miércoles, 23 de febrero de 2022
Correos, una emergencia social. [Cuando no se conoce la historia al trabajador le roban hasta el aliento. Eso de la historia no es otra cosa que lo acontecido en el pasado, no se vaya a pensar que la historia es un melón con ruedas o algo parecido. Y lo acontecido está escrito en los libros, revistas, etc., quiere decirse, mi elementalito Watson, que para enterarse de la historia hay que leer, justamente eso que no suele hacerse por parte de los trabajadores, que yo hablo de los trabajadores. Eso de que quien no conoce la historia está condenado a repetirla viene a ser una gilipollada como otra cualquiera que entra por una oreja y sale por la otra sin dejar nada a su paso. Tú créeme, Watson, como no leas te roban hasta el aliento, querido mío. No es que leer produzca el efecto mágico de ponerte a salvo del robo, no, que no es eso, sino que si lees y te roban empiezas a decir, oye, mira, que me cago en tu puta madre y que voy a ver cómo me organizo junto a los otros que también robas para que no me sigas robando, cacho cabrón. El servicio de Correos en España garantizaba que a cualquier rincón de España llegara lo que se mandaba por muy poco dinero: céntimos de peseta o pocas pesetas (por cierto, los trabajadores de Correos tenían su puestecito de trabajo garantizado, ¡Ah!, y cumplían con su trabajo). Tenía Correos prácticamente en todas las ciudades y prácticamente en todos los pueblos la CAJA POSTAL, al que podías ir con tu libretita y sacar tus 25 pesetas, 114 pesetas o las que quisieras, si las tenías, claro está, ¡Ah!, sin pagar comisiones ni leches. Todo esto se ha perdido o se está perdiendo del todo, desde que los robadores del Estado, efectivamente: jefes del Estado Español, políticos y otras malas yerbas llegaron y al robo en vez de llamarle robo le empezaron a llamar privatización. Y en estas estamos, Watson mío de mi corazón y de mi alma. Tenemos hoy el producto de lo que hicimos ayer (eso es historia, Watson) y tendremos mañana lo que hagamos hoy, y como resulta que hoy como ayer estamos haciendo nada (aparte del miedo, acojono, impotencia, frustraciones, etc.) porque no nos roben las pensiones o por impedir que España compre el gas al amigo americano un 40% más caro de cómo se le podría comprar al vecino X (que digo X porque Watson las cosas están muy negras y si digo ruso igual me enchiqueran por agente minisuperinfiltado al servicio del comunismo chipiriorripilante internacional con ramalazo proetárrico separador que separa buen separador será y con ventanas a la calle. Pero vamos, que X = ruso, aquí entre nosotros)]
Correos, una
emergencia social
Por Mario Murillo
Rebelion / España
23/02/2022
Fuentes: El Salto
Poco
se habla de lo que sucede en la empresa pública postal. A pesar del tremendo
deterioro de las condiciones laborales y del servicio que prestamos, parecemos
condenados a un silencio mediático y político casi absolutos.
Correos
se encuentra en mitad de un naufragio que amenaza con estrellar el barco contra
el acantilado. Actualmente, el capitán de la nave es Juan Manuel Serrano, pero
sus predecesores tripularon el barco en la misma dirección. Y esto es importante
decirlo, porque si erramos en el diagnóstico del problema, fallaremos en la
solución que queramos aplicarle.
Como
casi todas las situaciones complicadas, no se resuelven de forma sencilla. A
todos nos gustaría creer que para frenar la marcha de Correos hacia el
acantilado de la privatización, bastase con cambiar al presidente de turno. Sin
embargo, si repasamos el largo listado de dirigentes que hemos tenido y sus
acciones al frente de la empresa, resulta insostenible mantener esta premisa.
La
conversión de Correos en Sociedad Anónima Estatal (2001), la exclusión del
Estatuto Básico del Empleado Público (2007), la entrada en la SEPI (2012), la
pérdida de más de 15.000 empleos en lo que llevamos de siglo, la
“eventualización” de la plantilla o el predominio del negocio por encima del
servicio público que prestamos son solo algunas muestras que ponen de
manifiesto que el proceso de amazonización, ya existía mucho antes del señor
Serrano.
El
presidente actual, de lo que sin duda es responsable, es de impulsar y acelerar
todo este camino que nos aleja de lo público y nos adentra cada vez más en la
selva de la competencia privada. Juan Manuel Serrano es el protagonista de la
gestión nefasta de una empresa a la deriva, sin un plan estratégico (del que hace
ya meses que no hay noticias) que permita asegurar el futuro de Correos a largo
plazo, con lo que esto podría suponer tanto para la plantilla que lo
integramos, como para la ciudadanía y el país en su conjunto.
Un modelo llamado bancarrota
Ya
sea por inoperancia e incapacidad de los gestores o por un plan para deteriorar
deliberadamente Correos con el fin de entregarlo a las garras de los buitres
privados, lo cierto es que la realidad laboral se ha vuelto del todo
insoportable.
La
pérdida de clientes, el creciente volumen de negocio de la filial Correos
Exprés y el hecho de estar cada vez más sujetos a las fluctuaciones del mercado
y desarraigados de la Administración, se traduce en inestabilidad laboral e
incertidumbre, especialmente para la plantilla eventual que ha visto
drásticamente reducidas sus posibilidades de conseguir un contrato.
Mientras
los de arriba no articulan un proyecto empresarial que asegure nuestra
actividad a lo largo de los años, los de abajo padecemos su desastrosa gestión,
su delirio comercial y sus supuestas innovaciones y adaptaciones a los nuevos
tiempos.
Diariamente,
transfieren toda la presión hacia la plantilla. Pretenden que hagamos triunfar
iniciativas absurdas, alianzas comerciales sin futuro, que carguemos carros del
tamaño de un arcón y todo ello, sin personal ni herramientas suficientes.
Pongamos
algunos ejemplos. En las oficinas de Correos ya se pueden contratar ofertas de
luz y gas de Repsol o Endesa, se colabora en la promoción de seguros de Mapfre
y Caser, es posible realizar operaciones básicas del Banco Santander y, por
supuesto, se vende lotería los 365 días del año. El resultado está siendo una
tremenda presión sobre las plantillas de atención al público para la
consecución de objetivos comerciales, ejercida por toda la cadena de mando de
la red de oficinas.
Al
mismo tiempo, iniciativas que en verdad podrían ser útiles y sociales como
la “ventanilla única”, un punto de centralización
de gestiones asociadas a las diversas administraciones, quedan siempre en
segundo plano. Una gota de agua en mitad del desierto.
En
las unidades de reparto se está apostando por una remodelación de la
organización del trabajo que se parece mucho a la que tienen las empresas
privadas de paquetería y distribución. Pruebas piloto han sido iniciadas en
diversos lugares del país como Cantabria, Madrid, Vallés, León o Valencia,
entre otras, de manera unilateral por parte de la empresa, sin contar con la
representación sindical ni realizar evaluaciones previas de los riesgos
laborales que puede conllevar dicha remodelación.
La
reorganización consiste, de forma muy sintética, en reconvertir las secciones
de reparto unipersonales en sectores sin un titular concreto, con la paquetería
como eje de prioridad. Hoy, la situación de las carterías no es nada buena,
pues la inmensa mayoría no disponen del número suficiente de carteros para
tener cubiertas todas las secciones, lo que deriva en que las secciones sin
cubrir se reparten entre el resto de la plantilla, sobrecargando a los
trabajadores y obligándoles a realizar recorridos mucho más extensos,
aumentando así los riesgos psicosociales, las posibilidades de accidentes y
convirtiendo cada jornada en un martirio.
Tampoco
se salvan las Unidades de Servicios Especiales (reparto en furgoneta o moto),
donde aumenta la siniestralidad laboral, el estrés y la sensación de maltrato
laboral, trabajando incluso sin mobiliario básico (mesas) en algunos de estos
centros y con jornadas en las que de forma permanente se exigen objetivos
imposibles de cumplir.
En
base a esto, cualquiera llegaría a la conclusión lógica de cubrir adecuadamente
las unidades, aumentar la contratación y disponer del personal necesario para
dar un servicio de calidad. Cualquiera menos los directivos de Correos, que
parece que tienen prohibido invertir en personal y mejoras que hagan más
saludable el trabajo. Al contrario, pretenden instaurar el modelo privado que
ya conocemos de empresas como RD Post.
En
los centros de clasificación no estamos mucho mejor. El drástico recorte de
personal y la extensión de contratos a tiempo parcial, provocan que los
esfuerzos diarios sean extenuantes, trabajando siempre apremiados porque no
damos abasto, cargando peso de forma permanente, de aquí para allá toda la
jornada porque no hay gente suficiente para cubrir todos los puestos, siempre
bajo la atenta mirada de unas jefaturas intermedias cuyo número, paradójicamente,
no deja de aumentar.
Una
tendencia general de disminución de la plantilla que afecta desde los puestos
base mencionados a departamentos cruciales como el de reclamaciones, que por
supuesto, impactan de forma negativa sobre la calidad del trabajo.
En
todas las unidades nos encontramos con crecientes problemas de salud y con
denegaciones sistemáticas de permisos asociados al descanso. Un combo total de
precariedad que podría solucionarse con voluntad empresarial de cuidar lo
público y disminuir las cifras del paro en España.
Dejen hacer, dejen pasar
Conviene
recordar aquel eslogan liberal del siglo XVIII que en francés se escribe
“laissez faire, laissez passer”. Una oda a la total libertad del mercado, sin
interferencias estatales y de las instituciones públicas. Pues así lleva
funcionando Correos durante décadas y hay que denunciarlo a diferentes
niveles.
Dentro
de la empresa, las sucesivas directivas han podido operar cambios de todo tipo
y deteriorar las condiciones laborales y la calidad del servicio, con un
convenio colectivo de data de 2011. Mientras en muchas empresas se han vivido
fuertes tensiones en las negociaciones de nuevos convenios, porque la patronal
pretendía desregular condiciones, modificar acuerdos en detrimento de las
plantillas, etc., en Correos, con la misma “carta magna” se ha podido pasar la
apisonadora hasta dejar nuestros derechos maltrechos en la puerta de la mutua.
Un
convenio que contó con el beneplácito de la mayoría sindical (conformada por CC
OO, UGT, CSIF y Sindicato Libre), plagado de ambigüedades y que ha supuesto una
enorme transferencia de potestades a la parte empresarial, de las cuales se ha
valido para llevarnos hasta la situación actual. Conocer nuestro convenio
explica muchos de los agravios que sufrimos en la plantilla, como la falta de
control sobre la contratación y los procesos internos (concursos, reajustes,
bolsas de empleo, promoción interna…), la pérdida de poder adquisitivo (al no
disponer de una cláusula de revisión salarial como reivindicamos desde CGT) o
la supeditación de algunos derechos a las sagradas “necesidades del servicio y
la producción”.
La
lectura más evidente es que desniveló de forma abierta las relaciones laborales
en favor de la Directiva. Y de aquellos lodos, estos barros. En 2018,
cuando se firmó el Acuerdo Plurianual -por los mismos
sindicatos que el Convenio- se dejó pasar una oportunidad para haber conseguido
mejoras significativas. Pero ya conocemos la historia.
A
nivel externo, aun con una cronología que replica lo que ya hemos visto tantas
veces en empresas públicas que acabaron siendo desbrozadas por la SEPI para ser
puestas en manos privadas, existe una permisividad política y un silencio
mediático que han ayudado a que se pudiera aplicar esta hoja de ruta sin
mayores sobresaltos, a pesar de las movilizaciones y resistencias que hemos
protagonizado desde algunos sectores de la plantilla organizada.
Sin
ir más lejos, en estos momentos existen decenas de miles de personas agraviadas
por Correos por el escándalo de las bolsas de empleo eventual. Tras
inscribirse en el mes de febrero, y tener que esperar a septiembre para la
verificación de admitidos, el 15 de septiembre se detectó un error en la
contabilización de los méritos de muchos candidatos. La empresa, tras la
presión ejercida por los agraviados y la parte sindical, tuvo que abrir un
periodo extraordinario de reclamaciones (del 20 al 24 de septiembre). Desde
entonces, nada ha vuelto a saberse por más insistencia que ha habido de
candidatos y sindicatos, dejándoles en la estacada y sin hacer público, al
menos, un plazo para la publicación de los listados definitivos y el arranque
de las nuevas bolsas. Finalmente, hoy 23 de noviembre, se reúne la
Comisión de Empleo Central para abordar la publicación definitiva de las
bolsas. Dos meses después del fallido primer intento, durante los cuales los
afectados no han tenido comunicación alguna por parte de Correos acerca del
plazo de resolución y arranque de la contratación en base a los nuevos
listados.
No
muy diferente resulta lo ocurrido con el último examen realizado dentro del
proceso de consolidación de empleo, que tuvo lugar el pasado 12 de septiembre.
La convocatoria extraordinaria (para aquellas personas que por causas de fuerza
mayor no pudieron acudir en la cita original) se llevó a cabo un mes y medio
después, el 27 de octubre. Y para colmo, en ambas fechas ha habido que impugnar
preguntas, siendo especialmente grave el hecho de que en el segundo examen hubiera varias repetidas respecto
al primero. Tras acabar el periodo de reclamaciones, no han llegado más
noticias al respecto y se desconoce cuándo la empresa tiene intención de
finalizarlo con el ingreso de las personas que superen el proceso selectivo.
Imaginamos
que los principales medios de comunicación tienen mejores y más trascendentes
noticias de las que informar. Por desgracia, ésta es la tónica habitual en
Correos y otras empresas públicas. En nuestro caso, solo conseguimos saltar a
los grandes medios en los primeros meses de la pandemia y con grandes esfuerzos
para poder sortear el bloqueo. La directiva paga mucho dinero en campañas
publicitarias y marketing. Como suele decirse, “quien paga la orquesta elige la
música”.
Si el problema es social, también lo es político
Puesto
que prestamos un servicio público como el postal y jugamos un papel fundamental
en la vertebración de todo el estado, es imperdonable que no haya existido
actuación política para evitar llegar al punto donde nos encontramos. Tanto a
escala española como internacional, los servicios postales han sido destrozados
por la liberalización del sector.
Hace
poco tuve la oportunidad de participar en el II Foro Transnacional de
Alternativas a la Uberización celebrado en Bruselas. Un lugar de encuentro de
cientos de colectivos de medio mundo para mancomunar las ideas, las propuestas
y las acciones a desarrollar. Y un punto de presión para las instituciones
europeas que se encuentran elaborando una directiva en relación a la economía
de plataformas.
Lo
cierto es que la plantilla de Correos no guardamos un buen recuerdo de las
decisiones tomadas en Europa, pues la mencionada liberalización de los
servicios postales fue posible en la Unión Europea precisamente a partir de la
Directiva 2008/6/CE. El enésimo regalo al mercado privado.
Sin
embargo, quisimos estar presentes y participar para empujar a que la directiva
que se presente en los próximos meses sea en positivo para los trabajadores de
las plataformas. De ser así, no serán las personas empleadas en ellas las
únicas beneficiarias, sino que al garantizar derechos y regular condiciones, se
lucha contra el dumping laboral y se avanza socialmente.
Correos
no puede seguir como hasta ahora. El Gobierno tiene que tomar cartas en el
asunto, nunca mejor dicho. Hasta ahora, con Ejecutivos de diferente signo, se
ha permitido y favorecido un modelo que consiste, en resumidas cuentas, en el
transvase hacia lo privado de actividades que consideran rentables. Lo hemos
visto en muchos sectores y empresas y sabemos cómo acaba. Necesitamos apostar
por un modelo diametralmente opuesto, donde lo público sea el eje de nuestra
economía, donde los servicios que la ciudadanía necesita queden blindados y
también caminar hacia otros nuevos.
Nos
hallamos ante un camino difícil de revertir, pero no imposible. Correos puede
cumplir un papel de primer orden en España, como lo ha hecho durante siglos.
Necesitamos que sea así, no solo los trabajadores postales, sino la sociedad en
su conjunto. No se puede mirar para otro lado, ni tolerar que el señor Escrivá
siga actuando en nuestra contra, antes como jefe de los hombres de negro de la
AIReF y ahora desde el Ministerio.
Nos
estamos quedando sin tiempo para salvar Correos. La tarea recae sobre las
diferentes partes: la plantilla y las organizaciones sindicales hemos de exigir
un proyecto público de futuro con derechos y estabilidad laboral, así como el
Gobierno y las fuerzas políticas que sean partidarias de un país con un sector
público fuerte que garantice servicios de calidad para la ciudadanía. Hay que
actuar y hay que hacerlo ya: destituyan al Presidente Serrano, asignen a
Correos un papel central en la reconstrucción económica y social del país,
inclúyanos en el EBEP junto al resto de la Administración, integren las
filiales del Grupo (Nexea, Telecom y Correos Exprés) en la matriz y pongamos
todas las capacidades profesionales a trabajar para la gente.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/opinion/correos-una-emergencia-social
*++
Para Endesa no hay crisis; supera con creces las ganancias del año anterior. [A Endesa (empresa robi-robada al patrimonio público español) le pasa igual que al “presidentillo” de la Comunidad de Madrid por ser hermano de la presidenta legitima de la misma Comunidad, señora Ayuso, mirlo blanco en el manejo de las esencias no confesables pero manifiestas del PP, que con la pandemia y contra los españoles también sale ganando. ¡Jope, tío. Que listos son!]
Para Endesa no hay crisis; supera con creces las ganancias del año
anterior
Marca España y Democracia Plena, le
llaman a eso.
febrero 23,
2022
Poco ha
importado que el deterioro de los activos de generación eléctrica en la parte
no peninsular del Estado español les haya provocado una pérdida de 652 millones
de euros.
Este
“contratiempo” no ha sido impedimento para que Endesa haya obtenido en
2021 un beneficio neto de 1.435 millones de euros. Este hecho
significa que ha superado lo ganado el año anterior, concretamente estamos
hablando del 2,94% más.
Todo parece
indicar que el dividendo a repartir a los accionistas superará las
previsiones en un 11%, llegando a situarse en los 1,44 euros por acción.
Esto ha
provocado que el consejero delegado de Endesa, José Bogas, haya sacado pecho,
todo risueño, para expresar que los resultados tan buenos se han registrado
incluso en “uno de los ejercicios más desafiantes de los últimos años, justo
después de otro año como el 2020 que estuvo marcado por el tremendo golpe de la
pandemia”.
No cabe
duda, con la derecha del PP o con la derecha del PSOE (y sus socios de UP),
empresas semejantes tienen en España un gran paraíso para ganar dinero sin
freno; el otro paraíso (el fiscal) lo tienen un poco más lejos, pero llegan a
él muy fácilmente y les sirve para no restar nada o casi nada de lo
escandalosamente ganado a costa de los de siempre.
Marca España y Democracia Plena, le
llaman a eso.
Cuando todo huele a podrido en el PP
La guerra
total entre Casado y Ayuso, una lucha por el poder, está sacando a la luz
algunas de las peores prácticas de corrupción y guerra sucia empleadas a lo
largo de su historia por el principal partido de la derecha española.
Cuando todo huele a podrido en el PP
El Viejo Topo
23 febrero,
2022
La guerra total
entre Casado y Ayuso está sacando a la luz algunas de las peores prácticas de
corrupción y guerra sucia empleadas a lo largo de su historia por el principal
partido de la derecha española, no sólo contra sus enemigos políticos sino
también en su propio seno.
Llega además
pocos días después del fracaso de su proyecto de obtener la mayoría absoluta en
las elecciones anticipadas en Castilla y León; fue primera fuerza, pero con 31
escaños, lo que le obliga a encontrar una fórmula que le permita gobernar esa
Comunidad sin tener que ceder a todas las exigencias que ya le está planteando
Vox. Unas elecciones en las que este partido de ultraderecha ha visto
consolidados los resultados que había ya alcanzado en las pasadas elecciones
generales de 019, pasando de 1 a 13 escaños, aunque con 10% menos de votos,
mientras que el PSOE y UP han conocido un retroceso notable (bajaron de 35 a 28
escaños y de 2 a 1, respectivamente), principalmente en beneficio de Unión del
Pueblo Leonés (con 3 escaños) y de Soria ¡Ya! (con otros 3), formaciones que
han sabido canalizar el malestar popular ante unos desequilibrios territoriales
cada vez mayores en el interior de esa Comunidad y a escala estatal.
¿Nuevo ciclo?
Sin duda, ahora
se abre un nuevo ciclo, pero no el que deseaba el todavía principal líder de la
oposición en su aspiración a llegar a la Moncloa, sino el que se está
desencadenando en el interior de su partido y en el que no cabe descartar el
peor de los escenarios: una ruptura orgánica, más pronto o más tarde, entre los
dos sectores enfrentados, si bien son muchos también los intereses comunes que
pueden presionar a favor de una recomposición que, en cualquier caso, no
evitará importantes daños colaterales.
Desde luego, no
faltan antecedentes de esa mezcla de corrupción y guerra sucia que ha ido
caracterizando al PP desde sus orígenes y, sobre todo, en las últimas décadas:
el tamayazo de 2003 (que, comprando a dos diputados del PSOE,
dio el gobierno en la Comunidad de Madrid a la madrina política de Ayuso,
Esperanza Aguirre); los espionajes de la gestapillo del ahora
dimitido Angel Carromero a dirigentes de su propio partido, o los del siniestro
Villarejo al extesorero Bárcenas, la larga historia de macroescándalos de
corrupción (con la Gürtel como detonante de la moción de censura que echó a
Rajoy de la Moncloa)[1],
o, más recientemente, su connivencia con dos diputados de UPN para impedir que
saliera adelante el decreto de reforma laboral del gobierno.
Por eso no
faltan razones jurídicas que justifiquen, como ha sostenido Javier Pérez Royo[2],
reclamar la ilegalización de este partido, calificado ya judicialmente como
“organización criminal”. Porque, no lo olvidemos, se trata de una formación
política que lleva en sus genes sus orígenes franquistas[3] y
que ha ido consolidando unas redes de corrupción y una “clase público-privada’
(Pastor, 2010: 93) que tienen su anclaje en un capitalismo inmobiliario y
extractivista y en el núcleo duro del aparato estatal. Así que, no hay nada
nuevo bajo el sol, salvo que ahora toda las tensiones dentro de esta trama de
intereses se manifiesta con toda su crueldad, como lo han tenido
que reconocer los propios protagonistas.
Esta guerra
llega además en un momento en el que Pablo Casado ha ido acercándose cada vez
más al discurso que desarrolló Ayuso en su exitosa campaña electoral de mayo
del año pasado, adaptándose a la presión por ofrecer una versión trumpista
neoliberal y neocon a la española que le permita contrarrestar
la influencia de Vox en una parte creciente de su electorado.[4]
Una lucha por el poder
Así pues, no
tiene mucho sentido buscar diferencias entre ambos dirigentes en el plano
ideológico. Se trata, pura y simplemente, de una lucha por el poder cuya
evolución dependerá probablemente de cuál sea la posición que adopten los
principales barones autonómicos en los próximos días, con el presidente
gallego, Feijóo, a la cabeza, quien parece apostar por un Congreso
extraordinario en el caso de que ambos contendientes no lleguen pronto a un
armisticio. Un conflicto en cuyo desenlace influirá sin duda el alineamiento
que vayan tomando los principales poderes mediáticos y, junto a ellos, el peso
que tenga la calle, con iniciativas como la manifestación convocada este
domingo 20 de febrero en Madrid en apoyo de Ayuso delante de la sede del PP.
Porque el papel
que puedan jugar estos actores no tan secundarios es la principal baza que
tiene la presidenta madrileña frente a Casado: su liderazgo carismático
innegable le está permitiendo presentarse como víctima, pese a las evidentes
pruebas de la corrupción en la que se ha visto implicada en el peor momento de
la pandemia. Movilizando a sus seguidores en defensa de su «libertad» de
negocio… a costa de dinero público, y de “lo más importante, mi familia” frente
al espionaje sufrido, vuelve a tirar de argumentario para dejar en segundo
plano su constante recurso al nepotismo y a redes clientelares.
Esa complicidad
conquistada entre su base más militante es la que viene a corroborar cómo a lo
largo de las últimas décadas se ha ido consolidando lo que define el juez
Joaquim Bosch como “electorado corrupto”: esos “ciudadanos que aplauden los
tratos de favor y las prácticas fraudulentas, con conocimiento de que lo son.
Esa carencia de valores éticos favorece notablemente la corrupción”. Una
complicidad que no supone negar el peso de otros factores que pueden explicar
el éxito electoral de Ayuso y que tienen que ver con el arraigo social,
cultural e ideológico de su neoliberalismo trumpista a la madrileña.
Pero no por ello debemos desdeñar la contaminación en su electorado fiel
del todo vale en la defensa común de sus intereses y
privilegios de poder o de estatus. Lo mismo cabría sostener, obviamente,
respecto a Casado pese a que quiera presentarse ahora con voluntad de
distanciarse del pasado corrupto de su partido… recurriendo para ello a los
peores métodos de la gestapillo.
Como insisten
desde el PSOE –que también tiene un historial de corrupción y guerra sucia que
no debemos olvidar- y también desde UP, no cabe ninguna esperanza en que de
esta crisis surja una derecha “democrática y moderna, europea”, sobre todo
cuando lo que estamos viendo en muchos países vecinos, como Francia, es una
adaptación creciente a la agenda y a los discursos de las extremas derechas
respectivas por parte de esas viejas derechas..
Esta guerra
interna irrumpe además cuando Vox puede presentarse como la única oposición
creíble frente al gobierno PSOE-UP, tras la descomposición de Ciudadanos
y, ahora, la división interna creciente en las filas del PP respecto a la
táctica a adoptar ante ese partido. Algunos columnistas de medios como El
Confidencial ya auguran un sorpasso de la
ultraderecha al PP en el caso de que Casado siga a la cabeza de esta formación
en las próximas elecciones generales.
En cambio,
desde el otro lado, el del pueblo de izquierdas, en unos sectores se extiende
la resignación ante la política del mal menor y, en otros, la
desilusión respecto a un gobierno que no ha cumplido las principales promesas
que, aun siendo moderadas, contenía su programa electoral, como las relativas a
la derogación de la reforma laboral de 2012, la reforma fiscal o, mucho nos
tememos también, la de la ley mordaza, cuyo proyecto ha sido ya criticado como
mero “maquillaje” por diferentes organizaciones sociales, entre ellas Amnistía
Internacional. Por tanto, no podemos sorprendernos de que, en medio de una
desmovilización casi general, el vacío que dejan esos partidos haya facilitado
la irrupción de nuevas fuerzas políticas provinciales en las
instituciones ni, sobre todo, de que aumente la desafección ciudadana
ante la política y los partidos en general.
Todo esto se
da, en fin, en un contexto internacional en el que es difícil encontrar
diferencias sustanciales entre los principales partidos del régimen,
coincidentes ambos en su obediencia a los dictados de la Comisión Europea -como
ha tenido que reconocer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz- y del FMI, que ya
pide ajustes en 2023. O, lo que es todavía más indignante, el
servilismo que muestran ante el imperialismo estadounidense, con el que han
cerrado filas desde el primer momento para promover la escalada militar de la
OTAN ante la crisis abierta en torno a Ucrania. Un conflicto que nos obliga a
recuperar la memoria de los movimientos antiOTAN y antimilitarista de pasadas
décadas para emprender iniciativas capaces de frenar la amenaza real de
estallido de una guerra cuyas consecuencias serían desastrosas más allá de la
región directamente afectada.
Será frente al
ascenso de Vox y su creciente control de la agenda política, así como ante la
falta de voluntad del PSOE y su gobierno (UP se está convirtiendo en mero
espectador de su deriva al centro cada vez más patente) para romper con
los límites marcados por la Comisión Europea, la CEOE y las grandes
transnacionales, como habrá que recuperar fuerzas e ilusión que
demuestren que existe otro camino posible: el que han marcado la confluencia
entre organizaciones sindicales, sociales y políticas en la necesidad de ir más
allá de la no derogación de la reforma laboral de 2012; la reafirmación del
movimiento feminista en las calles ante el próximo 8 de marzo; la perseverante
lucha de diferentes colectivos en su defensa del derecho a una vivienda digna,
o campañas como la que se está emprendiendo ahora por una Iniciativa Popular
para una regulación extraordinaria de las personas extranjeras. Desde esos y
otros espacios en reconstrucción habrá que trabajar, con “lenta impaciencia”,
por reconstruir nuevos frentes comunes y polos políticos alternativos.
Notas
[1] Véase también artículo de Nuria Alabao en CTXT, 17/02/2022: “Tras la
guerra de bandas del PP…hay lo mismo”) https://ctxt.es/es/20220201/Firmas/38789/Nuria-Alabao-PP-Ayuso-Casado-lucha-interna-corrupcion.htm
[2] https://www.eldiario.es/contracorriente/ilegalizar-pp_132_8758203.html
[3] A propósito de esto, ha sido muy oportuna la publicación reciente del
libro, La Patria en la cartera, del juez Joaquim Bosch, ya que viene a
recordarnos cómo el legado de la corrupción sistémica de la dictadura
franquista no llegó a erradicarse durante la mitificada Transición y cómo, pese
a algunos éxitos judiciales, pervive en muchas instituciones, con la monarquía
como representación máxima, y en la sociedad.
[4] Me remito a los artículos de Luisa Martín Rojo y Laura Camargo
publicados recientemente en viento sur, 180, en donde
analizan la evolución discursiva tanto de Ayuso como de Pablo Casado.
Artículo publicado originalmente en Viento Sur.
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