La crítica de Martín
Seco a las políticas del gobierno de Sánchez no tienen nada que ver con las
razones que alegó el presidente para su espantá. Es una crítica, dura pero
consistente, hecha desde posiciones nítidamente socialdemócratas.
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El Viejo Topo
1 mayo, 2024
Licenciado en Ciencias Económicas y en Filosofía y Letras, graduado social y diplomado en análisis monetario, Juan Francisco Martín Seco (Madrid, 1944) es interventor y auditor del Estado e Inspector del Banco de España. Ha desempeñado, entre otros, los cargos de interventor General del Estado y Secretario General de Hacienda, y ha sido miembro del Consejo de Administración de varias empresas públicas. Articulista en diversos diarios y revistas, y autor de numerosos libros, acaba de publicar Tierra quemada (El Viejo Topo, 2024), sobre el que centramos esta entrevista.
—¿Por qué Tierra quemada? ¿Respuesta
a Tierra firme, el libro escrito por Irene Lozano atribuido a Pedro
Sánchez?
—No. No es una
respuesta a ese libro. No lo he leído ni tengo intención de hacerlo. Cuando lo
publicó Sánchez estaba a punto de entregar el mío a la editorial. Lo que el
libro sí pretende es contestar al relato que Sánchez ha venido realizando desde
que apareció en política, pero también, y sobre todo, intenta desenmascarar los
hechos de estos cuatro años transcurridos.
El nombre de tierra quemada hace referencia al futuro, a cómo
va a quedar la sociedad tras la época sanchista, y más concretamente la
izquierda.
—Abre el
libro con una cita atribuida a George Orwell: “Un pueblo que elige
a corruptos, impostores, ladrones y traidores no es víctima, es cómplice”. ¿Es
el caso del pueblo español?
—La frase es
dura, pero yo creo que indica una realidad: cada pueblo tiene el gobierno que
se merece y en presencia de elecciones libres los votantes son de alguna forma
cómplices de lo que ejecutan los gobernantes a los que han elegido. Es verdad
que las responsabilidades pueden ser muy distintas y que en muchos casos entra
en juego la ignorancia.
El sanchismo no sería posible sin la complicidad de una gran multitud de
personas, de la sociedad del mundo económico, de la política, de la prensa. Hay
que ver el esfuerzo que tienen que hacer algunos periodistas para salvar lo
insalvable. La hemeroteca es implacable para los políticos, pero si la
aplicásemos a los periodistas del régimen, el resultado sería parecido. Tienen
que retorcer los argumentos y retorcerse ellos para seguir los virajes de sus
señoritos.
—Usa usted en repetidas ocasiones, lo acaba de hacer en la anterior respuesta, la categoría sanchismo, sanchista. ¿Qué es el sanchismo?
—Al principio
del libro cito una frase de los intereses creados de Benavente: “En este mundo,
mejor que crear afectos es crear intereses”. Pues bien, el sanchismo es ese
conglomerado de intereses heterogéneos que Sánchez ha aunado desafiando todas
las leyes lógicas de la política, un engendro que Rubalcaba bautizó como
gobierno Frankenstein. Hasta ahora, solo ha sido viable porque Sánchez acepta
el principio de que todo vale, todo es lícito con tal de permanecer en el
poder.
—Se define como jacobino. ¿Qué significa ser jacobino en 2024?
—Algo tan
simple como ser ciudadano, que no patriota. Es de sobra conocida la frase del
doctor Samuel Johnson: “El patriotismo es el refugio de los canallas”. Uno de
los problemas que tiene el nacionalismo surgido en el siglo XIX es que, en los
tiempos actuales, resulta difícil determinar el contorno de la teórica nación.
¿Dónde empieza y dónde acaba?, ¿qué es lo que la distingue de las demás?
Actualmente, las diferentes civilizaciones y naciones se difuminan y solo
permanecen las entidades políticas y jurídicas, es decir, los Estados.
Ser jacobino es defender el Estado, el Estado moderno, de derecho, democrático
y social. Los tres atributos se complementan y si falta alguno de ellos
fallarán también los demás. Es este Estado el que constituye la única arma con
que cuenta el ciudadano frente a los poderes fácticos, frente al poder
económico. Ser jacobino es estar en contra de todo lo que debilita al Estado,
bien sea por abajo o por arriba. Por abajo, rompiendo su unidad, anulando el
principio de la igualdad de todos los ciudadanos y haciendo imposible la
política redistributiva del Estado social. Por arriba, cediendo competencias
sin los mecanismos de compensación adecuados a entidades superiores con graves
deficiencias democráticas.
—El capítulo
IV lleva por título “La economía, cuatro años perdidos”. Empero, algunos
economistas de izquierda afirman que no había una política mejor. Algunos
sostienen incluso que ha ido y va como una moto, y ponen el ejemplo
opuesto de Alemania, casi en recesión, señalan.
—El que la
economía española esté creciendo en este momento más que la alemana no quiere
decir nada. También crece menos que otros muchos países de la Unión Europea,
pero es que además lo que hay que considerar es todo el periodo. Este Gobierno
es el que peor ha gestionado la crisis sanitaria de toda Europa. La economía
española ha sido la que más se hundió de todas las europeas durante la pandemia
en 2020, y la que más ha tardado en recuperarse. Nuestro país ha sido el último
Estado de la Unión en retornar a la renta per cápita anterior a la crisis
sanitaria. Somos, por término medio, más pobres que en 2018 cuando Sánchez ganó
la moción de censura. Según la OCDE, nuestro país está a la cabeza en la
pérdida de poder adquisitivo.
Durante estos años España ha tenido los peores resultados de la Unión Europea a
pesar de contar con los fondos de recuperación, de los que, por otra parte,
apenas se conoce su paradero, y de haber incrementado el endeudamiento público
en un 11% del PIB, porcentaje muy superior al experimentado por la casi
totalidad de los Estados europeos.
—Señala y
argumenta que la política social del gobierno ha quedado reducida a
mero populismo y en ocurrencias, muchas de ellas contraproducentes. Sin
embargo, desde colectivos de izquierda, no forzosamente del ámbito de Sumar y
Podemos, también desde los sindicatos, se suele afirmar que precisamente
algunos aspectos de esa política social (SMI, pensiones, ERTEs, reforma laboral
aunque sea incompleta, etc.) están entre lo más destacable de los gobiernos
Sánchez. ¿No coincide usted con esta consideración?
—Entre las
diferencias de una política socialdemócrata frente a una populista se encuentra
la consideración o no del coste de oportunidad. La primera tiene conciencia de
que todo tiene un precio, y asume que los recursos deben orientarse a los
objetivos mejores. No basta con que sean buenos, sino que deben ser los
óptimos. La política populista, por el contrario, ya se califique de derechas o
de izquierdas, ignora el coste de oportunidad, supone que todo es gratuito; en
ella se adoptan las decisiones como si los recursos fuesen infinitos,
atendiendo exclusivamente a la rentabilidad electoral.
Además, a la hora de definir la política social hay que ser conscientes de en
qué mundo nos movemos: sistema capitalista, globalización, Unión Europea,
moneda única. De no hacerlo, los resultados pueden ser contrarios a los que se
buscan. El caso más evidente es la política de vivienda aplicada por este
Gobierno.
La política social no se puede separar ni de la política económica ni de la
política fiscal. La pérdida de poder adquisitivo de los salarios está
excediendo a la que provocó la devaluación interna que fue preciso aplicar en
2011. La diferencia es que entonces el Gobierno tuvo que hacerlo directa y
abiertamente, mientras que en este caso todo se oculta tras la inflación,
inflación cuyo control no es competencia exclusiva del BCE, sino
responsabilidad también de los gobiernos nacionales.
—¿Por qué el
gobierno Sánchez no ha sido capaz de hacer una verdadera reforma fiscal? ¿Falta
de coraje? ¿Miedo a la reacción de las clases y grupos adinerados? ¿Qué
características tendría esa reforma?
—Aumentar el
gasto público hace popular a los gobiernos, da votos. Elevar los tributos, por
el contrario, comporta castigo electoral. Los gobiernos populistas, así como
son proclives a las ocurrencias en materia de gastos, huyen de acometer
reformas fiscales en serio. En todo caso aprueban medidas espectaculares frente
a las grandes empresas, que son bien aceptadas en la opinión pública, pero sin
apenas efectos en la progresividad, y en muchas ocasiones con resultados
incluso negativos. Olvidan la libre circulación de capitales.
Es significativo que Sánchez y Meloni hayan coincidido en crear un impuesto
extraordinario a la banca. Parece bastante evidente que las entidades
financieras están trasladando el tributo a los clientes, especialmente mediante
la limitación de las retribuciones del pasivo.
En el acuerdo de legislatura entre Sánchez y Pablo Iglesias figuraba la reforma
fiscal. No se ha acometido ni ha habido intención de hacerla. Una verdadera
reforma fiscal pasaría en buena medida por desandar el camino recorrido desde
finales de los ochenta y por enfrentarse con los cuatro grandes tributos (al
menos deberían ser grandes) que dotan o deberían dotar de progresividad al
sistema: IRPF, impuesto sobre sociedades, patrimonio y sucesiones y donaciones.
Cualquier reforma que se quiera acometer en el IRPF tiene que empezar por
devolverle su carácter global, con una sola base imponible y una sola tarifa.
El primer efecto de la escisión actual lo constituye la radical injusticia de
hacer tributar a las rentas del trabajo a un tipo muy superior al que se aplica
a las rentas de capital. Pero hay un segundo efecto tan pernicioso como el
primero y es que los ingresos no se acumulan en una única base imponible, con lo
que la progresividad del impuesto se ve reducida, fenómeno que afecta
lógicamente a los que tienen rentas de ambas fuentes.
—Dedica un
extenso capítulo a “Europa, la epidemia y los fondos de recuperación”. ¿Por qué
alardea el gobierno tanto de lo conseguido en este ámbito? En cambio, desde su
punto de vista, no parece que estén sirviendo para mucho. Ni para sanear las
finanzas públicas ni para la recuperación de la economía.
—No los
consiguió nadie. Más bien fue una cesión. La gran beneficiaria de la Unión
Europea y de la moneda única es Alemania. Merkel lo sabía y sabía que después
de la crisis de 2008, los países del Norte debían ceder un mínimo para que el
invento no se hundiese. Los fondos de recuperación fueron ese mínimo.
Curiosamente España, país con el mayor número de recursos asignados, ha sido el
último en recuperarse.
El problema principal en nuestro país es que el dinero se ha distribuido sin
ningún control político, y escaso control administrativo. En algún momento
conoceremos a qué se ha dedicado.
—Señala
también la necesidad de renovación del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ). En su opinión, es un bochorno que los consejeros de este órgano
lleven cinco años con el mandato caducado. ¿Ve algún camino para salir de la situación actual?
—Es posible
que, en este momento, la solución más adecuada –teniendo en cuenta las
recomendaciones de la Comisión y del Consejo de Europa, la opinión de la casi
totalidad de los jueces y la experiencia, particularmente la de los últimos
años– pase porque sean los mismos jueces los que elijan a aquellos de sus doce
compañeros que vayan a ser miembros del CGPJ. Pero lo que es ineludible es que
no se adultere la forma en que se aplique la mayoría de los tres quintos en la
elección de aquellos consejeros que tienen que designar el Senado y el
Congreso.
En principio, el hecho de que cada consejero cuente con la aprobación como
mínimo de tres quintas partes de los diputados o los senadores garantizaría, al
ser una persona de consenso, su neutralidad e independencia, sin adscripción
partidista alguna. Si la Constitución exige esta mayoría cualificada es para
evitar toda posibilidad de politización del órgano. Lo cierto es que, del modo
que se ha venido aplicando desde 1985, el resultado ha sido el inverso.
Tal como previó el Tribunal Constitucional, los partidos se han distribuido los
puestos, nombrando cada uno de ellos a los más proclives a su formación
política. Tú apoyas a los míos, yo apoyo a los tuyos. La conclusión es que los
elegidos son los más politizados (en el mal sentido del término) e incluso en
algunos casos los más sectarios. Tan es así que se continúa hablando de
consejeros conservadores y progresistas.
—De la misma
forma que muchos ciudadanos consideramos que no debería haber ningún problema
en utilizar el catalán o el castellano en el Parlamento de Cataluña, ¿qué
problemas ve usted en el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de
diputados?
—La lengua
debería ser un simple instrumento de comunicación y, como tal, con una
finalidad práctica y subordinada a conseguir el fin para el que ha nacido, que
es el de entrar en relación con los otros seres humanos. Desde esta
perspectiva, el uso de distintos idiomas en el Parlamento va a suponer un
atraso. La introducción de las lenguas cooficiales en el Congreso no va a
ayudar precisamente a la comunicación entre los parlamentarios, y menos aún
entre estos y la gran mayoría de los españoles. Cualquiera que haya usado la
traducción simultánea sabe que, por muy buenos que sean los traductores (cosa
que no es frecuente) su uso se convierte en un auténtico incordio, ya que la
comprensión se hace mucho más difícil y se pierden cantidad de matices.
Los independentistas han presentado esta exigencia como un acto de
reafirmación, un desafío. En realidad, a los nacionalistas solo les queda como
elemento identitario el lenguaje. Es por eso por lo que le conceden tanta
importancia, por lo que lo convierten en un concepto casi ontológico. Lo
asimilan con el espíritu del pueblo.
—Se
manifiesta usted muy crítico por la concesión de los indultos a los dirigentes
nacionalistas encarcelados. Sin embargo, a día de hoy, tras las declaraciones
de Feijóo del pasado febrero, casi todo el arco parlamentario español se
manifiesta partidario. ¿No es una forma de pasar página? Se les ha indultado y
no ha pasado nada grave.
—Ese es el
discurso del sanchismo. La utilización torticera que se ha hecho de las
palabras de Feijóo ni merece la pena comentarla. No ha servido ni como
argumento espurio en las elecciones gallegas. Nadie puede creerse que otro que
no fuese Sánchez sería capaz de saltarse las líneas rojas que él ha atravesado.
La página ya se pasó con la Constitución de 1978, que se elaboró bajo el
principio de encajar a los nacionalismos. Ni los indultos, ni la eliminación
del delito de sedición, ni la modificación de la malversación, ni otros muchos
disparates políticos cometidos con la finalidad de ceder ante el
independentismo han tenido ninguna otra motivación que la de lograr que Sánchez
continúe en la Moncloa.
Por otra parte, los nacionalistas no quieren pasar página. Afirman
continuamente que repetirán el golpe de Estado, y siguen presentando páginas y
más páginas a conseguir. La gravedad está ahí.
—Más allá de
sus deseos, proclamas y fanfarronadas, ¿cree que los nacionalismos vasco y
catalán, en sus diferentes variantes, están en vía o en condiciones de romper
la unidad de España?
—En cierta
forma la unidad de España está ya rota. Existen autonomías de primera y de
segunda. El sanchismo está acentuando gravemente esta división con las cesiones
a los independentistas. Por otra parte, peligra la política redistributiva del
Estado entre territorios. Estaba ya dañada con el concierto vasco y navarro,
pero ahora Cataluña quiere apuntarse a la fiesta, y reclama un sistema
financiero similar.
En cuanto a si van a repetir el golpe de Estado, de lo que no cabe duda es de
que la política seguida en los últimos años se lo está facilitando, y elimina
todos los obstáculos. No sé si de verdad están dispuestos a marcharse de
España, lo que desde luego sí persiguen es que el Estado se marche de Cataluña,
y mientras tanto aprovecharse del resto de los españoles.
—¿Es
constitucional la amnistía en su opinión? ¿Existe algún acuerdo político en el
que usted consideraría positiva o válida su concesión?
—En realidad
solo algunos juristas, los muy sanchistas o independentistas, defienden la
constitucionalidad de esta ley. Pero al margen de ello, la amnistía cabe
interpretarla o bien como la terminación de una guerra interna (conflicto,
dicen los soberanistas) y en la que se establece un armisticio, olvidando todas
las injusticias y responsabilidades en que se haya podido incurrir tanto en un
bando como en el otro, o bien que haya que cambiar las reglas de juego porque
las hasta ahora existentes eran injustas y, por lo tanto, inocentes los que se
hubiesen rebelado contra ellas. No estamos en ninguno de los dos casos. La
amnistía en estas circunstancias es una aberración política porque es el
reconocimiento de que el Estado se ha equivocado, de que la Constitución es
odiosa y despótica, y que los llamados golpistas no cometieron delito alguno,
sino que habían defendido sus derechos y los del pueblo catalán frente a un
Estado que les había perseguido injustamente. Es más, que aquellos que habían
aplicado la Constitución y las leyes que de ella se derivan habían actuado de
forma inicua y abusiva.
Sánchez la justifica en la superación de la situación jurídica creada en
Cataluña. Dijo lo mismo con los indultos. Lo cierto es que no ha habido dos
bandos ni una contienda, ni cambio de régimen ni ninguna necesidad de punto
final. Solo se ha producido un golpe de Estado por parte de un gobierno y unas
autoridades autonómicas que cometieron traición, rebelándose contra el Estatuto
de su propia Comunidad y contra la Constitución, en función de los cuales
habían sido nombrados, y la reacción lógica de un Estado defendiéndose. No hay
dos bandos culpables, solo uno que además de robar al Estado –es decir, a todos
los españoles– empleó lo robado para ir en contra de más de la mitad de los
catalanes y del resto de España. Al igual que afirmó el Tribunal Supremo acerca
de los indultos, sería una autoamnistía, porque los implicados, los
beneficiarios, van a ser quienes al mismo tiempo la aprueben. La única razón de
esta ley es el precio que pagar para que Sánchez continúe en la Moncloa.
—Le cito:
“La corrupción del propio gobierno Frankenstein no tiene parangón con ningún
otro acto concreto de corrupción”.
¿Por qué? ¿Dónde observaba usted la corrupción del gobierno Sánchez?
¿Intuía usted el caso Koldo-Ábalos?
—El primer
capítulo del libro está destinado a narrar el desastre que constituyó la
gestión de la pandemia en España. Casos como ese eran previsibles. Pero yo no
me refería a esa corrupción, sino a la de comprar el propio gobierno del Estado
mediante concesiones inaceptables a los golpistas y a todos aquellos que
afirman querer romper el propio Estado. Esa es la mayor corrupción.
A propósito del caso Koldo, todos los portavoces del PSOE, comenzando por el
presidente del Gobierno, declaran solemnemente que, frente a la corrupción,
tolerancia cero, quien la hace la paga. Debieron añadir que menos los
independentistas catalanes.
—¿Sumar es
la marca blanca del PSOE de Sánchez? ¿Y Podemos?
—Para entender
lo que ha sucedido con lo que teóricamente se llama la izquierda de la
izquierda, deberíamos partir del 15-M y del movimiento al que dio lugar. Nació
en la crisis financiera de 2008, tras los ajustes acometidos por Rodríguez
Zapatero. Los que más tarde serían dirigentes de Podemos revolotearon entonces
alrededor de Izquierda Unida. Pretendían ir en sus listas a las elecciones
europeas. La negativa les decidió a presentarse a los comicios por su cuenta.
Los resultados fueron sorprendentes, consiguieron cinco eurodiputados. Los
triunfos electorales de 2015, 2016 y 2019 condujeron a que los líderes de
Podemos trazaran un camino que con el tiempo los habría de conducir al fracaso.
Se dejaron llevar por la avidez de lograr el poder a cualquier precio y lo
antes posible. Ello propició los errores cometidos.
El primero de ellos ha sido el coqueteo constante con los nacionalistas,
adoptando muchos de sus mismos planteamientos. El segundo error cometido por
los podemitas fue unir su suerte al PSOE cuando atravesaba su peor momento
histórico, integrándose en el gobierno Frankenstein, con lo que se hacían
partícipes de la totalidad de los acuerdos del Ejecutivo y cómplices de todos
los desmanes del sanchismo.
Sumar en principio era tan solo una mala y a destiempo copia de Podemos, pero
se ha convertido en algo más. Por una parte, es la historia de una traición, y,
por otra parte, la alianza espuria entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para
cargarse a Podemos. De ahí lo de la marca blanca.
—Dedica el
libro a Julio Anguita y Nicolás Redondo, con estas palabras: “Mi profundo y
emotivo recuerdo para dos entrañables y añorados amigos JA y NR que fallecieron
en estos años horribles. Todo un ejemplo.” ¿De qué fueron ejemplo Anguita y
Redondo?
—No es una
dedicatoria, sino una reminiscencia dolorosa. El libro va de recuerdos y de la
necesidad de no olvidar todo lo que ha ocurrido en estos cuatro años. Entre lo
sucedido, la muerte de estos dos amigos. Pienso que es forzado tenerlos
presentes.
Lo del ejemplo creo que va de suyo. No necesita explicación
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