miércoles, 16 de octubre de 2019

MARX: SOBRE LA ESCRITURA Y LA PRENSA



Marx hablando sobre el escritor y la libertad de prensa…

Diariooctubre /octubre 15, 2019 


«Para defender la libertad de una esfera, e incluso para comprenderla, es necesario captarla en su carácter esencial y no en relaciones exteriores. ¿Pero es acaso fiel a su carácter, actúa de acuerdo con la nobleza de su naturaleza, es libre la prensa que se rebaja a ser una profesión?. El escritor tiene por supuesto que ganar dinero para poder vivir y escribir, pero de ninguna manera tiene que existir y escribir para ganar dinero. (…)

El escritor no considera de ninguna manera sus trabajos como un medio. Son fines en sí mismos, y tal es así que no son medios para él ni para otros que, si es necesario, sacrificará su existencia a la de ellos, adoptando, como el predicador de la religión, aunque de manera diferente, el principio de “ obedecer más a Dios que a los hombres” , e incluyéndo entre los hombres a sí mismo con sus necesidades y deseos humanos.

¿Sería posible, en cambio, que un sastre al que le he encargado un frac se apareciera con una toga romana aduciendo que es más adecuada a la ley eterna de la belleza? La primera libertad de la prensa consiste en no ser una profesión.

Al escritor que la rebaja a un medio material le corresponde como pena de esa falta de libertad interior la falta de libertad exterior, la censura, o, mejor dicho, ya su propia existencia es su pena. Por supuesto que la prensa también existe como industria, pero en ese caso no es cuestión del escritor sino del impresor y el librero. 

De lo que se trata aquí, sin embargo, no es de la libertad profesional de impresores y libreros sino de la libertad de prensa». (Karl Marx; Gaceta Renana, N ° 139, suplemento, 19 de mayo de 1842)

*++

PP Y HASTA LAS TRANCAS DE CORUPCION QUE ASPIRA A LA SALVACIÓN DE ESPAÑA


Muertes, suicidios y accidentes: otro extraño fallecimiento implicado en la corrupción del PP

Este mes se dio a conocer la noticia de la muerte de Rafael Naranjo, antiguo presidente de Sufi

elplural.com Domingo, 13 de octubre de 2019


El empresario Rafael Naranjo. 

Hace un par de semanas se conocía la noticia de la muerte de Rafael Naranjo, antiguo presidente de Sufi, empresa que mantuvo entre 2001 y 2007 una estrecha vinculación con los Ayuntamientos de Boadilla del Monte, Majadahonda y Alcalá de Henares así como con municipios de otras autonomías como Castilla y León.

Rafael Naranjo reconoció ante el juez Pedreira que pagó un millón de euros a una "tercera persona" por la adjudicación del servicio de limpieza del distrito madrileño de Moratalaz, una adjudicación con la que obtendría 48 millones de euros en 10 años y admitió haber efectuado ese pago desde una cuenta personal que tenía en Suiza a otra ubicada en ese mismo país. Cuando se produjeron los hechos, en 2002, Alberto López Viejo ocupaba la concejalía de limpieza en el Ayuntamiento de Madrid.

El juicio llevaba a la espera desde 2016. Pero no es el primer vinculado a la trama que fallece mientras la corrupción le persigue:

Miguel Blesa
 El expresidente de Caja Madrid tenía una condena en firme por las tarjetas black de seis años aunque se encontraba en libertad sin fianza ya que el juez así lo quiso por un comportamiento intachable durante el suceso. Blesa había recurrido al Tribunal Supremo la sentencia dictada por la Audiencia Nacional y se había convertido en el acusado que más pena había sumado de todos los integrantes de la trama de las tarjetas black.

Por otra parte, también tenía una imputación por crédito fallido al Grupo Marsans. Asimismo, también fue condenado por delito societario, apropiación indebida y falsedad documental por la compra fraudulenta del City National Bank de Florida. Tardo menos de 24 horas en pagar los 2,5 millones de euros de fianza.

María José Alcón
Saltó a la fama al ser conocida como la garganta profunda del blanqueo de dinero en el Ayuntamiento de Valencia durante la legislatura de Rita Barberá. La exedil popular estaba imputada en el caso Taula sobre blanqueo de dinero y presunta financiación irregular del partido.

Rita Barberá
Fue la ‘muerte’ relacionada con la Gürtel más comentada en las últimas fechas. Como se recordará, su fallecimiento por infarto de miocardio se produjo menos de 48 horas después de tener que comparecer ante el Tribunal Supremo para declarar sobre su posible pérdida de aforamiento e imputación en el caso Taula.

Leopoldo Gómez
En Marzo de 2016 moría Leopoldo Gómez, un imputado poco mediático, pero un hombre que conocía al dedillo todo lo que había sucedido en torno a uno de los brazos más productivos de la trama: la ramificación de Pozuelo de Alarcón. Leopoldo Gómez había sido arquitecto municipal de este municipio, el más rico de España, y era conocido como el cobrador de Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato, y durante los años de los maletines, alcalde de Pozuelo. Gómez estaba imputado por delitos de prevaricación y cohecho y se había ganado ese ‘sobrenombre’ después de que se supiera, en declaraciones del exGal José Amedo a OKDiario, que se encargaba de cobrar deudas de constructores.

Isidro Cuberos
Más extraña aún resultó la muerte de Isidro Cuberos, que apareció en un barranco entre Mijas y Benalmádena, y donde habría caído con su moto. Imputado por el caso Jerez, Cuberos aparecía como una pieza clave para entender cómo había operado la trama Gürtel en Andalucía. Cuberos tenía mucha influencia en el PP gracias a haber sido durante años el exjefe de comunicación, aunque en realidad era mucho más que eso, de Javier Arenas y también después del PP durante tres años mientras Arenas fue secretario general del partido.

Francisco Yáñez
Conocido como el amigo de todos que sabía todo del dinero. Su muerte, como la de Cuberos, fue también sorpresiva.  Clave en los movimientos del dinero producido por la trama, Francisco Yáñez, amigo personal de Luis Bárcenas y de los tesoreros anteriores a él, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís, con los que había trabajado durante años, murió pocos días después de ser imputado y cuatro días antes de tener que ir a declarar ante el juez Pablo Ruz. Yáñez, durante años, había trabajado como contable para el PP. Padre del apoderado de las cuentas en Suiza de Bárcenas, Yáñez estaba acusado por el entonces juez de la Audiencia Nacional de haber colaborado “en la ocultación del patrimonio opaco para la Hacienda Pública y de procedencia indiciariamente ilícita de Luis Bárcenas Gutiérrez y Rosalía Iglesias Villar con la finalidad de desvincularlo tanto de su origen como de sus verdaderos propietarios”.

María del Mar Rodríguez Alonso
 La más oscura de todas estas muertes, en enero de 2015 el cadáver de esta mujer apareció en un hotel de Bilbao a causa de lo que la policía dictaminó que había sido un suicidio. Esta mujer era la esposa del senador del PP Tomás Burgos Beteta, y el juez Pablo Ruz la había imputado por la utilización que la trama Gürtel habría hecho de su empresa MR&Asociados como tapadera de Francisco Correa, entre otros casos, en la organización de un Congreso de Parques y Jardines Públicos en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. La investigación concluyó que María del Mar Rodríguez Alonso se había suicidado, deprimida por el rechazo de los juzgados a sus repetidas peticiones de ser desimputada, y por la muerte del familiar de una amiga, a cuyo funeral había acudido a Bilbao.

José Martínez Núñez
Dueño de Tecnología de la Construcción (Teconsa), este empresario también murió durante la investigación por la Gürtel. La burbuja y el escándalo de la propia trama, le costaron a Mártínez Núñez un imperio que había llegado a facturar por encima de 6000 millones de euros y contar con 650 trabajadores. Un ‘dictador’ para quienes trabajaron con él, por sus métodos y formas, tanto en el trato personal como profesional, Martínez Núñez y su empresa había sido señalado ya como relacionado con Correa por el primer juez que llevó el caso, Baltasar Garzón.

Francisco Sánchez Arranz
En algunos medios se presenta a este exconcejal del PP en la localidad madrileña de Boadilla del Monte y exconsejero de Iberia como otro de los muertos Gürtel. En realidad, ni siquiera llegó a estar imputado, sin embargo, porque cuando el juez instructor, José de la Mata, quiso hacerlo ya había fallecido meses antes. Se le acusaba de haber sido un presunto prevaricador, por haber favorecido la adjudicación de una parcela de terreno público de acuerdo con Francisco Correa y con el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, el Albondiguilla. Llegó a declarar como testigo por este mismo asunto.

Álvaro Lapuerta
El que fuera protector, amigo y supervisor de Luis Bárcenas como tesorero del PP, no ha fallecido, pero sí que a partir del estallido del caso Gürtel ha sufrido dos caídas en extrañas circunstancias, que afectaron dramáticamente su situación física. La segunda de ellas, de hecho, casi le costó la vida, ya que pasó un tiempo en coma. Las secuelas de las caídas fueron argüidas por su defensa para retrasar o evitar comparecencias ante los diferentes jueces que instruyeron la causa. En un comunicado que hicieron público tras la segunda caída, los propios hijos calificaron como "de extraños" los accidentes de su padre, que se produjeron uno en marzo de 2013, al poco de estallar en toda su plenitud el escándalo por ‘los papeles Bárcenas’, y la segunda y más grave, en abril de ese año, ambas a la entrada de su domicilio. Para añadir más ingredientes al asunto, hay que recordar que apenas medio año antes, Lapuerta había acudido a la policía para denunciar que había recibido llamadas amenazantes en las que se le decía que él ya era un hombre mayor, pero se le pedía “piensa en tus hijos y en tus nietos, ten cuidado con lo que haces”.

Antonio Pedreira
Fue el que durante más tiempo controló la mayor investigación por corrupción en la democracia española y sus compañeros siempre lo recordarán como “un gran jurista y una gran persona”. El juez Antonio Pedreira falleció en agosto de 2015 tras casi tres años hospitalizado por un accidente cerebral.

Juan Pérez Mora
Mora era un comercial que, en un cambio de los acontecimientos, se hizo pasar por juez para engañar a Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel. Cuando se apreció la falacia, el falso juez decidió quitarse la vida en el verano de 2009.

*++

CATALUÑA: UNA MANADA DE BESTIAS INSENSIBLES CON LA PIEL DE POLÍTICOS NOS CONDUCEN AL PRECIPICIO


Felipe González y Puyol; Su majestad, Rey 1, y Puyol; José María Aznar y Puyol; Zapatero y sucesores de Puyol; Mariano Rajoy y sucedáneos de Puyol y todo el sistema judicial español y Puyol y sucesores de Puyol, son los principales interfectos que nos tiene que explicar qué está pasando en Cataluña y son los que nos tiene que señalar también los bienes propios que se les puede embargar (si no lo hacen ya sería cuestión de jueces) para hacer frente a los daños causados a la sociedad catalana y española que previamente serán determiandos en los correspondientes juicios a los susodichos. 

Y por otra parte, conviene señalar que en las elecciones del 10 de Octubre, cada cual queda en completa libertad para votar si esa fuera su voluntad a los mismos partidos que han causado los daños referidos, especialmente al PP y PSOE como los actores criminales principales, o cualquier otro que prometa seguir haciendo el mismo daño que el ya causado.

* * *

¿Nuevo tsunami democrático en Cataluña?

16.10.2019


El Tribunal Supremo español declaró culpables de sedición, malversación de recursos públicos y desobediencia a los catalanes que lideraron el proceso unilateral de autodeterminación de octubre de 2017, lo que produjo una reacción ciudadana masiva al grito de al grito de "Nuestra sentencia: la independencia". 

A punto de cumplirse los dos años en prisión cautelar de los procesados, el tribunal dispuso que nueve de los 12 procesados deberán cumplir condenas que van de nueve a 13 años de cárcel e inhabilitación (en conjunto suman más de 100 años de cárcel), mientras los otros tres no tendrán que ir a prisión, pero pagarán una multa por haber incurrido en el delito de desobediencia. 

La respuesta a la sentencia se dio en las calles. Decenas de miles de personas colapsaron las principales calles de Barcelona y cerraron los accesos a la Terminal Uno del aeropuerto de El Prat, donde miles de pasajeros tuvieron que llegar o salir de ahí a pie y bajo la lluvia. También fue suspendido el servicio de los trenes de alta velocidad, sobre todo en el tramo que va de Barcelona a Figueras. 

En el aeropuerto barcelonés fue donde se reportaron los choques más intensos con los grupos antidisturbios de la policía autonómica catalana (los Mossos), en coordinación con la Policía Nacional española. Los servicios de salud informaron de más de un centenar de personas atendidas. En las inmediaciones de la sede de la Policía española, en la Via Laietana, también hubo violencia. 

El plebiscito del 1 de octubre de 2017 se hizo a pesar de una férrea e inusitada oposición de toda la inteligencia policiaca española y de 14 mil policías, armados hasta los dientes enviada por el gobierno de Madrid para evitar que la votación se realizara. El entonces presidente derechista Mariano Rajoy anunció “con toda rotundidad” [sic], que la votación no se había llevado a cabo. 

Mientras, los canales de televisión de medio mundo se cansaron de pasar escenas de la gente sufragando y de policías tratándolo de evitar con toda violencia Y, a pesar de todo, hubo más de dos millones de votos. 

El fallo 

“Una nueva amenaza separatista y violenta. Con las connotaciones que tiene para un país que sufrió durante cuatro décadas la acción de una banda terrorista, la tesis jurídica de que el soberanismo catalán incluyó la violencia en el tramo final de su plan hacia la independencia ha monopolizado el debate político de los últimos dos años”, señala eldiario.es.

La sentencia del Tribunal Supremo circunscribe ahora esa supuesta violencia estructural a hechos puntuales que no formaron parte de plan organizado alguno. Pero la tesis contraria sirvió en su momento para sostener la acusación por rebelión, la consecuente suspensión de Carles Puigdemont y el resto de procesados, y para apuntalar la medida cautelar de prisión provisional en virtud de la grave pena que lleva aparejado el delito: hasta 30 años de cárcel.

La Sala de lo Penal acordó por unanimidad en la sentencia que el plan soberanista en ningún momento contó con la violencia como un elemento estructural. Es más, la "conjura", dicen, ni siquiera pretendía instaurar la República catalana sino forzar al Estado a acordar una consulta popular.

“Los ilusionados ciudadanos, que creían que un resultado positivo del llamado referéndum de autodeterminación conduciría al ansiado horizonte de una república soberana, desconocían que el derecho a decidir había mutado y se había convertido en un atípico derecho a presionar", dice el fallo”.

El conato de los independentistas, añade, ni siquiera se acercó a una rebelión consumada. Frente a la versión de que el golpe de Estado triunfó, la sentencia establece que "el Estado mantuvo en todo momento el control de la fuerza militar policial, jurisdiccional e incluso social". 

Según el fallo de los magistrados españoles, los sentenciados no indujeron la violencia que se desencadenó en las jornadas más críticas de septiembre y octubre de 2017, pero sí promovieron tumultos para obstaculizar la aplicación de las leyes. 

Las penas van de mayor a menor, según el cargo que tenían en el gobierno. Quen recibió la pena más severa fue el exvicepresidente de la Generalitat y máximo líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel y de inhabilitación. Los exconsejeros Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa purgarán 12 años de cárcel; Josep Rull y Joaquim Forn fueron sentenciados solamente por el delito de sedición a 10 años y medio de prisión e inhabilitación. 

Carme Forcadell, expresidenta del Parlamento catalán, también de ERC, fue condenada a 11 años y medio de cárcel por sedición y a nueve años los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Ómnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. 

Los exconsejeros que enfrentaron el proceso en libertad, Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs, fueron sentenciados a un año y ocho meses de inhabilitación especial y 10 meses de multa con un cuota de 200 euros diarios. Los tres fueron absueltos de malversar fondos públicos. 

Los defensores legales de los acusados anunciaron que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional por violación de los derechos fundamentales de sus clientes, y si éste no prospera se presentará un recurso de impugnación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Desde la cárcel, los independentistas condenados enviaron un comunicado conjunto en el que fijaron su postura: “No se ha hecho justicia. La sentencia es la triste culminación de una instrucción que no ha respetado las garantías procesales propias del estado democrático y de derecho. Un proceso judicial que no ha buscado justicia. El Estado ha buscado venganza y castigo... Nuestra apuesta pasa por que Catalunya se convierta en un Estado independiente en forma de República”. 

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat y líder del proceso de independencia, calificó la sentencia de injusta e inhumana. El exmandatario catalán que s refugió hace dos años en Bruselas, había sido notificado horas antes de que se ha reactivado la orden de detención internacional que rige en la Unión Europea (UE), y que ahora con una sentencia en firme tiene más visos de prosperar. 

El independentismo catalán compareció de forma conjunta para denunciar lo que calificó de atropello y una condena antidemocrática e injusta. El presidente Quim Torra, flanqueado por Roger Torrent, presidente del Parlamento, exigió el fin de la represión, así como la libertad de los presos políticos, exiliados y exiliadas, incluida la amnistía como punto de cierre para todas las personas implicadas. 

A las protestas se sumaron agrupaciones políticas, asociaciones civiles, entidades culturales y empresariales, incluidos equipos de futbol profesional como FC Barcelona y el Girona.El movimiento independentista, organizado en torno a lo que llamaron el tsunami democrático, anunció más protestas en los próximos días, incluida una huelga general el próximo viernes. 

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, realizó una declaración institucional para tender la mano del diálogo a los independentistas ante lo que consideró son los estertores de un proceso político que ha naufragado, al tiempo que mantuvo conversaciones con los principales líderes políticos del país para recabar apoyos de cara a una eventual intervención en Cataluña, según se desarrollen los acontecimientos. 

Sánchez hizo la declaración en español y en inglés dada la repercusión internacional del conflicto, pero también su equipo más cercano mantuvo encuentros con las principales delegaciones diplomáticas acreditadas en España y con medios de comunicación locales e internacionales con el objetivo, señalaron, de defender la democracia española como una de las más avanzadas del mundo, aún cuando el país es una monarquía. 

Tras asegurar que su gobierno garantizará el cumplimiento íntegro de la sentencia, Sánchez dijo que concluyó “un proceso judicial ejemplar, pero a la vez se confirma el naufragio de un proceso político que ha fracasado en su intento de obtener un respaldo interno y un reconocimiento internacional”. 

“Deja tras de sí un triste saldo de dolor y de enfrentamiento, de fractura de la convivencia en Cataluña. Quedan, en definitiva, algunos días en los que vamos a asistir a los estertores de una etapa superada. Todos estamos convocados a una etapa nueva en la cual el fin sólo puede ser la restauración de la convivencia en Cataluña. El método será siempre el diálogo, y la regla sólo puede ser la ley”, añadió el dirigente socialdemócrata. 

Un fallo que agudiza el problema 

Mucho antes de que los dirigentes separatistas catalanes organizaran el referéndum “ilegal” de independencia del 1 de octubre de 2017 con el que desafiaron al Estado español, el entonces presidente Mariano Rajoy ya había renunciado a la vía política para resolver el conflicto. La opción judicial por la que se decantó en ningún caso supone la resolución del problema sino, quizá, todo lo contrario.

La sentencia dictada por el Tribunal Supremo español no agota la vía judicial, que sólo concluirá cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncie, pero mucho menos resuelve la crisis institucional que vive España en uno de sus territorios más ricos y poblados. Las manifestaciones masivas demuestran que la sentencia, lejos de acercar una solución, la ha alejado.

Para los independentistas, cualquier fallo distinto a una absolución generalizada para los acusados era inaceptable, mientras que los sectores políticos más monárquicos y derechistas esperaban sanciones aún más duras sobre la base de que con el referéndum se había incurrido en un delito de rebelión, un ‘golpe de Estado’ según la terminología adoptada, tesis que defendía el fiscal.

Académicos españoles recordaron, asimismo, que el artículo 206 del reglamento penitenciario abre la puerta a que la Junta de Tratamiento de una prisión proponga el indulto para los penados, vía que dejaría al Tribunal Supremo al margen de cualquier decisión sobre la situación de los líderes del procés y solo con posibilidad de opinar a través de un informe no vinculante.

Al presidente de gobierno español que surja de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, le quedará un importante problema que afrontar. El líder de la centroizquierdista Podemos, Pablo Iglesias, pidió a Pedro S+anchez que no renuncie a los indultos a los condenados: "No debe excluir ninguna vía legal".Íñigo Errejón, por su parte cargó contra el pfresidente y lo acusó de haber tomado una posición "pñartidista" tras la sentencia.

Se abre ahora una etapa política donde tanto el Estado como los líderes independentistas serán puestos contra las cuerdas, mientras la sentencia del llamado “procés” recorre la Corte Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un camino extraordinario con el que los condenados pretenden anularla.

Es tiempo de tensión, y de temor a incurrir en una escalada de violencia que hasta el propio Artur Mas, expresidente de la Generalitat, ha hecho llamamientos para evitar. Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciará en 48 horas las alternativas políticas que baraja, pero ya ha dicho que no se plantea el indulto de los condenados.

La plataforma Tsunami Democràtic ha comenzado a lanzar sus convocatorias. No tiene dirección aparente, pero agrupa a distintas organizaciones soberanistas que se comunican por Telegram. Sus simpatizantes acudieron este lunes a los centros de transporte neurálgicos y lograron colapsar el aeropuesto de Barcelona. Los Comités de Defensa de la República (CDR), amparados por el actual presidente catalán, Quim Torra, han llamado a la revuelta popular.

La web Tsunami Democràtic está inscrita en el paraíso fiscal de San Cristóbal y Nieves, dónde el expresidente Carles Puigdemont registró el Consell per la República y la web que recauda dinero de los afiliados, según publicó El Confidencial. Para los analistas, esta aparente falta de dirección emula el movimiento de los chalecos amarillos de la Francia profunda que se ha levantado contra la élite parisina.

Seguramente, una generación de políticos y dirigentes sociales independentistas será relevada, ya que está huida o inhabilitada de ejercer la política mientras esté condenada, como ocurre con Junqueras, el presidente de ERC que ha sido inhabilitado por 13 años.

El futuro del actual presidente, Quim Torra, también está en juego. Será juzgado por desobediencia el próximo 18 de noviembre por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. La causa: no haber descolgado lazos amarillos y símbolos políticos de la fachada del Palau de la Generalitat durante las elecciones y en contra de la orden de la Junta Electoral Central.

El Estado sabe que perdió la batalla de la imagen en el 1-O de 2017 y, ahora, intentará enderezarlo, y para ello cuenta con el respaldo de los grandes medios hegemónicos de comunicación trasnacionales. El presidente de la Generalitat catalana tendrá que decidir si convoca elecciones o da paso a un gobierno de concentración, como pretende ERC.

Isabella Arria. Periodista chilena residenciada en Europa, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)

*++


LAS CONDENAS DEL GOLPE DE ESTADO EN ESPAÑA DE 1981



Solo tres responsables del 23F tuvieron penas superiores a las impuestas a los responsables del procès

Por Xan Pereira Castro
kaosenlared

Comparar las dos sentencias nos lleva a ver lo desmesurado de las penas del procés. No hubo tiros ni se sacaron tanques a la calle.


El golpe de Estado de 1981, el 23F, nota 2 fue un intento fallido de golpe de Estado perpetrado el 23 de febrero de 1981 por algunos mandos militares en España. El Palacio de las Cortes fue asaltado por un numeroso grupo de guardias civiles a cuyo mando se encontraba el teniente coronel Antonio Tejero, ocurrido durante la votación para la investidura del candidato a la presidencia del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, de Unión de Centro Democrático, que supuso el secuestro del Gobierno de España y de los Diputados y Senadores del Reino en su interior, así como la ocupación militar de la ciudad de Valencia en virtud del estado de excepción proclamado por el teniente general Jaime Milans del Bosch, capitán general de la III Región Militar.

Poco después de la entrada de Tejero al Congreso y siguiendo el plan previsto, se sublevó en Valencia el Capitán General de la III Región Militar, Jaime Milans del Bosch. Este desplegó la División Motorizada «Maestrazgo», con dos millares de hombres y cincuenta carros de combate, a las calles. Los efectivos se desplegaron desde el puerto de Valencia hasta el centro de la ciudad, donde apuntaban a los edificios institucionales, como el Ayuntamiento o las Cortes valencianas.

El general Alfonso Armada formaba parte del plan golpista. Armada había sido nombrado Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército semanas antes del asalto al Congreso.
Hacia el mediodía del día 24, Tejero negoció con Armada las condiciones de su rendición. El juicio ante el Consejo Supremo de Justicia Militar comenzó el 19 de febrero de 1982. Del Bosch, Armada y Tejero fueron condenados a 30 años de reclusión como principales responsables del golpe de Estado.

El Procés

El 1 de octubre de 2017 se celebró el referéndum pacífico de independencia convocado por el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

El 27 de octubre de 2017 se aprobó en el Parlamento de Cataluña la declaración unilateral de independencia y el Gobierno de España intervino la autonomía de Cataluña mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución española. Se celebraron elecciones autonómicas y la intervención terminó en junio de 2018 con el nombramiento de Quim Torra como presidente de la Generalitat.

La comparación

Las comparaciones son odiosas. Pero en este caso, dado lo llamativo de la situación, no podemos más que comparar dos situaciones como el Procés y el 23F. Tan solo tres personas relacionadas con el 23F tienen mayor condena que Oriol Junqueras. El Tribunal Supremo ha condenado este lunes a 13 de prisión al ex vicepresidente de la Generalitat por los delitos de sedición. Por ejemplo, 1 año más que a Luis Torres Rojas, General de División directamente relacionado con el 23F.

Por los mismos delitos, aunque a penas de 12 años, han sido condenados los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell la pena impuesta por el tribunal ha sido de 11 y medio años de cárcel. Los exconsellers Joaquin Forn y Josep Rull a 10 años y seis meses de prisión. Para el exlíder de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmium Cultural, Jordi Cuixart, la condena es a nueve años.

Comparar las dos sentencias nos lleva a ver lo desmesurado de las penas del procés. No hubo tiros ni se sacaron tanques a la calle. El conjunto de las fuerzas políticas deben abrir una nueva etapa de diálogo que rechace la confrontación y que se marque como objetivo la búsqueda de soluciones políticas y democráticas a un conflicto que nunca debería haber sido judicializado.

Miembros de las Fuerzas Armadas condenados por el 23F
  1. Jaime Milans del Bosch y Ussía. Teniente General y Capitán General de la III Región Militar. Condenado a 30 años. Puesto en libertad condicional en 1990. Falleció en 1997.
  2. Alfonso Armada Comyn. General de División y 2º Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Condenado a 6 años, ampliada a 30 por el Tribunal Supremo.
  3. Luis Torres Rojas. General de División y Gobernador Militar de La Coruña. Condenado a 6 años, ampliada a 12 por el Tribunal Supremo.
  4. Camilo Menéndez Vives. Capitán de Navío. Condenado a 1 año. Falleció en 1995.
  5. Diego Ibáñez Inglés. Coronel de Ingenieros y 2º Jefe de Estado Mayor de la III Región Militar. Condenado a 5 años, ampliada a 10 por el Tribunal Supremo.
  6. José Ignacio San Martín López. Coronel de Artillería y Jefe de Estado Mayor de la División Acorazada Brunete. Condenado a 6 años, ampliada a 10 por el Tribunal Supremo.
  7. Pedro Mas Oliver. Teniente Coronel de Infantería. Condenado a 6 años. .
  8. Ricardo Pardo Zancada. Comandante de Infantería. Condenado a 6 años, ampliada a 12 por el Tribunal Supremo.
  9. Carlos Alvárez-Arenas Pardinas. Capitán de Infantería. 3 años de suspensión de empleo.
  10. José Pascual Gálvez. Capitán de Infantería. 3 años de suspensión de empleo.
  11. Francisco Dusmet García-Figueras. Capitán de Infantería. 2 años de suspensión de empleo.
  12. José Cid Fortea. Capitán de Intendencia. 2 años de suspensión de empleo.

Miembros de la Guardia Civil
  1. Miguel Manchado García. Coronel. Condenado a 6 años, ampliada a 8 por el Tribunal Supremo.
  2. Antonio Tejero Molina. Teniente Coronel. Condenado a 30 años.
  3. Vicente Gómez Iglesias. Capitán. Agente del CESID. Condenado a 6 años.
  4. Jesús Muñecas Aguilar. Capitán. Condenado a 5 años.
  5. José Luis Abad Gutiérrez. Capitán. Condenado a 5 años.
  6. Enrique Bobis González. Capitán. Condenado a 3 años.
  7. Francisco Acera Martín. Capitán. Condenado a 3 años.
  8. Carlos Lázaro Corthay. Capitán. 3 años de suspensión de empleo. Falleció en 2006.
  9. Juan Pérez de la Lastra. Capitán. 3 años de suspensión de empleo.
  10. César Álvarez Fernández. Teniente. Condenado a 1 año.
  11. Pedro Izquierdo Sánchez. Teniente. Condenado a 1 año.
  12. Vicente Ramos Rueda. Teniente. Condenado a 1 año.
  13. Santiago Vecino Núñez. Teniente. Condenado a 1 año. Falleció en 1983.
  14. Manuel Boza Carranco. Teniente. Condenado a 1 año.
  15. Jesús Alonso Hernaiz. Teniente. Condenado a 1 año.
  16. José Núñez Ruano. Teniente. 1 año de suspensión de empleo.
  17. Vicente Carricondo Sánchez. Teniente. 1 año de suspensión de empleo.

Civiles
  1. Juan García Carrés. Ex dirigente de los Sindicatos Verticales franquistas. Condenado a 2 años. Falleció en 1986.
 *++