Patinazo
sindical sin precedentes: la patronal del sector eólico, Greenalia y altos
cargos del PP marcan el camino a seguir de la Federación de Industria de CCOO
Galicia, que carga contra sentencias judiciales y defensores del medio ambiente
TERCERAINFORMACION
/ 15.07.2023
La
organización secunda el comunicado emitido recientemente por la Confederación
de Empresarios de Galicia y avala de facto la postura de la energética de la
ex-conselleira Beatriz Mato que hace escasos días cuestionó la independencia
judicial del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y acusó al ente
autonómico de crear «inseguridad jurídica» tras haber recibido una serie de
sentencias contrarias que han bloqueado de manera
justificada la implantación de proyectos eólicos como el Campelo, Bustelo y
Monte Toural por «fragmentación indebida».
La Federación de Industria
de CCOO Galicia se ha alineado con la patronal del sector eólico contra las
sentencias judiciales que van contra los planes de negocio de las grandes
energéticas / Creative Commons
Para la Federación de Industria de CCOO Galicia «no
solo se paralizan parques eólicos vinculados a proyectos industriales, sino que
se amenaza la seguridad jurídica de cualquier proyecto económico con necesidad
de declaración de impacto ambiental que pudiera plantearse en Galicia«,
cargando contra las entidades de defensa medioambiental que están logrando la
paralización efectiva de determinados proyectos de parques eólicos tras la
presentación de informes que constatan numerosas irregularidades.
Para la sección sindical,
que en la práctica y de manera sorprendente se ha alineado con los intereses
del empresariado eólico, las grandes energéticas y altos cargos del PP desde la
Xunta, la situación actual «supone una agresión contra los
intereses de la inmensa mayoría de la clase trabajadora gallega».
LOS JUECES EXIGEN
INDEPENDENCIA A SU TAREA Y RESPETO AL ESTADO DE DERECHO
Frente a estas polémicas acusaciones y a través
de una comunicación oficial del Poder Judicial, la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), reunida en comisión, se ha
visto en la obligación de recordar que la independencia judicial «es
uno de los pilares del Estado de Derecho y de la democracia» y que el
respeto a las decisiones judiciales «es esencial para el normal funcionamiento
de las instituciones». El ente recuerda en este sentido a quienes estén
disconformes con las resoluciones de los tribunales tienen a su disposición
todos los medios «que les garantiza la legislación procesal».
En la misma línea ha actuado la reconocida
asociación «Juezas y Jueces para la Democracia» al afirmar en un comunicado
que aunque «la crítica o valoración a las resoluciones judicial es
legítima» las manifestaciones realizadas al respecto por quienes pretenden
beneficiarse de este tipo de proyectos industriales desgranan «un escenario
falso» y han optado por «el ataque personal a un órgano judicial entero» por
sentencias que no les han sido favorables.
La entidad judicial recuerda que «en los últimos
tiempos fueron impugnados ante los tribunales diversos actos administrativos
dictados en relación con la instalación de parques eólicos» y «el TSXG tuvo que
resolver si la Administración había respetado en la tramitación las normas y
leyes vigentes», tal y como se le supone a la función de los tribunales
como «una garantía básica de la ciudadanía frente al poder económico, pero
también frente al poder político».
Para el colectivo jurídico hay que tener
presente que «el papel de los tribunales es la aplicación de la Ley, también
contra las decisiones de la Administración que, cuando menos en parte, es
responsable de la producción de normas aplicables a los casos» pues «una
vez dictada una norma, también la Administración está vinculada en su proceder
a ella y a la interpretación que los tribunales hagan de la misma». Por ese
motivo ningún responsable político puede «atribuir la causa de la inseguridad
jurídica a las decisiones de los tribunales» dado que «es en el ámbito político
en el que se deben decidir las normas, pero los responsables políticos están
vinculados a ellas y son ellos los que deben evitar, precisamente, que los
tribunales tengan que corregir sus actuaciones por inobservancia de los
procedimientos».
Juezas y Jueces para la Democracia considera
lamentable que se se hayan producido manifestaciones «que no aportan argumentos
jurídicos sobre el fondo sino calificaciones personales» en lo que supone «un
ataque frontal a la independencia judicial» en un comportamiento inaceptable en
el que «un grupo de empresas privadas con importantes intereses económicos
pretende que un tribunal mude de criterio al margen de las vías legales o,
cuando menos, que se altere la composición de la Sala en un intento de obtener
una respuesta más beneficiosa a sus intereses«. Para el colectivo, en este
sentido, «es el momento de reclamar a la Xunta que evidencia que, comparta o no
la interpretación que hacen los tribunales de las normas, comparte que su
posición institucional es la de aceptar esas interpretaciones y apoyar al Poder
Judicial» porque «cualquier otro comportamiento, actitud o mensaje será incomprensible»
a nivel social.
Fuente: rebeldes.info
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