jueves, 4 de febrero de 2016

EL ESTADO ESPAÑOL, ¿DEMOCRÁTICO?


 
REY REINANDO CON EL MAZO DANDO. UN ANÁLISIS DE LA MONARQUÍA Y LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978
 
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Lorenzo Peña
Sociología Crítica
02.02.2016
Sumario

 Consideraciones Preliminares
  1. La monarquía, Forma perdurable del Estado español
  2. El carácter parlamentario de la Monarquía española
  3. El poder real y la necesidad del refrendo
  4. La potestad real de nombrar al presidente del Gobierno
  5. La potestad regia de vetar decretos y leyes
  6. El poder constituyente del soberano
  7. Conclusión
Apartado 2.– El carácter parlamentario de la Monarquía española
Podría resultar curioso que, cuando la Constitución delimita tan claramente el orden intraconstitucional, de vigencia circunscrita, temporalmente limitada –y, aun para ese período, siempre supeditada al principio jurídicamente más alto de una norma superior, que es la legitimidad histórica encarnada en la Monarquía y en la supremacía del poder real–, subordinándolo sin tapujos al orden supraconstitucional, que está por encima de los avatares y vaivenes de constituciones alterables y de regímenes políticos, juzgue empero necesario matizar la declaración según la cual España [intemporalmente] es una Monarquía con el adjetivo «parlamentaria». Se han propuesto diversas lecturas. Una de ellas es la de que esa declaración de la Constitución (su artículo 1.3) es la conyunción de dos enunciados, a saber: 1º «La forma política del estado español es la Monarquía»; 2º La Monarquía española es parlamentaria». Si admitiéramos una línea semejante de interpretación, podríamos pensar que, mientras el enunciado 1º es el que define a España como supratemporalmente monárquica, el 2º tendría una aplicación limitada al período de vigencia de la presente Constitución; entonces, más que rezar del modo indicado, ese enunciado 2º habría de ser de este tenor: «La Monarquía española viene, por la presente Constitución, configurada como parlamentaria». Lo inalterable y consustancial con España como entidad histórico-política sería el poder real, no su modalidad parlamentaria.
No creo que sea de descartar esa lectura. Evidentemente, llegado el caso se invocará la misma para justificar un eventual abandono de las formas parlamentarias, al menos en su presente versión constitucional. Sin embargo, no me parece que sea exactamente ésa la intención de nuestros constituyentes del 78. Antes bien, juzgo que la enfática declaración que encierra en artículo 1.3 expresa la visión que de España tienen tanto los redactores del texto cuanto el promulgador y sancionador del mismo –que no es otro que el monarca en persona. Esa visión es la de que España es, por encima de las vicisitudes y constituciones que van y vienen –y salvados los dos cortos períodos republicanos– una Monarquía parlamentaria. Es, ha sido y será. A tenor de ello, tan parlamentaria es la Monarquía española bajo Isabel la Católica, o bajo Enrique el de las Mercedes, o bajo Carlos III, como lo sea bajo el actual monarca. No es que esa parlamentariedad se ejerza de la misma manera, no. Ejércese de un modo u otro según los regulamientos constitucionales que, en cada circunstancia histórica, han sido o serán sancionados y promulgados por el monarca reinante, en aras del mayor bien de la Monarquía hispana. Pero siempre se trató y se tratará de una Monarquía parlamentaria.
Pero ¿cómo puede ser eso? ¿No está claro que, además de que las viejas Cortes generales de los reinos hispanos no eran parlamentos en el sentido de esta palabra corriente en nuestro siglo, durante