Viejo Mundo, cinismo congénito
Europa exporta venenos
prohibidos en sus propios países
Por Sergio Ferrari | 07/10/2020 | Europa
Fuentes: Rebelión
Los pesticidas europeos invaden los cinco continentes. Para las multinacionales
agroquímicas con sede en el Viejo Mundo no importa si sus productos no son
autorizados para la venta en la misma Europa. Todo vale y la deontología, para
ellas, no existe en el diccionario de la rentabilidad.
En 2018,
grandes empresas de los países de la Unión Europea (UE) exportaron más de
81.000 toneladas de pesticidas prohibidos a la venta en el propio mercado
continental por contener sustancias que afectan seriamente la salud humana o el
medio ambiente.
Los
principales exportadores fueron empresas del Reino Unido con 32.187 toneladas;
de Italia 9.499; de Alemania 8.078; de los Países Bajos 8.010. En igual
período, desde Francia se vendió fuera de la UE, 7.663 toneladas; desde España
5.182 y desde Bélgica 4.907. El destino: unos 85 países – las tres cuartas
partes catalogados como “en desarrollo” o emergentes. Entre los cuales, en
América Latina, Brasil, México, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Honduras, por
citar solo algunos.
Entre los
principales destinatarios de esos químicos prohibidos en suelo europeo se
encuentran países que, paradójicamente, nutren, a la postre, a la Unión Europea
con productos agrícolas. La UE permite así a sus empresas químicas y
agroquímicas exportar desde su territorio sustancias que luego se encontrarán
residualmente en las comidas consumidas por su población. Perversa
práctica boomerang de mercado.
Dichas
empresas aprovechan así de actividades económicas en naciones donde las
reglamentaciones y controles son menos severos y los riesgos más elevados que
en la misma UE, concluye la investigación elaborada por la ONG suiza Public
Eye (el Ojo Público) en colaboración con Unearthed, célula
de investigación de Greenpeace de Gran Bretaña. El estudio,
cuyos resultados iniciales fueron develados a inicios del 2020, vuelve a ocupar
hoy el espacio mediático a través de detalles y complementos difundidos a fines
de septiembre.
Una pesquisa inteligente
Para evitar
las respuestas edulcoradas de las multinacionales agroquímicas, durante varios
meses, los investigadores de las dos ONG solicitaron informaciones,
directamente, a la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA), encargada de
regular las sustancias químicas y biocidas en el mercado
continental. Esta instancia procesa expedientes de ese tipo de
productos y observa si respetan las normas. Se dedica también, en colaboración
con los gobiernos nacionales, al análisis de las sustancias más peligrosas y en
ciertos casos, pone el foco en aquellas que obligan a una mayor gestión de
riesgos para proteger las personas o el medio ambiente. Colabora, además, con
un centenar de organizaciones “acreditadas” ligadas a la producción, al medio
ambiente, académicas, sindicales (https://echa.europa.eu/es/about-us/partners-and-networks/stakeholders/echas-accredited-stakeholder-organisations), entre
las cuales, Greenpeace.
A través de
la ECHA lograron recolectar “miles de notificaciones de exportaciones”, es
decir, los formularios que, según la legislación europea, las empresas deben
completar cuando se trata de productos que contienen sustancias químicas
prohibidas para la comercialización en la Unión Europea. “Si a veces dichas
notificaciones pueden diferir de los volúmenes efectivamente exportados, esa
documentación constituye la fuente de información más completa” señala el
estudio. Resultado: las dos ONG lograron elaborar una cartografía hasta ahora
inédita de las exportaciones pesticidas prohibidas que salen de los diferentes
países de la UE. (https://www.publiceye.ch/fileadmin/doc/Pestizide/202009_EU-export-pesticides_worldmap_FR.pdf)
Identifican
un total de 41 productos de esa categoría. De los cuales se reconocen oficialmente
algunos de los efectos más graves: toxicidad aguda; malformación genética;
problemas reproductivos o del sistema hormonal; cáncer; contaminación de
fuentes de agua potable; impactos perversos para los ecosistemas.
Como parte
de la investigación, Public Eye y Greenpeace contactaron
también a unas 30 empresas, de las cuales quince – incluida Syngenta-
respondieron formalmente. Las mismas coinciden en cuatro argumentos retóricos
repetidos: que sus productos son seguros; que están comprometidas con la reducción
de riesgos; que respetan las leyes de los países donde operan – y que éstos
deciden libremente sobre los pesticidas más adecuados para los agricultores
locales. Y, en particular, que es normal que numerosos pesticidas vendidos al
extranjero no sean registrados en la UE dado que el clima y el tipo de
agricultura son diferentes a los europeos.
Círculo macabro: semillas de laboratorio y pesticidas
Producido
por la transnacional química suiza Syngenta en su fábrica inglesa de
Huddersfield, el Paraquat está prohibido desde 1989 en Suiza y desde el 2007 en
la Unión Europea.
En 2018,
funcionarios británicos la autorizaron a exportar nada menos que 28.000
toneladas de un producto que incorpora dicho veneno vendido en muchos mercados
bajo el nombre de Gramoxone. La mitad, destinada a Estados Unidos, donde la
multinacional agroquímica es acusada ante los tribunales por campesinos que
padecen del Mal de Parkinson. La otra mitad, en dirección, principalmente de
los principales consumidores mundiales como Brasil, México, India, Colombia,
Indonesia, Ecuador y África del Sur. Aunque su comercialización se expande en
buena parte del planeta, incluido muchos países latinoamericanos.
Primer
productor de pesticidas del mundo y tercer fabricante de semillas, Syngenta constituye,
junto con Monsanto, el símbolo de la agricultura industrial. En 2018, la
organización suiza Multiwatch publicó la versión francesa de
su Libro Negro de los Pesticidas. Esa asociación que se dedica
a denunciar las políticas ilegales de las transnacionales, describe en su
publicación que las tres cuartas partes de la actividad de Syngenta está
consagrada a productos fitosanitarios y un cuarto a organismos genéticamente
modificados (OGM). “Asistimos a la apropiación de la naturaleza por parte
de las multinacionales con el fin de constituir monopolios en el mercado de
semillas y pesticidas”. Y denuncia el mecanismo diabólico que lleva a los
campesinos, fundamentalmente en el Sur, a tener que comprar las semillas, “con
el gran riesgo de aumentar sus deudas y de disminuir la biodiversidad”. Y de
estar obligados a usar pesticidas, de las mismas multinacionales, responsables
de la degradación de la salud de ellos y de las poblaciones expuestas a esos
productos. Los ejemplos, no faltan: de Pakistán a Hawai, de la India al
continente africano y en toda América Latina. Multiwatch dedicó
este libro al militante social brasilero Keno, dirigente del MST (Movimiento de
Trabajadores rurales sin Tierra) asesinado en el 2007 en Santa Tereza do Oeste,
Estado de Paraná, por miembros de una sociedad privada de seguridad contratada
por Syngenta, quien ocho años después fue condenada por tal hecho.
En esa
publicación los militantes helvéticos retoman cifras que provienen de la misma
ONU. El organismo internacional calculaba ya en el 2017 alrededor de 200 mil
decesos anuales resultantes del uso de pesticidas. Y subrayan la gran capacidad
de las multinacionales de cambiar de ropaje cuando el descrédito amenaza sus
intereses. De la misma manera que la estadounidense Monsanto desapareció en
2017 al ser absorbida por el gigante alemán Bayer, la Syngenta suiza fue
formalmente vendida en el 2016 a la Chemchina, aunque su sede principal sigue
estando en Basilea, capital suiza de la industria química.
Un informe
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de septiembre del 2019 indicaba,
por otra parte, que cada 40 segundos se produce el suicidio en una persona en
algún lugar del planeta. El envenenamiento con pesticidas es uno de los tres
métodos más usados. Y concluye que “la intervención con mayor potencial
inmediato para reducir el número de suicidios es la restricción del acceso a
los plaguicidas que se utilizan para la intoxicación voluntaria”.
Concesión a las multinacionales
En julio del
año en curso Baskut Tuncak, por entonces todavía Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre productos tóxicos, pidió a los países ricos que pongan
fin a la “deplorable” práctica de exportar productos químicos y plaguicidas
tóxicos prohibidos a las naciones más pobres que carecen de «capacidad para
controlar los riesgos».
Su
declaración fue sostenida por otros 35 expertos del Consejo de Derechos
Humanos. Entre ellos David Boyd, Relator Especial sobre derechos humanos y
medio ambiente, Tendayi Achiume, Relator Especial sobre las formas
contemporáneas de racismo, Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los
derechos de los pueblos indígenas, y Michael Fakhri, Relator Especial sobre el
derecho a la alimentación.
Tuncak
explicó que las naciones más ricas suelen aplicar un mecanismo cuestionable
“que permite el comercio y el uso de sustancias prohibidas en partes del mundo
donde las regulaciones son menos estrictas, externalizando los impactos
sanitarios y ambientales en los más vulnerables… Estos vacíos legales son una
concesión política a la industria”, que permite a los fabricantes de productos
químicos aprovecharse de trabajadores y comunidades envenenadas en el
extranjero… Hace mucho tiempo que los Estados deberían haber finalizado con
esta explotación, concluyó.
Veneno para
muchos -especialmente campesinos de países periféricos-, rentabilidad extrema
para las grandes multinacionales agroquímicas. Cara y cruz de una realidad
planetaria que sin embargo no se queda solo en la sanción sanitaria y ambiental
del Sur. Va y viene, como un enorme boomerang interoceánico, y
llega también, inexorablemente, al plato diario del consumidor europeo.
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