no así del propio Estado español o del resto de comunidades autónomas, claro—, con el objetivo de ahogarlas y doblegar el procés si este declara en firme la independencia en firme. Aunque, incluso, eso pudiera conllevar una crisis política y un problema para la estabilidad del euro.

La democracia no empieza allí donde acaban los negocios, sino que estos deben sujetarse siempre y en todo caso al mandato popular.

Por el momento, con esta estrategia como comodín para ser utilizado en caso de ser necesario, se insiste en presentar ciertas decisiones empresariales muy simbólicas como argumento político, frente a la posibilidad de que el pueblo catalán en su conjunto pueda decidir sobre su presente y futuro. Por encima del mandato popular se sitúa la amenaza de Abertis, una empresa que ha generado un importante agujero al erario público con sus autopistas que se sabían deficitarias. O la de Gas Natural, una de las compañías eléctricas que más denuncias ha recibido por los abusos cometidos con sus actividades en América Latina y el Caribe, además de ser responsable directa del avance de la pobreza energética en el Estado español. Y qué decir de la amenaza de grandes entidades financieras como Sabadell y Caixabank, actor central del sector que más ayudas ha recibido tras la crisis y que más se ha lucrado en las últimas décadas a costa del bienestar de las mayorías sociales.

Una vez más, el debate político sobre la soberanía y el legítimo derecho a decidir se ve amputado y tergiversado por falsedades notorias y amenazas corporativas. Y al igual que el caso de Grecia, las actuales presiones económico-financieras a Catalunya son el espejo en el que se pueden mirar las administraciones locales y “ayuntamientos del cambio” que vayan a tratar de avanzar en proyectos emancipadores y de transformación real de las estructuras de poder. Pero no son las grandes empresas quienes precisamente están en disposición de dar lecciones y copar espacios democráticos, cuando sus operaciones están vinculadas desde la raíz a lógicas corruptas y excluyentes. La democracia no empieza allí donde acaban los negocios, sino que estos deben sujetarse siempre y en todo caso al mandato popular, sin birlar debates necesarios y sin amedrentar por múltiples vías a la población. Afianzar la ciudadanía corporativa o desbordar la democracia, esa es la cuestión.
23/10/2017
Gonzalo Fernández, Observatorio de Multinacionales en América Latina (Omal) – Paz con Dignidad

155. DICE EL BURRO QUE EL BURRO ES EL HOMBRE PORQUE DICE QUE EL HOMBRE NECESITA 155 VECES PARA ENTERARSE QUE ES BURRO, Y DESPUÉS ¡CATACLAM! QUE SIGAN LOS CORRUPTOS EN EL PODER DE YO ROBO, MI MARIDO TAMBIÉN; PELLIZCO DEL 3% QUE ME LLEVO, LA QUERIDA DE MI MARIDO TAMBIÉN. CASO GÜRTEL? (oiga, no mezclemos la politica con esto, que a mi no me gusta la politica) PELILLOS A LA MAR, QUE PARA ESO VOY A GANAR LAS ELECCIONES: ¡GRACIAS, PUEBLO MÍO!



   
Diez razones para resistir al 155 del Partido Popular



Maria E. Rodríguez Palop
Viento Sur
www.eldiario.es | Catalunya
26/10/2017

Si quieren un compendio de anticonstitucionalidad, un ejemplo del modo en que la Constitución puede usarse contra sí misma, observen atentos la aplicación del artículo 155CE. Les expongo aquí diez razones por las que deberíamos resistir la última exhibición autoritaria del Gobierno y sus acólitos.
  1. Cesar al presidente de una Comunidad Autónoma con todo su Gobierno no es sólo suspender sino suprimir la autonomía, algo que prohíbe el artículo 2 de la Constitución, que garantiza el derecho a la autonomía.
  2. El Gobierno solo puede dar instrucciones a las autoridades de las Comunidades Autónomas, no destituirlas o sustituirlas, y en el caso catalán, esas instrucciones no pueden subvertir lo que dispone el Estatut en su artículo 66: solo el President puede disolver el Parlament y solo él puede convocar elecciones. A tenor del documento del Consejo de Ministros, se impide al Parlament ejercer el seguimiento y control de la nueva autoridad catalana que sustituye al Govern, pasando sus competencias a manos de un órgano designado por el Senado. De manera que el Parlament queda en buena parte a disposición del nuevo "ejecutivo catalán".
  3. Que el Presidente del Gobierno de la Nación asuma la potestad de convocar elecciones autonómicas desde Madrid, disolviendo el Parlament, supone la interrupción manu militari del funcionamiento de un poder constitucional del Estado (porque las Comunidades Autónomas son Estado y el Parlament un órgano legislativo). Esto es algo que prohíbe el mismísimo artículo 116 que, en términos de excepcionalidad, es el que recoge las medidas más extremas que constitucionalmente se pueden adoptar. Además, al recurrir al 155 para orquestar unas anticipadas desde el Gobierno central no se estaría suspendiendo al actual Govern de manera transitoria, sino cesándolo de forma definitiva, con lo que se usurparía a los catalanes el legítimo resultado de su derecho al voto en las anteriores elecciones autonómicas.
  4. A esto ha de añadirse la desconfianza institucional a la que obedece esta aplicación del 155. Una desconfianza que se instalará de forma quizá irreversible y que podría extenderse a todas las CCAA sin excepción. No en vano, Albert Rivera ha señalado que una eventual reforma constitucional no tiene que traducirse, necesariamente, en una mayor descentralización. Conociendo sus inercias ultranacionalistas y a la luz de la reforma constitucional que propuso su partido en las últimas elecciones, es esta una amenaza que deberíamos tomarnos muy en serio.
  5. No olvidemos que, con la finalidad de eludir el control del Congreso, la idea del Gobierno es poner en marcha su plan a base de Decretos no legislativos, de manera que, como señala Xabier Arbós, se estaría produciendo una quiebra escandalosa del principio de jerarquía normativa, porque se estaría reformando una Ley Orgánica (el Estatut) por Decreto, obviándose, por supuesto, todos los mecanismos de reforma estatutaria.
  6. Cuando se recurre al Senado para solicitar autorización, como es el caso, no se puede pretender la carta en blanco que hoy exige el Gobierno para "hacer lo que haya que hacer" (Rajoy dixit), que es la otra cara de su conocido hit: "la ley es la ley". Dotar a Rajoy de la potestad de convocar elecciones anticipadas en Catalunya desborda con mucho los márgenes competenciales del Senado. En cambio, por otro lado, "El Gobierno de la Nación dará cuenta al Senado del estado de aplicación y ejecución de las medidas (…) con una periodicidad de dos meses", medidas que "permiten su adaptación a las circunstancias cambiantes", y si eso sucediera, "se prevé la posibilidad de que el Senado pueda conocer las modificaciones y actualizaciones". Lo que significa, lisa y llanamente, que se instrumentaliza al Senado dotándolo de poderes extraordinarios en lo que interesa al Gobierno, pero se le priva de la capacidad de ejercer un control continuado sobre lo que decida el ejecutivo.
  7. El 155 habla de adoptar "medidas necesarias" para la consecución de un fin, pero ¿qué relación existe entre el fin perseguido (evitar el proyecto secesionista) y la convocatoria de elecciones? ¿Cuál es, en concreto, el fin perseguido cuando se habla de "orden constitucional" y de "interés general"?
  8. Las "medidas necesarias" tienen siempre un límite y no pueden traducirse en una suspensión de facto del texto constitucional que se invoca para aplicarlas. Por esta razón, entre otras, tales medidas deberían someterse a control jurisdiccional. Un control al que ha de someterse toda potestad reglamentaria, la legalidad de la actuación administrativa, y los fines a los que una y otra se orientan (106CE). Ni rastro de un control semejante, como ya hemos visto más arriba.
  9. Esta aplicación del artículo 155 se traduce no sólo en una suspensión de aspectos sustanciales del derecho a la participación política, sino también en una intervención dudosa de la libertad de expresión y de comunicación. Una suspensión, pues, de derechos fundamentales que solo el 116 permite bajo estrictos controles, de manera que, si antes del fatídico 1-O tuvimos un 155 sin control del Senado, lo que ahora tenemos es un 116 sin control del Congreso. Esto es, un ejecutivo omnipotente funcionando con tics autoritarios y al margen de las Cámaras.
  10. Si una interpretación sistemática de