domingo, 5 de noviembre de 2017

LA SOMBRA DE CATALUÑA ES ALARGADA, MACIZONA, GORDA Y COJONUDA QUE TAPA TODO Y LLEGA HASTA LA CASA DE UNO DE LOS AMOS DE RAJOY, AMITO TRUMP


Guerra comercial

La aceituna andaluza choca contra el proteccionismo de Donald Trump

  • El Departamento de Comercio de Estados Unidos estudia la demanda de dos empresas californianas que mantienen que el producto se vende por debajo del precio de mercado
  • España alega que el sector no recibe subvenciones específicas y que cuenta con el visto bueno de la Organización Mundial del Comercio
La aceituna andaluza choca contra el proteccionismo de Donald Trump
Un agricultor cosecha aceitunas (Guillaume Horcajuelo / EFE)   
 

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero de 2017 se debió en gran parte a su defensa de la industria americana frente a las importaciones del exterior. America First . Un mensaje proteccionista que ha hecho temblar desde entonces a los principales socios comerciales de Estados Unidos.

Uno de ellos es España, que se ha convertido en uno de los primeros focos de combate de la industria agroalimentaria norteamericana. En concreto, la aceituna negra de mesa andaluza, un producto básico en las comidas rápidas que se elaboran en Estados Unidos y objetivo a batir para dos empresas californianas bajo la acusación de competencia desleal.

Dos empresas californianas alegan que la aceituna negra española se vende a un precio por debajo del de mercado

El pasado 22 de junio, las dos principales compañías americanas dedicadas a la producción de aceituna negra, Musco Family Olive y Bell-Carter Foods, presentaron una demanda ante el Departamento de Comercio de Estados Unidos, a través de la Coalición para el Comercio Justo de Aceitunas Maduras.

Sus alegaciones se basan en supuestas prácticas de dumping -venta de un producto por debajo de su precio- y la existencia de subvenciones que hacen, según argumentan, que sus productos sean menos competitivos. Lo contradictorio de la situación es que la queja no se ha puesto contra el resto de exportadores europeos como Grecia o Portugal, sino únicamente contra España, principal productor de aceituna negra de mesa.

“Hay una gran preocupación en el sector. Se está poniendo en cuestión el modelo europeo de ayudas que se hace a todos los agricultores a través de la Política Agrícola Común (PAC)”, lamenta el secretario general de la Asociación de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa), Antonio de Mora.
Un agricultor recoge aceitunas
Un agricultor recoge aceitunas (Marc Arias)
Desde el sector se esfuerzan en explicar que las ayudas no las recibe la aceituna ni ningún producto en concreto, sino todos los agricultores por el hecho de serlo, y que cuentan con el visto bueno de la Organización Mundial del Comercio. De prosperar la demanda ante el Departamento de Comercio, advierten que afectaría a un mercado principal. España exportó en 2016 unos 32 millones de kilos de aceituna negra a Estados Unidos, lo que supone unos ingresos de 70 millones de euros, según datos de Asemesa.

De los 32 millones de kilos exportados, el 80% de las aceitunas proceden de Andalucía y el 20% restante de Extremadura. Una de las empresas seleccionadas por las autoridades norteamericanas en su investigación es Agro Sevilla, cuyos olivares se encuentran en La Roda de Andalucía (Sevilla).

Con 20 millones de euros de facturación y 10.000 toneladas de aceitunas enviadas a Estados Unidos, se trata de una de las compañías que más se juega en este litigio junto a Aceitunas Guadalquivir y Ángel Camacho Alimentación. Las tres fueron demandadas en un principio, aunque actualmente se ha abierto el abanico hasta afectar a un total de 28 empresas en distinto grado. No obstante, dejan claro que es algo que afectará a todo el sector, ya que las medidas serían las mismas para todos los exportadores.

Las empresas implicadas temen que se decreten dos aranceles, uno antidumping y otro antisubvenciones

“Estamos bastante desesperados y tremendamente preocupados”, explica a través del teléfono el director general de Agro Sevilla, José Ignacio Montaño. “Todo parece indicar que esto no va a terminar bien”, lamenta. El fallo definitivo no se conocerá hasta el próximo verano, pero antes, a finales de noviembre, se espera una primera sentencia provisional. Las empresas y organizaciones implicadas temen que se decreten dos aranceles, uno antidumping y otro antisubvenciones.

Mientras tanto, las empresas trabajan a destajo para presentar todos los requerimientos exigidos por las autoridades estadounidenses, al tiempo que coordinan su defensa con el Ministerio de Economía y la Unión Europea. El litigio, para el que se ha contratado un despacho de abogados en España y otro en Estados Unidos, rondará los 2 millones de euros, según la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), que las empresas tendrán que costear.

Desde la secretaría de Estado de Comercio de España afirman que están trabajando con los productores “para cumplimentar la prolija documentación” que se les ha exigido. Al mismo tiempo explican haber trasladado al secretario de Agricultura de Estados Unidos, Sonny Perdue, que España “cumple escrupulosamente sus obligaciones y compromisos en materia de ayudas públicas”.

Le estamos haciendo el juego al resto de países que no van a tener estas trabas arancelarias”
José Ignacio Montaño 
        
Director general de Agro Sevilla

Por su parte, el sector critica que solo se demande a España y no al resto de exportadores de la Unión Europea. “España es el gran competidor de Estados Unidos. Siempre han intentando dificultar la competencia pero nunca se había producido una acción así. Evidentemente están envalentonados por la época proteccionista que vive el país”, explica Antonio de Mora.

Sin embargo, las empresas apuntan que si ellas se quedan fueran, otros países pasarán a ocupar su lugar: “Seríamos sustituidos por otros países, no solo de la Unión Europea, sino también de fuera, como Egipto, Turquía o Marruecos”, continúa el secretario general de Asemesa. “Le estamos haciendo el juego al resto de países que no van a tener estas trabas arancelarias”, lamentan desde Agro Sevilla.

Estados Unidos, un mercado clave para la aceituna española

Estados Unidos es un mercado clave para la aceituna negra española. De perder estas ventas, algunas empresas se quedarían sin un destino para una parte de su producción que en algunos casos alcanza hasta el 20% del total, por lo que habría que recolocar el producto en otros sitios, cosa que no es fácil. “No puedes incrementar el consumo de Estados Unidos en otra parte del mundo de la noche a la mañana”, se queja Montaño.

Las compañías y organizaciones españolas no quieren entrar a valorar el funcionamiento de la industria aceitunera norteamericana, aunque reconocen que se trata, sobre todo, de un asunto de eficiencia. El sector californiano ha perdido capacidad en los últimos años. Actualmente solo han quedado dos grandes empresas que, curiosa paradoja, se nutren principalmente de la mano de obra mexicana, tan denostada por Donald Trump.

“La administración americana de la última época intenta lanzar mensajes de protección sobre su industria. No cabe duda de que han aprovechado la llegada de Trump porque nunca antes hemos tenido problemas”, dice el secretario general de Asaja, Eduardo Martín.

Desde el sector aceitunero hacen una llamada a todo el colectivo agrícola y advierten de que el proteccionismo que ahora les amenaza a ellos, puede acabar afectando a otros. “Si los derechos antidumping y antisubvención salen adelante sentaría un peligroso precedente para cualquier producto que esté recibiendo ayudas de la Unión Europea”, señala Antonio de Mora.

El sector aceitunero hace una llamada a todo el colectivo agrícola y advierte de que el proteccionismo que ahora les amenaza a ellos, puede acabar afectando a otros

*++

SEPARACIÓN DE PODERES: NADA ES VERDAD NI MENTIRA, SINO COMO EL PORTAVOZ DEL PP LO DIGA



La caída del comisario Villarejo hará saltar en pedazos la tapa de las cloacas de Interior

Rebelion
Público.es
04.11.2017


A pesar de gozar de la protección de la cúpula de Interior, de gran parte de la Fiscalía y hasta de algunos jueces, el poderoso cabecilla de la policía paralela al servicio de multimillonarios, enriquecido él mismo con esas actividades, ha sido finalmente detenido. Su caída reivindica el trabajo de los investigadores de la comisión judicial del caso Nicolás, que han sido degradados tras presentar el informe en el que se detalla la trama delictiva por la que hoy ha sido detenido Villarejo.

"Más dura será la caída", rezaban los metadatos que se colaron en el documento entregado a la prensa con la querella del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, contra los miembros del Govern de la Generalitat y de la Mesa del Parlament de Catalunya. Las excusas de la Fiscalía fueron inverosímiles, pero esa cabecera parecía premonitoria de otro acontecimiento histórico que también afectará seriamente a Maza: la detención del comisario José Manuel Villarejo Pérez, gran arquitecto de un entramado mafioso policial-judicial que ha secuestrado la Justicia, ha extorsionado a la democracia y emponzoñaba hasta ahora la política española.

Porque la caída del hoy famoso Villarejo –tras tres años de investigaciones de Público que han sacado a la luz Las cloacas de Interior que él manejaba– va a hacer que salten por los aires las tapas de esa red de alcantarillas del Estado en la que se fabricaban falsas pruebas contra políticos y partidos rivales del PP, como quedó patente con la revelación por este diario de las grabaciones efectuadas en el despacho oficial del propio ministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

Para empezar, al destaparse finalmente el entramado que dirigía Villarejo desde una planta de la Torre Picasso –un emporio de numerosas sociedades y un centenar de propiedades, valorado en 25 millones de euros–, va a salir a la luz el método por el que fue grabado el ministro Fernández Díaz, algo que no quiso ser investigado por la Fiscalía General del Estado cuando Público puso a su disposición las grabaciones originales.

Esos sofisticados sistemas de grabación fueron también empleados por Villarejo y sus compinches para espiar, en sede policial, la reunión entre agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y jefes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía para tratar el caso del pequeño Nicolás. Grabación ilegal que fue investigada durante más de dos años en pieza separada de ese caso, hasta que se apartó al juez que instruía la causa –por el método de ascenderlo– y la jueza que lo sustituyó, en el Juzgado Número 2 de Instrucción, decidió disolver la comisión judicial cuando acababa de completar el informe que demuestra la trama policial mafiosa de Villarejo.

Esa decisión de la magistrada –altamente irregular porque la tomó sin completar investigaciones en curso ordenadas por la Audiencia Provincial– no tiene más explicación que la de impedir que salieran a la luz las pruebas de que la policía política estaba dirigida por el ex director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, y por su jefe de gabinete, José Ángel Fuentes Gago, ambos citados a declarar por la comisión de investigación del Congreso de los Diputados que se creó a raíz de las revelaciones de Público.

Además, la magistrada Pilar Martínez Gamo no sólo dio carpetazo a una subpieza secreta crucial para desentrañar la trama –sin practicar las diligencias ordenadas por el tribunal superior a ella–, sino que ocultó el informe final de la comisión judicial por el retorcido método de asignarlo a otra pieza del caso que ya estaba cerrada. En la práctica, estaba colaborando en fabricar una tapadera para esconder que incluso se destruyeron pruebas en los archivos informáticos centrales de la Policía Nacional en El Escorial para proteger a Pino y Gago y permitir que este último mintiera a la propia comisión de investigación del Congreso.

Todo esto –que también reveló Público en exclusiva– va a salir ahora a la luz, en cuanto se pueda conocer por fin el contenido de ese informe de la comisión judicial, que adelantaba los hechos que hoy han llevado al juez Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional, a ordenar la detención de Villarejo, de su esposa y del excomisario de Barajas Carlos Salamanca, entre otros imputados por participar presuntamente en una "organización criminal".


García Castellón sostiene también que Villarejo se lucró con "servicios especializados de inteligencia" incompatibles con su cargo policial, tal como denunció Público cuando desveló que el comisario dirigía una policía paralela dedicada a proteger los intereses de multimillonarios.

Y esa va a ser otra revelación sísmica –la de quiénes son esos multimillonarios, muchos de ellos imputados en la Operación Lezo– que se producirá como consecuencia de la detención de Villarejo y el registro de sus domicilios y empresas, como pidieron una y otra vez infructuosamente los miembros de la comisión judicial, que fueron después degradados por tratar de destapar lo que acaba de desvelar la Operación Tándem.

De hecho, gran parte de esa trama al servicio de potentados –para los que Villarejo enredó procesos judiciales, envenenando árboles de pruebas, actuando al margen de la Ley y arrogándose la licencia de agente encubierto– fue también expuesto por Público, al detallar la existencia de lo que dimos en llamar el "Círculo de Gstaad".

En breve, volveremos a sacar a la luz una realidad oculta: la élite que gobierna en la sombra sin haber sido jamás elegida, y que es la que mueve los verdaderos hilos del poder. Con esas revelaciones culminará una tarea de investigación periodística sin parangón que inició Patricia López en enero de 2015 y que le ha costado amenazas personales, querellas sin fin y acoso desde las más altas instancias policiales, sin que se arredrase por el camino.
La verdad sobre las cloacas de Interior aún no ha sido contada en su totalidad.