viernes, 10 de abril de 2015

IRAN



Acuerdo nuclear

Triunfo táctico de EEUU, estratégico de Irán

09.04.2015

El acuerdo sobre el programa nuclear de Irán, alcanzado agónicamente en Lausana, es, ciertamente, histórico, como lo calificara el presidente de EEUU, Barack Obama. Si no se frustra en los próximos tres meses, en los que deberá quedar operativo, el acuerdo está llamado a cambiar significativamente la situación política y geopolítica en Oriente Medio y Próximo y más allá. Como buen acuerdo, todos se sienten ganadores porque, en realidad, lo son. EEUU obtiene de Irán garantías suficientes de que su programa nuclear no terminará en bombas atómicas. Irán consigue el levantamiento del régimen de sanciones, que mantiene ahogada su economía y limita gravemente su acceso a recursos, medios y tecnologías en el mercado mundial, al tiempo que mantiene su derecho a desarrollar tecnología nuclear pacífica. Irán, además, lograría la liberación de unos 100.000 millones de dólares, retenidos en el exterior a causa de las sanciones. Libre de las mismas, podrá rehacer su economía y fortalecer todas sus estructuras, lo que, a su vez, redundaría en un mayor peso en el sistema regional y mundial. En ese sentido, el acuerdo para Irán es estratégico, pues su economía podría aspirar a ser una de las mayores de la región, dado el enorme potencial en recursos que tiene el país.

EEUU estaba necesitado de un acuerdo con el país más determinante de la región. Con 1.745.150 kilómetros cuadrados, 80 millones de habitantes y fronteras terrestres con Afganistán, Iraq y Paquistán –tres países en efervescencia permanente-, controlando el Estrecho de Ormuz y con el avance islamista de postre, era costoso y contraproducente mantener a Irán fuera de las crisis, peor aún mantenerlo como enemigo. EEUU arrastra dos duros fracasos militares en Afganistán e Iraq que, además de mellar su prestigio castrense, ha golpeado severamente las arcas del país. Todo podría querer, menos embarcarse en otra guerra, ahora contra el EI y, seguramente, contra Siria. EEUU tiene claro que su reto es ahora China y Asia del Este. Para dedicarle recursos y atención a esa inmensa región necesita arrojar lastre de Oriente Medio y Próximo, cuyos conflictos quitan mucho y dan poco, más ahora que es autosuficiente en petróleo y gas. Un paso táctico para EEUU, pues lo estratégico en las próximas décadas es ‘la batalla del Pacífico’. Tiene claro Washington que en ese océano se decidirá el futuro del mundo.

Rusia ha hecho valer su peso. Como ha expresado el Ministerio de Exteriores en un comunicado, “Este compromiso político está basado en el principio formulado por el presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, a saber: el reconocimiento del derecho incondicional de Irán a llevar a cabo su programa nuclear pacífico, incluidas las actividades de enriquecimiento de uranio, a condición de que el programa sea controlado internacionalmente y se anulen todas las sanciones impuestas a la República Islámica de Irán”. Claro y conciso. China garantizaría mayores suministros de hidrocarburos iraníes y ampliaría su presencia en una región cada vez más estratégica para su desarrollo. Europa, por su parte, ganaría pues empezaría a ver la luz de una solución a la atroz espiral de terrorismo abierta por las criminales y estúpidas guerras de agresión de la OTAN contra países musulmanes. Todos contentos.

El acuerdo tiene hondas repercusiones políticas. De entrada, abriría paso a una cooperación más amplia y pública entre Irán y EEUU para combatir al Estado Islámico (EI), estabilizar Iraq, resolver la sangrienta crisis siria y aumentar la presión sobre los irreductibles talibanes en Afganistán. Daría, así mismo, mayor legitimidad a la presencia iraní en Siria e Iraq, donde viene apoyando a los gobiernos en la lucha contra el EI, Al Qaeda y otros grupos fundamentalistas violentos. Irán vería asentada –y reconocida- su ascendencia en esos dos países, para dolor de Israel, Turquía y Arabia Saudita, los tres aliados empeñados en destruir al régimen sirio y expulsar a Irán.

Irán aparece, en el desbarajuste de la región, como el “aliado necesario”. No puede ser Arabia saudita, responsable, con Qatar, de la ola fundamentalista que barre el mundo árabe. No puede serlo Turquía, un país excéntrico, prohijador del EI, enemigo de Siria y del chiismo y aliado de Israel. No puede Egipto, enemigo de Hamás y Hezbolá, amigo de Israel, en guerra contra la mitad de su pueblo y sin nadie que pueda emular a Nasser. Queda Irán, país estable y en orden que, pese al severo sistema de sanciones, ha logrado el mayor desarrollo científico-técnico de la región y posee la población más educada.

A diferencia de otros países, Irán cuenta con el respaldo de China y Rusia, potencias determinantes en el nuevo orden multipolar. Rusia, sobre todo, se lleva uno de los mejores premios, pues queda como garante informal de los acuerdos y proveedor de tecnología y uranio. Fortalecer los vínculos con Irán es esencial para Moscú, si quiere ser protagonista de primera línea de los avatares de esa región, donde sólo le queda la arruinada Siria de Asad. Para Teherán, obtener recursos, tecnologías y armamento de Rusia y China es básico para consolidar su renovado papel de potencia regional en alza. Entre esas armas estarían los deseados sistemas antiaéreos S-300. Rusia ha propuesto recientemente a Irán los sistemas Antey-300, versión modernizada de los S-300. Para Israel, la adquisición por Irán de esos sistemas sería una catástrofe, pues anularían la eficacia de su fuerza aérea, en caso de que recibiera luz verde para un ataque a Irán.

Dos grandes perdedores deja este nuevo paisaje: Israel y Arabia Saudita. No escatimó esfuerzos Israel para frustrar cualquier acuerdo. Benjamín Netanyahu voló a dar un discurso ante el Congreso de EEUU, para pararle los pies a Obama, pero lo único que obtuvo fue ganarse la animosidad del presidente estadounidense. Arabia Saudita ve devaluado su trono de vigía y guardián de EEUU en la región. Al final, su visión radical y fundamentalista del Islam le pasa factura, pues sus resultados han sido desastrosos.

Lo que más resienten ambos países es la legitimación internacional obtenida por Irán, cristalicen o no los acuerdos de Lausana. Irán ha demostrado al mundo que está dispuesto a colaborar y a resolver pacíficamente los conflictos con Occidente, renunciando a cuestiones fundamentales de su programa nuclear. Si el Senado de EEUU deja en ridículo a Obama y rechaza los acuerdos, el responsable del fracaso será EEUU, no Irán. 

Preparando el terreno para la batalla política en ciernes, el presidente Obama ha declarado que "este no es solo un acuerdo entre mi Gobierno y el de Irán; es un acuerdo entre las grandes potencias e Irán”. Pase lo que pase con el acuerdo, Irán ya ha ganado.

Augusto Zamora R. es Profesor de Relaciones Internacionales.


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EL PP NO CUMPLE SU PROGRAMA SINO CON SU DEBER. DESGUAZA LA SANIDAD PUBLICA PARA HACER NEGOCIOS DE PARTICULARES (SE BUEN ESPAÑOL Y SI TE QUIERES QUEDAR SIN SANIDAD PÚBLICA, POR FAVOR, VOTA AL PP)


Madrid, Cataluña, Galicia y Baleares, a la cabeza en privatización de la Sanidad8
Por Kaos. Sanidad
09.04.2015

Las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, Galicia y Baleares son, por este orden, las que tienen mayor grado de privatización sanitaria, mientras que el menor se da en Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias y Andalucía. Lo concluye así el segundo informe La privatización sanitaria de las CCAA, realizado por la Federación de Asociaciones para la Defensa […]



Las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, Galicia y Baleares son, por este orden, las que tienenmayor grado de privatización sanitaria, mientras que el menor se da en Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias y Andalucía.
Lo concluye así el segundo informe La privatización sanitaria de las CCAA, realizado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) con datos del pasado año y de 2013, y que destaca que el proceso de privatizaciones “continúa en prácticamente” todas las autonomías.
El gasto sanitario privado se ha incrementado en un 7,3 % en 2014 debido fundamentalmente a loscopagos y a los recortes en la sanidad pública, según esta federación, que ha recordado que entre 2009 y 2013 hubo un recorte presupuestario del 13,7 %.
Además, se ha observado “un mayor aumento del gasto privado allí donde más disminuyeron los presupuestos públicos”, ha señalado hoy en la presentación del estudio Marciano Sánchez, portavoz de esta federación.
Sánchez ha explicado que, aunque la privatización sanitaria es un fenómeno que “viene de antiguo” (desde finales de los años ochenta), se profundizó a partir de 2001 con las transferencias sanitarias a las comunidades. “Y se ha incrementado de forma notable a partir de este último Gobierno”, ha asegurado.
Para la Fadsp, “si se deteriora el sistema público se produce un incentivo para que las personas con medios económicos busquen una alternativa en el sector privado”. “Tanto se deteriora el sector público, tanto se fomenta el sector privado”, ha aseverado Sánchez, aunque ha afirmado que hay mucha gente que no puede acceder económicamente a la sanidad privada, lo que provoca “desigualdad”.
Clasificación

El informe indica que las comunidades con un elevado grado de privatización son Madrid (23 puntos), Cataluña (22), Galicia (19) y Baleares (18).
Con un grado intermedio de privatización: Canarias (17), País Vasco (17), Aragón y Castilla y León (ambas con 16), Valencia (15), Cantabria (14), Navarra (14) y La Rioja (14).
Por el contrario, las autonomías con bajo grado de privatización son Andalucía (13), Asturias (13), Castilla-La Mancha (11) y Extremadura (9).
Estos datos demuestran “la falta de cohesión y desigualdad” sanitaria entre las regiones -ha continuado Sánchez- y que todas “han empeorado”, en general, respecto al otro estudio en cuanto a que ha aumentado la privatización.
En concreto, en comparación con el trabajo anterior (con datos de 2012 y 2013) solo Andalucía y Asturias han bajado un puesto.
Para realizar el estudio, la Fadsp ha analizado aspectos de aseguramiento, financiación privada, recursos del sector privado, el porcentaje de gasto sanitario público dedicado a contratación con los centros privados o las fórmulas de colaboración público-privadas. Según Sánchez, las cifras de contratación del sistema público con el sector privado están “infraestimadas”.
Ello es debido a la presencia del modelo Muface (dedica fondos públicos a financiar seguros privados) y porque existen modelos de contratación directa de los centros sanitarios con el sector privado (por ejemplo, para pruebas diagnósticas) que se incluyen en los presupuestos de los centros públicos.
De acuerdo a estos criterios, se ha puntuado a todas las CCAA y se ha obtenido un resultado promedio de 15,64 puntos (rango entre 9 y 23), sobre un máximo de 25 puntos posibles.
Sánchez ha apuntado que este estudio está limitado por la “ausencia de transparencia de las administraciones sanitarias” y porque los datos de la sanidad pública “están secuestrados”.
Ha dicho que la gente debe ser “consciente” de que el servicio sanitario público ha tenido “una agresión muy importante” estos años y ha confiado en que la información sobre los gastos sanitarios de todas las regiones se hagan públicos y ello sea un compromiso de los grupos políticos.
Agencias
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PP / PSOE. EL DESMANTELAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL COMO NO ECHEMOS DEL GOBIERNO A UNO Y NO IMPIDAMOS EL ACCESO AL GOBIERNO AL OTRO (VOTA PUES, PP O PSOE SI TE QUIERES QUEDAR SIN SANIDAD PUBLICA)



CINCO INSTRUMENTOS LEGALES QUE ESTÁN DETRÁS DE DESMANTELAMIENTO Y PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD
Sociología Crítica / 06.04.2015
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE LA SANIDAD PÚBLICA
Los recortes, el desmantelamiento y la privatización del sistema sanitario público en nuestro país no son un invento del gobierno de Mariano Rajoy sino una estrategia perfectamente diseñada por un conjunto de poderes financieros y corporativos, que conforman el denominado neoliberalismo.
Desde hace años estos grupos vienen desarrollando una estrategia destinada a controlar y privatizar el comercio internacional, los servicios públicos, las relaciones internacionales, las comunicaciones, los sistemas de información, la justicia, la acción legislativa de los gobiernos y cualquier actividad de la que obtener beneficio económico (incluida la gestión de las ayudas al tercer mundo o a las personas marginadas). Todo ello con la complicidad de los poderosos organismos internacionales controlados por los gobiernos de los países más desarrollados como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea.
La aplicación de las estrategias neoliberales en los servicios sanitarios están orientadas por la denominada “Tríada neoliberal” : Disminución del Estado e introducción de Copagos; expansión del Sector Privado en los Sistemas de Salud (Privatización de los servicios sanitarios); y la desregulación del Sector Público Sanitario (fragmentación, competencia y Mercado Interno).
Como consecuencia de esta política, los llamados Derechos Humanos Fundamentales han sido transformados en papel mojado, debido al brutal incremento de las desigualdades entre países y personas, mientras la violencia, el terror y la inseguridad se han instalado en todas las áreas del planeta, que se enfrenta a una catástrofe ecológica por la sobre-explotación de los recursos naturales.
Principales determinantes del desmantelamiento de la sanidad pública en el Estado Español.
1.- La estrategia del Banco Mundial: una apuesta por el sector sanitario privado
En su informe de 1987 sobre “Financiación de los servicios sanitarios: un programa de reformas” recomendó cuatro medidas para aplicar en los sistemas de salud de los gobiernos a nivel mundial:
Trasladar gasto a los usuarios de los sistemas sanitarios públicos

Introducir Seguros Privados para cubrir los principales riesgos para la salud
Potenciar la utilización de los servicios privados con cargo a fondos públicos
Descentralizar y fragmentar los sistemas de salud pública para promover la competencia interna de proveedores
Posteriormente, en 1993 el Banco Mundial publica su “Informe sobre el Desarrollo en el Mundo” donde se propone la introducción de empresas privadas en los sistemas sanitarios públicos y se recomiendan dos medidas para la mejora de la eficiencia en la asignación y gestión de los recursos sanitarios:

La introducción del mercado en los sistemas sanitarios, promoviendo la competencia entre proveedores públicos y privados.

Recortes de recursos y externalización (privatización) de los servicios, potenciando las intervenciones de alta efectividad y bajo coste.
La concesión al sector privado de servicios públicos lleva implícita la aceptación de los servicios de salud como un valor de cambio en vez de un valor de uso, pasando de concebir los servicios sanitarios como instrumentos para satisfacer las necesidades de salud de la población a un área de negocio. Esta reorientación estratégico-ideológica está orientada a introducir el mercado en espacios que antes les estaban vetados y reservados al Estado.

La reducción del papel de los Estados en materia de salud a favor de la responsabilidad y elección individual, promovida por la OMC está generando e incrementando la desigualdad y dificultando el acceso a los servicios a la población con menos recursos. Esta estrategia ha conseguido (con el apoyo de los gobiernos de los países desarrollados) modificar la orientación de la Organización Mundial de la Salud que ya no rechaza la participación privada en los sistemas públicos, si bien propone la necesidad de control y seguimiento continuo de la aplicación de estas medidas.
En España estas recomendaciones fueron recogidas por el llamado Informe Abril, realizado en 1992 para reformar el sistema sanitario y han servido de guion a los sucesivos gobiernos, especialmente al actual presidido por Mariano Rajoy, para promover las privatizaciones.
Los propósitos generales del Informe eran:
Promover la responsabilidad de los gestores, para lograr una mayor eficiencia de los recursos: Autonomía empresarial.

Libertad de elección para poder introducir el mercado y la competencia en el Sistema
Promover la conciencia de coste en el profesional y en el usuario (copagos).
Suscitar la creación de estructuras más flexibles y autónomas en su gasto. Trasformar los centros en empresas.
Para conseguirlos planteaba:

Promover la colaboración con el sector privado separando la compra de la financiación de los servicios, para que el sector privado compita con seguridad jurídica con el público

Modificar el régimen jurídico del sistema sanitario (nuevas formas de gestión) para trasformar los centros sanitarios públicos en empresas.
Flexibilizar el régimen de personal (laboralización) para estimular la productividad empresarial, incrementar la flexibilidad normativa para adaptar las necesidades de recursos humanos (precarización y capacidad para trasladar y despedir) y acabar con las garantías del sistema estatutario
Abandonar la gestión pública en la asistencia sanitaria, para utilizar las modernas técnicas de gestión empresarial que agilizan los trámites, definen responsabilidades y delegan autoridad (autonomía), que han servido de inspiración para la actual propuesta de Unidades de Gestión Clínica, que fragmentaran los centros sanitarios en múltiples empresas independientes que compiten entre sí.
Desarrollar sistemas de información para la clasificación de los pacientes y la facturación de los servicios, según los costes empresariales de los procesos.
Contratación externa: Hacer con medios propios sólo lo que no se puede hacer con medios ajenos, priorizando la subcontratación de los servicios.
2.- El acuerdo sobre liberalización de servicios en Europa negociado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Unión Europea (UE): Eliminar los servicios públicos

La negociación entre la OMC y la UE del Acuerdo General sobre Comercio y Servicios (AGCS), fue llevada a cabo con total opacidad por Pascal Lamy, Comisario responsable de Comercio de la Comisión Europea, miembro del Partido Socialista Francés y directivo de la Rand Corporation y Michael Servoz principal negociador de la Comisión para los Servicios. Este proceso fue supervisado y controlado por importantes lobbies multinacionales como la Transatlantic Business Dialogue, el European Services Forum y la Coalición Estadounidense de Servicios Industriales. El propio Pascal Lamy, nombrado posteriormente Presidente de la OMC, llegó a plantear en el US Council for Internacional Bussnines en 1999 que “si la UE quiere acceder a los mercados sanitarios de otros países no puede mantener sus mercados protegidos “lo que exige aceptar ciertos costes y sacrificios”, es decir facilitar la entrada de empresas multinacionales estadounidenses en la sanidad pública y “negociar fuera de las miradas curiosas de los ciudadanos atentos”.
Los puntos del Acuerdo están dirigidos a:
Eliminar barreras para la implantación de empresas sanitarias en cualquier país

Abrir los sistemas sanitarios a la libre competencia
Permitir la libre circulación de capitales y empresas sanitarias en países de la Unión Europea
La aplicación de estas medidas en la UE y en España esta suponiendo:

El desmantelamiento de los sistema sanitarios públicos.

Recortes en los presupuestos sanitarios para reducir gasto público.
Restricciones en la capacidad reguladora de los gobiernos para legislar en sanidad.
Traslado de los gastos por utilizar los servicios de salud a los usuarios (copagos)
Apoyo a los Seguros Privados para afrontar principales riesgos para la salud
Potenciación de la utilización de servicios sanitarios privados (aumento de conciertos).
Descentralización y fragmentación de los sistemas públicos (Unidades de Gestión Clínica, Consorcios, Fundaciones, etc.)
3.- La estrategia para la creación del euro como Moneda Única en la Unión Europea: El tratado de Maastricht: Trampa en el control del endeudamiento para favorecer a los consorcios privados

Para evitar tensiones inflacionistas y garantizar el control de la unión monetaria por los países con economías más potentes (Alemania, Austria, Holanda, Finlandia, etc.) el Tratado estableció un férreo control del déficit público que no deberá superar el 3% del PIB de cada país; de la Deuda Pública que no podrá estar por encima del 60% PIB; y una inflación que no podrá superar en 3 puntos la de los 3 países que la tengan más baja.
Sin embargo en el Tratado se introdujo una trampa contable destinada a favorecer y potenciar al sector privado ya que, aunque limita el endeudamiento público, se admite que si este se contrae recurriendo a la Financiación Público Privada (PPP) el Sistema de Contabilidad Europea (Eurostat) no lo contabilizará como tal. Esto supone potenciar y subvencionar los Consorcios Privados con dinero público y la privatización durante largos períodos (20-40 años) de los nuevos centros sanitarios. Gracias a esta medida, las constructoras, las multinacionales de servicios, las grandes auditoras (PWC, Deloitte) y los bancos están consiguiendo enormes beneficios económicos a costa de los fondos públicos que los gobiernos europeos destinan a sanidad (que suponen entre el 5 y el 12% del PIB).
La realidad es que la colaboración Privada (PPP) está incrementando exponencialmente el endeudamiento real de los países de la UE, especialmente España: Los centros son mucho más costosos (entre 5 y 8 veces más que por financiación pública) como consecuencia de que, los bancos prestan al sector privado a un interés más elevado que a las administraciones públicas; las constructoras deben garantizar ganancias a sus accionistas (15-25%); los costes administrativos de negociación de los contratos y de consultoría son muy elevados (7 veces más que en la pública); y la renegociación de los cambios no contemplados en los contratos (los 14 primeros hospitales PFI incrementaron un 72% sus costes, lo mismo que en el Hospital de Alzira de la Comunidad Valenciana o los nuevos hospitales PFI de Madrid). Estos enormes sobrecostes están poniendo en riesgo el sostenimiento del sistema.
4.- Las estrategias para afrontar la crisis financiera: Rescatar los bancos a costa del gasto social
La crisis financiera de 2008 fue la consecuencia del colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y de la crisis de las hipotecas subprime, que contagió posteriormente al sistema bancario internacional. Para hacer frente a la misma las autoridades económicas de la UE optaron por rescatar la banca con dinero público, comprar los activos dañados (banco malo) y garantizar la deuda bancaria con fondos públicos. En España esto supuso el rescate bancario por parte de la Unión Europea a devolver en 15 años. El Tribunal de Cuentas admite que el coste directo para el contribuyente será superior a los 52.000 millones de euros. Este rescate ha engordando la deuda del Estado y ha servido de coartada para los recorte de recursos sanitarios y del derecho a la asistencia.
El rescate bancario convirtió la deuda privada en pública y determinó los cambios macroeconómicos que han derivado en un recorte brutal del gasto público y en una revisión del Estado de bienestar, con el objetivo de adelgazarlo.
Para cumplir con las exigencias de la Comisión Europea (que reclama nuevos recortes por valor de 35.000 millones hasta el año 2016), el Gobierno aprobó remitir al Consejo de Ministros de la Unión Europea y a la Comisión Europea del Programa Nacional de Reformas de España 2012 y la actualización del Programa de Estabilidad de España 2012-2015.
Estos programas establecen la estrategia en política económica del Gobierno para los próximos años, en el caso que continúe gobernando, que está orientada a contener el gasto público para pagar la deuda generada por el rescate cumpliendo con las demandas de la UE y de los “mercados” (fondos de inversión, sociedades de capital riesgo, etc.) que exigen reducir el déficit hasta llegar al equilibrio presupuestario en 2016.
Para alcanzar este objetivo los programas establecen medidas a corto, medio y largo plazo para repercutir sobre el usuario el coste de los servicios que recibe, gestionar los recursos públicos y contener el gasto para reducir los desequilibrios de las cuentas públicas.
Estas medidas se presentan como imprescindibles para modernizar, racionalizar y hacer sostenibles los Servicios Públicos, y poder cumplir con el Programa de Estabilidad impuesto por la UE para garantizar el pago de la deuda. Pero la realidad muestra que han servido para cambiar el Sistema Sanitario acabando con sus principales señas de identidad: Universalidad, Accesibilidad y Equidad.
Entre ellas es importante destacar por su trascendencia:
Reducción de personal Congelando la oferta de empleo público, y la jubilación obligatoria a los 65 con una tasa de reposición de tan solo el 10% de las plazas vacantes.

Real Decreto-ley 16/2012 para la mejora de la eficiencia y para garantizar la sostenibilidad del Sistema Sanitario, que generalizó los copagos, incluyendo los medicamentos de los pensionistas, el recorte de la cartera de servicios públicos y la vinculación del derecho a la asistencia a la cotización laboral, dejando sin atención a inmigrantes y jóvenes sin empleo.
La reforma del Sistema de Atención a la Dependencia que suprimió los recursos materiales y económicos; redujo el salario y dejó sin derecho a la pensión a las cuidadoras familiares, además de incrementar el copago de los afectados.
La privatización de la financiación y gestión de las nuevas infraestructuras sanitarias recurriendo a la financiación Privada (modelo PFI o Colaboración Público-Privada)
5.- El Tratado de Libre Comercio entre la UE y Estados Unidos: Blindar las privatizaciones

Desde junio de 2013 la Comisión Europea y el Departamento de Comercio de EEUU están negociando el denominado Tratado de Libre Comercio entre EEUU y Europa (TTIP), que se aprobará a finales del 2015. El Tratado se presenta como una oportunidad para eliminar los aranceles que limitan el comercio; abrir los mercados de USA y la UE a las multinacionales en la prestación de servicios sanitarios y la contratación pública; y homogeneizar los estándares, normas y requisitos para comercializar bienes y servicios.
Este Tratado es una continuación de los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y la Unión Europea para la liberalización de servicios, que supusieron la privatización de los servicios públicos en los países de la UE.
La negociación se ha caracterizado por la opacidad y falta de transparencia, aunque los grandes grupos empresariales, las multinacionales y los lobbies de presión han tenido la oportunidad de participar e influenciar en las propuestas
Sus objetivos en materia sanitaria están dirigidos a eliminar medidas reguladoras que afectan al comercio sanitario:
Normas y marcos legales europeos y nacionales sobre ensayos clínicos, regulaciones ambientales y alimentarías que protegen a usuarios y consumidores.
Consolidar los derechos de propiedad intelectual de las empresas farmacéuticas, prolongando los períodos de las patentes de medicamentos e innovaciones tecnológicas.
Proteger las inversiones financieras y los contratos con el sector público europeo: Financiación y gestión de hospitales (colaboración Público Privada); gestión de servicios de apoyo como almacenamiento y gestión de las historias clínicas, receta electrónica, centrales de llamadas, laboratorios centrales, investigación, docencia, que se han externalizado a corporaciones multinacionales de la informática, la tecnología sanitaria, la industria farmacéutica, las grandes consultoras, controladas por bancos y fondos de inversión ubicados en paraísos fiscales.
Las amenazas más importantes para la sanidad pública contenidas en el Tratado son:
1.- Mecanismo de Solución de Diferencias entre Inversor y Estado (ISDS):
Supone la privatización de la justicia ya que las diferencias entre los gobierno y las multinacionales no se resolverán en los tribunales de justicia de las Estados sino en Comisiones de Arbitraje, en las que estarán representantes del sector privado.
Los gobiernos no podrán recuperar los servicios externalizados o privatizados, aunque sean un desastre y sus gastos exorbitantes, como ocurre con los hospitales de colaboración público privada de Valencia, Madrid o Galicia. Gracias a este mecanismo las empresas y corporaciones podrán demandar a los gobiernos que adopten decisiones que perjudiquen sus ganancias, al margen de los tribunales de justicia. Las indemnizaciones para compensar las inversiones de las multinacionales en sanidad pública, impuestas por las comisiones privadas de arbitraje, limitarán la capacidad de los gobiernos para adoptar decisiones que protejan intereses sociales.
2.- Garantías Procesales
Supone la incorporación de los laboratorios farmacéuticos y de la industria sanitaria a los organismos estatales que planifican, regulan y fijan las políticas de compra y de precios de medicamentos y recursos.
Gracias a esto las multinacionales controlarán la capacidad de los gobiernos para decidir en temas claves para la sostenibilidad del sistema: Medidas para reducir el gasto farmacéutico (que en España supone el 30% del gasto sanitario); control de la promoción de nuevos medicamentos; apoyo a los genéricos de menor precio por tener agotadas la patentes y que garantizan el acceso a los mismos; instrumentos para el control y evaluación de la compra de nuevas tecnologías por el sistema público ( estamos a la cabeza de la UE en TAC, RNM, y otros aparatos de elevado precio y su sobreutilización puede suponer un peligro para la salud); o la adopción de normas de protección de la salud pública como el control del tabaquismo, seguridad y calidad de los alimentos o protección del medio ambiente.
Ante estos hechos tenemos que avanzar en las siguientes cuestiones:
Rechazar las estrategias neoliberales que anteponen los grandes beneficios empresariales a los derechos básicos de las personas, como el derecho a la salud

Desvelar y denunciar las estrategias privatizadoras y sus consecuencias
Exigir que los tratados internacionales y las legislaciones de los estados reconozcan derechos fundamentales como el derecho a la salud y blinden la provisión sanitaria pública como una garantía de su ejercicio.
Separar los intereses públicos y las organizaciones internacionales de las empresas privadas, acabando con la llamada “colaboración público – privada” que no es otra cosa que poner los organismos y el dinero público en manos de las empresas privadas.
Favorecer las movilizaciones sociales y profesionales a escala de cada país y a nivel internacional para frenar la estrategia privatizadora (como por ejemplo el movimiento STOP-TTIP)
Tenemos que ser conscientes de las dificultades que tiene enfrentarse a estas elaboradas y potentes estrategias internacionales, pero también que estamos defendiendo los derechos de la inmensa mayoría de la población frente a las políticas de deterioro, desmantelamiento y privatización de los servicios públicos.

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