Algunos hace tiempo que tenemos la mosca tras la oreja con respecto a la cualidad velocipida que tiene la juez Alaya a la hora de imputar, y en cambio lo tortugosamente lenta que es cuando se trata de juzgar, dada la supuesta claridad de los supuestos delitos cometidos por los imputados.
Y este soplo de sospecha mía no se debe a inspiración alguna recibida del más allá o del más acá, sino por simple deducción, malévola, eso sí, de la forma del impute, des impute, contra impute y semi impute con que se realizaban los mismos, y después por el tratamiento propagandístico-político-des informativo-descalificativo con que eran tratados por los medios más rancios y cortitos de inteligencia de la derecha disfrazada, derechona monda y lironda y ultra derecha.
Tendremos que esperar a ver en qué queda la cosa, pero no estaría de más que se fueran limpiando y puliendo los preceptos legales que habría de aplicarle a la juez Alaya, no para ver si ha prevaricado, que líbreme Dios, el Angel de la Guarda y San Isidro labrador en santa camaradería de pensar tal cosa, sino para dejarme a tranquilo al comprobarse que la juez ha actuado como Dios manda y no como le convenía al PP, y esto no por chulería mía, sino porque el que le paga a la juez para que haga su trabajo soy yo.
Y al margen de lo que fuera o fuese de lo dicho, Chaves y Griñán son responsables políticos de todo este follón y por ello hace tiempo que deberían estar fuera de la política.
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IMPUTADOS EN LOS ERE EXIGEN QUE SE LEVANTEN SUS
FIANZAS PORQUE SE BASAN EN UNA INSTRUCCIÓN “VICIADA”
Las defensas de algunos imputados están tratando de
hacer llegar a la jueza Alaya que unos 700 millones se corresponderían con
prejubilaciones legales y que, por ello, la instrucción está "viciada
desde su origen"
Consideran que si Alaya estima que todas las
prejubilaciones son ilegales debería haber suspendido ya su abono y reclamado
su devolución
Creen que durante la instrucción se confunde como
obligaciones a cargo de las empresas el coste de los procesos de extinción de
relaciones laborales
Piden que rectifique y que se levanten las fianzas por
responsabilidad civil calculadas a todos los imputados sobre el total del
dinero presuntamente malversado
Cuatro exconsejeros andaluces coinciden declarando por
el caso ERE este martes, 7 de abril, en el Tribunal Supremo (José Antonio
Viera), el TSJA (Antonio Ávila) y el juzgado de Mercedes Alaya (Antonio
Fernández y Martín Soler)
Diario.es
05.04.2015
Efe
La jueza Alaya cifra el desvío de fondos
de los ERE en 855 millones de euros. Así se lo hizo saber el verano pasado al
Tribunal Supremo en su exposición razonada. Según la investigación, es el
dinero público total malversado (presuntamente, hasta que se demuestre en
juicio), aunque el PP lo llegó a elevar hasta los 1.400 millones.
Lo enrevesado de la causa, que lleva
instruyéndose más de cuatro años y en la que son investigados decenas de ex
altos cargos, empresarios, sindicatos, intermediarios, intrusos, abogados,
comisionistas, etc., hasta los 263 imputados, está dejando de lado una cuestión
que las defensas de algunos imputados están tratando de hacer llegar tanto a la
jueza como a la opinión pública: unos 700 millones de esos 855 se
corresponderían con prejubilaciones legales. Con ello, se debería dejar fuera
de la instrucción a las empresas, sus responsables y asesores, y las tesis
acusatorias contra ellos quedarían desmontadas.
En el fondo de esta denuncia subyace el
convencimiento y la certeza demostrable, según dichas defensas, de que la
instrucción de los ERE está "viciada desde su origen" como
consecuencia de una serie de "errores jurídicos y contables
incuestionables", "consolidados" durante la instrucción y que
serían en su mayor parte atribuibles a Alaya, a juicio de las defensas.
"Es la madre del cordero",
apuntan fuentes de algunos imputados, que han hecho llegar ya a la jueza
algunos escritos, a los que ha tenido acceso este periódico, donde intentan
hacer ver que la Junta de Andalucía sigue hoy por hoy asumiendo el coste de las
pólizas de seguro de renta a trabajadores prejubilados (unos 6.000), es decir,
las ayudas sociolaborales que se investigan y que la Administración andaluza
concedió en el ejercicio de sus competencias.
Los beneficiarios de esas ayudas,
aseguran las mismas fuentes, son los empleados que se adelantaron a su
jubilación ordinaria y no las empresas, por lo que, según su tesis, los 855
millones malversados en los que se fundamente su instrucción no son tales. Todo
lo más serían 152 millones, añaden. La cifra, según coinciden con la
investigación, se correspondería con la suma del resto de las 'patas' del caso:
unos 12 millones para 'intrusos' (prejubilados falsos), 74 millones de ayudas a
empresas y unos 66 millones entregados a mediadoras. En estos números, según
resumen las fuentes, "estamos todos de acuerdo".
Pero las fuentes se centran en las
prejubilaciones legales. No consta, según indican, que se haya interesado por
ninguna de las partes el reintegro de lo efectivamente percibido por los
trabajadores de la suscripción de aquellas pólizas ni se les censura por ello a
las aseguradoras, denuncian las fuentes, pero no se debería seguir considerando
como menoscabo ilícito los importes de las pólizas cuestionadas.
Como consecuencia de ello, se tendrían
que rebajar las responsabilidades pecuniarias a las decenas de imputados
(millonarias en muchos casos). Algunos de estos imputados creen que durante la
instrucción se confunde como obligaciones a cargo de las empresas el coste de los
procesos de extinción de relaciones laborales, "un coste que nunca
tendrían que soportar y que delata un error que distorsiona el alcance
económico de los fondos públicos comprometidos".
Millonarias
fianzas de responsabilidad civil
"No se debe pasar por alto que los
mayores procesos financiados objeto de la investigación corresponden a empresas
en concurso de acreedores, insolventes, incluso para pagar los 20 días de
indemnización", señalan las fuentes. Se trata de Delphi (240 millones),
Faja Pirítica (180), Santana (60), Boliden (60) y la Naval (30), que suman 570
millones. El resto de las empresas implicadas alcanzarían los aproximadamente
700 millones a los que aluden las fuentes.
Las defensas de algunos imputados
sostienen que si el dinero recibido por prejubilados legales no es considerado
destinado a un fin espurio, en ningún caso puede ser exigido a ninguno de
ellos, por lo que habría que revisar las responsabilidades civiles excluyendo
las sumas que perciben los prejubilados legales.
Aunque sin entrar en el fondo, la
Audiencia de Sevilla ha anulado ya fianzas civiles millonarias impuestas por la
jueza Alaya, por ejemplo, y entre los más conocidos, a Magdalena Álvarez y su
segundo en Hacienda en los 90, José Salgueiro. El exconsejero Antonio Fernández
tiene el 'honor' de tener la de mayor cuantía (807 millones), seguido del
exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, de 686 millones.
Añaden las fuentes que no se tiene
tampoco en cuenta que las primas de las pólizas objeto de investigación
incluyen el coste de los convenios especiales (en torno al 20% de las primas
abonadas) que permitió a cada trabajador, y sigue permitiendo, mantener su cotización
a la Seguridad Social hasta su jubilación. Estos importes no habrían sido
ingresados por los trabajadores beneficiarios de las ayudas en la caja de la
Seguridad Social, sin que conste que haya interesado su rescate por la Junta.
Consideran que si, por el contrario,
Alaya estima que todas las prejubilaciones son ilegales, la jueza debería haber
suspendido ya su abono y reclamado su devolución. "¿Por qué no se pide el
dinero a los que lo tienen?", se preguntan, "se recuperaría ipso
facto". El hecho de no hacerlo es indicio de "posible
prevaricación", apuntan. Y van más allá: "Si se ha llegado a comprar
la paz social, como se dice en muchos autos, rómpala llamando a los
prejubilados".
Alaya
debería reclamar su devolución
En definitiva, indican las fuentes, que
si las prejubilaciones (al margen de los intrusos, empresas, comisionistas e
intermediarios) son legales, más del 90% del dinero sobre el que se apoya la
instrucción no ha sido malversado, por lo que esta debe anularse y levantarse
las fianzas. Si no se corrigen los presuntos errores, valorarán la presentación
de una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respecto de la
instrucción de la jueza Alaya, ya que estaría perjudicando arbitrariamente a
terceros.
Los afectados denuncian que las fianzas
por responsabilidad civil han sido calculadas sobre los 855 millones de euros
supuestamente malversados, lo que conllevaría que la jueza igualmente hubiera
reclamado a todos los prejubilados su devolución. Al no haberlo hecho, aquellos
reclaman que se les levanten las fianzas. "Si, como sostiene la jueza
Alaya, nosotros hemos colaborado en la concesión de las prejubilaciones que son
ilegales, razón por la que se nos han impuesto fianzas millonarias, igualmente a
los prejubilados se les debería haber solicitado la devolución del dinero
recibido de forma ilegal, o, al menos, no deberían seguir cobrándolo, cosa que
a día de hoy siguen haciendo con normalidad. Y si esto no ocurre, es señal de
que todo es legal. Por lo tanto, exigimos que se nos levanten las
fianzas", explican las fuentes.
Estos imputados, en resumen, piden a la
jueza Alaya que reclame el supuesto dinero malversado a todos los prejubilados
y corte con los pagos que se siguen haciendo, o que dé una explicación de por
qué no lo reclama. Y que, de no hacerlo, levante las fianzas impuestas.
Sospechan que la jueza sería incluso consciente del posible error cometido,
pero entiende que su rectificación acabaría desprestigiando el trabajo
realizado y desmoronando su tesis. "De ahí su huida hacia adelante con
continuas ampliaciones del caso y negándose a que la causa se divida",
añaden las fuentes.
Argumentan los afectados que se podría
aplicar en este caso el artículo 122 del Código Penal, tal como se ha hecho con
la infanta Cristina o la exministra de Sanidad Ana Mato, a quienes, solo por el
hecho de ser beneficiarios a título lucrativo de un delito, la Fiscalía les ha
reclamado la devolución de las cantidades de las que se han beneficiado hasta
el resarcimiento del daño causado. A ese respecto, piden a la Fiscalía que
reaccione también ante esta circunstancia, y si, como sostiene Alaya, las
prejubilaciones fueran ilegales, exija su devolución a los miles de
prejubilados que, sin ser responsables del supuesto delito, se han beneficiado
de su comisión.
Martes,
7 de abril: caso ERE en Madrid, Granada y Sevilla
El mismo día que Ávila estrene el caso en el TSJA
granadino, será interrogado José Antonio Viera en el
Supremo y la jueza Mercedes Alaya interrogará en la capital
andaluza al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y al de
Innovación Martín Soler, así como a los exdirectores de Trabajo de la Junta
Francisco Javier Guerrero, Agustín Barberá y Juan Márquez; y a los exdirectivos
de la agencia IFA-IDEA Manuel Enrique Rodríguez, Francisco Mencía Morales y
Miguel Ángel Serrano Aguilar.
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