21N
Una explosión social sin precedentes, balance y retos
25.12.2019
El 21 de noviembre
(21N), Colombia presenció una explosión social sin precedentes en la
historia del país desde mediados del siglo pasado. Ese día había sido
convocada una marcha de protesta en contra de los anuncios
gubernamentales de reformas económicas regresivas por el Comando
Nacional de Paro, integrado por las centrales sindicales (Central
Unitaria de Trabajadores – Confederación General de Trabajadores –
Confederación de Trabajadores de Colombia) y por organizaciones de
estudiantes, campesinos, indígenas, afros, pensionados y ambientalistas
que en años recientes habían liderado resistencias de esos sectores
sociales a las políticas estatales. La iniciativa de la convocatoria de
las centrales de trabajadores, repitiendo el formato de años anteriores,
de impulsar marchas rutinarias a finales del año para ambientar la
negociación sobre el salario mínimo con los gobiernos de turno que, por
obligación legal, deben citarla en este período. El límite a la
capacidad de convocatoria de las centrales es la escasa cobertura de sus
afiliados que representan tan solo el 4% del total de los asalariados,
lo que debe explicarse por la legislación laboral regresiva y por la
criminalización de las resistencias sindicales (1). En el plano interno,
esta fragilidad en la interlocución social remite al aislamiento,
resultado de una forma de organización vertical y cerrada que en su
funcionamiento requiere acuerdos “por arriba” entre las direcciones de
la burocracia sindical, de los partidos de izquierda y de la izquierda
social no partidaria. Adicionalmente, sus plataformas de acción se
reducen a la esfera de las reivindicaciones corporativas.
Luego,
todo hacía presagiar una marcha rutinaria. Sin embargo, durante las
semanas previas al 21N, el malestar social que en los últimos meses se
ha expresado en barrios, universidades, informales y desempleados,
comenzó a focalizarse en la jornada. Las noticias internacionales
ayudaron, en ese mismo lapso, el movimiento indígena ecuatoriano derrotó
el intento fondomonetarista de imponer un plan de ajuste y en Chile, el
país emblemático del neoliberalismo latinoamericano, al que los
tecnócratas de oficio habían presentado como ejemplar, se desató una
explosión social gigantesca que aún tiene en dificultades al gobierno de
Sebastián Piñera. Entonces, el “efecto contagio” animó a los
desesperanzados de uno de los países más desiguales de la región. El
anuncio de mayores sacrificios a una población cada vez más empobrecida,
acompañado al cansancio que produce el tedio de observar asesinatos
diarios de líderes sociales sin responsables castigados, la corrupción
practicada de manera cómplice entre políticos y grandes magnates para
repartirse el patrimonio público, y la existencia de una justicia
maniatada por los poderosos que tan solo deja estelas de impunidad.
Por ello, la convocatoria del 21N terminó convirtiéndose en una
multitudinaria movilización que incorporó a amplias capas de la
población que salieron a las calles a protestar en contra de las
múltiples formas de opresión que produce el orden establecido y del
cinismo de sus representantes políticos. Por primera vez en décadas, las
calles de las principales ciudades del país presenciaron el desfile de
millones de personas a pesar de los chantajes gubernamentales, a pesar
de las declaratorias de toque de queda, a pesar de los allanamientos
selectivos previos a líderes de la protesta. En una palabra, a pesar de
las amenazas convencionales del terror de Estado.
Las
movilizaciones del 21N tuvieron el respaldo nocturno de los cacelorazos
en los barrios convertidos en el eco solidario de las proclamas
callejeras, confirmando la enorme legitimidad social del paro. Durante
los días siguientes, marchas y cacelorazos continuaron en calles,
barrios y parques, acompañados con la presencia de grupos musicales y de
teatro. Un espectáculo de euforia colectiva y de arte callejero.
El domingo 8 de diciembre, unas 300.000 personas presenciaron en
diversos sitios del centro de Bogotá el llamado “concierto del paro”, en
el que participaron orquestas juveniles que quisieron manifestar su
solidaridad con las protestas. Cuando los organizadores tramitaron los
permisos para realizar la jornada artística, la alcaldía les ofreció el
parque Simón Bolívar, un lugar de la ciudad que posibilita la
concentración de miles de personas, diseñado para este tipo de
espectáculos. Rechazaron la oferta y la realizaron en tarimas
callejeras. Se trata de prolongar el disfrute del espacio, público,
argumentaron, confirmando que existe un sentimiento popular por
continuar en las calles, un sentimiento acompañado de la convicción de
que ha llegado el momento de abandonar el miedo que por décadas nos
condenó al ostracismo. Un sentimiento verbalizado en murmullos
cotidianos en los que se afirma “que este país ya no es el mismo después
del 21N”.
El fracaso gubernamental en la aplicación de una política de “seguridad interna”
Históricamente, la principal justificación de las elites para
ilegalizar las resistencias sociales fue la de presentarlo como
colaborador de las guerrillas en medio de la guerra civil interna, que
comenzó hacia mediados del siglo XX. Cualquier protesta de cualquier
sector de la población era caracterizada como proclive a la guerrilla,
lo que servía de pretexto para aplicar la legislación de excepción,
detener a los dirigentes y judicializarlos.
La negociación con
las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia), impidió que se
siguiera utilizando este argumento, abriéndole nuevas posibilidades al
movimiento popular. Esta negociación no planteó el tránsito a reformas
democráticas, aspiración de partidos, organizaciones y personalidades
democráticas que acompañaron la propuesta de solución política al
conflicto desde hace varias décadas. Fue derrotada plebiscitariamente en
octubre del 2016 por una alianza política de derecha liderada por el
uribismo, que incluyó al Partido Conservador a la mayoría de la Iglesia
Católica y a los predicadores de las iglesias evangélicas, lo que obligó
a una nueva negociación entre las partes con presencia del uribismo,
que redujo el contenido de lo pactado y cuya aprobación debió pasar por
el filtro del Congreso, soportando recortes adicionales. La versión
final de estos acuerdos contempló un sistema de justicia, verdad y
reparación integrado por la Justicia Especial de Paz (JEP), encargada de
la “justicia transicional”, y la Comisión de Verdad. En el caso de la
JEP, el tratamiento definido frente a quienes financiaron la guerra
(empresarios y latifundistas) fue tan benigno que quedaron con la opción
voluntaria de presentarse a este organismo judicial. Igualmente, se
desconoció el criterio de “cadena de mando” para ambas partes y en el
caso de las responsabilidades por violación de derechos humanos por
parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, abrieron la posibilidad de
amnistiarlos mediante una figura jurídica denominada “renuncia a la
acción del Estado”.
La agenda económica tampoco apuntó a
reformas estructurales. Dado que las FARC fueron una guerrilla de
tradición campesina y con presencia en zonas de colonato el tema de la
tierra fue el central en esta negociación. Sin embargo, el acuerdo no
incluyó medidas que cuestionaran a la concentración latifundista de la
tierra fortalecida en medio de la guerra tanto por el despojo a
campesinos como por el lavado de dinero (2); terminó por incluir la
formalización de la propiedad de siete millones de hectáreas en zonas de
colonato donde las FARC tuvieron presencia y la creación de un fondo de
tierras compuesto por tres millones de hectáreas para distribuir
nacionalmente a campesinos pobres. Hasta el momento han quedado en letra
muerta. Un punto adicional en lo pactado fue el compromiso estatal de
realizar inversiones en las regiones marginadas y azotadas por el
conflicto, a lo que igualmente se ha negado el gobierno con el pretexto
de la actual crisis fiscal. Como si fuera poco un número de 170
desmovilizados de las FARC han sido asesinados desde que dejaron las
armas, el último de ellos dentro de los propios campamentos en los que
están concentrados, conforme a lo definido por los acuerdos.
A
pesar de estas limitaciones en el diseño y la implementación de los
acuerdos, el uribismo viene intentando rebajarle aún más los contenidos.
El partido Centro Democrático, al que pertenece el actual presidente
Iván Duque, presentó una serie de objeciones a la JEP que perseguían
oficializar mayor impunidad las cuales no alcanzaron a obtener las
mayorías en el Congreso e impide la oficialización de 16
circunscripciones parlamentarias para las víctimas que fueron
reconocidas en la negociación.
En lo referente al manejo del
“orden público” el gobierno actual viene implementando una política
diseñada bajo los obsoletos argumentos del “enemigo interno”. Colocó
como Comandante del Ejército al general Nicacio Martínez, quien ha sido
señalado por la propia Fiscalía, como responsable de ejecuciones
extrajudiciales (llamados eufemísticamente por la prensa como “falsos
positivos”) en la región Caribe (Departamentos de la Guajira y el Cesar)
durante el año 2006, cuando ofició de segundo comandante y jefe del
Estado Mayor de la Brigada ubicada en esa región. (3)
Una vez
posesionado, Martínez volvió a incluir en los protocolos del ejército
las directrices que llevaron a la generalización de ejecuciones
extrajudiciales, lo cual fue denunciado por The New York Times,
periódico que obtuvo información de oficiales (4) que certificaron
adicionalmente muertes y arrestos “sospechosos”. En medio de estas
denuncias ocurrió el asesinato del ex -guerrillero de las FARC Dimas
Torres en el municipio de Convención, región del Catatumbo, ubicada en
el nororiente del país, quien fue detenido y asesinado por militares
activos en estado de indefensión. Este asesinato tuvo la particularidad
de que fue conocido y denunciado por los habitantes de la localidad por
lo que obligó al general Diego Luis Villegas, comandante de las fuerzas
especiales de esa región, a pedir perdón público, gesto que repitió ante
la Comisión de Paz del Congreso.
Posteriormente, la opinión
pública conoció, en los inicios de noviembre y en medio de un debate
parlamentario, el trágico resultado de un bombardeo realizado en contra
de las llamadas “disidencias” de las FARC a finales de agosto en San
Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, en el que murieron 18
niños. En este debate quedó en claro que, previo a la ejecución del
bombardeo, el ejército tenía conocimiento de la presencia de menores en
el terreno y que el mando de la brigada había sido informada
oficialmente por parte del personero municipal. Igualmente quedó en
claro que el ejército escondió durante meses la información de lo
ocurrido. El debate causó la renuncia del hasta entonces Ministro de
Defensa Guillermo Botero. (5)
Estas tensiones en el interior del
ejército y entre las fracciones parlamentarias del régimen de
dominación, confirman que existe una fisura en las elites: entre el
uribismo que pretende preservar la política de “seguridad interna” y
quienes acompañaron al expresidente Manuel Santos en la negociación
política con las FARC en La Habana, que consideran que debe adecuarse a
un ejército postconflicto que gane legitimidad. Por ello, también
reivindican la implementación de los acuerdos en su versión final y
conformaron un bloque político denominado “Defensores de la Paz”, al que
se sumaron todos los partidos no uribistas incluyendo la izquierda y
movimientos de derechos humanos el cual realiza campañas y giras
nacionales. Tuvieron un papel activo en la realización de alianzas en
las últimas elecciones regionales realizadas el 27 de octubre en las que
los candidatos del Centro Democrático fueron derrotados en las ciudades
capitales.
Más allá de estas contradicciones inter-elites, el
desgaste del gobierno por intentar preservar la opción belicista es
evidente. El rechazo popular al asesinato continuo de líderes sociales,
ambientales y de miembros de las comunidades étnicas en regiones
periféricas, cada vez tiene mayor resonancia en las ciudades. El caso de
los niños muertos en el bombardeo del Caquetá produjo una indignación
colectiva que encontró un eco multitudinario en la movilización del 21
de noviembre.
En el propio desarrollo del paro, la población ha
tenido que enfrentar otra forma de terror de Estado: el escuadrón
antidisturbios (ESMAD), cuerpo de la policía especializado en el
enfrentamiento a las marchas de protesta. Creado en el 2007 durante el
segundo gobierno de Uribe enfrentan de tal manera las movilizaciones que
han sido varios los muertos, los encarcelados y golpeados por este
escuadrón policial. Pero en medio de una explosión social como la
actual, ese comportamiento arbitrario genera un rechazo mucho mayor. El
23 de noviembre en el centro de Bogotá, un miembro de ese escuadrón
antidisturbios dejó malherido a un estudiante de bachillerato de tan
solo 18 años, Dilan Cruz, al dispararle con perdigones de bala
recalzados a corta distancia. Dilan murió pocos días después en un
hospital de la ciudad convirtiéndose en un símbolo de la resistencia
actual. El 11 de diciembre, miembros del mismo escuadrón intentaron
secuestrar en un carro sin insignias oficiales a dos estudiantes que
participaban en un mitin frente a las instalaciones de la Universidad
Nacional. Un ciudadano, ante los gritos de los jóvenes comenzó a grabar,
se subió en su vehículo y siguió al carro fantasma obligando a que
detuviera la marcha y se identificaran aumentando el estupor ciudadano.
Han sido muchos los manifestantes golpeados judicializados y otros que,
igual que en la represión en Chile, han perdido los ojos. A causa de
estos acontecimientos deleznables una de las reivindicaciones
principales y unificadora del paro, al igual que del conjunto del
movimiento democrático, es la disolución del ESMAD, que en esta
oportunidad no pudo detener la avalancha callejera.
El “paquetazo” económico resultado de la crisis del neoliberalismo periférico
La actual crisis económica internacional desnudó las fragilidades del
modelo financiero-extractivista en América latina. La fuerte caída de
los precios internacionales de las comodities durante el lapso
2013-2017, produjo déficits comerciales y fiscales en los países de la
región, que obligaron a incrementar los endeudamientos públicos y
privados. En estas condiciones y como ocurre en períodos de declive en
las economías periféricas, la Inversión extranjera directa cayó; en el
caso de la IED, por cuanto las inversiones en los sectores extractivos
devienen menos rentables y en lo atinente a las inversiones de
portafolio por cuanto aumenta la “prima de riesgo”, empujando la fuga de
capitales. A la manera de un círculo infernal que se cierra sobre sí
mismo, la reducción de la inversión extranjera produce devaluación
monetaria y aumento de las deudas, que en la macroeconomía del lenguaje
neoliberal, obligan a planes de ajuste que persiguen la contracción de
la demanda. Pero la población cansada de soportar el detrimento continuo
en sus condiciones de vida ha salido a rechazarlos. Las movilizaciones
de octubre en Ecuador y Chile lo explicitaron. Las de Colombia, el 21 de
noviembre, hicieron parte de ese mismo hartazgo por los ajustes
neoliberales.
Unas semanas antes del paro el gobierno Duque
presentó al Congreso una propuesta de reforma tributaria en línea de
continuidad con una política fiscal que, desde los inicios de la
implementación del neoliberalismo en los inicios de la década de 1990,
aumenta las exenciones a los grandes capitales mientras descarga sobre
las capas medias y pobres el grueso del castigo tributario, en un país
que desde el año 2000 hasta ahora ha tenido que soportar 13 reformas
fiscales de este mismo tipo, una cada año y medio en uno de los países
de mayor concentración del ingreso en la región.
El gobierno
adicionó a esa propuesta la de una contrarreforma laboral que pretende
flexibilizar aún más el régimen de trabajo, al punto de incluir el pago
de salarios por horas; una contrarreforma jubilatoria favorable a los
fondos privados de pensiones; y por recomendación de la OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la
creación de un holding financiero estatal el cual centralizaría la
totalidad de los recursos del sector financiero estatal para competir en
el mercado de capitales.
Las exigencias del capital
transnacional por estabilizar la economía en crisis, después de la caída
en los precios del petróleo, el principal producto exportador, explican
la propuesta del “paquetazo” gubernamental.
Colombia tiene un
déficit en cuenta corriente superior al 4% del PIB, el cual aumentó de
manera considerable a partir del 2013, con la caída del precio
internacional del petróleo, el principal producto exportable al igual
que la IED. En el lapso 2013-2017, hubo un declive pronunciado del
precio internacional del petróleo y a consecuencia de ello las
exportaciones petroleras bajaron en un 60,4% y la IED del sector en un
41.3%. (6) A pesar de la recuperación parcial de los precios
internacionales del petróleo durante los últimos años este déficit sigue
en aumento, (7) al igual que la reducción de la IED (8), lo que ha
precipitado fuga de capitales de corto plazo graficado estadísticamente
en el declive de las inversiones de portafolio. (9)
En medio de
este cuadro recesivo la devaluación de la moneda alcanzó uno de los
niveles más altos en el promedio internacional de las monedas (10)
arrastrando de paso el crecimiento de la deuda externa, lo cual es
particularmente grave en el caso de la deuda pública que ya llega al 51%
del PIB, con el agravante de que existe en el país una legislación
impuesta por el FMI, según la cual en la ejecución de los presupuestos
anuales el pago de los intereses de deuda es prioritario. (11)
Bajo las coordenadas de la dominación neoliberal el ajuste económico
toma el carácter de inevitable. Por ello, mientras en las calles los
manifestantes reclaman una sociedad más justa, el presidente y la
mayoría parlamentaria continúan tramitando en el Congreso los proyectos
de ley exigidos por el capital transnacional, lo que reafirma la
fractura entre población e instituciones, confirmando la estrechez de
una “democracia representativa” creada a imagen y semejanza del
neoliberalismo, apoyada en clientelas políticas, en lobbies
empresariales y en negociaciones secretas. Lo que estamos presenciando
en Colombia y en América Latina en general, no es tan solo la crisis del
neoliberalismo como modelo económico basado en el despojo, sino también
la crisis de sus formas de representación política.
Los retos que plantea la nueva coyuntura política
Desde el 21N ha surgido en el país un movimiento plural que involucra
asalariados, pobladores de los barrios, capas medias acorraladas por
impuestos y la usura bancaria en las ciudades. Dentro de esta
convergencia social debe resaltarse el papel de los movimientos
juveniles que han emergido a la confrontación exigiendo derechos y
explicitando su lejanía frente a una guerra que ya no los convoca.
Estas expresiones juveniles tienen antecedentes en los movimientos
universitarios de resistencia que aparecieron en años anteriores.
Efectivamente, en el 2011 la denominada Mesa Nacional estudiantil logró,
mediante una protesta de gran espectro, derrotar un proyecto de
“reforma universitaria” impulsado por el gobierno de Santos y el año
pasado, otro movimiento del mismo carácter logró conseguir recursos
presupuestales adicionales a los que había proyectado el actual
gobierno. Pero ahora, el campo de la movilización juvenil es mucho más
amplio; incluye la presencia de los jóvenes que no pueden acceder a las
universidades, o de aquellos que habiendo logrado un título profesional
no encuentran empleo (12); incluye a aquellos que estudian en
universidades privadas, obligados a soportar endeudamientos asfixiantes.
Igualmente a los de los institutos técnicos que antes de terminar los
estudios ya les han anunciado una contratación laboral precaria; también
a aquellos jóvenes que la pobreza no les permite terminar la secundaria
y tampoco pueden acceder a los servicios de salud mercantilizados o
lograr un bienestar mínimo.
Tal y como ha ocurrido en otras
partes de la geografía planetaria con movimientos sociales similares,
este movimiento juvenil acude a la protesta callejera de manera
espontánea utilizando las redes virtuales, motivado por denunciar “las
consecuencias del neoliberalismo” aunque sin conocer sus causas (13).
Rechaza las instituciones y los partidos dominantes pero, igualmente, no
se sienten representados en los partidos de izquierda como tampoco en
las organizaciones populares tradicionales. Objeta las decisiones
verticales, los liderazgos unipersonales, democratizando las decisiones,
lo que les imprime una gran fortaleza a su accionar. Expresa, al mismo
tiempo, un pluralismo ideológico amplio en medio de la despolitización a
la que los condenó el neoliberalismo y de allí su debilidad.
Dentro de esta pluralidad ideológica deben resaltarse dos temas que
denuncian la crisis civilizatoria a la que nos ha condenado el
capitalismo contemporáneo: el de la destrucción de la naturaleza y el de
la preservación de la sociedad patriarcal, cuestionando con mucha
fuerza por mujeres jóvenes universitarias y profesionales.
El
movimiento social plural que acompañó las protestas callejeras del 21N
no cuenta con una correlación de fuerzas que le permita plantearse
rupturas institucionales, como la renuncia del Presidente o la
convocatoria a una Asamblea Constituyente, como en el caso de Chile. Sin
embargo, en su corta existencia ha logrado:
-Derrotar el terror
de Estado que durante décadas ilegalizó el accionar de las
organizaciones populares al darles el tratamiento de estado excepción,
colocándolos como apéndices de las guerrillas.
-Urbanizar la
resistencia social tanto por la forma como irrumpió en las ciudades como
por los puntos que propone en su plataforma reivindicativa.
-Potenciar un movimiento en defensa de los derechos humanos que
cuestiona el asesinato recurrente de líderes sociales y que demanda una
política democrática que garantice el cierre definitivo del conflicto
armado.
-Colocar en el centro de la discusión política nacional a
la desigualdad social como expresión interna de la crisis que el
neoliberalismo experimenta a escala internacional.
El denominado
Comando Nacional Unitario que convocó el 21N mantiene la interlocución
con el gobierno, pero las franjas de la población que actúan de manera
espontánea o que pertenecen a una diversidad de organizaciones sociales,
se encuentran por fuera de este organismo aunque dispersas y sin
capacidad de convertirse en una opción política diferente.
De
momento se coordinan en asambleas barriales, una forma territorial de
democracia directa que responde al despojo causado por el urbanismo
neoliberal, caracterizado como “extractivismo urbano”. (14) Estas
asambleas barriales pueden convertirse en expresiones superiores de
democracia si logran centralizarse y articularse con movimientos
nacionales que resisten a las políticas estatales. Esta apuesta
dependerá obviamente de la continuidad del paro en las semanas iniciales
del año entrante, lo que en las actuales circunstancias parece posible y
de los retos que le plantee al movimiento el enfrentamiento al
gobierno. La alternativa política seguirá en disputa aunque ahora en un
nuevo contexto. Urge una coordinación unitaria de quienes estamos
convencidos de la necesidad de preservar una estrategia anticapitalista.
Notas
1) El departamento de derechos humanos de la CUT ha denunciado el
asesinato de 3000 activistas sindicales desde cuando fue fundada esta
central sindical, a mediados de la década de 1980.
2) Los
niveles de concentración de la tierra en el país son muy altos. El 1% de
los grandes propietarios rurales acaparan el 60% de la tierra apta para
cultivar mientras que dos millones y medio de familias campesinas viven
en la superficie restante.
3) Durante el segundo gobierno de
Álvaro Uribe, en el 2008, el país conoció que miembros de las fuerzas
armadas habían asesinado a civiles indefensos haciéndolos pasar por
bajas en combates. “El jefe del Ejército de Colombia dirigió una brigada
acusada de matar a civiles”, El País”, Madrid, 5-06-2019, https://elpais.com/internacional/2019/06/04/colombia/1559607159_600734.html
Los llamados “falsos positivos” fueron uno de los escándalos militares
más sonados durante el primer gobierno de Álvaro Uribe. Para obtener
bonificaciones salariales o días compensatorios de descanso, conforme a
los manuales reconocidos por el Ministerio de Defensa tomados, a su vez,
de los manuales del ejército norteamericano; miembros del ejército
retenían arbitrariamente a jóvenes humildes en la periferia de las
ciudades, algunos de ellos discapacitados. Luego los llevaban a zonas de
conflicto, les colocaban uniformes de guerrilleros y los fusilaban para
obtener los beneficios. El número de ejecutados, según organizaciones
sociales y de derechos humanos, puede llegar a 10.000.
4) Los
oficiales que hablaron con The New York Times aseguran que estuvieron en
el Ejército cuando ocurrían los falsos positivos, más de una década
atrás. Las fuentes aseguran que las cosas empezaron a tomar un nuevo
rumbo el pasado 19 de enero, un mes después del cambio de cúpula
militar, cuando el general Martínez reunió a 50 generales y coroneles
entre los que estaban sus principales mandos en todo el país. (..) El 19
de febrero apareció un documento titulado "Cincuenta órdenes de
Comando", conocido por el diario. En esta se exigen ataques oportunos y
masivos. La directriz que marcaba el mayor cambio a como veían operando
las cosas, dice The New York Times, es la de los ataques mortales.”
“Falsos Positivos 2.0” La denuncia de The New York Times, Revista
Semana, 18 de mayo del 2019, en https://www.msn.com/es-co/noticias/colombia/%C2%BFfalsos-positivos-20-la-denuncia-de-the-new-york-times-contra-el-ej%C3%A9rcito-nacional/ar-AABxWiU
5) Esta renuncia se precipitó antes de que el Congreso votara la
“Moción de censura” respectiva. “A una semana de que las mayorías en el
Congreso lo convirtieran en el primer ministro en la historia de
Colombia en salir de su cargo por una moción de censura, Guillermo
Botero tuvo que dar un paso al costado.
8) Según las propias estadísticas oficiales, la IED cayó en 14,1%
durante el 2018 (llegó a US$8.679,2 millones, mientras que en el 2017
había alcanzado US$10.109 millones).
9) Estas inversiones en
portafolio vienen experimentando un desplome; durante el 2018 cayeron en
un 53,4%, datos que confirman que efectivamente estamos en fuga de
capitales. El país es deficitario cuando se toma en cuenta el
diferencial entre ingresos por inversión extranjera y salidas por
utilidades y dividendos desde hace varios años lo que aparece en el
rubro denominado “renta de factores” de la balanza de pagos. El balance
deficitario de este rubro llegó a US$11.441 millones en el 2018.
10) En el 2014 el peso cotizaba a $1800 con relación al dólar. A
finales del 2017 llegó a $3.000 y en la actualidad asciende a $3.500.
Confirma igualmente la fuga de capitales.
11) Se trata del
denominado “superávit primario” obligatorio no tan solo en el diseño de
los presupuestos públicos, sino también en la elaboración de los planes
de desarrollo y de las llamadas políticas públicas.
12) En la
Universidad Nacional, la universidad pública más importante del país,
procuran ingreso cada seis meses que terminan los períodos académicos de
la secundaria aproximadamente 60.000 bachilleres. Y tan solo ingresan
7000 aproximadamente. El desempleo juvenil alcanza niveles del 22%
aproximado, de lejos el monto más alto en el globo de los desempleados.
Debe tenerse en cuenta que los métodos estadísticos.
13) Han
sido caracterizados como movimientos por “ciudadanías emergentes”,
movimientos que intentan salir de la marginalidad social a la que han
sido sometidos por el neoliberalismo.
14) El reordenamiento
espacial de las ciudades por parte del gran capital inmobiliario y
financiero en procura de la obtención de rentas lleva al desalojo de las
poblaciones de manera similar al desplazamiento que ocurre en los
territorios en los que opera la explotación de hidrocarburos y
minerales. Por ello ha sido caracterizado como ”extractivismo urbano”.
Daniel Libreros Caicedo, Docente en la Universidad Nacional de Colombia, miembro de la dirección del Movimiento Ecosocialista.
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