martes, 12 de febrero de 2019

FRANCIA: LOS TRABAJADORES ALLÍ PARECE QUE SE ENTERAN DE LO QUE ES SER TRABAJADOR. ¿Y EN ESPAÑA? BIEN, Y USTED?



Francia. Movilizaciones del 5 de febrero

Una jornada de lucha importante


Léon Crémieux
Vientosur
09.02.2019

El 5 de febrero asistimos a una jornada de movilización convocada por CGT y Solidaires a las que en algunas localidades se sumaron la FSU y FO. La jornada estuvo marcada por manifestaciones que según la CGT alcanzaron la cifra de 300.000.

El 5 de febrero fue una jornada importante. Por primera vez y de forma explícita, desde que se inicio la movilización de los chalecos amarillos la convocatoria se realizó llamando a la convergencia de los chalecos amarillos y el movimiento sindical. Es la primera vez que un comunicado de la CGT llama a converger con los chalecos amarillos.

Por ello, el número de manifestantes en París y en otras 130 localidades y capitales superó en número a las últimas manifestaciones de los chalecos amarillos y, sobre todo, a la del 14 de diciembre, última jornada de movilización convocada por la CGT. Hubo muchos chalecos amarillos en los cortejos sindicales y fuera de ellos, lo que en general se tradujo en una dinámica militante mayor en las manifestaciones. También se organizaron numerosos bloqueos desde la mañana: en el Mercado de Rungis, en los terminales…

Así pues, este 5 de febrero marca un jalón en la superación de las reticencias presentes, incluso en recientes declaraciones del secretario general de la CGT Philippe Martinez, en el movimiento sindical en relación a los chalecos amarillos. Ahora bien, esta convergencia es el fruto del trabajo desarrollado para converger por sectores importantes del movimiento sindical de un lado y numerosos grupos de chalecos amarillos de otro. Como es natural, la convergencia se ha dado sobre todo en torno al incremento del SMI, de los salarios y las pensiones y el impulso de los servicios públicos.

Ahora bien, si el éxito de la jornada es real, la cuestión que se plantea ahora es la de su continuidad y la posibilidad de avanzar hacia una prueba de fuerzas que vaya más allá de los chalecos amarillos. Las manifestaciones semanales continúan a movilizar entre 60.000 y 100.000 manifestaciones cada sábado, si bien la policía minimiza de forma sistemática el número de participantes.

Tres meses después de haber comenzado, el movimiento no se debilita a pesar de la violenta campaña de criminalización organizada por el gobierno, de la violencia policial y de la campaña de difamación mediática organizada por los editorialistas de todos los grandes media. Medios de comunicación que, sin mucho éxito, proclaman semana tras semana el fin del movimiento y su pérdida de credibilidad. Al mismo tiempo que se suman a la enorme operación de comunicación puesta en marcha por Macron en torno al Gran debate que supuestamente responde a las exigencias de los chalecos amarillos. Es el propio Macron quien se participa en los debates una o dos veces por semana en un on man shows televisado: en ocasiones con gente rural, en otras con habitantes de barrios populares, otras con jóvenes… El objetivo de esta escenificación es enviar un mensaje subliminal: el movimiento de los chalecos amarillos ha concluido, ha sido desplazado por un gran acontecimiento democrático: el debate popular. El objetivo es que Macron gane un poco de credibilidad para recuperar aliento y poder continuar así con los ataques a las pensiones y la supresión de 120.000 puestos de trabajo en la Función pública.

Para el poder, la cuestión se resume en cómo hacer que esta gran operación mediática del Gran debate tome cuerpo. Pero como entre los objetivos del mismo no está responder a la demandas sociales planteadas por el movimiento (incrementos salariales y de las pensiones, justicia social restableciendo el Impuesto sobre las fortunas (ISF), poner fin al dinero público regalado a las empresas a través del CICE…), de lo que se trata es tratar de desviar la cólera social.

Gérard Darmanin, Ministro de Economía, ya ha dado algunas pistas poniendo en el punto de mira determinadas ventajas fiscales de los que se beneficiarían algunas categorías de asalariados, calificados como el "20% de los más ricos", o determinadas profesiones como los de la empresa EDF [Electricidad de Francia]. Es decir, el objetivo es dividir a la gente asalariada para oponer unos sectores a otros y, de ese modo, olvidarse de los capitalistas.

En la misma línea, Macron, en las cuestiones que plantea él mismo para el Gran debate, trata de apoyarse en la exigencia de reducir la presión fiscal a los sectores populares para preguntarse qué gasto publico o qué ayudas sociales deberían ser suprimidas para dar respuesta a esa demanda. En resumidas cuentas, de forma cínica, el gobierno desearía apoyarse en esta mascarada de debate para anunciar nuevos ataques sociales.

Por otra parte, Macron intenta reintroducir la cuestión del control de la inmigración, un tema que la extrema derecha no ha sido capaz de que los chalecos amarillos lo hicieran suyo. Así pues, el gobierno maniobra e incluso se plantea la posibilidad de realizar un referéndum plebiscitario para concluir esta secuencia política. Pero los márgenes de maniobra del gobierno son estrechos y sólo se pueden apoyar en los límites que presenta el movimiento: su mayor o menor capacidad para recuperar la ofensiva tras los enfrentamientos directos de noviembre/diciembre.

El problema es que del lado de la CGT la única perspectiva que se plantea es la de una nueva jornada de movilización a mediados de marzo. Solo Solidaires plantea la necesidad de organizar desde ahora un movimiento más amplio, avanzar hacia una huelga general poniendo en común las energías de los chalecos amarillos y del movimiento sindical. El resto de direcciones sindicales ni siquiera se plantean estas cuestiones.

Las dificultades para las y los militantes que quieren construir de verdad este enfrentamiento es que, más allá de la simpatía de la que goza el movimiento de chalecos amarillos y del acuerdo que concita su exigencia de justicia social, los sectores profesionales [los trabajadores y trabajadoras de las empresas] no acaban de dar el paso, aún cuando existan iniciativas en la Educación nacional o entre el personal de los hospitales. De igual manera, la gente de los barrios populares continúa también en una actitud a la espera, conscientes de sufrir desde hace mucho tiempo la situación que denuncian los chalecos amarillos; en especial el tema de la vivienda, el paro y la discriminación.

Un panorama que muestras las dificultades que existen para unificar a las y los de abajo en torno a exigencias comunes de justicia social y de rechazo a las políticas de austeridad que golpean a las clases populares y hacen aumentar los beneficios de los más ricos y de las grandes empresas. Es el precio que se paga por las políticas neoliberales impuestos por la izquierda gubernamental y las orientaciones de las direcciones sindicales que han abandonado a sectores enteros de trabajadores y trabajadoras abandonando la defensa de las conquistas sociales.

Por ello, el reto actual es superar estas divisiones.
9/02/2019

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VENEZUELA/MUNDO. OIGA, QUE LA PAZ CUANDO LLEGA, QUE ES QUE DESDE FINALES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL NO SE HA DEJADO DE GUERREAR Y LO QUE TE RONDARÉ MORENA, OIGA


Venezuela: epicentro geopolítico mundial

KALVELLIDA/REBELIÓN
09.02.2019

Estados Unidos, desesperado ante el fracaso de sus intentos por destruir la Revolución Bolivariana, ha nombrado a un payaso como presidente de Venezuela. Equivalente a una declaración de guerra, ha puesto nuestra región a las puertas de un conflicto bélico de grandes proporciones. Juan Guaidó fue preparado en Estados Unidos y en Serbia para el cambio de régimen bajo la supervisión de la CIA y puesto en circulación hace unos meses hasta su ilegal autoproclamación el 23 de enero.
Si Washington y sus satélites en el cártel de Lima y en la Unión Europea lograran consumar la anhelada intervención militar en Venezuela, cualquier coalición imperialista podría, desde ese momento, al margen del derecho internacional, hacer lo mismo contra gobiernos que no sean de su agrado. Después de una larga serie de intentonas golpistas, Venezuela es sometida desde 2013, a una guerra hibrida: bloqueo económico, financiero y comercial, desabastecimiento selectivo de productos e inflación comprobadamente inducida por los capitales externos y sus súbditos internos de la oligarquía local, guerra mediática internacional y actos terroristas focalizados.
En Venezuela no se necesita ayuda humanitaria. Bastaría que Washington comenzara por liberar los aproximadamente 23 mil millones de dólares que retiene al tesoro venezolano. Solo con ellos, Venezuela podría comprar los mil millones en medicamentos que necesita durante un año y quedaría sobradamente para otras necesidades apremiantes.
Venezuela mantiene la producción agropecuaria y en algunos renglones la ha aumentado, su industria y minería continúan funcionando. La producción petrolera ha caído debido a la falta de piezas de repuesto, la resequedad financiera y la actividad contrarrevolucionaria en su interior, pero ya sienta bases firmes para volver a crecer. Existe una industria farmacéutica en manos de transnacionales, que intencionalmente, para generar disgusto en la población, no produce ciertos medicamentos críticos en cantidad suficiente y oportuna. En los últimos 7 años, el país ha construido 2 millones quinientas mil viviendas de calidad en entornos urbanísticos amigables. Mantiene una escolarización de más de 7 millones de infantes en escuelas primarias, ha aplicado 8 millones de vacunas en coordinación con la Organización Mundial de la Salud que protegen a la población contra enfermedades contagiosas. En resumen, hablar de crisis humanitaria y de necesidad de ayuda humanitaria, no es más que un pretexto para una intervención militar.
Es perverso calificar de ilegítimo al presidente Nicolás Maduro. Fue electo en 2018 en comicios en los que votaron más de 8 millones de electores, de los cuales mas de 6 lo hicieron por el abanderado de la Revolución, 67.84% del total. El ente electoral que contó los votos fue el mismo que en 2015 certificó la importante victoria de la oposición en los comicios parlamentarios. Numerosos observadores no reportaron ninguna irregularidad de importancia. La oposición tuvo presentes a sus técnicos, como siempre, en las numerosas auditorias realizadas al sistema electoral. Dos pequeños partidos políticos de extrema derecha se abstuvieron de competir, pero ello no invalida la elección según la ley
Las organizaciones políticas que no presentaron candidatos seguían la orden dada por Washington cuando, en el momento en que se firmaría el acuerdo para una solución política al conflicto entre el gobierno bolivariano y la oposición, se retiraron de la mesa de negociación, ante el asombro de los mediadores: el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y el mandatario dominicano Danilo Medina. Comenzaba así la recta final del nuevo plan imperialista para derrocar al mandatario venezolano, apoderarse de los cuantiosos recursos de Venezuela y aniquilar al chavismo como sujeto histórico a escala latinocaribeña. En agosto de este año se produjo el fallido intento de magnicidio contra Maduro, seguido de varios ataques terroristas puntuales contra la infraestructura energética y ataques a pequeños cuarteles, que buscan dividir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Pero Caracas y todas las ciudades venezolanas permanecen tranquilas, alegres, y las pruebas de apoyo popular y lealtad de las FANB al presidente son contundentes. Maduro ha participado en maniobras con las principales unidades militares y navales. En una reunión en la que nos habló de este tema relató emotivamente su encuentro con los 200 pilotos de combate partícipes de la defensa antiaérea.
Defender la soberanía y la integridad territorial de Venezuela es hoy, deber sagrado de todas las mujeres y hombres amantes de la paz, porque la patria bolivariana ha devenido epicentro de la disputa mundial entre el orden unipolar defendido por Washington y el multipolar al que aspiran China y Rusia con el apoyo de los gobiernos independiente. En esta encrucijada se decidirá no solo la soberanía venezolana, sino la de todos los pueblos del mundo.
Twitter: @aguerraguerra 

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GUÍA PARA NO PERDERSE EL JUICIO DE LOS INDEPENDENTISTAS CATALANES


Guía para no perderse en el juicio del procés
Las sesiones se desarrollarán mañana y tarde y podrán seguirse a través de la web del Poder Judicial, donde se colgarán todas las resoluciones del Tribunal

Una vez se expongan las cuestiones previas será el turno de los acusados y después de los testigos, entre los que está el expresidente Mariano Rajoy
ELDIARIO.ES
11.02.2019



El estrado donde se situarán los miembros del Tribunal. EFE

Nueve miembros del antiguo Govern, la expresidenta del Parlament y dos líderes de organizaciones independentistas se sientan este martes en el Tribunal Supremo, donde se enfrentan a penas de hasta 25 años de cárcel por el referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia.
El juicio por el procés se extenderá durante varios meses y comenzará con la exposición de las cuestiones previas. Luego será el turno de los acusados, antes de que comparezcan como testigos el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy o el actual president del Parlament, Roger Torrent.
¿Quién integrará el tribunal? ¿Quién las acusaciones? ¿Cómo se va a desarrollar el juicio? Esta es una guía para seguir las sesiones que se prolongarán durante semanas, saber quién es quién en el la sala del Tribunal Supremo y conocer algunas de las cuestiones que marcarán el desarrollo del día a día durante el proceso.
Qué se juzga: el camino hacia la declaración unilateral de independencia
El Tribunal Supremo juzga a los 12 acusados por los hechos que culminaron en la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017. Eso incluye las primeras decisiones de la Mesa del Parlament para tramitar las conocidas como leyes de ruptura y los preparativos del referéndum del 1 de octubre.
En esos preparativos se enmarca la operación policial que ha justificado en parte la inclusión por parte de la Fiscalía del elemento de violencia que necesita la acusación de rebelión. El 20 de septiembre la Guardia Civil desplegó una operación para tratar de evitar la celebración del referéndum, que acabó con una concentración frente a la Consellería de Economía. La comitiva judicial tuvo que escapar por un edificio colindante. La Fiscalía presentó una primera querella por sedición contra la cúpula de los Mossos tras esos acontecimientos.
El papel de los Mossos durante las semanas previas también será examinado por el Supremo en una batalla de relatos que confrontan sobre si siguieron las órdenes del mando único de Interior durante el 1-O o por el contrario facilitaron que se realizase la votación. Se analizarán sus actuaciones porque dependía directamente del exconseller Joaquin Forn, que se sienta en el banquillo de los acusados.
Además, el Tribunal tendrá que decidir también si ve un delito de malversación por los fondos utilizados para la celebración del referéndum: el Ministerio Público cifra esos fondos públicos utilizados en 2,91 millones y la Abogacía lo reduce a 1,97.
Quién compone el tribunal
Los acusados serán juzgados por un tribunal compuesto por siete magistrados: seis hombres y una mujer. Al frente estará Manuel Marchena, presidente de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo y protagonista de la polémica que dio al traste con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con él como presidente.
Para vender ese acuerdo a sus senadores, Ignacio Cosidó distribuyó un mensaje de WhatsApp en el que hablaba de las bondades del pacto con el PSOE y decía que el nombramiento de Marchena les permitiría “controlar por detrás” la Sala Segunda del Supremo. Es escándalo llevó a Marchena a renuncia a la presidencia del CGPJ y a las defensas del procés a plantear al Alto Tribunal su reprobación, que fue rechazada.
Junto a él estarán Andrés Martínez Arrieta, Luciano Varela, Juan Ramón Verdugo, Andrés Palomo, Antonio del Moral y Ana Ferrer, la única mujer del tribunal y la primera en acceder a la Sala de lo Penal del Supremo.
Quién les acusa: Fiscalía, Abogacía y Vox
Habrá tres acusaciones sentadas en el lateral derecho de la sala del Supremo. Cuatro fiscales del Alto Tribunal se han ocupado de ejercer la acusación del Ministerio Público durante la instrucción del caso: Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno. Su escrito solicita penas de hasta 25 años de cárcel por delitos re rebelión, ya que consideran que el camino hacia la declaración unilateral de independencia utilizó la violencia “para asegurar el resultado criminal pretendido”.
La Abogacía del Estado rebaja su acusación a la sedición, un delito castigado con una pena inferior, de hasta 12 años de cárcel para Junqueras. La Abogacía del Estado, que representa a la Administración central, entró en la causa cuando surgió la acusación de malversación de fondos públicos. Durante la instrucción siguió el criterio de la Fiscalía, pero con el cambio de Gobierno y la llegada del momento de presentar su escrito de acusación, decidió que los hechos constituían un delito de sedición y no de rebelión, como sostiene el Ministerio Público. 
Las discrepancias entre la Abogada General del Estado, Consuelo Castro, y el jefe de la sección Penal, Edmundo Bal, por la acusación en el juicio del procés provocaron la destitución de este último. Su sustituta es Rosa María Seoane. 
Vox ejerce en el juicio la acusación popular a través de su secretario de Organización, Javier Ortega Smith, y el vicesecretario jurídico del partido, Pedro Fernández. El partido de extrema derecha utilizó la instrucción del juicio por el 1-O como una plataforma para hacer propaganda, una estrategia que con toda seguridad se mantendrá ahora durante el juicio. Sus peticiones de condena se disparan hasta superar los 70 años de cárcel en algún caso.
Cómo serán las sesiones: cuestiones previas e interrogatorio a los acusados
El juicio se va a celebrar de martes a jueves en sesión de mañana y tarde. Los primeros días se dirimirán las cuestiones previas. Con toda probabilidad, los abogados de las defensas plantearán las razones por las que creen que el juicio no debe celebrarse y algunas de índole menor. Por ejemplo, si los acusados tienen que acudir a todas las sesiones, si pueden declarar en catalán o si deben permanecer con los grilletes puestos durante su estancia en la sala.
El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, ya dijo en un encuentro con periodistas que el tribunal hará todo lo que esté en su mano para preservar la dignidad de los acusados. Sin decirlo, abrió la puerta a que, por ejemplo, no tengan que estar engolletados durante lo que duren las sesiones. También planteó que si el Tribunal acepta que declaren en catalán, el Supremo tiene medios para hacer una traducción simultánea.
La Fiscalía y el resto de acusaciones tendrán un turno de palabra para posicionarse sobre esas cuestiones previas y plantear las suyas. Cuando acabe ese trámite, el tribunal decidirá sobre las cuestiones planteadas, aunque algunas puede posponerlas y no pronunciarse hasta la sentencia.
El siguiente paso será el interrogatorio a los acusados, con el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras en primer lugar. A los acusados les preguntará primero la Fiscalía, luego la Abogacía y Vox, a quien algunos acusados han dicho ya que no responderán. Tras ellos tomará la palabra su abogado defensor, y el resto de letrados de la defensa que quieran plantearles alguna cuestión. En cualquier momento, el presidente del tribunal puede intervenir para plantear sus dudas o pedir aclaraciones al acusado.
Cuando acaben los nueve acusados comenzarán los testigos. Son más de 600. Hay miembros del antiguo Ejecutivo del PP -Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría o Cristóbal Montoro-, una larga lista de políticos catalanes -Roger Torrent, Pere Aragonés o Artur Mas-, la antigua cúpula de los Mossos d’Esquadra -incluido el exmajor Josep Lluis Trapero- responsables del operativo policial o diputados y letrados del Parlament.
La última fase será la de los peritos, para pasar luego al turno de última palabra de los acusados. El juicio terminará cuando las partes presenten sus conclusiones; las acusaciones digan si mantienen o rebajan sus peticiones de pena y las defensas argumenten por qué piden la absolución. El tribunal se retirará entonces a deliberar y redactar la sentencia, un trámite que seguramente durará meses.
Cómo se trasladará a los acusados: desde los calabozos de la Audiencia Nacional a la sala del Supremo
Los presos varones fueron trasladados desde las prisiones de Catalunya a la de Soto del Real, mientras que las mujeres están en Alcalá-Meco. Cada día que haya sesión de juicio, un furgón policial les recogerá para llevarles a los calabozos de la Audiencia Nacional, porque el Supremo no dispone de estas dependencias. Ambos edificios se encuentran separados por unos metros.
De los calabozos se les subirá a la sala del Supremo en la que se celebrará el juicio. Lesmes dijo que ese traslado se haría respetando al máximo la “dignidad” de los procesados, evitando que desfilen por donde haya cámaras.
El Supremo ha establecido sesiones de mañana y tarde, según explicó también Lesmes, para reducir el número de sesiones y evitar constantes traslados de los presos. Comerán en el Tribunal Supremo en la pausa entre la sesión de mañana y la de tarde.
Sin observadores pero con público
Los acusados han pedido la presencia de observadores internacionales durante el juicio, pero el tribunal lo ha rechazado. Lesmes explicó en su encuentro con periodistas que no tenía sentido en un sistema judicial como el español la presencia de observadores, y menos cuando a la sala puede entrar público. En cualquier caso, cualquier persona que quiera seguir el juicio podrá hacerlo de forma íntegra por streaming en la página web del Poder Judicial. 
Con todo, el Supremo ha decidido reservar plazas para quien quiera presenciar desde dentro el juicio. Así lo hará una delegación del Parlamento Vasco, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o el presidente de la Generalitat, Quim Torra, con otros dos miembros del Govern, quienes asistirán al menos a la jornada inaugural.
Cómo se podrá seguir, un esfuerzo por la publicidad y la transparencia
El Supremo es consciente de que se juega su imagen durante este proceso. Se han acreditado más de 600 periodistas de 150 medios de comunicación, un tercio de ellos extranjeros. Por eso ha hecho un esfuerzo de transparencia que no tiene comparación con juicios anteriores. Además del streaming habrá una señal de televisión que RTVE ofrecerá a todo el que quiera engancharse a ella.
Además, en la web del Poder Judicial se han colgado todas las resoluciones que ha tomado el juez Pablo Llarena, encargado del instruir el caso, y la Sala de Apelaciones. Se colgarán también las resoluciones que el tribunal tome durante la vista oral y se colgará una previsión de cómo transcurrirán las sesiones durante la semana siguiente.
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FMI, QUE GUAY MOLÓN QUE TE CAGAS TÍO: CON FONDOS PÚBLICOS NEGOCIOS PARTICULARES. Y SI HAY QUE MATAR SE MANDA MATAR, OIGA. PERO ES QUE LA COSA TIENE COJONES. SI HAY QUE MATAR SE MATA AL MISMO QUE TRABAJA Y CREA LA RIQUEZA, O SEA, AL TRABAJADOR (VENEZOLANOS, POR EJEMPLO) QUE ES EL VERDADERO PROPIETARIO PARTICULAR DE LOS FONDOS DE LA CUEVA F.M.I. Y DE LA OTRA CUEVA BANCO MUNDIAL. ¡CORCHOLIS QUE MOLANTE! A QUE SI?


“Manual del golpe de Estado”: Cómo EE.UU. usa el FMI y el Banco Mundial como “armas no convencionales”

Por RT
KAOSENLARED
11.02.2019

El Ejército de EE.UU. utiliza las principales instituciones financieras mundiales —el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre otras— como “armas” no convencionales para promover sus intereses en el exterior, según revela un manual militar secreto de 2008.
[Aportación particular de EL OJO ATIPICO -por dar polculo, nada más-: La lagarta-pájara-gerente del FMI que quiere que los trabajadores jubilados nos muramos pronto. Y si yo ahora me cago en su puta madre, qué?]
Un documento filtrado por WikiLeaks pone en duda la independencia de las principales instituciones financieras internacionales, y también “proporciona una visión” de la crisis política en Venezuela.
El Ejército de EE.UU. utiliza las principales instituciones financieras mundiales —el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre otras— como “armas” no convencionales para promover sus intereses en el exterior, según revela un manual militar secreto de 2008.
El manual de campo, titulado ‘Guerra no convencional de las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército’, fue escrito en septiembre de 2008 y filtrado por WikiLeaks en diciembre de ese mismo año. Ahora esta organización ha vuelto a llamar la atención sobre el documento —que describe como “el manual del golpe de Estado de EE.UU.”—, ya que “proporciona una visión” de la crisis política en Venezuela, así como de los años que lleva la campaña de presión económica de Washington contra el país suramericano.

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https://pbs.twimg.com/profile_images/512138307870785536/Fe00yVS2_normal.png


What's happening with Venezuela? @WikiLeaks' publication of US coup manual FM3-05.130, Unconventional Warfare [UW], provides insight

DOS=Department of State
IC=Intelligence Community
UWOA=UW operations area
ARSOF=US Army Special Operations Forceshttps://file.wikileaks.org/file/us-fm3-05-130.pdf 


La sección del documento subrayada por WikiLeaks, que se titula ‘Instrumento financiero del poder nacional y guerra no convencional de EE.UU.’, sugiere que las instituciones globales pueden servir como medios de guerra económica “en tiempos de conflicto, incluyendo la guerra general a gran escala”, así como para influir en “las políticas y la cooperación de los Gobiernos estatales”. Asimismo, señala que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE.UU. —que supervisa las sanciones de EE.UU. a otras naciones, como Venezuela—, “tiene un largo historial de realización de valiosa guerra económica”.
El manual precisa que el Ejército de EE.UU. “entiende que la manipulación adecuadamente integrada del poder económico puede y debe ser un componente de la guerra no convencional“. Además, subraya que el Consejo de Seguridad Nacional —que actualmente está encabezado por John Bolton— “tiene la responsabilidad principal de la integración de los instrumentos económicos y militares del poder nacional en el extranjero”.

Ilusión de ‘independencia’
El manual “declara abiertamente” lo que muchos analistas han sugerido durante décadas: que las instituciones financieras “independientes”, como el Banco Mundial y el FMI, “son esencialmente extensiones del poder del Gobierno de EE.UU.” e impulsan sus objetivos geopolíticos en el exterior, sostiene Whitney Webb, periodista y analista del portal MintPress News.
Un ejemplo de ello, según la experta, es el Banco Mundial, que tiene sede en Washington y cuyo presidente siempre ha sido un ciudadano estadounidense, elegido directamente por el presidente de ese país. Washington también es el mayor accionista del banco y, por lo tanto, el único miembro con derecho a veto, mientras que el secretario estadounidense del Tesoro, Steve Mnuchin, es gobernador del Banco Mundial.
Por su parte, el FMI también está en gran parte “dominado” por la influencia y el financiamiento de Washington, que es su mayor accionista y también paga la cuota más grande para el mantenimiento de la institución, recuerda Webb. Y advierte que estas organizaciones pueden usar sus préstamos y subvenciones para “atrapar” a las naciones endeudadas.

Venezuela y otros “blancos” en América Latina
En este sentido, la analista destaca que, dada la estrecha relación entre el Gobierno de EE.UU. y estas instituciones, “no debería sorprender” que el opositor venezolano Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente interino y ha sido respaldado por Washington, quiera solicitar fondos del FMI “y, por lo tanto, una deuda controlada por el FMI” para financiar “su gobierno paralelo”.
Según Webb, esto es “muy significativo”, ya que muestra que los principales objetivos de Guaidó, además de privatizar las reservas masivas de petróleo de Venezuela, pasan por “volver a atar al país a la máquina de deuda controlada por EE.UU.“.

Otro blanco de estas “armas financieras” fue Ecuador, cuyo actual presidente, Lenín Moreno, “ha tratado de devolverle al país la gracia de Washington” y ha llevado a cabo una “auditoría” del asilo del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, para ganar un rescate de 10.000 millones de dólares del FMI, opina la experta. También incluye en esta lista a Argentina, que el año pasado obtuvo el mayor préstamo de rescate en la historia del FMI, impulsado en gran medida por EE.UU.
En definitiva, aunque el manual filtrado fue lanzado hace más de una década, sirve como “un recordatorio importante de que la llamada ‘independencia'” de estas instituciones financieras es “una ilusión” y que están entre las muchas armas financieras “que el Gobierno de EE.UU. utiliza regularmente para doblar a los países a su voluntad e incluso derrocar a los Gobiernos desfavorecidos”, concluye Webb.



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JUICIO AL SEPARATISMO CATALÁN. AVISO AL REPARTIDOR DEL BUTANO: QUE TE ACERQUES A CATALUÑA, QUE NO HACE FALTA JUICIO ALGUNO, PARA ARRIMAR 16 BOTELLAS DE BUTANO, DE LAS GORDAS, QUE LE TENGO QUE METER CANDELA A LOS SEPARATISTAS, QUE ME LO HA DICHO EL CARDENAL CISNEROS Y LA MULA FRANCIS QUE MONTA ABASCAL EL REQUETECONQUISTADOR QUE CONQUISTA


Juicio del 1-O: Un tribunal controlado “desde delante”
Por Gemma García
Kaosenlared
11.02.2019

Con motivo del juicio contra el 1 de Octubre, La Directa publicó el suplemento “La Defensa”, 80.000 ejemplares gratuitos que se distribuyen por todo el territorio. El artículo repasa la figura de los siete magistrados que forman el tribunal, bajo la sombra de la parcialidad y del sesgo conservador.

“Controlaremos la sala segunda desde atrás”. El whatsapp del portavoz de los populares en el Senado español, Ignacio Cosidó, pretendía tranquilizar a los miembros de la Cámara alta después de que se hiciera público el acuerdo entre el PP y el PSOE para renovar el Poder Judicial en noviembre pasado. Quien iba a permitir “controlar desde atrás” la sala penal del Tribunal Supremo era Manuel Marchena. El pacto de ambas fuerzas políticas implicaba que el magistrado dejara de presidirla y se colocara al frente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del propio Supremo. Finalmente, a raíz del mensaje filtrado, Marchena renunció y el supuesto “control” se mantiene “desde delante”: el ex fiscal de la aznarato continúa encabezando el tribunal que juzga el 1-O y será el ponente de la sentencia.
Encabezados por Marchena, serán siete los jueces que juzgarán a las doce personas querelladas en el banquillo del majestuoso salón de plenos del Supremo, coronado por la composición pictórica La ley triunfando sobre el mal. De estos, al menos cinco han sido cuestionados por las defensas. Para el jurista José Pérez Royo, la existencia del whatsapp ya “es un caso bastante evidente de pérdida de imparcialidad”, pero a las defensas tampoco les parecen “imparciales” Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo Gómez, Luciano Varela Castro ni Antonio del Moral García. Todos ellos han sido recusados ​​porque formaron parte de la sala de admisión que dio luz verde a tramitar la querella criminal. Advirtiendo que hay que examinar cada caso y el grado de intervención, el fiscal y ex magistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín —quien precisamente fue relevado por Marchena cuando se jubiló— explica que esta situación en términos procesales se denomina “contaminación objetiva”. De hecho, hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en casos similares, ha estimado que no había imparcialidad.

Más allá de la contaminación objetiva, sobre el tribunal planean un buen puñado de decisiones polémicas, amistades peligrosas y un nítido sesgo conservador. Solo uno de los componentes, Varela Castro, pertenece a la asociación Jueces para la Democracia. La mayoría están alineados con la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) o con la escindida Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV). Un conservadurismo, recuerda Martín Pallín, que “impera” en el conjunto de la judicatura española.
Hijo de un capitán de la Legión, Marchena —capitaneado el tribunal— encarna este conservadurismo, aunque es reconocido como buen jurista por parte de distintas sensibilidades; “formalmente exquisito”, según la abogada Eva Labarta. Pasó toda su infancia en El Aaiún, en Marruecos, donde habían destinado a su padre, pero ya en España forjó su carrera judicial tras el fiscal general del Estado ultraconservador y miembro del Opus Dei Jesús Cardenal. Como magistrado, acordó las ilegalizaciones de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), y también condenó por desobediencia al presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa y los ex miembros de la Mesa Kontxi Bilbao y Gorka Knorr. En Cataluña, es quien firmó la condena a tres años de prisión para ocho activistas de Aturem el Parlament, que fueron absueltos por la Audiencia Nacional. En relación con el conflicto político, Marchena —en este caso en tándem con Martínez Arrieta—, archivó la querella por violación de secretos, prevaricación y malversación contra el ex ministro español de Interior Jorge Fernández Díaz y el ex director de la Oficina Antifraude Daniel de Alfonso, a raíz de las conversaciones grabadas en el despacho del ministro en las que se conspiraba para atacar a líderes de los principales partidos soberanistas.

Además de una mayoría recusada, “los siete magníficos” —como los llaman en algunos chats del Poder Judicial, según el periodista Ernesto Ekaizer— tienen más rasgos en común. Como Marchena, Antonio del Moral también inauguró su carrera judicial ejerciendo de fiscal en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Y en 2013, como ex fiscales y ya dentro del Supremo, ambos se encontraron para recoger la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, un premio otorgado por el Consejo de Ministros.
Vinculado al Opus Dei, Del Moral consiguió archivar la causa contra la ex alcaldesa de Jerez y diputada del PP María José García-Pelayo, investigada por haber concedido contratos a tres empresas de la trama Gürtel antes de la redacción de las condiciones del concurso. En el mismo hilo de la red de corrupción, Marchena, que despegó su carrera bajo los gobiernos populares —a propuesta de Alberto Ruiz-Gallardón fue nombrado presidente de la comisión parlamentaria que elaboró ​​la reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal—, fue sorprendido comiendo con el ex ministro español Ángel Acebes en octubre de 2014, poco antes de que fuera imputado por el juez Ruz; una botella mágnum de vino francés Petrus de 2.000 euros y dos kilos de angulas eran algunos de los detalles de la mesa de los comensales. No es el único vínculo de Marchena con los ex ministros de Aznar: el magistrado formó parte del jurado del galardón La Ley, que otorga Wolters Kluwer. La fundación tenía como presidente de su delegación en España al exministro de Justicia del PP José María Michavila, que hasta 2015 controlaba el 37% de la sociedad.

Marchena y Del Moral también coincidieron —entre cargos de la policía, la abogacía, la fiscalía y en magistratura que impartían clases y conferencias— en la Schola Iuris. El instituto jurídico madrileño se situó en el ojo del huracán porque un grupo de juristas, en 2012, denunció ante el CGPJ que la participación de determinados jueces ponía en duda el cumplimiento de los regímenes de incompatibilidades y prohibiciones. La empresa, propiedad de los socios del comisario Villarejo —cerebro de la operación Cataluña—, hacía confluir jueces como los del Supremo, que decidían sentencias sobre la trama de corrupción Gürtel, con profesionales del derecho que asumían la defensa de las personas imputadas. Como ejemplo, en 2013, el tribunal en el que estaban ambos —así como Juan Ramón Berdugo, también uno de los “siete magníficos”— ratificó la decisión de un jurado popular de absolver al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps en el caso de los trajes de la Gürtel. El CGPJ nunca dijo nada.

No todos los magistrados del tribunal de los siete, sin embargo, han podido disfrutar de los silencios. Hace menos de un año, tanto Martínez Arrieta como Berdugo recibieron un serio revés de Europa: el Tribunal Europeo de Estrasburgo confirmaba que los miembros de ETA Igor Portu —que tuvo que ingresar en la UCI— y Mattin Sarasola fueron víctimas de un “tratamiento inhumano y degradante”, y condenaba al Estado español a indemnizarlos. Ambos magistrados, en 2011, habían anulado la condena contra los cuatro guardias civiles perpetradores de las torturas, dictada por la Audiencia de Gipuzkoa un año antes. Jaume Asens, actual teniente de alcalde de Barcelona y entonces vocal de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados, ya lo calificó de “aberración jurídica”.

Más allá de los nombres —Marchena, Arrieta, del Moral, Berdugo, Ferrer, Varela y Palomo—, para la abogada Labarta, que llevó la defensa de Francesc Homs en el juicio por 9N, hay un problema sistémico: “El CGPJ es quien nombra a los jueces y, a su vez, es mayoritariamente ultraconservador, con importantes influencias del Opus. Los jueces están contaminados formalmente por la sala de admisión y realmente por todo lo demás”. Asimismo, Martín Pallín tiene claro que el sistema de selección de la cúpula judicial es “aberrante y no existe en ningún país de Europa”. Para el ex magistrado del Supremo, hay que volver al sistema inicial, anterior a la reforma de 1985, cuando al menos doce vocales del CGPJ, que eligen a los del Supremo, eran elegidos por integrantes del esqueleto judicial.

Bajo el sistema vigente, a los doce independentistas les toca sentarse ante la mirada de quien constituye hoy en día el núcleo duro del poder judicial en España: Manuel Marchena. Lo hacen después de una investigación que duró doce meses, encabezada por Pablo Llarena, quien un día de 2012 creyó que el conflicto entre Cataluña y el Estado español tenía “una solución esencialmente política”. Finalmente, y en sentido contrario a aquellas palabras, la política está en manos de un tribunal de siete jueces y entre las cuatro paredes de la sala de plenos, donde cada año el rey español preside la ceremonia de apertura del año judicial.
LA DEFENSA
Este reportaje forma parte del suplemento ‘La Defensa’, editado con motiva del juicio contra el Referéndum de Catalunya por La Directa. El texto original, en catalán, se puede leer en la web de La Directa.
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