jueves, 2 de mayo de 2019
PRESIDENTE ELECTO DE VENEZUELA (que no es el muñaco-titere rico de USA, criminal Guaidó) EXPLICA LA SUPERACIÓN DEL ACTO TERRORISTA CON PRETENSIONES MILITARES-PETROLERAS PERPRETADO POR CRIMINALES. DE ESTOS DATOS QUE APORTA EL PRESIDENTE DE VENEZUELA NO DICEN NADA O LOS TERGIVERSAN LA CADENA COPE, LA SER, LOS PERIODICOS EL PAÍS, EL MUNDO, ABC Y OTROS PANFLETOS PERIODISTICOS, CON LO QUE EN SUMA, VIENEN A JUSTIFICAR Y A IMPULSAR QUE LOS VENEZOLANOS SE MATEN EN TRE SÍ. PERO QUE NO SE ME PREOCUPE NADIE POR EL PADRE DE GUAIDÓ, QUE ÉL LUCHA A BRAZO PARTIDO CONTRA LA ARENA DE LAS PLAYAS DE TENERIFE PARA RESTABLECER EL ORDEN EN VENEZUELA
EL FASCISMO FINANCIERO, ULTIMA FORMA DEL CAPITALISMO ANTES DE SU EXTINCIÓN, QUE SURGE A RAÍZ DE LA CRISIS DE 2008, NO PUEDE RENTABILIZAR YA LOS CAPITALES INVERTIDOS MÁS QUE CON LA INTENSIFICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DEL ASALARIADO, MEDIANTE LA BAJADA DE SALARIOS Y PRECARIZACIÓN LABORAL, Y EL SAQUEO DIRECTO DE LOS BIENES PÚBLICOS, COSA QUE EXPLICA LOS RECORTES SOCIALES DEL PASADO, DEL PRESENTE Y DE LO QUE TE TENGO QUE RONDAR, MORENA ¿Y, ME DECÍA USTED QUE CUÁNTOS PUESTOS DE TRABAJO VA A CREAR AHORA QUE ESTAMOS EN CAMPAÑA ELECTORAL...? ESO NO ES NADA HOMBRE, YO CREARÉ 19 MILLONES Y PICO DE PUESTOS DE TRABAJO MÁS QUE USTED Y, SIN DESPEINARME, QUE ESA ES OTRA
EPA primer trimestre 2019: El ruido de la campaña
política silencia la realidad de las clases asalariadas
Tercerainformación / Redacción
01/05/2019
El primer
trimestre del 2019 muestra una realidad consolidada de un mercado del empleo
presidido por la precariedad, la rotación (trabajo/desempleo), el
incremento de los contratos indefinidos (cuya antigüedad es menor de 2 meses)
que luego no se consolidarán, y las mayores cuotas de desigualdad que, como
siempre, le corresponden a las mujeres: menos empleadas y menos activas
(ocupadas) que los hombres.
Cualesquiera de
los datos estadísticos, desempleo, con incremento de casi 50.000 personas
más, especialmente mujeres; disminución de la contratación temporal,
situándose el número de personas asalariadas con contratos temporales en
4.233.700, así, la tasa de temporalidad (la proporción de personas asalariadas
con un contrato temporal sobre el total) cae al 25,9%; incremento de 89.900 con
contratos indefinidos - hasta situarse en 12.124.000 personas empleadas.
Que los
contratos indefinidos aumenten, por encima de los contratos temporales, no
significa nada más que ambos contratos son igualmente precarios y volátiles: bajos
salarios y facilidad para desprenderse de dichos contratos (fácil y barato
despido), como consecuencia de la Reforma Laboral del 2012.
Así ha venido
sucediéndose desde que entró en vigor la RL del 2012: de los más de 11 millones
de contratos indefinidos entre 2012 y 2018, 3,4 millones no alcanzaron el año
de duración y solamente 7,6 millones superaron al menos un año. El cuarto
trimestre de 2018, según la EPA, muestra que solo el 63% de los contratos
indefinidos firmados en ese año, se mantienen y, si nos retrotraemos a
2017, solamente se mantuvieron el 50%.
El tema del
paro o desempleo (nunca voluntario), sí que es vergonzoso, por miserable, tanto
por cómo lo presentan los políticos como por las estadísticas oficiales. El
relato de ambos no hace sino esconder la realidad: el paro, el desempleo es
muy superior al reflejado estadísticamente, con independencia que la
“semana santa” haya caído o no en marzo.
Trabajadores y
trabajadoras a tiempo parcial involuntario (que desearían trabajar con un
sueldo completo), infra empleo –economía sumergida-; millones de horas
semanales que no se abonan y que secuestran 74.000 empleos y los millones y
millones de horas y el número de personas (mujeres de manera absolutamente
mayoritaria) que trabajan en la esfera de la reproducción social (cuidados) y
no cuentan en las estadísticas, y personas en edad de trabajar y en
disposición de hacerlo que no figuran en las estadísticas.
En cuanto a la
realidad no estadística, acerca del tipo estructural constituido del trabajo
precario (salarios y costes laborales), nada se dice acerca de las empresas
(cada vez más numerosas) que basan su modernidad y competitividad en la
sobreexplotación de sus trabajadores y trabajadoras, obligándoles a realizar
millones de horas, sin abonarlas, sin cotizar a la seguridad social ni al IRPF.
Vamos, trabajo gratis, para hacer “Caja”. En muchas ocasiones, horas nocturnas
robadas al sueño, bajo el epígrafe del “teletrabajo” o “conciliación familiar”.
Ésta es la
realidad de la vida que nada tiene que ver con lo reflejado y relatado por las
estadísticas y la clase política.
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VOX, POTENCIAL VERDUGO DE LAS CLASES TRABAJADORES EN ESPAÑA, COMO ÚLTIMA ARMA POLÍTICA DISPONIBLE PARA SALVAR LOS INTERESES DEL CAPITAL
Radiografía deVox
Un partido militarista, racista, clerical,
proimperialista, antifeminista, neoliberal
Daniel Pereyr
Vientosur
23.04.2019
¿Cuáles son las
raíces de Vox? Si tomamos como una base periodística bastante bien documentada
el artículo de El País Semanal del 14 de abril de 2019, estas serían:
El Partido
Popular, del cual surgieron la Fundación FAES, fundada por Aznar, y activistas
del PP Vasco, como Santiago Abascal (hoy Secretario general de VOX), además de
contar con muchos notables llegados del franquismo; la Fundación para la
Defensa de la Nación Española (DENAES), creada en 2006, cercana a Basta Ya! y
el Foro de Ermua, apoyados por Esperanza Aguirre y otros líderes del PP,
incluso un ex jefe de la Casa del Rey Juan Carlos y en su momento patrono de
honor de la Fundación; sectores fundamentalistas católicos, incluyendo varios
obispos, el cardenal Antonio María Rouco Varela, cabeza del catolicismo
madrileño, y la Fundación Hazte Oír y el Foro Español de la Familia; destacados
militares, incluyendo generales, opuestos a las políticas de ascensos; grupos
de opinión, como Intereconomía, Libertad Digital, Cadena Cope y adversarios del
independentismo.
Y otros que no
menciona El País Semanal, como los núcleos patronales orientados por el
economista Rubén Manso, ultraneoliberal y autor de la política económica de
Vox; sus vínculos internacionales (el exilio cubano, la derecha norteamericana
del Partido Republicano, de la Asociación del Rifle, los sionistas y
anti-islamistas); núcleos antiabortistas de mujeres; negacionistas del
Holocausto; aficionados a los toros, la caza y la pesca.
La reciente
aparición de Vox en el panorama político español, incorporado con fuerza en el
proceso electoral de 2019, y su impactante resultado en las elecciones
andaluzas, con 12 diputados autonómicos, plantea la necesidad de evaluar el
significado político de sus propuestas. Estas son muy claras en su propuesta
económica y política. Enmarcado en la corriente neofascista en lo político en
Estados Unidos y Europa, y en las posturas neoliberales en lo económico y
social. Más que en sus documentos programáticos, conviene juzgar a Vox por las
actitudes de sus dirigentes y las posiciones propuestas ante los grandes
problemas nacionales e internacionales.
En este
artículo hemos optado por tomar de los medios de comunicación algunos ejemplos
de su actitud sobre ese tipo de cuestiones, que resaltan con especial
contundencia las posiciones de Vox:
Un partido
militarista
La aparición de
altos jefes militares retirados en sus listas es sumamente llamativa. Aun
tratándose de generales en situación de retiro, es un número superior al que
pueden tener todos los demás partidos que se presentan a las elecciones. Veamos
una primera lista incompleta:
- Manuel Mestre Barea, teniente general del Ejército del Aire, cabeza de lista por Alicante. Ha sido acusado de un delito de plagio en el concurso para acceso al generalato.
- Alberto Asarte Cuevas, general de división, numero uno por Castellón.
- Agustín Posety Fernández de Castro, general de brigada de Infantería de Marina, cabeza de lista por Cádiz. Firmante del manifiesto de cientos de militares retirados de apoyo al régimen franquista y al golpe militar de 1936, miembro de la Real Academia Hispano Americana y de la Asociación Católica de Propagandistas.
- Fulgencio Coll, general, ex jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, candidato a la Alcaldía de Palma.
- Antonio Budiño Carballo, general de división del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra, cabeza de lista por la provincia de Pontevedra. Intervino en operaciones multinacionales en Croacia, Albania e Irak.
- Un coronel cuyo nombre se reserva, destinado 11 años en la Legión como teniente y capitán, numero uno por Melilla.
Esta presencia
militar del más alto nivel en las listas de las próximas elecciones implica un
grado de complicidad entre Vox y los altos mandos de las Fuerzas Armadas que se
extiende a los temas políticos más sensibles de la actualidad, y muestra el
propósito de influir en la opinión pública, mostrando un apoyo militar al
partido de la extrema derecha.
Pero esta
complicidad de altos mandos cobra mayor significado si se toman en cuenta
actuaciones de distintas personas o sectores de las Fuerzas Armadas cercanos o
afines a Vox, que se han hecho públicas en marzo o abril, estando ya convocados
los distintos procesos electorales, y que se refieren a temas sensibles a
demandas militares o cercanas a ellas. Por ejemplo, el cabo Jenner López,
presidente de la Asociación Profesional 45 Sin Despidos, se opone a la salida
forzosa de las Fuerzas Armadas de los militares con contrato temporal al
cumplir los 45 años de servicios. En un acto de organizaciones de militares y
policías realizado en Madrid en marzo de 2018, hablaron dirigentes de Vox, así
como el cabo López, y reclamaron la equiparación salarial de los diversos
cuerpos militares y de seguridad. En su intervención López criticó que Abascal
defendiera el restablecimiento del servicio militar obligatorio en España,
cuando el mismo Abascal se libró del servicio por sucesivas prorrogas
encadenadas. También reclamó que los numerosos soldados musulmanes tengan el
derecho legítimo de poder elegir religión. Por sus intervenciones López fue
sancionado con 12 días de multa por falta disciplinaria grave.
Otro ejemplo:
su defensa de la legalización de la tenencia de armas: Santiago Abascal,
secretario general del partido, abogo por “un cambio radical urgente” de la ley
sobre tenencia de armas para que los ciudadanos puedan disponer de un arma en
su casa y usarla “sin tener que enfrentarse a un infierno judicial, a penas de
cárcel o incluso a indemnizaciones a los familiares de los asaltados.”
Su alianza en
política internacional con la extrema derecha es también manifiesta. En Estados
Unidos mantiene estrechas relaciones con la derecha del Partido Republicano y
con los sectores más ultraderechistas del país, con Bannon, el analista de
Trump que dirigió su campaña a la Casa Blanca, abanderado de la pena de muerte,
del armamento de libre acceso y del combate contra la inmigración. En todo el
mundo mantiene cercanía con las derechas más extremas, como los partidos
fascistas en Europa, señaladamente en Francia, Italia, Hungría, el apoyo
incondicional a Israel para la capitalidad de Jerusalén y la soberanía israelí
sobre los Altos del Golán y es solidario con Estados Unidos en su política
prosionista de enfrentamiento contra Palestina y los países árabes.
La visita de su
responsable internacional al partido ultra de Polonia y su acercamiento a los
otros países de extrema derecha del área del este europeo, como Hungría,
también es otro ejemplo.
Vieja y nueva
ultraderecha
También es muy
visible la presencia en sus filas de antiguos miembros de la ultraderecha
española. Son numerosos los antiguos miembros de partidos de la extrema derecha
española en las filas de Vox. Entre ellos figuran históricos miembros de Fuerza
Nueva, el partido de la ultraderecha fundado por Blas Piñar durante la
Transición.
Un caso notorio
es el de Kiko Méndez Monasterio, quien junto con Marcos Calera fue condenado el
26 de abril de 1999 por el Juzgado de Instrucción Nº 8 de Plaza Castilla, por
los delitos de lesiones y amenazas contra Pablo Iglesias, al pago de
indemnización económica. Kiko era miembro del grupo fascista Alianza por la
Unidad Nacional en cuyo nombre realizó los delitos mencionados, que estaba
dirigido por el conocido fascista Sáez de Inestrillas. Actualmente, Kiko es
asesor de Abascal en Vox.
En las listas
de Vox militan también miembros de las asociaciones de víctimas del terrorismo,
significados en su oposición a ETA, como es el caso de José Alcaraz, que ha
sido nombrado senador de Andalucía por Vox. Fue fundador de la AVT.
En cuanto a
Abascal, su historia política comienza a los 29 años, cuando fue Presidente de
las Juventudes (Nuevas Generaciones) del País Vasco y diputado autonómico. En
2011 Aznar asistió al quinto aniversario de la creación de la Fundación DENAES,
presidida por Abascal. DENAES y FAES, la fundación dirigida por Aznar, eran
almas gemelas, hasta que la competencia entre ambas por dirigir a la derecha
española hizo surgir roces y diferencias entre las dos corrientes derechistas.
Por su parte,
el líder de Vox en Lleida, José Antonio Ortiz Cambray, fue detenido por los
Mossos d’Escuadra acusado de abusar sexualmente de hombres con discapacidad el
5 de marzo. Educadores de la Fundación Alosa, que tutela a varios
discapacitados, cursaron una denuncia ante los Mossos, quienes sospechan de la
existencia de 4 víctimas. Ortiz concurrió a las elecciones municipales de
Lleida en 2011 como Plataforma per Catalunya, y luego pasó a Vox, que dispone
de cerca de un centenar de miembros en la provincia. En 2016 se presentó como candidato
al Senado por Vox. No obstante, este partido niega que Ortiz sea presidente ni
tenga ningún otro cargo en Vox, tal como se presentaba.
Javier Ortega
Smith, número 2 de Vox, tiene abierta una investigación penal por un supuesto
delito de odio, que podría haber cometido al asegurar que “el enemigo común” es
la “invasión islamista”, en un mitin pronunciado en Valencia el 16 de
septiembre de 2018. La denuncia fue presentada por la organización Musulmanes
contra la Islamofobia por haber sostenido en dicho mitin que “nuestro enemigo
común, el enemigo de Europa, el enemigo de la libertad, el enemigo de la
familia, se llama la invasión islamista […] cada vez más europeos se están
poniendo en pie y no están dispuestos a que se derribe sus catedrales para ser
sustituidas por mezquitas”.
En Albacete la
dirección de Vox decidió cesar a su candidato al Congreso por sus polémicas
declaraciones. Fernando Paz hizo manifestaciones ofensivas sobre los
homosexuales, así como otras negacionistas y revisionistas sobre el Holocausto,
que motivaron un comunicado de la Federación de Comunidades Judías de España
para “rechazar la candidatura de Paz en las listas de Vox” ya que “es
inadmisible que una persona con este pensamiento se postule para un cargo de
representación pública”. Anteriormente Paz había sido miembro de la
organización de extrema derecha Alianza Nacional, y en un acto afirmó que el
hacinamiento y las enfermedades jugaron un papel enorme en la mortalidad que se
produjo en los campos de concentración; y en un acto de Falange en 2016
atribuyó los asesinatos de judíos en Europa “en muchísimos casos al estado
absolutamente caótico, a la falta de alimentación, a la extensión del tifus en
los campos de concentración”. En síntesis, negaba la existencia del Holocausto
y el asesinato de millones de judíos en Europa. (El Mundo, 22 de marzo
de 2019).
Otro dato
importante es el apoyo con que cuenta del sector más derechista del Vaticano:
Abascal se distanció de declaraciones del Papa Francisco, que este hizo como
persona, relativas a inmigración. Sin atacarlo directamente, lo contrapuso a
palabras del cardenal Robert Sarah de Guinea Conakry del que tuiteó la frase:
“La iglesia no puede colaborar en esta nueva forma de esclavitud en que se ha
convertido la inmigración de masas”. Sarah, prefecto de la Congregación para el
Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, a quien el Papa desautorizó en
alguna ocasión, encabeza el sector más ultramontano del Vaticano. Sarah compara
la ideología de género con el Estado Islámico y la califica de “demoníaca”.
Un programa
económico neoliberal
Rubén Manso fue
encargado por Vox como responsable de presentar su programa económico; Manso es
inspector en excedencia del Banco de España, doctor en Ciencias Económicas y
Empresariales, presidente del Consejo de Administración de Eurobank del
Mediterráneo entre 2003 y 2004, y teniente del Ejército de Tierra en la
reserva. En un acto en 2012 conjuntamente con Santiago Abascal, Alejo Vidal
Quadras y Jose Antonio Ortega Lara, todos fundadores de Vox, “el reparto de las
cargas publicas debe abandonar el absurdo principio de la progresividad” según
el cual “deben contribuir proporcionalmente más quienes más tienen.
“Discriminar a los individuos en función de sus ingresos (es decir, hacer pagar
más a los más ricos) conduce a que desiguales niveles de esfuerzo y merito
produzcan iguales niveles de consumo y ahorro”.
Manso defiende
“un Estado reducido a su mínima expresión: la Defensa, la seguridad interior y
la justicia criminal. Estos son los servicios que debe proveer el Estado
mientras que la sanidad, la educación e incluso parte de la justicia civil
deben quedar en manos privadas”. Manso admite que algunas personas no podrán
pagarse la sanidad, por lo que el Estado debería “auxiliar a los ciudadanos
pagando estos servicios al sector privado”. Pero “en esa intervención no
debería pagarlo todo “sino solo hasta donde no alcancen los recursos del
ciudadano auxiliado”… el Estado solo debería financiar lo “necesario” partiendo
de “una definición austera del concepto de necesidad”. Todos los demás
servicios deben quedar en manos privadas y “no parece razonable subvencionar el
ocio y la cultura”.
Idéntico
criterio debiera adoptarse para las pensiones. De sus palabras se deduce la
intención de desmantelar el sistema para sustituirlo por otro privado. Los
individuos deben intentar sufragarse los gastos presentes y futuros, incluyendo
la jubilación. ¿Qué pasa con quienes no pueden pagarse un fondo privado de
pensiones? Lo que “no hay que hacer es asegurar el cobro de una pensión, porque
entonces no tendrían interés en ahorrar, ni asegurar una pensión mínima, igual
para todos”-
Hay que exigir
al que trabaja un ahorro mínimo para garantizar su futuro y “medios de vida
suficiente a quien decida venir a jubilarse a España”. Estas consignas parecen
calcadas de la doctrina de Trump y de otros neoliberales de rancia estirpe.
23/04/2019
Daniel Pereyra es escritor y miembro del Consejo Asesor de viento sur
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LA FALTA DE CONCIENCIA DE CLASE (Saber a qué clase social se pertenece) LLEVA AL TRABAJADOR A VOTAR A SU ENEMIGO DE CLASE, TAL QUE, PSOE-PP-CIUDADANOS-VOX
Tribuna viento sur
¿Hacia un gobierno PSOE-Ciudadanos? Sus propuestas
laborales, de pensiones y fiscales
Mikel de la Fuente
Vientosur
22.04.2019
La práctica
totalidad de las encuestas apuestan por la victoria electoral del PSOE. Varias
de las mismas prevén que podrá alcanzar la mayoría necesaria para investir a su
candidato Pedro Sánchez mediante un acuerdo,con una de entre dos perspectivas
contrapuestas. La primera con Unidas Podemos y todos o parte de los partidos
ERC y Junts per Catalunya y los vascos del PNV y EH Bildu; la segunda con
Ciudadanos (Cs). La campaña electoral del PSOE se basa en afirmar la necesidad
de derrotar al bloque reaccionario y de equiparar a sus tres componentes, de
los que se dice que forman una sola derecha aunque vayan con tres siglas. Como
ha dicho Jaime Pastor, la competencia entre ellas no
impide que compartan un mismo proyecto de nacionalismo español recentralizador
y uniformizador, neoconservadurismo patriarcal y xenófobo y neoliberalismo
austeritario. Cs, por su parte, ha dicho un día sí y otro también que su
objetivo es echar a Pedro Sánchez y para ello ha afirmado que cuentan con el
PP, omitiendo desvergonzadamente que también les serían necesarios -y
aceptarían, como en Andalucía- los votos de VOX.
Sin embargo, no
es descartable que “si dan los números” la opción gubernamental que se imponga
sea la de un acuerdo PSOE-Cs. En cuanto al PSOE, no solo porque alguno de sus
principales dirigentes ha afirmado hace ya unas semanas que esa podía ser la
mejor opción sino por la presión de una parte importante de sus barones que se
oponen radicalmente a cualquier acuerdo con Unidas Podemos y con quienes
“quieren romper España” y defienden propuestas socioliberales y centralistas. Cs
ha mostrado repetidamente que puede cambiar de posición fácilmente si ello le
permite alcanzar cuotas de poder y puede considerar que tiene graves riesgos de
descomposición si queda alejada del poder y se aleja la perspectiva de lograr
la hegemonía en la derecha.
Además de los
aspectos internos a los partidos, la opción del PSOE-Cs para formar gobierno es
la preferible por el IBEX 35. Piensan que la alternativa del bloque
reaccionario puede provocar reacciones nacionales, feministas, ecologistas y
anti-austeridad muy extendidas y la del PSOE apoyado por Unidas Podemos (¿o con
su integración en el gobierno?) y nacionalistas de diverso tipo puede atentar
contra sus intereses de clase. Confían en que el PSOE y Ciudadanos mantendrían
lo esencial de la reforma laboral y de una fiscalidad muy favorable para los
altos ingresos y las rentas del capital. A pesar de que el programa electoral
del PSOE contiene elementos progresivos, gran parte de los mismos tienen un
importante grado de inconcreción y, sobre todo, el PSOE tiene una amplia
trayectoria de programas y promesas incumplidas. Tanto ese programa como las
medidas sociales adoptadas por el gobierno Sánchez se han producido para
ampliar su base electoral y pueden olvidarse una vez obtenida una situación
“más confortable”, sobre todo, si como señalan los economistas críticos,
repunta la crisis económica[1],
cuando más necesaria es la firmeza en la defensa de las conquistas sociales.
Su declaración
de que el objetivo de su campaña es “ganar la batalla del voto centrado,
moderado, sensato y moderno”, ratifica esa desconfianza. Ante el riesgo de
conformación de un gobierno de este tipo, parece interesante analizar las
propuestas de ambos partidos en materia laboral, de pensiones y fiscales.
Laborales,
mantenimiento de la flexibilidad pro-empresarial
Pedro Sánchez
prometió que derogaría la reforma de 2012. Ni siquiera se ha planteado la
derogación de la de 2010 aprobada por un gobierno de su partido, basada en
principios muy similares a la del PP. Una vez instalado en el gobierno se
rebajó la anulación a “las medidas más restrictivas” de la de 2012, que ahora
se reitera. El gobierno Sánchez ha utilizado como pretexto para no derogarla
que solo disponía de 84 diputados. Pero con esos mismos diputados ha aprobado
decretos leyes que han sido convalidados posteriormente por el Congreso. Si
hubiera tenido la voluntad de derogarla hubiera podido presentar una propuesta
y llamar a los sindicatos y movimientos sociales a se movilizaran para exigir
su aprobación y obligar a “retratarse” a quienes se opusieran. Parece claro que
las verdaderas razones están en otro lado, en la fuerte oposición a esa medida
de la patronal y sus organizaciones, que se siguen beneficiando de una
legislación hecha a su medida, que les permite contratar y despedir como
quieren, despedir con indemnizaciones cada vez más bajas, establecer la
prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales y no aplicarles por
motivos muy amplios y un largo etcétera, tal como se puede apreciar en el
artículo de Antonio Baylos.
Tras el aumento
de 2019 del salario mínimo no se concreta más allá del aumento “gradual” del
mismo para cumplir el objetivo de la Carta Social Europea y se sigue
manteniendo una gran distancia con el de otros Estados europeos. La
equiparación salarial en el sector público se limita a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, obviándose al resto de las empleadas y empleados
públicos. También se propone la “mejora de las retribuciones del personal
militar”. Parece evidente que el PSOE es muy sensible a la presión de
sindicatos y agrupaciones de extrema derecha como Jusapol y de la jerarquía
militar, lo que va contar con el pleno apoyo del PP, Cs y Vox.
Cs propone que
todos los contratos sean indefinidos, salvo los de cobertura de sustituciones y
los de formación. En lugar de reglas que penalicen los despidos, plantea la
concesión de bonificaciones a las empresas que despidan menos y mantengan
plantillas más estables en cada sector. En el programa no se pronuncian sobre
la cuantía de las indemnizaciones de despido, pero a la vista de su trayectoria
sobre esta materia es indudable que se acomodará a las pretensiones de las
organizaciones patronales, que quieren prolongar la carrera continuada hacia la
baja de las mismas, así como por una flexibilización de las causas de despido.
Así, en una presentación a los partidos ante las elecciones generales, el
Círculo de Empresarios ha reclamado reducir el coste del despido
para los trabajadores fijos (ahora 20 días si es objetivo y 33 si es
improcedente en función del año de firma) y equiparar las indemnizaciones por
despido de contratos temporales e indefinidos en 18 días por año trabajado.
En relación con
la economía digital, el programa asume la iniciativa de la patronal del sector,
de adaptar la normativa laboral a las nuevas realidades de la economía digital
para asegurar la protección social de los trabajadores e incorporar la
flexibilidad que requiere esa economía. En la patronal Adigital se encuadran
las plataformas de reparto tales como Deliveroo y Glovo, cuyo modelo laboral ha
sido cuestionado por los tribunales de justicia en varios países europeos,
incluido el Estado español, en sentencias que han considerado fraudulenta la
utilización de la figura del trabajo independiente y cuya problemática ha sido
analizado en esta web por Josépha Dirringer.
Pensiones y
financiación de la seguridad social, muy insuficientes
En materia de
pensiones la única concreción positiva obrante en el programa del PSOE es la
fijación de su revalorización conforme a la evolución de la inflación, pero no
incluye la recuperación de la pérdida de poder adquisitivo del período de
congelaciones de la crisis. Con un diseño “compartido con los interlocutores
sociales” se mantiene el factor de sostenibilidad, con el evidente objetivo de
recortar la cuantía de las pensiones. La reducción de la brecha de género de
las pensiones, mucho más elevada que la salarial (la primera alcanzaba el 33,8%
en el 2016 frente al 14,2% la segunda), se despacha en una línea, sin
referencia alguna a medidas evidentes –además de las salariales- que la
rebajarían, tales como, entre otras, dar carácter retroactivo a los recargos en
las pensiones de las mujeres por hijas e hijos y concederlas desde el primer
hijo/a o la anulación de la medida que reduce, a efectos del cálculo de la
pensión, al 50% de la base mínima a partir del cuarto año en los períodos sin
cotización y que afecta en gran medidas a las mujeres, tal como he analizado aquí.
Ninguna mención a dejar sin efecto la reforma del gobierno de Rodríguez
Zapatero (Ley 27/2011) cuyo impacto es mayor que la del PP de 2013.
Los recortes de
2011 y 2013 están desacelerando el aumento del gasto en pensiones, que en lo
esencial se debe al aumento del número de pensionistas, y reducido la cuantía
de las pensiones iniciales. A pesar de lo anterior, la baja de los ingresos por
cotizaciones debida a la caída salarial (solo compensada débilmente por el
nuevo salario mínimo de 2019 y el aumento de los topes máximos de cotización el
7% en el 2019) y medidas tales como las subvenciones de cotizaciones a las
contrataciones laborales, está dando lugar a unos déficits superiores a los 18
mil millones de euros anuales.
Para hacer
frente a estos déficits, las propuestas del PSOE se mantienen en una absoluta
vaguedad: se establecerá “una senda de cinco años para superar y eliminar el
déficit del sistema de Seguridad Social a través de la adopción de un conjunto
de medidas que garanticen la sostenibilidad financiera de largo plazo del
sistema”; se anuncia que las cotizaciones “soporten los gastos de naturaleza
contributiva”… lo que ya está en vigor de 2013. No se considera aumentar nuevamente
el tope máximo de cotización, que sigue dejando sin cotizar a una parte
importante de los salarios más elevados (sólo en Comunidad Autónoma Vasca se ha
estimado por el movimiento de pensionistas que cien mil personas asalariadas
perciben salarios que superan ese tope). Ese aumento podría ir acompañado de un
aumento, en menor cuantía, del tope máximo de pensiones, ya que las personas de
salarios más elevados se benefician comparativamente de tener itinerarios
laborales más estables y una esperanza de vida mayor que las de salarios más
bajos y, por lo tanto, de más duración en el cobro de las pensiones. Dicho lo
anterior, un cierto incremento puede ser razonable para compensar la reducción
del salario por el mayor descuento de la cotización, evitando así la presión
hacia las pensiones privadas de los salarios más elevados. Esta medida
proporcionaría inmediatamente ingresos más elevados mientras que el aumento del
gasto que se produjera, además de más reducido en el caso de ser más bajo el
aumento del tope, se dilataría en el tiempo dado el acceso progresivo a la
jubilación de las personas concernidas.
Se dice que
aumentará progresivamente la aportación del Estado para hacer frente al acceso
a la jubilación de la generación del baby boom, a partir de 2030-35. El
Fondo de Reserva de las pensiones estaba previsto para “suavizar” el aumento
del gasto debido a ese proceso, pero la caída de los ingresos ha dado lugar al
agotamiento del mismo. A ello han contribuido las reformas laborales de 2010 y
2012, al debilitar la negociación colectiva sectorial y flexibilizar al máximo
las relaciones laborales y con ello provocar una enorme caída salarial. Esa
situación exige claramente aumentar los ingresos, pero el PSOE no contempla
eliminar esas reformas para favorecer el aumento de los salarios, ni aumentar
las cotizaciones empresariales, cuyos tipos se mantienen constantes desde hace
muchos años.
Por su parte,
Cs propone reducir más aún los ingresos del sistema de la seguridad social, al
ampliar desde uno a dos años la tarifa plana de los autónomos (60 euros/mes) y
eximirles del pago de cuotas en los dos años siguientes a la
paternidad/maternidad, así como cuando tengan ingresos inferiores al salario
mínimo. También se incluye la bonificación al 100% de las cotizaciones empresariales
–no las correspondientes al trabajador o trabajadora y que se deducen de su
salario- durante una incapacidad temporal por causas relacionadas con el
embarazo o parto y durante el disfrute de los permisos por maternidad y
paternidad. Varios de los beneficios que se proponen para los autónomos se
aplican con independencia de sus ingresos, frecuentemente poco controlados, y
de que tengan o no trabajadores/as asalariados/as que trabajen para ellos o
trabajen en exclusiva o mayoritariamente para un empleador y son congruentes
con la posición de Cs de favorecer el “emprendedurismo”.
Salvo esta
reducción de los ingresos, las propuestas de Cs sobre pensiones son
inexistentes, salvo la de revalorización periódica… siempre que sea compatible
con la sostenibilidad del sistema. Como la entienden se puede apreciar por su
abstención en la convalidación del Decreto ley que acordó la subida del 1,6%
para el 2019. Lo que si contempla su programa es la compatibilidad entre la
realización de un trabajo asalariado y la percepción al 100% de la pensión de
jubilación. Bajo una forma aparentemente atractiva se oculta que es una forma
de obligar a las personas jubiladas a trabajar para complementar unas pensiones
de cuantía cada vez más reducida si quieren mantener un nivel de vida decente.
Esa compatibilidad contribuiría a crear un mercado de trabajo específico para
las jubiladas y jubilados, como ya ocurre en el Reino Unido y Estados Unidos.
Tal como sucede en estos países se concretaría sobre todo mediante contratos a tiempo
parcial que harían el puente entre el trabajo tiempo completo y la jubilación
íntegra.
Es probable que
un gobierno PSOE-Cs sea muy “sensible” a las reivindicaciones patronales de
reducir el gasto en pensiones y, en todo caso, bajar sus aportaciones. Así se
ha manifestado el Círculo de Empresarios que ha reclamado hace unas semanas una
reducción de las cotizaciones sociales a cargo de los empresarios (23,6%),
elevando la de los trabajadores (4,7%), para que esté más
"proporcionada".
Fiscales,
sujetas a la disciplina de la UE
La posición del
PSOE en materia de fiscalidad se basa en avanzar “hacia el saneamiento de las
cuentas públicas, la reducción del déficit y la deuda y la sostenibilidad
fiscal de medio plazo”. Reconoce que la mejora de la competitividad de la
economía española y los elevados beneficios de las empresas durante los últimos
años se han debido, en gran medida, a salarios muy bajos y empleos muy
precarios, favorecidos por la reforma laboral del Gobierno del PP, pero omiten
su responsabilidad por la reforma laboral de 2010. Presentando de forma poco
creíble que es posible la cuadratura del círculo propone el aumento del gasto
social en educación, sanidad, dependencia, infancia y viviendas en alquiler
para jóvenes, así como el fomento de la inversión productiva y la transición
ecológica e infraestructuras y, a la vez, la reducción del déficit público y de
la deuda pública.
Propone medidas
positivas, pero de escasa concreción, como la de reforzar la progresividad del
sistema fiscal, la convergencia hacia el promedio de la recaudación fiscal de
la Unión Europea –que en la actualidad es inferior en más de 6 puntos a la
media de la UE- y el aumento de la aportación de las grandes empresas y los
contribuyentes de ingresos más altos y de mayores patrimonios. Se dice que la
desigual tributación de las rentas del capital y las del trabajo deben ser
mejoradas de forma “equitativa”, pero no se propone su sujeción a los mismos
tipos impositivos. Por no ir muy hacia atrás, la experiencia del giro antisocial
del gobierno de Rodríguez Zapatero en el 2010 cuando congeló las pensiones,
redujo el sueldo de los funcionarios y empleados públicos y el gasto en las
prestaciones contra la dependencia para cumplir con los diktats de la
Unión Europea y la aprobación exprés de la reforma del art. 135 de la
Constitución que prioriza absolutamente los objetivos de déficit y deuda
públicos, muestra que la prioridad de los gobiernos del PSOE es la de cumplir
con esos objetivos fijados por la Troika aunque sea al precio de aplicar
políticas austericidas de recortes sociales e incumplir sus promesas
electorales.
Cs propone
limitar al 44% el tipo máximo del IRPF, frente al actual del 45% para las
rentas superiores a 60.000 euros anuales, para “garantizar que los impuestos
nunca sean confiscatorios” (sic). Considerando que pueden mejorar su
posición electoral en la “España vaciada”, quieren reducir el 60% del IRPF “a
todas las personas que vivan en riesgo de despoblación”. También propone
deducciones para familias con hijos y la bonificación al 100% en los Impuestos
de Sucesiones y Donaciones, de forma que “Nadie tendrá que renunciar nunca más
a una herencia por no poder pagar” ese impuesto. En otros muchos aspectos de
las políticas públicas, en lugar de establecer medidas imperativas para
conseguir fines sociales opta por los incentivos fiscales a favor de los
empresarios y propietarios. Por ejemplo, mientras que critica los controles de
los alquileres de las viviendas, dice que el acceso a la vivienda “a precios
asequibles” se favorecerá mediante la mejora de esos incentivos. En
correspondencia lógica con la reducción de los ingresos públicos y con la
prioridad repetida con insistencia del saneamiento fiscal, las propuestas
sociales son prácticamente inexistentes y, las que existen, van dirigidas en
buena parte a los empresarios. Así, mientras que no aprobaron el salario mínimo
de 900 euros para 2019, a fin de combatir la pobreza laboral los trabajadores
percibirían un “Complemento Salarial Garantizado”. Ello permitiría desplazar a
los presupuestos públicos, financiados mediante impuestos pagados muy
mayoritariamente por las y los trabajadores, la responsabilidad de que éstos y
éstas perciban ingresos mínimos, mientras que los empresarios aumentan sus
beneficios pagando salarios muy bajos.
En definitiva,
la posición débil del PSOE y la agresiva de Cs en esta materia contribuyen a
que el gasto social se financie a cargo de la mayoría trabajadora, mientras que
los ricos y las grandes empresas, mediante la ingeniería financiera, el fraude
y los paraísos fiscales apenas pagan impuestos, dando lugar a lo que Miguel
Urbán ha calificado como la revuelta fiscal de la nueva aristocracia
global.
22/04/2019
Mikel de la
Fuente es profesor de Derecho del Trabajo y miembro de la
redacción de viento sur
[1] François Chesnais, en “De nuevo sobre el impasse económico histórico del
capitalismo mundial”, Viento Sur, nº 163, señala que la incapacidad de
la economía mundial para mantener el crecimiento económico durante más de 10
años después del estallido de la crisis de 2007-2008 “refleja una avería del
motor de acumulación a largo plazo”, por lo que las crisis se van reproducir de
forma periódica.
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