tercerainformación
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domingo, 24 de noviembre de 2019
LA IZQUIERDA, ¿Y A LOS 30 AÑOS RESUCITARÁ? DESDE LUEGO RESUCITAR TIENE QUE RESUCITAR
Traidores a la patria. Apuntes tras las elecciones del 10N
pasoalaizquierda
Hace 2 semana
Hace treinta años caía el Muro de Berlín. La noche del 9 al
10 de noviembre de 1989 marcó, simbólicamente, el fin de una experiencia
y de un mito: los del comunismo en tierras europeas. Con el derrumbe de
aquellas piedras se fue también, en una primera fase, una manera de
entender la vida social, un paradigma sociopolítico, una filosofía de
vida. En una segunda fase, como no podía ser de otra manera, se
debilitaron e incluso en algunos casos desaparecieron las antítesis de
aquel proyecto, los modelos políticos y sociales que dieron sentido a la
lucha contra el comunismo durante el periodo de la Guerra fría:
partidos socialcristianos, liberales e incluso socialdemócratas dejaron
su función predominante en sus respectivas sociedades y dieron paso a
nuevas formulaciones políticas que tenían poco que ver con el contraste
paradigmático “comunismo/social-liberalismo” de los treinta años gloriosos.
Tras la desaparición del comunismo, se le fue incorporando al modelo
liberal occidental, a lo largo de un lento proceso durante estos últimos
treinta años nada gloriosos, un conglomerado de representaciones
políticas heterogéneas, amorfas, mutantes y con señas de identidad
distintas y a la vez unívocas. Un capitalismo completamente cambiado y
transformado ha sido el ecosistema que ha provocado el nacimiento de una
heteróclita malla de formaciones populistas, nacionalistas,
independentistas, soberanistas que pueblan la geografía europea y ponen
en cuestión la estabilidad de sus sociedades, todavía sustentadas por
formaciones socialdemócratas, liberales o conservadoras.
Paradójicamente, o precisamente por ello, la crisis de este particular
Estado-Nación ha provocado el surgimiento de fuerzas nacionalistas
provenientes, a su vez, de la destrucción de los tradicionales lazos de
cohesión social y de identidad (de clase, de nación, de ideología)
resultados por un lado del sistema comunista y, por otro y
paralelamente, del sistema industrial fordista de las sociedades
capitalistas.
Este nuevo capitalismo, financiero, globalizado, invasivo,
digitalizado, ha terminado por destruir las viejas identidades sin crear
nuevas señas de identidad colectivas ni nuevas correas de seguridad.
Este innovador capitalismo es quizás el actor principal de toda esta
obra que dura más de dos décadas: ser rico, sin límites para apropiarse
de todo cuanto esté a su alcance, sea esto un startup, un
colegio o una demanda de salud. Estamos en un territorio de selva, sin
leyes consensuadas, sin referentes de ruta, con horizontes desconocidos.
Y el saldo de este estado colectivo de ánimo es preocupante: sociedades
indefensas, objetiva y subjetivamente, castigadas por la agresión de
poderes económicos conocidos y con nombre y apellido, y huérfanas de un
Estado paralizado y a su vez maniatado por deudas públicas equivalentes
al cien por cien de su PIB. Deuda que ha venido a constituirse en el
“sistema natural de financiación” de los Estados y que tiene atados a la
mayoría de los países del capitalismo avanzado: Francia (98%), Estados
Unidos (104%), Bélgica (102%), Singapur (113), Italia (132%), Portugal
(121%), Japón (234%). Concretamente, España tenía en 2007 una deuda del
35% de su PIB, hoy llega casi al 100%.Estamos, por tanto, en un momento
crítico donde la destrucción social se contrapesa con una reconstrucción
por la base y por la cúspide de nuevos dispositivos de (des)conexión
productiva, de (re)organización social y de (des)composición política.
En fin, un momento no precisamente dulce.
Este
nuevo capitalismo, financiero, globalizado, invasivo, digitalizado, ha
terminado por destruir las viejas identidades sin crear nuevas señas de
identidad colectivas ni nuevas correas de seguridad
2
En esta tesitura destructiva y reconstructiva, en España llevamos ya
cuatro elecciones generales a lo largo de cuatro años (2015-2019). Y sin
conseguir todavía los resultados que den una fórmula de estabilidad y
durabilidad al gobierno de los españoles. La crisis española de 2008,
concreción nacional de la internacional, se llevó por delante el
bipartidismo de nuestros peculiares treinta gloriosos, cuando
PSOE y PP se intercambiaban gobiernos nacionales, regionales,
diputaciones y ayuntamientos permitiendo en sus márgenes la existencia
de una pequeña fuerza de izquierda (IU) y de los dos polos referentes de
la cara nacionalista periférica del país (PNV y CiU).Estas segundas
elecciones de 2019 han demostrado que el bipartidismo se ha
debilitado,aunque no ha desaparecido. Ha perdido fuerza y capacidad de
absorción, pero los partidos que le dieron sentido no dejan de ser ejes
centrales de combinaciones parlamentarias [Gráfico 1].
Gráfico 1
Estas
segundas elecciones de 2019 han demostrado que el bipartidismo se ha
debilitado, aunque no ha desaparecido. Ha perdido fuerza y capacidad de
absorción, pero los partidos que le dieron sentido no dejan de ser ejes
centrales de combinaciones parlamentarias
Se ha confirmado: ni Unidas Podemos desbanca al PSOE ni C’s da el sorpasso
al PP. Aquel proyecto de los nuevos sujetos políticos nacidos en 2015
no ha tenido éxito: uno, Ciudadanos, casi ha desaparecido y el otro,
Podemos, pasa por aprietos. Aun perdiendo votos, y muchos, desde 2015
tanto PSOE como PP siguen siendo los bastiones de la correlación
izquierda/derecha, una correlación que por otra parte sigue estabilizada
[Gráfico 2]
Gráfico 2
3
El nacionalismo periférico –hay que distinguirlo del nacionalismo centralista–
abunda en siglas pero poco más: su incremento en votos populares es
mínimo y sigue estando desequilibrado frente a las opciones estatales
[Gráfico 3]. Hablamos de un conjunto de 650.000 votos en Euskadi, los
que reúnen PNV y Bildu de un total de electores de 1.183.000 votos, lo
que supone aproximadamente el 55 por ciento del voto vasco. Y en
Cataluña son 1.640.000 los votantes soberanistas (ERC, JxCat, CUP), que
suponen el 42,3 por ciento del voto expresado en Cataluña.En Galicia la
fuerza estrictamente nacionalista, el BNG, no llega a los 120.000 votos,
lo que supone el 8 por ciento del de esa comunidad. El voto en el País
vasco y en Cataluña sigue manifestando un alto porcentaje de voto
nacionalista o soberanista o independentista, pero con dos vectores
internos en tensión permanente: por un lado, la capacidad de hegemonía
del PNV en su país hay que compensarla con el otro sujeto soberanista
como es Bildu; y en Cataluña asistimos de nuevo al debate histórico
entre ex-convergentes y esquerras republicanas por ver quién hegemoniza
el procés. El otro vector sin duda es el de la diversidad,
complejidad o particularidad identitaria de las sociedades vasca y
catalana, manifestadas indefectiblemente desde 1977: son electorados
partidos por la mitad entre nacionalismo particularista e identidad
española. Son sociedades donde la coexistencia de identidades subjetivas
diferentes ha sido a la vez un modo de convivencia y una fuente de
conflictos, sin síntesis completa hasta el momento para que podamos
definirla como síntesis superadora del conflicto. Más bien en estos
momentos estamos en estado de conflictividad de esa cohabitación.
Gráfico 3
4
De los resultados estrictamente matemáticos, podemos deducir que la
mayoría de los partidos de ámbito estatal pierden y solo Vox gana.
Políticamente, sin embargo, puede que haya otros ganadores y otros
perdedores, cosa que veremos conforme avancen las semanas hacia la
previsible investidura de Pedro Sánchez con un gobierno de coalición
entre PSOE y UP.
De
los resultados estrictamente matemáticos, podemos deducir que la
mayoría de los partidos de ámbito estatal pierden y solo Vox gana.
Políticamente, sin embargo, puede que haya otros ganadores y otros
perdedores
Ahora bien, los resultados son malos para casi todas estas fuerzas
porque ninguna de las estatales, salvo Vox, se puede decir que gana
sensiblemente respecto a hace cuatro años. Ninguna fuerza política sale
de estas elecciones pudiendo decir que es la gran ganadora. Es el PSOE
sin duda el que, aun no cumpliendo ninguno de los objetivos que se marcó
en el verano, puede sacar mejores réditos de estas elecciones al poder
articular un gobierno bajo su guía. Y es UP quien estando septiembre a
punto de perder todas sus bazas ahora se encuentra, en el mapa de
correlaciones políticas, algo mejor que hace un año. Paradojas de la
política.
5
Detengámonos en el voto de Vox y en sus causas. Y tengamos cuidado
con la fácil comparación con los “populismos” de otros países, llámense
Liga en Italia, Rassemblement National en Francia o Alternative en
Alemania por ejemplo. Vox es a la vez un fenómeno con similitudes
europeas pero con raíces muy españolas. La propuesta del partido de
Abascal ha capturado una importante franja de voto de esos sectores
socioeconómicos que podemos decir que están influidos por la
«antipolítica»: es un voto del cabreo, de la protesta, del rechazo a un
sistema político y económico que castiga o margina a parte de sus
ciudadanos. Se parece, en ese sentido, a los «chalecos amarillos»
franceses, pero nada más. Por otra parte, el votante de Vox es un
votante que generalmente lo hizo en las anteriores elecciones al PP y
Ciudadanos, es un voto del campo de la derecha. Como se ha explicado en
diversos medios por distintos analistas, hay dos impulsos que han sido
determinantes para configurar ese desplazamiento del voto del bloque
PP/C’s hacia Vox. Esos dos desencadenantes habrían sido el de la llamada
«identidad nacional» agredida por la otra marca separatista catalana, y
el de la «presencia del extranjero» entre nosotros, extranjero que nos
quitaría a los españoles el trabajo, la vivienda, la protección del
estado. Ambas cuestiones están relacionadas entre sí y afectan al campo
de las subjetividades y de los valores más que al de los intereses
económicos como grupo social. En este sentido, el votante de Vox está
relacionado con ese voto social caracterizado por la sensación de
indefensión ante la potencia del impacto globalizador y transformador
del capitalismo. No es tanto el voto «españolista» en clave histórica de
raza o de franquismo sociológico –nuestro «fascismo español»– aunque
también lo sea en muchos casos, como un voto de protesta difusa y amorfa
ligada al deterioro de las condiciones de vida de capas medias
golpeadas por la inseguridad y el aumento de las desigualdades [ver Los orígenes del populismo. Estudio sobre un cisma político y social
en este mismo número de PI]. Vox por tanto es la expresión de un voto
simple, diáfano, de rechazo al sistema actual de convivencia, pero al
mismo tiempo aporta datos que hacen más compleja y dificultosa la
relación de las propuestas de una izquierda actual con el conjunto de
una sociedad disgregada y agredida.
Pasado el voto viene la acción política. ¿Cómo se va a actuar en
relación con un partido que propone, aun basándose artificiosamente en
ella, la derogación del cuerpo básico de la nuestra Constitución? No
otra cosa es la invitación que nos ha hecho Vox a eliminar el Estado de
las Autonomías y el rechazo precisamente del artículo primero de
nuestra CE: «España se constituye en un Estado social y democrático de
Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento
jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
político.» La presencia de Vox en el Congreso con 52 diputados es el
factor tóxico más agresivo de toda nuestra democracia en sus 42 años de
existencia. Hasta ahora, ese factor tóxico ha desarrollado una potente
capacidad de envenenar y pervertir a buena parte de la tradicional
derecha española: véanse especialmente los casos de Andalucía y
Comunidad de Madrid, donde la coalición de PP y C’s gobierna con el
apoyo necesario de Vox. La experiencia de Ciudadanos, convertido en
liebre del ascenso de Vox (Ernest Juliana dixit), es lo suficientemente
clarificadora como para plantearse qué gana y qué pierde el PP aliándose
con Vox. Hasta ahora el partido de Casado sigue jugando a las casitas
con el partido xenófobo creyendo que lo va a manejar sin darse cuenta
del riesgo sistémico que tiene para nuestra democracia–de la que también
forma parte desde su inicio el partido fundado por Fraga–cualquier
veleidad combinatoria con Vox. Pero, por la otra parte, queda pendiente
la reflexión de nuestra izquierda política a partir de esos 3.600.000
votos cosechados por Vox. ¿Es responsabilidad de esa izquierda –PSOE y
UP entre otros– que haya crecido aquel partido? ¿Tienen algo que ver los
errores, deficiencias, incapacidades y contradicciones de nuestros
exponentes progresistas que siguen hablando del dedo que señala la luna
en vez de fijarse en esta? Ha llegado seguramente la hora de análisis
más complejos y más allá de nuestro perímetro de salvación.
6
De todos los mapas y gráficos que han venido publicándose en estos
días postelectorales hay uno que me parece significativo. Es el que publicó el diario El País donde se recogen los resultados por municipio, coloreando el ganador [Gráfico 4].
Gráfico 4
De ese mapa se deduce una España organizada políticamente en torno a
las siguientes representaciones: 1) una nación con el PSOE asentado en
buena parte de su territorio, en el centro-sur, en el este levantino y
en el norte asturiano y aragonés; 2) otra España del centro-oeste donde
predomina el PP; 3) un centro metropolitano madrileño donde vence el PP
pero con impulso de Vox; 4) dos periferias nacionalistas, la primera en
Euskadi con el PNV-Bildu, según el territorio foral que sea, y en el
caso de Cataluña, ERC o Junts, con la salvedad de que en las zonas
litorales de este territorio, las más pobladas, y con la segunda
metrópolis de España, Barcelona, dominan la conjunción del PSC y
Comunes.
Ese mapa expresa bastante bien algunas de las actuales coyunturas y
expectativas de España como historia y como proyecto de sociedad.
Por un lado, nos encontramos con «dos Españas», no tanto en clave
ideológica como de nivel de desarrollo. Una, situada por encima del Ebro
y hacia el Este, con los ejes económicos vasco, catalán, el levante
valenciano y en menor medida el zaragozano, y lanzada a una carrera por
incorporarse a los nuevos y decisivos estadios de la nueva organización
económica global. Otra, de Madrid hacia abajo, con las tres regiones con
menos desarrollo del país, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura.
No
podemos descuidar la presencia de dos grandes polos poblacionales y
económicos que se constituyen en los ejes articuladores de una nueva
realidad global y de un conflicto territorial. Me refiero a la tensión
entre las dos metrópolis globales, Madrid y Barcelona
En segundo lugar, destacaría la configuración de «tres modelos
políticos de país»: una España territorial y electoralmente organizada
en torno a los dos grandes partidos de Estado, PP y PSOE, y que
respondería al sentido de «España como Nación»; y otra articulada en
torno a dos realidades culturales e históricas diversas, Euskadi y
Cataluña, con hegemonías relativas de sus formaciones nacionalistas. En
este diseño cartográfico se centra el presente debate sobre el modelo de
Estado y las cuestiones que de él se suscitan: ¿de la España de las
Autonomías a una España bilateralmente relacionada con País Vasco y
Cataluña? ¿Hacia una España federal que supere las Autonomías sin
eliminarlas y donde cada una de estas establezca su propia bilateralidad
con el Estado? ¿Son estas las preguntas pertinentes y acaso tenemos hoy
día las respuestas a las mismas?
Pero, en tercer lugar, no podemos descuidar la presencia de dos
grandes polos poblacionales y económicos que se constituyen en los ejes
articuladores de una nueva realidad global y de un conflicto
territorial. Me refiero a la tensión entre las dos metrópolis globales,
Madrid y Barcelona, tensión que según Jacint Jordana «han tomado un
enorme protagonismo en el marco de la globalización y cuyo crecimiento
en las últimas décadas ha tensionado, y mucho, las dinámicas políticas
tradicionales»1.
Más de 11 millones de españoles viven en Madrid o Barcelona, casi 1 de
cada 4 ciudadanos. Madrid es la segunda metrópolis europea y Barcelona
la cuarta y, como nos dice Jordana, «ambas forman parte de un grupo
reducido de ciudades, no más de una docena en Europa, donde circulan
recursos e información a gran velocidad, en un juego de dimensiones
planetarias»2.
En estos dos polos se ha concentrado históricamente el núcleo
fundamental de las elites económicas, financieras, culturales y
políticas del país, y el Estado de las Autonomías de 1978 no vino a
contrapesar esta tensión sino que, a partir de una obsesión
centralizadora de considerar “Madrid como centro y cúspide del Estado”,
posiblemente la ha aumentado.
De ahí la necesidad de repensar el conflicto territorial no en clave
historicista sino a la luz de los procesos modernizadores en marcha, las
dinámicas globalizadoras, las reconversiones tecnológicas y el contexto
europeo. En mi opinión, no existe una “deuda histórica” con las
naciones o nacionalidades periféricas, no hay que atribuir a las
actuales generaciones una pretendida deuda de reconocimiento que las
anteriores no pagaron. Más que a una resurrección de la querella
histórica hoy estamos ante un problema de recolocación de fuerzas
económicas, de reajustes sociales, productivos y tecnológicos, y de
respuesta de los grupos dirigentes territoriales y de otros componentes
sociales ante esos procesos.
7
La izquierda tiene una oportunidad a partir de este 10N. PSOE y UP
han reaccionado con presteza y habilidad tras haber fallado
estrepitosamente tres meses antes. Tienen ante sí el reto de conformar
un ejecutivo dispuesto a acometer –me parece muy exagerado el término
‘resolver’– los grandes desafíos que tiene esta sociedad en proceso de
profundas transformaciones. El primero de todos ellos es el de variar el
rumbo de la dirección que ha venido teniendo los procesos productivos y
del trabajo. No es nada fácil y necesitará, eliminando cualquier
tentación jacobina o autoritaria, del diálogo y el acuerdo de los
grandes agentes sociales –patronal y sindicatos– además de los
políticos. Un segundo eje se debe situar en la mejora y reforma del
estado de bienestar, especialmente de los dispositivos de protección
social, de la sanidad y de la enseñanza, ésta de nuevo en fase de
confrontación polémica dado el papel ultramontano de la patronal del
sector. Sería una insensatez que el gobierno que salga del preacuerdo
firmado el pasado día 12 de noviembre dedicase todas las energías a la
resolución –otra vez un término exagerado– del llamado ‘problema
territorial’. Es evidente que le debe prestar atención pero este solo
tendrá salida a partir de tres condiciones, hoy difícilmente hacederas:
la salida de los independentistas de su bucle autista, salida que
vendría marcada por la división en la aparente unidad entre ERC y JxCat;
la en cierto modo reconversión de un PP ‘aznarista’ hacia un modelo de
partido conservador que entienda la cuestión territorial española a la
luz de los tiempos actuales; y, finalmente, la capacidad de la izquierda
española –incluyendo a las izquierdas periféricas– por superar también
viejos esquemas y abrirse hacia una nueva vía federal, encaje que me
parece el más flexible para alcanzar alguna estabilidad duradera. Sin
esas tres condiciones será imposible cualquier reforma constitucional o
constituyente, único modo de avanzar hacia un modelo de Estado compuesto
adecuado.
La
izquierda tiene una oportunidad a partir de este 10N (…) Tiene ante sí
el reto de conformar un ejecutivo dispuesto a acometer –me parece muy
exagerado el término ‘resolver’– los grandes desafíos que tiene esta
sociedad en proceso de profundas transformaciones
Una coda
Ni sueño húmedo ni pesadilla. Lo que debemos pensar, tras los
funestos sucesos de julio y septiembre y tras el preacuerdo del 12N, es
que algo ha empezado a funcionar y que, más tarde que pronto, algunos se
han arremangado y puestos a la obra de tratar los problemas del país.
No sabemos hasta dónde va a llegar –caso de que obtenga el voto
favorable en la Cámara–este posible gobierno progresista; un gobierno
inédito en la historia política española desde noviembre de 1936 cuando,
por primera vez, se configuró, en plena guerra, uno de amplio acuerdo
republicano, incluidos socialistas, comunistas y anarquistas bajo la
presidencia de Largo Caballero. Este de 2019 sería un gobierno
denominado “progresista” que viene con una mochila poco esperanzadora,
más bien muy negativa en lo que se refiere a la cultura de diálogo y de
respeto entre las izquierdas. Algunos se van a tener que tragar las
palabras que durante estos últimos años pronunciaron en multitud de
foros y publicaciones. No voy a ser yo quien se las recuerde porque
ahora toca hablar del futuro, de los horizontes. Hay mucho que hacer y
por eso solo podemos sino manifestar nuestro escéptico optimismo, o
nuestro escepticismo optimista, ante este nuevo periodo que se abre en
la crónica política de un país atormentado y machadianamente complejo.
Finalizo con la provocación retórica que es una llamada a la
traición. Necesitamos traidores, dirigentes que sean capaces de
enfrentarse a las corrientes rutinarias de la política y provocar un
giro, enfrentarse a veces a sus propias bases corporativizadas y
seguidistas. Un cambio de rumbo que replantee la necesidad de un
proyecto capaz de abrir vías en esta selva social rompiendo viejos
esquemas, antiguos posicionamientos y planteamientos instalados en el
orden y la norma. Venimos oyendo hablar de que el procés necesita traidores, ese tipo de dirigente capaz de imprimir una vuelta de hoja y por ello susceptible de ser vilipendiado de botifler,
pero a quien los años posteriores le darán seguramente la razón. Pero,
¿no es menos verdad que nuestra izquierda española necesita también de botiflers,
impíos e iconoclastas? Incrédulos que, sin mirar lo que dirán los
medios de las 8 de la mañana ni los seguidores de Instagram, comiencen a
penetrar en terrenos donde lo único que les espera, seguramente, es el
peligro y la trampa pero que, a la vez, es el único medio para alcanzar
una tierra que merezca la pena. Como escribiera Eliot en su poema La tierra baldía:
«Aquí no hay agua solo roca/roca y no agua por un camino
arenoso/serpenteante sobre las montañas/que son montañas de rocas sin
agua…»3
En la costa gaditana, frente a Tánger, 17 de noviembre de 2019.
Javier Aristu. Ha sido profesor de Lengua y Literatura Española. Coordina el blog de opinión En Campo Abierto y es coeditor de Pasos a la izquierda.
NOTAS
1.- Jordana, Jacint. Barcelona, Madrid y el Estado. Los Libros de La Catarata, 2019. [^]
2.- Ibídem. [^]
3.- Agradezco las sugerencias de Antonio Sánchez López y Javier Tébar, que sin duda mejoraron el contenido. [^]
*++
GOBIERNO DE COALICIÓN PSOE/PODEMOS-UP. ¿QUÉ VOTAN LOS AFILIADOS?
Primero,
parece más que lógico y evidente, hay que saber el contenido concreto de lo que
se vota, porque no se vota lo que a cada cual le guste o espera, sino un
contenido concreto, que puede ser contrario a lo que a uno le pueda gustar o
desear.
Respecto de
quien conozca el contenido del acuerdo del gobierno entre el PSOE /PODEMOS-UP no
hay que decir lo que tiene que hacer, puesto que elegirá lo que le parezca
conveniente. Y acerca de quienes no conozcan ese contenido que, naturalmente
pueden hacer lo que mejor les parezca, simplemente hay que decir que no se
somete a votación el grado de simpatía o de valoración personal que cada uno tenga
de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Se podría
garantizar la formación del gobierno del PSOE sin participar directamente en el
mismo y con el mismo acuerdo programático.
Solamente el
riesgo de hacerse coparticipe de las acciones de gobierno de un partido como el
PSOE con todo su rastro de corruptelas y toda su participación directa en los
recortes de los derechos sociales, desde los gobiernos de Felipe González al
día de hoy, a mi juicio sería motivo sobradamente suficiente para no formar parte
de un gobierno de coalición con el mismo, insisto, existiendo formulas para
garantizar las mejoras de las clases trabajadoras que las que supuestamente lograría el gobierno de
coalición.
* * *
Tribuna viento
sur
Pensiones y
reformas laborales: inconsistencias en el acuerdo PSOE-UP
Mikel de la
Fuente
Vientosur
23.11.2019
Este artículo comenta las referencias al empleo y las
pensiones contenidas en el preacuerdo suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos
para formar un “gobierno progresista de coalición”, teniendo en cuenta no solo
las referencias a estos temas sino también la práctica pasada y presente del
PSOE. Llama la atención que ambos partidos basen las consultas a sus militantes
en un acuerdo de tan escasa concreción y ambigüedad y que, previsiblemente, va
a permitir al PSOE imponer sus puntos de vistas en las cuestiones clave.
Las propuestas sobre el empleo
En el apartado 1 del preacuerdo se asocia la
creación del empleo con la consolidación del crecimiento, lo que además de ser
contradictorio con la lucha contra el cambio climático y la transición
ecológica justa, del apartado 3, no prevé que la creación de empleo
también se debe realizar en situaciones de recesión y de decrecimiento productivo.
¿Cómo? Mediante la reducción del tiempo de trabajo y la garantía del empleo,
para lo que el Estado debe convertirse en empleador en último término y
garantizar un empleo decente a quienes lo pidan mediante la creación de empleo
en el sector público, como explica Michel
Husson. También se fija el objetivo de combatir la precariedad y
garantizar el empleo digno, estable y de calidad, pero sin relacionarlo con
ninguna medida sobre las últimas reformas laborales.
Estas últimas, tanto la del PSOE de 2010 (Ley 35/2010,
de 17 de septiembre) como la del PP de 2012 (Ley 3/2012, de 6 de julio), al
debilitar la posición de lxs trabajadorxs, priorizar los convenios de empresa
en relación con los sectoriales, reducir las indemnizaciones de despido y
aumentar las facultades empresariales en la organización del trabajo, han
contribuido a una importante reducción de los salarios, que se sigue dando a
pesar de la recuperación económica. El aumento del salario mínimo,
aunque merezca una valoración positiva, no basta para contrarrestar la caída
salarial, más aún si el aumento del año 2019 no se prolonga con otros nuevos
similares.
En esta materia, la posición del PSOE no permite el
optimismo, ya que para el combate contra la precariedad no solo no proponen la
derogación de su reforma de 2010, que inició la vía flexibilizadora
pro-patronal, sino que durante el tiempo que han ejercido el gobierno han
incumplido su compromiso de derogar la del PP. Se han limitado a anunciar -sin
cumplir- la anulación de los elementos más regresivos de la misma y a
prometer un nuevo Estatuto de los Trabajadores, del que no han concretado que
derechos introduciría. La nula voluntad del PSOE de mejorar sustancialmente la
regulación laboral se muestra, una vez más, con las declaraciones más recientes
de la Ministra de Economía, Nadia Calviño, negando que la indemnización por
despido de 20 días por año sea “particularmente baja” en relación con el
entorno; afirmación que es claramente falsa por cuanto que los 20 días se
aplican sobre salarios inferiores a la media de la mayoría de los Estados de la
Unión Europea y, en muchos casos, sobre duraciones muy reducidas por la
temporalidad y escasa duración de los contratos.
Las propuestas sobre pensiones
En el apartado 2 del acuerdo citado se incluye el
“Blindaje de las pensiones de nuestros mayores: asegurar la sostenibilidad del
sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida”.
La inclusión del objetivo de la sostenibilidad se presta a legítimas sospechas,
debido a que es un término que se viene utilizando de forma señalada en los
informes sobre pensiones de la Comisión Europea para alcanzar el equilibrio
financiero entre ingresos y gastos, no mediante el incremento de los ingresos,
sino mediante la reducción de los gastos a través de recortes en la cuantía y
acceso a las pensiones. Uno de los elementos a los que asigna la tarea de
reducir las pensiones, en este caso las pensiones iniciales de jubilación,
incorpora en su nombre la palabreja: es el llamado Factor de Sostenibilidad,
que tiene la función de rebajar la cuantía de las pensiones iniciales a medida
que aumente la esperanza de vida media.
Las movilizaciones sostenidas de las personas
pensionistas, especialmente en Euskale Herria, están dando lugar a que entre
algunas fundacionesneoliberales (p. ej. Fedea) estén reorientando sus
propuestas de reducción de las pensiones públicas de reparto y abrir el espacio
a las privadas de capitalización, pasando a aceptar, a regañadientes, la
revalorización conforme al IPC, al menos para una parte de las pensiones.
Además, piensan que siempre será posible suspenderla cuando “haga falta”.
La nueva orientación insiste más bien en el recorte de
las pensiones iniciales, tarea que ya está en marcha con las reformas aprobadas
-como veremos a continuación-, pero que debiera profundizarse con nuevas
medidas, entre ellas un factor de sostenibilidad (sea el que está en suspenso o
uno nuevo), que pudiera basarse no en la esperanza de vida sino en el
crecimiento económico (como, por ejemplo, en Suecia, que reduce las pensiones
cuando el crecimiento del PIB sea inferior al 1,6%).
El PSOE sintoniza con esa orientación, como se mostró
en el discurso de investidura de julio del 2019, cuando Pedro Sánchez se
pronunció a favor, no de la derogación del factor de sostenibilidad, sino de su
“reformulación” en el marco del Pacto de Toledo. Otra variante es la del Banco
de España cuando propone que el aumento de la esperanza media de vida vaya
acompañada de un aumento de la edad de jubilación, enlazando con propuestas de
organizaciones patronales de aumentarla a los 70 o incluso 75 años (CEOE y
Círculo de Empresarios, respectivamente).
El PSOE ha reiterado en las últimas campañas
electorales su compromiso de derogar la reforma de las pensiones del PP
de 2013 (Ley 23/2013, de 23 de diciembre), que incluye la revalorización del
0,25% y el Factor de Sostenibilidad, pero no ha dicho nada sobre la reforma de
2011 (ley 27/2011, de 1 de agosto), bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero, que
además de aumentar la edad de jubilación, programó una reducción sostenida de
las pensiones iniciales mediante fórmulas tales como, entre otras muchas, el
aumento del período de cálculo y del período de cotización necesario para
alcanzar una tasa del 100%. El objetivo de “garantizar la seguridad, la
independencia y la libertad de las mujeres”, a través de la lucha por “…la
igualdad retributiva…”, no incluye la superación de la brecha de pensiones que
se concreta en que las pensiones de las mujeres son inferiores a las de los
hombres en más de un 35%, brecha mucho más elevada que la salarial. A esa
brecha han contribuido, además de los menores salarios y carreras profesionales
con más interrupciones, varias de las medidas de la reforma de 2011. Su
erradicación exige medidas que he analizado aquí.
En uno de los colectivos que sufre más intensamente la
discriminación laboral y de protección social, las trabajadoras de hogar, el
gobierno del PSOE ha mantenido una legislación que contribuye, además de otros
derechos restringidos en muchas materias laborales y de protección social, a
mantener pensiones de miseria. Por si fuera poco, la práctica administrativa de
la Tesorería de la Seguridad Social, dependiente del gobierno, ha reforzado más
esa política a través de una práctica ilegal de mantener cotizaciones por
debajo del nuevo salario mínimo, tal como ha explicado con detalle Isabel
Otxoa.
El aumento del gasto en pensiones de estos últimos
años se debe al aumento del número de pensionistas y a la mayor cuantía de las
pensiones nuevas en relación con las que causan baja por fallecimiento. Sin
embargo, desde el año 2015 la cuantía de las pensiones nuevas de jubilación e
incapacidad permanente está siendo inferior a la de los años anteriores,
rompiendo así una trayectoria ininterrumpida de aumento anual de las pensiones
medias. Las causas de ello se deben a los bajos salarios y los recortes
provenientes de la reforma del 2011, cuyos efectos son más intensos con el paso
del tiempo y que el PSOE quiere mantener, posición facilitada por haber sido
firmada por Comisiones Obreras y UGT.
En el preacuerdo no se hace ninguna referencia al
aumento de los recursos necesarios para hacer frente al aumento del gasto
derivado del acceso a la pensión en los próximos años de las generaciones más
numerosas del baby-boom y de las mejoras reclamadas por el movimiento de
pensionistas en materia de aumento de las pensiones mínimas y otras. Un acto de
justicia sería devolver al sistema de pensiones los excesos de las cotizaciones
sociales sobre el gasto de la seguridad social entre 1980 y 1995 y que se
destinaron a financiar servicios públicos universales, como la sanidad, que
debieran haber ido a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
Un estudio de Comisiones Obreras de 2018 estimó el
importe actualizado de esas diferencias en 516.104 millones de euros, que
deberían ser reintegrados a la caja de la seguridad social, que de ese modo
podría hacer frente al aumento del gasto. Ello exigiría dedicar a ese reembolso
recursos anuales en los Presupuestos Generales del Estado, lo que choca con el
preacuerdo cuando asume el “equilibrio presupuestario” impuesto por la Unión
Europea. En las declaraciones de Pedro Sánchez se fija ese límite para tranquilizar
a los poderes económicos, sin por supuesto cuestionar la prioridad al pago de
la deuda pública que dispone el art. 135 de la Constitución. Se deja en la
absoluta ambigüedad el alcance que va a tener la “reforma fiscal justa y
progresiva”, para disponer de los recursos necesarios para ese objetivo de
mejora y garantía de las pensiones y otros elementos de la política contra la
pobreza y la desigualdad. De momento, los antecedentes en esta materia son
también negativos, como por ejemplo el incumplimiento del prometido impuesto a
la banca para compensar los 65 mil millones del rescate bancario.
Así pues, del contenido del preacuerdo se desprende la
muy escasa capacidad que puede tener la gestión gubernamental para cambiar la
dura realidad en la que vive una parte creciente de la población trabajadora y
pensionista; y muestra la inanidad de las declaraciones de Pablo Iglesias
cuando en su carta a los militantes para explicar el acuerdo con el PSOE dice
que “el objetivo con el que nacimos [fue]: mejorar la vida de la gente desde el
Gobierno de nuestro país”, recordando el esfuerzo de los militantes, no en las
movilizaciones sino en “defender a Podemos”. Y también cuando en varias
entrevistas ha insistido sobre los grandes cambios que se pueden realizar desde
los gobiernos para la mayoría y lo poco que puede hacer el movimiento social.
Los precedentes internacionales niegan esas
afirmaciones. Ahí está el ejemplo de las enormes movilizaciones en Chile que
han arrancado el compromiso de anulación de la Constitución pinochetista, que
como señaló la CUT (principal organización sindical) antes de las elecciones
presidenciales de 2010, con la priorización de la propiedad privada en relación
con otros derechos sociales, impide el traspaso hacia el Estado de los fondos
de las pensiones privadas. Esta exigencia de republificación de las pensiones
privadas ha sido una de las reivindicaciones de las actuales movilizaciones. En
el Estado español, el movimiento pensionista, que con sus movilizaciones
tenaces y sostenidas ha logrado dejar en suspenso las medidas de la reforma del
2013 y que no cesa en la exigencia de medidas no solo para lxs actuales
pensionistas sino para las y los trabajadores y futuros pensionistas, es una
muestra de la capacidad de los movimientos sociales que se dan los medios para
ello para lograr conquistas, aunque ya se sabe que en el capitalismo neoliberal
las conquistas, para no ser eliminadas, deben ser defendidas y ampliadas de
forma permanente. Como se corea en las manifestaciones, “gobierne quien
gobierne, las pensiones se defienden”. Añadiría que no solo las pensiones sino
todos los derechos sociales y democráticos.
23/11/2019
Mikel de la Fuente, forma parte de la redacción de viento sur
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RELATO DE MIL CARACTERES DE UNA SERIE DE 1.000 RELATOS
EL UNIVERSO DE JUANITO
Juanito de
niño, hacia de eso muchos años: treinta, cuarenta, cincuenta o más, jugaba como
jugaban entonces los niños en su pueblo: a tractores, cogiendo una tapadera de
cacerola entre las manos, convirtiéndola con el mágico poder de la imaginación
en el volante del tractor, y corría tras ella acompañado por el ruido del motor
que simulaba con la boca: ¡ruúmm, ruúmm, ruúmm! Y así recorría una y otra vez
todo el contorno del pueblo que para él constituía todo el universo.
Cuando dejó
de ser niño y sin saber cómo, se halló en la cima de una de las montañas que
circundaba el pueblo, y desde aquella altura descubrió que el universo era
infinitamente más ancho y extenso de lo que él había visto. Vio muchas más
cumbres, algunas borrosas, muy lejos, otras más cercanas y monumentales,
valles, acantilados, ríos y vaguadas, caminos y senderos.
Ante aquel
inédito universo misterioso que se extendía bajo sus pies y que ni siquiera era
capaz de abarcar con la vista, primero sintió asombro y extrañeza, y después
miedo, un miedo espantoso que le hizo temblar.
Bajó
tembloroso y cargado de miedos de aquella cima que le hacía intuir que el mundo
era muchísimo más de lo conocido por él, pero no quiso salir de lo que le era
conocido y familiar.
Desde
entonces Juanito hace los mismos recorridos que hacía de niño, de una a otra
punta del pueblo, pero triste y cabizbajo, con pasos lentos, pesados, porque ya
no es un niño para seguir jugando a tractores con la tapa de cacerola.
*
* *
Manuel
Sogas Cotano
Zaragoza
17 Agosto 2005
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