domingo, 24 de noviembre de 2019

MÁS ERES TÚ "SO" FACHA: MÁS ERESTÚ "SO" ROJO


tercerainformación

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LA IZQUIERDA, ¿Y A LOS 30 AÑOS RESUCITARÁ? DESDE LUEGO RESUCITAR TIENE QUE RESUCITAR


Traidores a la patria. Apuntes tras las elecciones del 10N

Por JAVIER ARISTU
pasoalaizquierda
Hace 2 semana

Street scene Kingwood West Virginia-Walker Evans 1935 [Library of Congress, Prints & Photographs Division, FSA-OWI Collection]
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Hace treinta años caía el Muro de Berlín. La noche del 9 al 10 de noviembre de 1989 marcó, simbólicamente, el fin de una experiencia y de un mito: los del comunismo en tierras europeas. Con el derrumbe de aquellas piedras se fue también, en una primera fase, una manera de entender la vida social, un paradigma sociopolítico, una filosofía de vida. En una segunda fase, como no podía ser de otra manera, se debilitaron e incluso en algunos casos desaparecieron las antítesis de aquel proyecto, los modelos políticos y sociales que dieron sentido a la lucha contra el comunismo durante el periodo de la Guerra fría: partidos socialcristianos, liberales e incluso socialdemócratas dejaron su función predominante en sus respectivas sociedades y dieron paso a nuevas formulaciones políticas que tenían poco que ver con el contraste paradigmático “comunismo/social-liberalismo” de los treinta años gloriosos

Tras la desaparición del comunismo, se le fue incorporando al modelo liberal occidental, a lo largo de un lento proceso durante estos últimos treinta años nada gloriosos, un conglomerado de representaciones políticas heterogéneas, amorfas, mutantes y con señas de identidad distintas y a la vez unívocas. Un capitalismo completamente cambiado y transformado ha sido el ecosistema que ha provocado el nacimiento de una heteróclita malla de formaciones populistas, nacionalistas, independentistas, soberanistas que pueblan la geografía europea y ponen en cuestión la estabilidad de sus sociedades, todavía sustentadas por formaciones socialdemócratas, liberales o conservadoras. Paradójicamente, o precisamente por ello, la crisis de este particular Estado-Nación ha provocado el surgimiento de fuerzas nacionalistas provenientes, a su vez, de la destrucción de los tradicionales lazos de cohesión social y de identidad (de clase, de nación, de ideología) resultados por un lado del sistema comunista y, por otro y paralelamente, del sistema industrial fordista de las sociedades capitalistas.

Este nuevo capitalismo, financiero, globalizado, invasivo, digitalizado, ha terminado por destruir las viejas identidades sin crear nuevas señas de identidad colectivas ni nuevas correas de seguridad. Este innovador capitalismo es quizás el actor principal de toda esta obra que dura más de dos décadas: ser rico, sin límites para apropiarse de todo cuanto esté a su alcance, sea esto un startup, un colegio o una demanda de salud. Estamos en un territorio de selva, sin leyes consensuadas, sin referentes de ruta, con horizontes desconocidos. Y el saldo de este estado colectivo de ánimo es preocupante: sociedades indefensas, objetiva y subjetivamente, castigadas por la agresión de poderes económicos conocidos y con nombre y apellido, y huérfanas de un Estado paralizado y a su vez maniatado por deudas públicas equivalentes al cien por cien de su PIB. Deuda que ha venido a constituirse en el “sistema natural de financiación” de los Estados y que tiene atados a la mayoría de los países del capitalismo avanzado: Francia (98%), Estados Unidos (104%), Bélgica (102%), Singapur (113), Italia (132%), Portugal (121%), Japón (234%). Concretamente, España tenía en 2007 una deuda del 35% de su PIB, hoy llega casi al 100%.Estamos, por tanto, en un momento crítico donde la destrucción social se contrapesa con una reconstrucción por la base y por la cúspide de nuevos dispositivos de (des)conexión productiva, de (re)organización social y de (des)composición política. En fin, un momento no precisamente dulce.

Este nuevo capitalismo, financiero, globalizado, invasivo, digitalizado, ha terminado por destruir las viejas identidades sin crear nuevas señas de identidad colectivas ni nuevas correas de seguridad

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En esta tesitura destructiva y reconstructiva, en España llevamos ya cuatro elecciones generales a lo largo de cuatro años (2015-2019). Y sin conseguir todavía los resultados que den una fórmula de estabilidad y durabilidad al gobierno de los españoles. La crisis española de 2008, concreción nacional de la internacional, se llevó por delante el bipartidismo de nuestros peculiares treinta gloriosos, cuando PSOE y PP se intercambiaban gobiernos nacionales, regionales, diputaciones y ayuntamientos permitiendo en sus márgenes la existencia de una pequeña fuerza de izquierda (IU) y de los dos polos referentes de la cara nacionalista periférica del país (PNV y CiU).Estas segundas elecciones de 2019 han demostrado que el bipartidismo se ha debilitado,aunque no ha desaparecido. Ha perdido fuerza y capacidad de absorción, pero los partidos que le dieron sentido no dejan de ser ejes centrales de combinaciones parlamentarias [Gráfico 1].


Gráfico 1

Estas segundas elecciones de 2019 han demostrado que el bipartidismo se ha debilitado, aunque no ha desaparecido. Ha perdido fuerza y capacidad de absorción, pero los partidos que le dieron sentido no dejan de ser ejes centrales de combinaciones parlamentarias

Se ha confirmado: ni Unidas Podemos desbanca al PSOE ni C’s da el sorpasso al PP. Aquel proyecto de los nuevos sujetos políticos nacidos en 2015 no ha tenido éxito: uno, Ciudadanos, casi ha desaparecido y el otro, Podemos, pasa por aprietos. Aun perdiendo votos, y muchos, desde 2015 tanto PSOE como PP siguen siendo los bastiones de la correlación izquierda/derecha, una correlación que por otra parte sigue estabilizada [Gráfico 2]


Gráfico 2

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El nacionalismo periférico –hay que distinguirlo del nacionalismo centralista– abunda en siglas pero poco más: su incremento en votos populares es mínimo y sigue estando desequilibrado frente a las opciones estatales [Gráfico 3]. Hablamos de un conjunto de 650.000 votos en Euskadi, los que reúnen PNV y Bildu de un total de electores de 1.183.000 votos, lo que supone aproximadamente el 55 por ciento del voto vasco. Y en Cataluña son 1.640.000 los votantes soberanistas (ERC, JxCat, CUP), que suponen el 42,3 por ciento del voto expresado en Cataluña.En Galicia la fuerza estrictamente nacionalista, el BNG, no llega a los 120.000 votos, lo que supone el 8 por ciento del de esa comunidad. El voto en el País vasco y en Cataluña sigue manifestando un alto porcentaje de voto nacionalista o soberanista o independentista, pero con dos vectores internos en tensión permanente: por un lado, la capacidad de hegemonía del PNV en su país hay que compensarla con el otro sujeto soberanista como es Bildu; y en Cataluña asistimos de nuevo al debate histórico entre ex-convergentes y esquerras republicanas por ver quién hegemoniza el procés. El otro vector sin duda es el de la diversidad, complejidad o particularidad identitaria de las sociedades vasca y catalana, manifestadas indefectiblemente desde 1977: son electorados partidos por la mitad entre nacionalismo particularista e identidad española. Son sociedades donde la coexistencia de identidades subjetivas diferentes ha sido a la vez un modo de convivencia y una fuente de conflictos, sin síntesis completa hasta el momento para que podamos definirla como síntesis superadora del conflicto. Más bien en estos momentos estamos en estado de conflictividad de esa cohabitación.


Gráfico 3

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De los resultados estrictamente matemáticos, podemos deducir que la mayoría de los partidos de ámbito estatal pierden y solo Vox gana. Políticamente, sin embargo, puede que haya otros ganadores y otros perdedores, cosa que veremos conforme avancen las semanas hacia la previsible investidura de Pedro Sánchez con un gobierno de coalición entre PSOE y UP.


De los resultados estrictamente matemáticos, podemos deducir que la mayoría de los partidos de ámbito estatal pierden y solo Vox gana. Políticamente, sin embargo, puede que haya otros ganadores y otros perdedores

Ahora bien, los resultados son malos para casi todas estas fuerzas porque ninguna de las estatales, salvo Vox, se puede decir que gana sensiblemente respecto a hace cuatro años. Ninguna fuerza política sale de estas elecciones pudiendo decir que es la gran ganadora. Es el PSOE sin duda el que, aun no cumpliendo ninguno de los objetivos que se marcó en el verano, puede sacar mejores réditos de estas elecciones al poder articular un gobierno bajo su guía. Y es UP quien estando septiembre a punto de perder todas sus bazas ahora se encuentra, en el mapa de correlaciones políticas, algo mejor que hace un año. Paradojas de la política.

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Detengámonos en el voto de Vox y en sus causas. Y tengamos cuidado con la fácil comparación con los “populismos” de otros países, llámense Liga en Italia, Rassemblement National en Francia o Alternative en Alemania por ejemplo. Vox es a la vez un fenómeno con similitudes europeas pero con raíces muy españolas. La propuesta del partido de Abascal ha capturado una importante franja de voto de esos sectores socioeconómicos que podemos decir que están influidos por la «antipolítica»: es un voto del cabreo, de la protesta, del rechazo a un sistema político y económico que castiga o margina a parte de sus ciudadanos. Se parece, en ese sentido, a los «chalecos amarillos» franceses, pero nada más. Por otra parte, el votante de Vox es un votante que generalmente lo hizo en las anteriores elecciones al PP y Ciudadanos, es un voto del campo de la derecha. Como se ha explicado en diversos medios por distintos analistas, hay dos impulsos que han sido determinantes para configurar ese desplazamiento del voto del bloque PP/C’s hacia Vox. Esos dos desencadenantes habrían sido el de la llamada «identidad nacional» agredida por la otra marca separatista catalana, y el de la «presencia del extranjero» entre nosotros, extranjero que nos quitaría a los españoles el trabajo, la vivienda, la protección del estado. Ambas cuestiones están relacionadas entre sí y afectan al campo de las subjetividades y de los valores más que al de los intereses económicos como grupo social. En este sentido, el votante de Vox está relacionado con ese voto social caracterizado por la sensación de indefensión ante la potencia del impacto globalizador y transformador del capitalismo. No es tanto el voto «españolista» en clave histórica de raza o de franquismo sociológico –nuestro «fascismo español»– aunque también lo sea en muchos casos, como un voto de protesta difusa y amorfa ligada al deterioro de las condiciones de vida de capas medias golpeadas por la inseguridad y el aumento de las desigualdades [ver Los orígenes del populismo. Estudio sobre un cisma político y social en este mismo número de PI]. Vox por tanto es la expresión de un voto simple, diáfano, de rechazo al sistema actual de convivencia, pero al mismo tiempo aporta datos que hacen más compleja y dificultosa la relación de las propuestas de una izquierda actual con el conjunto de una sociedad disgregada y agredida.

Pasado el voto viene la acción política. ¿Cómo se va a actuar en relación con un partido que propone, aun basándose artificiosamente en ella, la derogación del cuerpo básico de la nuestra Constitución? No otra cosa es la invitación que nos ha hecho Vox a eliminar el Estado de las Autonomías y el rechazo precisamente del artículo primero de  nuestra CE: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.» La presencia de Vox en el Congreso con 52 diputados es el factor tóxico más agresivo de toda nuestra democracia en sus 42 años de existencia. Hasta ahora, ese factor tóxico ha desarrollado una potente capacidad de envenenar y pervertir a buena parte de la tradicional derecha española: véanse especialmente los casos de Andalucía y Comunidad de Madrid, donde la coalición de PP y C’s gobierna con el apoyo necesario de Vox. La experiencia de Ciudadanos, convertido en liebre del ascenso de Vox (Ernest Juliana dixit), es lo suficientemente clarificadora como para plantearse qué gana y qué pierde el PP aliándose con Vox. Hasta ahora el partido de Casado sigue jugando a las casitas con el partido xenófobo creyendo que lo va a manejar sin darse cuenta del riesgo sistémico que tiene para nuestra democracia–de la que también forma parte desde su inicio el partido fundado por Fraga–cualquier veleidad combinatoria con Vox. Pero, por la otra parte, queda pendiente la reflexión de nuestra izquierda política a partir de esos 3.600.000 votos cosechados por Vox. ¿Es responsabilidad de esa izquierda –PSOE y UP entre otros– que haya crecido aquel partido? ¿Tienen algo que ver los errores, deficiencias, incapacidades y contradicciones de nuestros exponentes progresistas que siguen hablando del dedo que señala la luna en vez de fijarse en esta? Ha llegado seguramente la hora de análisis más complejos y más allá de nuestro perímetro de salvación.

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De todos los mapas y gráficos que han venido publicándose en estos días postelectorales hay uno que me parece significativo. Es el que publicó el diario El País donde se recogen los resultados por municipio, coloreando el ganador [Gráfico 4].



Gráfico 4
De ese mapa se deduce una España organizada políticamente en torno a las siguientes representaciones: 1) una nación con el PSOE asentado en buena parte de su territorio, en el centro-sur, en el este levantino y en el norte asturiano y aragonés; 2) otra España del centro-oeste donde predomina el PP; 3) un centro metropolitano madrileño donde vence el PP pero con impulso de Vox; 4) dos periferias nacionalistas, la primera en Euskadi con el PNV-Bildu, según el territorio foral que sea, y en el caso de Cataluña, ERC o Junts, con la salvedad de que en las zonas litorales de este territorio, las más pobladas, y con la segunda metrópolis de España, Barcelona, dominan la conjunción del PSC y Comunes.

Ese mapa expresa bastante bien algunas de las actuales coyunturas y expectativas de España como historia y como proyecto de sociedad.

Por un lado, nos encontramos con «dos Españas», no tanto en clave ideológica como de nivel de desarrollo. Una, situada por encima del Ebro y hacia el Este, con los ejes económicos vasco, catalán, el levante valenciano y en menor medida el zaragozano, y lanzada a una carrera por incorporarse a los nuevos y decisivos estadios de la nueva organización económica global. Otra, de Madrid hacia abajo, con las tres regiones con menos desarrollo del país, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura.

No podemos descuidar la presencia de dos grandes polos poblacionales y económicos que se constituyen en los ejes articuladores de una nueva realidad global y de un conflicto territorial. Me refiero a la tensión entre las dos metrópolis globales, Madrid y Barcelona

En segundo lugar, destacaría la configuración de «tres modelos políticos de país»: una España territorial y electoralmente organizada en torno a los dos grandes partidos de Estado, PP y PSOE, y que respondería al sentido de «España como Nación»; y otra articulada en torno a dos realidades culturales e históricas diversas, Euskadi y Cataluña, con hegemonías relativas de sus formaciones nacionalistas. En este diseño cartográfico se centra el presente debate sobre el modelo de Estado y las cuestiones que de él se suscitan: ¿de la España de las Autonomías a una España bilateralmente relacionada con País Vasco y Cataluña? ¿Hacia una España federal que supere las Autonomías sin eliminarlas y donde cada una de estas establezca su propia bilateralidad con el Estado? ¿Son estas las preguntas pertinentes y acaso tenemos hoy día las respuestas a las mismas?

Pero, en tercer lugar, no podemos descuidar la presencia de dos grandes polos poblacionales y económicos que se constituyen en los ejes articuladores de una nueva realidad global y de un conflicto territorial. Me refiero a la tensión entre las dos metrópolis globales, Madrid y Barcelona, tensión que según Jacint Jordana «han tomado un enorme protagonismo en el marco de la globalización y cuyo crecimiento en las últimas décadas ha tensionado, y mucho, las dinámicas políticas tradicionales»1. Más de 11 millones de españoles viven en Madrid o Barcelona, casi 1 de cada 4 ciudadanos. Madrid es la segunda metrópolis europea y Barcelona la cuarta y, como nos dice Jordana, «ambas forman parte de un grupo reducido de ciudades, no más de una docena en Europa, donde circulan recursos e información a gran velocidad, en un juego de dimensiones planetarias»2. En estos dos polos se ha concentrado históricamente el núcleo fundamental de las elites económicas, financieras, culturales y políticas del país, y el Estado de las Autonomías de 1978 no vino a contrapesar esta tensión sino que, a partir de una obsesión centralizadora de considerar “Madrid como centro y cúspide del Estado”, posiblemente la ha aumentado.

De ahí la necesidad de repensar el conflicto territorial no en clave historicista sino a la luz de los procesos modernizadores en marcha, las dinámicas globalizadoras, las reconversiones tecnológicas y el contexto europeo. En mi opinión, no existe una “deuda histórica” con las naciones o nacionalidades periféricas, no hay que atribuir a las actuales generaciones una pretendida deuda de reconocimiento que las anteriores no pagaron. Más que a una resurrección de la querella histórica hoy estamos ante un problema de recolocación de fuerzas económicas, de reajustes sociales, productivos y tecnológicos, y de respuesta de los grupos dirigentes territoriales y de otros componentes sociales ante esos procesos.

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La izquierda tiene una oportunidad a partir de este 10N. PSOE y UP han reaccionado con presteza y habilidad tras haber fallado estrepitosamente tres meses antes. Tienen ante sí el reto de conformar un ejecutivo dispuesto a acometer –me parece muy exagerado el término ‘resolver’– los grandes desafíos que tiene esta sociedad en proceso de profundas transformaciones. El primero de todos ellos es el de variar el rumbo de la dirección que ha venido teniendo los procesos productivos y del trabajo. No es nada fácil y necesitará, eliminando cualquier tentación jacobina o autoritaria, del diálogo y el acuerdo de los grandes agentes sociales –patronal y sindicatos– además de los políticos. Un segundo eje se debe situar en la mejora y reforma del estado de bienestar, especialmente de los dispositivos de protección social, de la sanidad y de la enseñanza, ésta de nuevo en fase de confrontación polémica dado el papel ultramontano de la patronal del sector. Sería una insensatez que el gobierno que salga del preacuerdo firmado el pasado día 12 de noviembre dedicase todas las energías a la resolución –otra vez un término exagerado– del llamado ‘problema territorial’. Es evidente que le debe prestar atención pero este solo tendrá salida a partir de tres condiciones, hoy difícilmente hacederas: la salida de los independentistas de su bucle autista, salida que vendría marcada por la división en la aparente unidad entre ERC y JxCat; la en cierto modo reconversión de un PP ‘aznarista’ hacia un modelo de partido conservador que entienda la cuestión territorial española a la luz de los tiempos actuales; y, finalmente, la capacidad de la izquierda española –incluyendo a las izquierdas periféricas– por superar también viejos esquemas y abrirse hacia una nueva vía federal, encaje que me parece el más flexible para alcanzar alguna estabilidad duradera. Sin esas tres condiciones será imposible cualquier reforma constitucional o constituyente, único modo de avanzar hacia un modelo de Estado compuesto adecuado.

La izquierda tiene una oportunidad a partir de este 10N (…) Tiene ante sí el reto de conformar un ejecutivo dispuesto a acometer –me parece muy exagerado el término ‘resolver’– los grandes desafíos que tiene esta sociedad en proceso de profundas transformaciones

Una coda
Ni sueño húmedo ni pesadilla. Lo que debemos pensar, tras los funestos sucesos de julio y septiembre y tras el preacuerdo del 12N, es que algo ha empezado a funcionar y que, más tarde que pronto, algunos se han arremangado y puestos a la obra de tratar los problemas del país. No sabemos hasta dónde va a llegar –caso de que obtenga el voto favorable en la Cámara–este posible gobierno progresista; un gobierno inédito en la historia política española desde noviembre de 1936 cuando, por primera vez, se configuró, en plena guerra, uno de amplio acuerdo republicano, incluidos socialistas, comunistas y anarquistas bajo la presidencia de Largo Caballero. Este de 2019 sería un gobierno denominado “progresista” que viene con una mochila poco esperanzadora, más bien muy negativa en lo que se refiere a la cultura de diálogo y de respeto entre las izquierdas. Algunos se van a tener que tragar las palabras que durante estos últimos años pronunciaron en multitud de foros y publicaciones. No voy a ser yo quien se las recuerde porque ahora toca hablar del futuro, de los horizontes. Hay mucho que hacer y por eso solo podemos sino manifestar nuestro escéptico optimismo, o nuestro escepticismo optimista, ante este nuevo periodo que se abre en la crónica política de un país atormentado y machadianamente complejo.

Finalizo con la provocación retórica que es una llamada a la traición. Necesitamos traidores, dirigentes que sean capaces de enfrentarse a las corrientes rutinarias de la política y provocar un giro, enfrentarse a veces a sus propias bases corporativizadas y seguidistas. Un cambio de rumbo que replantee la necesidad de un proyecto capaz de abrir vías en esta selva social rompiendo viejos esquemas, antiguos posicionamientos y planteamientos instalados en el orden y la norma. Venimos oyendo hablar de que el procés necesita traidores, ese tipo de dirigente capaz de imprimir una vuelta de hoja y por ello susceptible de ser vilipendiado de botifler, pero a quien los años posteriores le darán seguramente la razón. Pero, ¿no es menos verdad que nuestra izquierda española necesita también de botiflers, impíos e iconoclastas? Incrédulos que, sin mirar lo que dirán los medios de las 8 de la mañana ni los seguidores de Instagram, comiencen a penetrar en terrenos donde lo único que les espera, seguramente, es el peligro y la trampa pero que, a la vez, es el único medio para alcanzar una tierra que merezca la pena. Como escribiera Eliot en su poema La tierra baldía: «Aquí no hay agua solo roca/roca y no agua por un camino arenoso/serpenteante sobre las montañas/que son montañas de rocas sin agua…»3

En la costa gaditana, frente a Tánger, 17 de noviembre de 2019.

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Javier Aristu. Ha sido profesor de Lengua y Literatura Española. Coordina el blog de opinión En Campo Abierto y es coeditor de Pasos a la izquierda.

NOTAS
1.- Jordana, Jacint. Barcelona, Madrid y el Estado. Los Libros de La Catarata, 2019. [^]
2.- Ibídem. [^]
3.- Agradezco las sugerencias de Antonio Sánchez López y Javier Tébar, que sin duda mejoraron el contenido. [^]
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GOBIERNO DE COALICIÓN PSOE/PODEMOS-UP. ¿QUÉ VOTAN LOS AFILIADOS?


Primero, parece más que lógico y evidente, hay que saber el contenido concreto de lo que se vota, porque no se vota lo que a cada cual le guste o espera, sino un contenido concreto, que puede ser contrario a lo que a uno le pueda gustar o desear.

Respecto de quien conozca el contenido del acuerdo del gobierno entre el PSOE /PODEMOS-UP no hay que decir lo que tiene que hacer, puesto que elegirá lo que le parezca conveniente. Y acerca de quienes no conozcan ese contenido que, naturalmente pueden hacer lo que mejor les parezca, simplemente hay que decir que no se somete a votación el grado de simpatía o de valoración personal que cada uno tenga de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Se podría garantizar la formación del gobierno del PSOE sin participar directamente en el mismo y con el mismo acuerdo programático.

Solamente el riesgo de hacerse coparticipe de las acciones de gobierno de un partido como el PSOE con todo su rastro de corruptelas y toda su participación directa en los recortes de los derechos sociales, desde los gobiernos de Felipe González al día de hoy, a mi juicio sería motivo sobradamente suficiente para no formar parte de un gobierno de coalición con el mismo, insisto, existiendo formulas para garantizar las mejoras de las clases trabajadoras que las  que supuestamente lograría el gobierno de coalición.

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Tribuna viento sur
Pensiones y reformas laborales: inconsistencias en el acuerdo PSOE-UP




Mikel de la Fuente
Vientosur
23.11.2019

Este artículo comenta las referencias al empleo y las pensiones contenidas en el preacuerdo suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos para formar un “gobierno progresista de coalición”, teniendo en cuenta no solo las referencias a estos temas sino también la práctica pasada y presente del PSOE. Llama la atención que ambos partidos basen las consultas a sus militantes en un acuerdo de tan escasa concreción y ambigüedad y que, previsiblemente, va a permitir al PSOE imponer sus puntos de vistas en las cuestiones clave.

Las propuestas sobre el empleo

En el apartado 1 del preacuerdo se asocia la creación del empleo con la consolidación del crecimiento, lo que además de ser contradictorio con la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica justa, del apartado 3, no prevé que la creación de empleo también se debe realizar en situaciones de recesión y de decrecimiento productivo. ¿Cómo? Mediante la reducción del tiempo de trabajo y la garantía del empleo, para lo que el Estado debe convertirse en empleador en último término y garantizar un empleo decente a quienes lo pidan mediante la creación de empleo en el sector público, como explica Michel Husson. También se fija el objetivo de combatir la precariedad y garantizar el empleo digno, estable y de calidad, pero sin relacionarlo con ninguna medida sobre las últimas reformas laborales.

Estas últimas, tanto la del PSOE de 2010 (Ley 35/2010, de 17 de septiembre) como la del PP de 2012 (Ley 3/2012, de 6 de julio), al debilitar la posición de lxs trabajadorxs, priorizar los convenios de empresa en relación con los sectoriales, reducir las indemnizaciones de despido y aumentar las facultades empresariales en la organización del trabajo, han contribuido a una importante reducción de los salarios, que se sigue dando a pesar de la recuperación económica. El aumento del salario mínimo, aunque merezca una valoración positiva, no basta para contrarrestar la caída salarial, más aún si el aumento del año 2019 no se prolonga con otros nuevos similares.

En esta materia, la posición del PSOE no permite el optimismo, ya que para el combate contra la precariedad no solo no proponen la derogación de su reforma de 2010, que inició la vía flexibilizadora pro-patronal, sino que durante el tiempo que han ejercido el gobierno han incumplido su compromiso de derogar la del PP. Se han limitado a anunciar -sin cumplir- la anulación de los elementos más regresivos de la misma y a prometer un nuevo Estatuto de los Trabajadores, del que no han concretado que derechos introduciría. La nula voluntad del PSOE de mejorar sustancialmente la regulación laboral se muestra, una vez más, con las declaraciones más recientes de la Ministra de Economía, Nadia Calviño, negando que la indemnización por despido de 20 días por año sea “particularmente baja” en relación con el entorno; afirmación que es claramente falsa por cuanto que los 20 días se aplican sobre salarios inferiores a la media de la mayoría de los Estados de la Unión Europea y, en muchos casos, sobre duraciones muy reducidas por la temporalidad y escasa duración de los contratos.

Las propuestas sobre pensiones 

En el apartado 2 del acuerdo citado se incluye el “Blindaje de las pensiones de nuestros mayores: asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida”. La inclusión del objetivo de la sostenibilidad se presta a legítimas sospechas, debido a que es un término que se viene utilizando de forma señalada en los informes sobre pensiones de la Comisión Europea para alcanzar el equilibrio financiero entre ingresos y gastos, no mediante el incremento de los ingresos, sino mediante la reducción de los gastos a través de recortes en la cuantía y acceso a las pensiones. Uno de los elementos a los que asigna la tarea de reducir las pensiones, en este caso las pensiones iniciales de jubilación, incorpora en su nombre la palabreja: es el llamado Factor de Sostenibilidad, que tiene la función de rebajar la cuantía de las pensiones iniciales a medida que aumente la esperanza de vida media.

Las movilizaciones sostenidas de las personas pensionistas, especialmente en Euskale Herria, están dando lugar a que entre algunas fundacionesneoliberales (p. ej. Fedea) estén reorientando sus propuestas de reducción de las pensiones públicas de reparto y abrir el espacio a las privadas de capitalización, pasando a aceptar, a regañadientes, la revalorización conforme al IPC, al menos para una parte de las pensiones. Además, piensan que siempre será posible suspenderla cuando “haga falta”.

La nueva orientación insiste más bien en el recorte de las pensiones iniciales, tarea que ya está en marcha con las reformas aprobadas -como veremos a continuación-, pero que debiera profundizarse con nuevas medidas, entre ellas un factor de sostenibilidad (sea el que está en suspenso o uno nuevo), que pudiera basarse no en la esperanza de vida sino en el crecimiento económico (como, por ejemplo, en Suecia, que reduce las pensiones cuando el crecimiento del PIB sea inferior al 1,6%).

El PSOE sintoniza con esa orientación, como se mostró en el discurso de investidura de julio del 2019, cuando Pedro Sánchez se pronunció a favor, no de la derogación del factor de sostenibilidad, sino de su “reformulación” en el marco del Pacto de Toledo. Otra variante es la del Banco de España cuando propone que el aumento de la esperanza media de vida vaya acompañada de un aumento de la edad de jubilación, enlazando con propuestas de organizaciones patronales de aumentarla a los 70 o incluso 75 años (CEOE y Círculo de Empresarios, respectivamente).

El PSOE ha reiterado en las últimas campañas electorales su compromiso de derogar la reforma de las pensiones del PP de 2013 (Ley 23/2013, de 23 de diciembre), que incluye la revalorización del 0,25% y el Factor de Sostenibilidad, pero no ha dicho nada sobre la reforma de 2011 (ley 27/2011, de 1 de agosto), bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero, que además de aumentar la edad de jubilación, programó una reducción sostenida de las pensiones iniciales mediante fórmulas tales como, entre otras muchas, el aumento del período de cálculo y del período de cotización necesario para alcanzar una tasa del 100%. El objetivo de “garantizar la seguridad, la independencia y la libertad de las mujeres”, a través de la lucha por “…la igualdad retributiva…”, no incluye la superación de la brecha de pensiones que se concreta en que las pensiones de las mujeres son inferiores a las de los hombres en más de un 35%, brecha mucho más elevada que la salarial. A esa brecha han contribuido, además de los menores salarios y carreras profesionales con más interrupciones, varias de las medidas de la reforma de 2011. Su erradicación exige medidas que he analizado aquí.

En uno de los colectivos que sufre más intensamente la discriminación laboral y de protección social, las trabajadoras de hogar, el gobierno del PSOE ha mantenido una legislación que contribuye, además de otros derechos restringidos en muchas materias laborales y de protección social, a mantener pensiones de miseria. Por si fuera poco, la práctica administrativa de la Tesorería de la Seguridad Social, dependiente del gobierno, ha reforzado más esa política a través de una práctica ilegal de mantener cotizaciones por debajo del nuevo salario mínimo, tal como ha explicado con detalle Isabel Otxoa.

El aumento del gasto en pensiones de estos últimos años se debe al aumento del número de pensionistas y a la mayor cuantía de las pensiones nuevas en relación con las que causan baja por fallecimiento. Sin embargo, desde el año 2015 la cuantía de las pensiones nuevas de jubilación e incapacidad permanente está siendo inferior a la de los años anteriores, rompiendo así una trayectoria ininterrumpida de aumento anual de las pensiones medias. Las causas de ello se deben a los bajos salarios y los recortes provenientes de la reforma del 2011, cuyos efectos son más intensos con el paso del tiempo y que el PSOE quiere mantener, posición facilitada por haber sido firmada por Comisiones Obreras y UGT.

En el preacuerdo no se hace ninguna referencia al aumento de los recursos necesarios para hacer frente al aumento del gasto derivado del acceso a la pensión en los próximos años de las generaciones más numerosas del baby-boom y de las mejoras reclamadas por el movimiento de pensionistas en materia de aumento de las pensiones mínimas y otras. Un acto de justicia sería devolver al sistema de pensiones los excesos de las cotizaciones sociales sobre el gasto de la seguridad social entre 1980 y 1995 y que se destinaron a financiar servicios públicos universales, como la sanidad, que debieran haber ido a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

Un estudio de Comisiones Obreras de 2018 estimó el importe actualizado de esas diferencias en 516.104 millones de euros, que deberían ser reintegrados a la caja de la seguridad social, que de ese modo podría hacer frente al aumento del gasto. Ello exigiría dedicar a ese reembolso recursos anuales en los Presupuestos Generales del Estado, lo que choca con el preacuerdo cuando asume el “equilibrio presupuestario” impuesto por la Unión Europea. En las declaraciones de Pedro Sánchez se fija ese límite para tranquilizar a los poderes económicos, sin por supuesto cuestionar la prioridad al pago de la deuda pública que dispone el art. 135 de la Constitución. Se deja en la absoluta ambigüedad el alcance que va a tener la “reforma fiscal justa y progresiva”, para disponer de los recursos necesarios para ese objetivo de mejora y garantía de las pensiones y otros elementos de la política contra la pobreza y la desigualdad. De momento, los antecedentes en esta materia son también negativos, como por ejemplo el incumplimiento del prometido impuesto a la banca para compensar los 65 mil millones del rescate bancario.

Así pues, del contenido del preacuerdo se desprende la muy escasa capacidad que puede tener la gestión gubernamental para cambiar la dura realidad en la que vive una parte creciente de la población trabajadora y pensionista; y muestra la inanidad de las declaraciones de Pablo Iglesias cuando en su carta a los militantes para explicar el acuerdo con el PSOE dice que “el objetivo con el que nacimos [fue]: mejorar la vida de la gente desde el Gobierno de nuestro país”, recordando el esfuerzo de los militantes, no en las movilizaciones sino en “defender a Podemos”. Y también cuando en varias entrevistas ha insistido sobre los grandes cambios que se pueden realizar desde los gobiernos para la mayoría y lo poco que puede hacer el movimiento social.

Los precedentes internacionales niegan esas afirmaciones. Ahí está el ejemplo de las enormes movilizaciones en Chile que han arrancado el compromiso de anulación de la Constitución pinochetista, que como señaló la CUT (principal organización sindical) antes de las elecciones presidenciales de 2010, con la priorización de la propiedad privada en relación con otros derechos sociales, impide el traspaso hacia el Estado de los fondos de las pensiones privadas. Esta exigencia de republificación de las pensiones privadas ha sido una de las reivindicaciones de las actuales movilizaciones. En el Estado español, el movimiento pensionista, que con sus movilizaciones tenaces y sostenidas ha logrado dejar en suspenso las medidas de la reforma del 2013 y que no cesa en la exigencia de medidas no solo para lxs actuales pensionistas sino para las y los trabajadores y futuros pensionistas, es una muestra de la capacidad de los movimientos sociales que se dan los medios para ello para lograr conquistas, aunque ya se sabe que en el capitalismo neoliberal las conquistas, para no ser eliminadas, deben ser defendidas y ampliadas de forma permanente. Como se corea en las manifestaciones, “gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”. Añadiría que no solo las pensiones sino todos los derechos sociales y democráticos.

23/11/2019
Mikel de la Fuente, forma parte de la redacción de viento sur

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RELATO DE MIL CARACTERES DE UNA SERIE DE 1.000 RELATOS



EL UNIVERSO DE JUANITO


Juanito de niño, hacia de eso muchos años: treinta, cuarenta, cincuenta o más, jugaba como jugaban entonces los niños en su pueblo: a tractores, cogiendo una tapadera de cacerola entre las manos, convirtiéndola con el mágico poder de la imaginación en el volante del tractor, y corría tras ella acompañado por el ruido del motor que simulaba con la boca: ¡ruúmm, ruúmm, ruúmm! Y así recorría una y otra vez todo el contorno del pueblo que para él constituía todo el universo.
Cuando dejó de ser niño y sin saber cómo, se halló en la cima de una de las montañas que circundaba el pueblo, y desde aquella altura descubrió que el universo era infinitamente más ancho y extenso de lo que él había visto. Vio muchas más cumbres, algunas borrosas, muy lejos, otras más cercanas y monumentales, valles, acantilados, ríos y vaguadas, caminos y senderos.
Ante aquel inédito universo misterioso que se extendía bajo sus pies y que ni siquiera era capaz de abarcar con la vista, primero sintió asombro y extrañeza, y después miedo, un miedo espantoso que le hizo temblar.
Bajó tembloroso y cargado de miedos de aquella cima que le hacía intuir que el mundo era muchísimo más de lo conocido por él, pero no quiso salir de lo que le era conocido y familiar.
Desde entonces Juanito hace los mismos recorridos que hacía de niño, de una a otra punta del pueblo, pero triste y cabizbajo, con pasos lentos, pesados, porque ya no es un niño para seguir jugando a tractores con la tapa de cacerola.

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Manuel Sogas Cotano
Zaragoza 17 Agosto 2005
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