Correos, una
emergencia social
Por Mario Murillo
Rebelion / España
23/02/2022
Fuentes: El Salto
Poco
se habla de lo que sucede en la empresa pública postal. A pesar del tremendo
deterioro de las condiciones laborales y del servicio que prestamos, parecemos
condenados a un silencio mediático y político casi absolutos.
Correos
se encuentra en mitad de un naufragio que amenaza con estrellar el barco contra
el acantilado. Actualmente, el capitán de la nave es Juan Manuel Serrano, pero
sus predecesores tripularon el barco en la misma dirección. Y esto es importante
decirlo, porque si erramos en el diagnóstico del problema, fallaremos en la
solución que queramos aplicarle.
Como
casi todas las situaciones complicadas, no se resuelven de forma sencilla. A
todos nos gustaría creer que para frenar la marcha de Correos hacia el
acantilado de la privatización, bastase con cambiar al presidente de turno. Sin
embargo, si repasamos el largo listado de dirigentes que hemos tenido y sus
acciones al frente de la empresa, resulta insostenible mantener esta premisa.
La
conversión de Correos en Sociedad Anónima Estatal (2001), la exclusión del
Estatuto Básico del Empleado Público (2007), la entrada en la SEPI (2012), la
pérdida de más de 15.000 empleos en lo que llevamos de siglo, la
“eventualización” de la plantilla o el predominio del negocio por encima del
servicio público que prestamos son solo algunas muestras que ponen de
manifiesto que el proceso de amazonización, ya existía mucho antes del señor
Serrano.
El
presidente actual, de lo que sin duda es responsable, es de impulsar y acelerar
todo este camino que nos aleja de lo público y nos adentra cada vez más en la
selva de la competencia privada. Juan Manuel Serrano es el protagonista de la
gestión nefasta de una empresa a la deriva, sin un plan estratégico (del que hace
ya meses que no hay noticias) que permita asegurar el futuro de Correos a largo
plazo, con lo que esto podría suponer tanto para la plantilla que lo
integramos, como para la ciudadanía y el país en su conjunto.
Un modelo llamado bancarrota
Ya
sea por inoperancia e incapacidad de los gestores o por un plan para deteriorar
deliberadamente Correos con el fin de entregarlo a las garras de los buitres
privados, lo cierto es que la realidad laboral se ha vuelto del todo
insoportable.
La
pérdida de clientes, el creciente volumen de negocio de la filial Correos
Exprés y el hecho de estar cada vez más sujetos a las fluctuaciones del mercado
y desarraigados de la Administración, se traduce en inestabilidad laboral e
incertidumbre, especialmente para la plantilla eventual que ha visto
drásticamente reducidas sus posibilidades de conseguir un contrato.
Mientras
los de arriba no articulan un proyecto empresarial que asegure nuestra
actividad a lo largo de los años, los de abajo padecemos su desastrosa gestión,
su delirio comercial y sus supuestas innovaciones y adaptaciones a los nuevos
tiempos.
Diariamente,
transfieren toda la presión hacia la plantilla. Pretenden que hagamos triunfar
iniciativas absurdas, alianzas comerciales sin futuro, que carguemos carros del
tamaño de un arcón y todo ello, sin personal ni herramientas suficientes.
Pongamos
algunos ejemplos. En las oficinas de Correos ya se pueden contratar ofertas de
luz y gas de Repsol o Endesa, se colabora en la promoción de seguros de Mapfre
y Caser, es posible realizar operaciones básicas del Banco Santander y, por
supuesto, se vende lotería los 365 días del año. El resultado está siendo una
tremenda presión sobre las plantillas de atención al público para la
consecución de objetivos comerciales, ejercida por toda la cadena de mando de
la red de oficinas.
Al
mismo tiempo, iniciativas que en verdad podrían ser útiles y sociales como
la “ventanilla única”, un punto de centralización
de gestiones asociadas a las diversas administraciones, quedan siempre en
segundo plano. Una gota de agua en mitad del desierto.
En
las unidades de reparto se está apostando por una remodelación de la
organización del trabajo que se parece mucho a la que tienen las empresas
privadas de paquetería y distribución. Pruebas piloto han sido iniciadas en
diversos lugares del país como Cantabria, Madrid, Vallés, León o Valencia,
entre otras, de manera unilateral por parte de la empresa, sin contar con la
representación sindical ni realizar evaluaciones previas de los riesgos
laborales que puede conllevar dicha remodelación.
La
reorganización consiste, de forma muy sintética, en reconvertir las secciones
de reparto unipersonales en sectores sin un titular concreto, con la paquetería
como eje de prioridad. Hoy, la situación de las carterías no es nada buena,
pues la inmensa mayoría no disponen del número suficiente de carteros para
tener cubiertas todas las secciones, lo que deriva en que las secciones sin
cubrir se reparten entre el resto de la plantilla, sobrecargando a los
trabajadores y obligándoles a realizar recorridos mucho más extensos,
aumentando así los riesgos psicosociales, las posibilidades de accidentes y
convirtiendo cada jornada en un martirio.
Tampoco
se salvan las Unidades de Servicios Especiales (reparto en furgoneta o moto),
donde aumenta la siniestralidad laboral, el estrés y la sensación de maltrato
laboral, trabajando incluso sin mobiliario básico (mesas) en algunos de estos
centros y con jornadas en las que de forma permanente se exigen objetivos
imposibles de cumplir.
En
base a esto, cualquiera llegaría a la conclusión lógica de cubrir adecuadamente
las unidades, aumentar la contratación y disponer del personal necesario para
dar un servicio de calidad. Cualquiera menos los directivos de Correos, que
parece que tienen prohibido invertir en personal y mejoras que hagan más
saludable el trabajo. Al contrario, pretenden instaurar el modelo privado que
ya conocemos de empresas como RD Post.
En
los centros de clasificación no estamos mucho mejor. El drástico recorte de
personal y la extensión de contratos a tiempo parcial, provocan que los
esfuerzos diarios sean extenuantes, trabajando siempre apremiados porque no
damos abasto, cargando peso de forma permanente, de aquí para allá toda la
jornada porque no hay gente suficiente para cubrir todos los puestos, siempre
bajo la atenta mirada de unas jefaturas intermedias cuyo número, paradójicamente,
no deja de aumentar.
Una
tendencia general de disminución de la plantilla que afecta desde los puestos
base mencionados a departamentos cruciales como el de reclamaciones, que por
supuesto, impactan de forma negativa sobre la calidad del trabajo.
En
todas las unidades nos encontramos con crecientes problemas de salud y con
denegaciones sistemáticas de permisos asociados al descanso. Un combo total de
precariedad que podría solucionarse con voluntad empresarial de cuidar lo
público y disminuir las cifras del paro en España.
Dejen hacer, dejen pasar
Conviene
recordar aquel eslogan liberal del siglo XVIII que en francés se escribe
“laissez faire, laissez passer”. Una oda a la total libertad del mercado, sin
interferencias estatales y de las instituciones públicas. Pues así lleva
funcionando Correos durante décadas y hay que denunciarlo a diferentes
niveles.
Dentro
de la empresa, las sucesivas directivas han podido operar cambios de todo tipo
y deteriorar las condiciones laborales y la calidad del servicio, con un
convenio colectivo de data de 2011. Mientras en muchas empresas se han vivido
fuertes tensiones en las negociaciones de nuevos convenios, porque la patronal
pretendía desregular condiciones, modificar acuerdos en detrimento de las
plantillas, etc., en Correos, con la misma “carta magna” se ha podido pasar la
apisonadora hasta dejar nuestros derechos maltrechos en la puerta de la mutua.
Un
convenio que contó con el beneplácito de la mayoría sindical (conformada por CC
OO, UGT, CSIF y Sindicato Libre), plagado de ambigüedades y que ha supuesto una
enorme transferencia de potestades a la parte empresarial, de las cuales se ha
valido para llevarnos hasta la situación actual. Conocer nuestro convenio
explica muchos de los agravios que sufrimos en la plantilla, como la falta de
control sobre la contratación y los procesos internos (concursos, reajustes,
bolsas de empleo, promoción interna…), la pérdida de poder adquisitivo (al no
disponer de una cláusula de revisión salarial como reivindicamos desde CGT) o
la supeditación de algunos derechos a las sagradas “necesidades del servicio y
la producción”.
La
lectura más evidente es que desniveló de forma abierta las relaciones laborales
en favor de la Directiva. Y de aquellos lodos, estos barros. En 2018,
cuando se firmó el Acuerdo Plurianual -por los mismos
sindicatos que el Convenio- se dejó pasar una oportunidad para haber conseguido
mejoras significativas. Pero ya conocemos la historia.
A
nivel externo, aun con una cronología que replica lo que ya hemos visto tantas
veces en empresas públicas que acabaron siendo desbrozadas por la SEPI para ser
puestas en manos privadas, existe una permisividad política y un silencio
mediático que han ayudado a que se pudiera aplicar esta hoja de ruta sin
mayores sobresaltos, a pesar de las movilizaciones y resistencias que hemos
protagonizado desde algunos sectores de la plantilla organizada.
Sin
ir más lejos, en estos momentos existen decenas de miles de personas agraviadas
por Correos por el escándalo de las bolsas de empleo eventual. Tras
inscribirse en el mes de febrero, y tener que esperar a septiembre para la
verificación de admitidos, el 15 de septiembre se detectó un error en la
contabilización de los méritos de muchos candidatos. La empresa, tras la
presión ejercida por los agraviados y la parte sindical, tuvo que abrir un
periodo extraordinario de reclamaciones (del 20 al 24 de septiembre). Desde
entonces, nada ha vuelto a saberse por más insistencia que ha habido de
candidatos y sindicatos, dejándoles en la estacada y sin hacer público, al
menos, un plazo para la publicación de los listados definitivos y el arranque
de las nuevas bolsas. Finalmente, hoy 23 de noviembre, se reúne la
Comisión de Empleo Central para abordar la publicación definitiva de las
bolsas. Dos meses después del fallido primer intento, durante los cuales los
afectados no han tenido comunicación alguna por parte de Correos acerca del
plazo de resolución y arranque de la contratación en base a los nuevos
listados.
No
muy diferente resulta lo ocurrido con el último examen realizado dentro del
proceso de consolidación de empleo, que tuvo lugar el pasado 12 de septiembre.
La convocatoria extraordinaria (para aquellas personas que por causas de fuerza
mayor no pudieron acudir en la cita original) se llevó a cabo un mes y medio
después, el 27 de octubre. Y para colmo, en ambas fechas ha habido que impugnar
preguntas, siendo especialmente grave el hecho de que en el segundo examen hubiera varias repetidas respecto
al primero. Tras acabar el periodo de reclamaciones, no han llegado más
noticias al respecto y se desconoce cuándo la empresa tiene intención de
finalizarlo con el ingreso de las personas que superen el proceso selectivo.
Imaginamos
que los principales medios de comunicación tienen mejores y más trascendentes
noticias de las que informar. Por desgracia, ésta es la tónica habitual en
Correos y otras empresas públicas. En nuestro caso, solo conseguimos saltar a
los grandes medios en los primeros meses de la pandemia y con grandes esfuerzos
para poder sortear el bloqueo. La directiva paga mucho dinero en campañas
publicitarias y marketing. Como suele decirse, “quien paga la orquesta elige la
música”.
Si el problema es social, también lo es político
Puesto
que prestamos un servicio público como el postal y jugamos un papel fundamental
en la vertebración de todo el estado, es imperdonable que no haya existido
actuación política para evitar llegar al punto donde nos encontramos. Tanto a
escala española como internacional, los servicios postales han sido destrozados
por la liberalización del sector.
Hace
poco tuve la oportunidad de participar en el II Foro Transnacional de
Alternativas a la Uberización celebrado en Bruselas. Un lugar de encuentro de
cientos de colectivos de medio mundo para mancomunar las ideas, las propuestas
y las acciones a desarrollar. Y un punto de presión para las instituciones
europeas que se encuentran elaborando una directiva en relación a la economía
de plataformas.
Lo
cierto es que la plantilla de Correos no guardamos un buen recuerdo de las
decisiones tomadas en Europa, pues la mencionada liberalización de los
servicios postales fue posible en la Unión Europea precisamente a partir de la
Directiva 2008/6/CE. El enésimo regalo al mercado privado.
Sin
embargo, quisimos estar presentes y participar para empujar a que la directiva
que se presente en los próximos meses sea en positivo para los trabajadores de
las plataformas. De ser así, no serán las personas empleadas en ellas las
únicas beneficiarias, sino que al garantizar derechos y regular condiciones, se
lucha contra el dumping laboral y se avanza socialmente.
Correos
no puede seguir como hasta ahora. El Gobierno tiene que tomar cartas en el
asunto, nunca mejor dicho. Hasta ahora, con Ejecutivos de diferente signo, se
ha permitido y favorecido un modelo que consiste, en resumidas cuentas, en el
transvase hacia lo privado de actividades que consideran rentables. Lo hemos
visto en muchos sectores y empresas y sabemos cómo acaba. Necesitamos apostar
por un modelo diametralmente opuesto, donde lo público sea el eje de nuestra
economía, donde los servicios que la ciudadanía necesita queden blindados y
también caminar hacia otros nuevos.
Nos
hallamos ante un camino difícil de revertir, pero no imposible. Correos puede
cumplir un papel de primer orden en España, como lo ha hecho durante siglos.
Necesitamos que sea así, no solo los trabajadores postales, sino la sociedad en
su conjunto. No se puede mirar para otro lado, ni tolerar que el señor Escrivá
siga actuando en nuestra contra, antes como jefe de los hombres de negro de la
AIReF y ahora desde el Ministerio.
Nos
estamos quedando sin tiempo para salvar Correos. La tarea recae sobre las
diferentes partes: la plantilla y las organizaciones sindicales hemos de exigir
un proyecto público de futuro con derechos y estabilidad laboral, así como el
Gobierno y las fuerzas políticas que sean partidarias de un país con un sector
público fuerte que garantice servicios de calidad para la ciudadanía. Hay que
actuar y hay que hacerlo ya: destituyan al Presidente Serrano, asignen a
Correos un papel central en la reconstrucción económica y social del país,
inclúyanos en el EBEP junto al resto de la Administración, integren las
filiales del Grupo (Nexea, Telecom y Correos Exprés) en la matriz y pongamos
todas las capacidades profesionales a trabajar para la gente.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/opinion/correos-una-emergencia-social
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